Juan Carlos González Enríquez
Expediente 549/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 549/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 14/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Carlos González Enríquez
- Juan Carlos González Enríquez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Firme. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia emitida el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida ley, se declara que dicha determinación ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que resulte necesario realizar el cómputo para la promoción del recurso de revisión respectivo contra la sentencia definitiva de la autoridad responsable, en virtud del sentido de la sentencia, en la que se sobreseyó en el juicio. Archivo. Por otro lado, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Valoración de los cuadernos. Ahora, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Por su parte, el cuaderno original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo, en el que, por un lado, se concedió la suspensión provisional y, por otro, se negó la definitiva solicitada por la parte quejosa, en términos del inciso a), fracción I, del artículo 18 del referido Acuerdo General, es susceptible de depuración. Como lo establece el capítulo DÉCIMO TERCERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en las carátulas relativas a este expediente y a la del incidente de suspensión. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Devolución de documentos. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no fueron exhibidos. Digitalización. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo V-549/2020; y RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veinte, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Juan Carlos y Oscar, ambos de apellidos González Enríquez, por propio derecho, pidieron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Coordinador General de la Policía de Investigación, de quien reclama el acto consistente en: "IV.- Acto reclamado: Señalarnos corno acto reclamado, UNA ILEGAL ORDEN DE CITACIÓN PRESENTACIÓN, LOCALIZACIÓN, RETENCIÓN, intentando ejecutar una ilegal orden de citación, localización, retención y presentación infundada e inmotivada girada en NUESTRA contra por parte del, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA Y EJERCICIO EN ESTA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, girada en nuestra contra por las autoridades ordenadoras, lesionando ¡as Garantías Constitucionales que a nuestro favor se contienen en los artículos 14, 16, y 20 de la Constitución General de la República, y el cumplimiento que del cumplimiento de dicha violación de garantías por violaciones a un procedimiento administrativo previo se pretende realizar por parte de las autoridades que he señalado corno responsables en líneas atrás." Actos que estimaron violatorios de los derechos humanos reconocidos en la Constitución General de la República y las garantías otorgadas para su protección en los artículos 14, 16, 19 y 20. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, la que se admitió a trámite mediante acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veinte; se solicitó a las autoridades responsables el informe justificado y se dio la intervención correspondiente a la representación social de la Federación de la adscripción; finalmente, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los ordinales 103 y 107, fracciones I, VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en razón de que los actos reclamados se atribuyen a una autoridad que radica dentro de la jurisdicción correspondiente a esta potestad federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, procede determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del juicio. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, relativa a la Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar el acto materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento ilustra lo anterior toda vez que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En esa virtud, de acuerdo con los criterios resaltados, y de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo aplicable, existe la obligación de que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y en consideración al análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos que atribuye a las autoridades son: La orden de citación, presentación, localización o retención. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir el informe justificado la autoridad responsable lo hizo de la forma siguiente: N° Autoridad Auto de recepción Sentido Acto reclamado 1 Coordinador General de la Policía de Investigación. Veintidós de septiembre de dos mil veinte. Niega La orden de citación, presentación, localización o retención. Sin que la parte quejosa haya aportado al juicio pruebas tendentes a desvirtuar dicha negativa; por tanto, ante la inexistencia de los actos atribuidos a la autoridad mencionada, con fundamento en el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio. En apoyo se invoca la jurisprudencia VI.2°.J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 627, tomo IV, segunda parte, julio a diciembre de 1989, Octava época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes; regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) agregándose al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se, RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan Carlos González Enríquez y Oscar González Enríquez, contra los actos que atribuyeron a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero, en los términos y por los motivos expuestos en el mismo. SEGUNDO. Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente fallo en el expediente electrónico.
- Principal
Visto el pedimento 232/2020, de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, agréguese a los autos para que obre como corresponda y con fundamento en el artículo 124 de la ley en aplicación, ténganse por hechas sus manifestaciones que en vía de alegatos realiza, sin perjuicio de tomarlas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Incidental
VISTOS, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto V-549/2020, promovido por Juan Carlos y Oscar ambos de apellidos González Enríquez, por propio de derecho, contra los actos que reclama al Coordinador General de la Agencia de Investigación y Análisis de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, y otra autoridad; y RESULTANDO: PRIMERO. Juan Carlos y Oscar ambos de apellidos González Enríquez, por propio de derecho, solicitaron la suspensión definitiva de los actos reclamados que se precisarán en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil veinte, se ordenó formar el presente incidente de suspensión, se pidió informe previo a las autoridades responsables y se citó a las partes a la audiencia incidental, la que tuvo verificativo conforme al acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, tiene competencia legal para resolver el presente incidente de suspensión, con base en lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 37, 107, y demás aplicables de la Ley de Amparo en vigor, 48. 52, fracción IV y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que la competencia nace en el juicio principal del cual deriva el presente incidente de suspensión y se extiende a este mismo. SEGUNDO. Consideraciones previas. En forma inicial, debe precisarse que la figura de la suspensión del acto reclamado constituye una medida cautelar que puede ser dictada dentro del juicio de amparo y tiene por objeto mantener las cosas en el estado en el que se encuentran mientras se dicta la sentencia y, por consiguiente, implica la paralización provisional de los efectos producidos con el acto de autoridad; por lo que a fin de proveer su dictado, resulta necesario que el juzgador federal realice el estudio de distintos tópicos en forma escalonada que se encuentran delineados tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la propia Ley de Amparo. En esos términos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, los temas que deben estudiarse en forma escalonada para determinar la procedencia o improcedencia del otorgamiento de la suspensión y, en su caso, sus efectos y requisitos de subsistencia, se hacen consistir en los siguientes: Los requisitos de procedencia de la suspensión, que en su conjunto determinarán si la medida debe o no concederse. Los efectos de la suspensión, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o no hacer en cumplimiento de la medida cautelar. Las acciones o garantías que, en su caso, se requieran al quejoso para que subsistan los efectos de la suspensión. Las previsiones que se tomen para evitar el abuso de la suspensión. Por lo que se refiere al primer aspecto, los requisitos de procedencia de la suspensión deben examinarse en un orden lógico y secuencial, de modo que la ausencia de alguno de ellos impedirá seguir avanzando en el análisis de los subsecuentes, al implicar la improcedencia de la medida cautelar. Así, conforme a la regulación constitucional y legal aplicable, los requisitos de procedencia de la suspensión que deben examinarse de forma estratificada son los siguientes: Petición de parte. Conforme el artículo 128 de la Ley de Amparo, por regla general, la suspensión debe concederse siempre a petición de parte, con excepción de aquellos actos reclamados en los que expresamente procede la suspensión de oficio. La existencia del acto reclamado. Como presupuesto lógico para el otorgamiento de la suspensión debe existir siempre un acto reclamado que pueda paralizarse, ya que dicha medida cautelar no puede proyectarse sobre situaciones jurídicas o de hecho que resulten inexistentes. Que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido. Dado que la suspensión constituye una medida cautelar que implica la paralización de determinados actos, es necesario analizar en forma inicial si el acto es susceptible de ser suspendido, para lo cual puede tomarse en consideración la clasificación que de los actos reclamados ha formulado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, verbigracia, actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etcétera. Que la parte quejosa resienta una afectación a su interés jurídico o interés legítimo. Afectación que puede acreditarse de manera indiciaria para efectos de la suspensión provisional y con un grado probatorio mayor para los efectos de la definitiva. El orden público e interés social y su ponderación con la apariencia del buen derecho. Cuyo análisis debe realizarse de forma ponderada entre la estimación que obtenga del análisis superficial del acto reclamado en relación al derecho discutido en el proceso, contra el interés social que se pudiera ver afectado de obtener la medida cautelar. Resta enfatizar que los anteriores requisitos deben estudiarse en el orden expuesto, pues atienden a una prelación lógica y a un sentido práctico, de forma tal que, al avanzar en el análisis, si se advierte la falta de algún requisito, debe terminarse el examen del caso y declararse la improcedencia de la suspensión. TERCERO. Precisión del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda de amparo, se tiene que la parte quejosa se duele de los actos de autoridad que se hacen consistir en: La orden de citación, presentación, localización o retención. CUARTO. Análisis de los requisitos de procedencia de la suspensión. Como se dijo, los requisitos de procedencia de la suspensión deben examinarse en un orden lógico y secuencial, de modo que la ausencia de alguno de ellos impedirá seguir avanzando en el análisis de los subsecuentes, al implicar la improcedencia de la medida cautelar. IV.1. Petición de parte La parte agraviada solicitó la suspensión del acto reclamado; por ende, se colma el requisito de procedibilidad previsto en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo. IV.2. Actos reclamados y su existencia Al rendir el informe previo correspondiente, la autoridad responsable indicó lo siguiente: N° Autoridad Auto en que se tuvo rindiendo Sentido Acto reclamado 1 Coordinador General de la Policía de Investigación. Veintidós de septiembre de dos mil veinte. Niega La orden de citación, presentación, localización o retención. IV.2.1. Inexistencia de actos reclamados Como se desprende del cuadro que se ilustró, la autoridad responsable negó la existencia de los actos que se le reclaman; así, en virtud de que la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar la negativa de la autoridad responsable relacionada en este apartado; por tanto, se tiene por inexistentes los actos atribuidos a las misma, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a la parte quejosa, toda vez que es incierto el acto reclamado. Al respecto se cita la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "INFORME PREVIO. LA NEGATIVA DE LOS ACTOS NO DESVIRTUADA. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y no se desvirtúa tal negativa, deben tenerse como inexistentes los mismos". Por tal motivo, con fundamento en el artículo 146, fracción III, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada por Juan Carlos y Oscar ambos de apellidos González Enríquez,, toda vez que es inexistente los actos reclamado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 128, 138, 144 y 146 de la Ley de Amparo; se RESUELVE PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Juan Carlos y Oscar ambos de apellidos González Enríquez, por las razones precisadas en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes
- Juan Carlos García Salto854/2020
- Juan Carlos García Solorio134/2022
- Juan Carlos Godínez Morales66/2021
- Juan Carlos Godínez Morales1130/2019
- Juan Carlos Godínez Morales693/2020
- Juan Carlos Godínez Morales1102/2019
- Juan Carlos González Moreno789/2020
- Juan Carlos Jacobo Escobar1095/2018
- Juan Carlos Martínez Elizarraras252/2022
- Juan Carlos Martínez Gómez155/2021
- Juan Carlos Millán Olivares1128/2021
- Juan Carlos Morales Culebro374/2013