Juan Carlos Cortés González
Expediente 709/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 709/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 06/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Carlos Cortés González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Incidental
mesa de Amparo VI-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de marzo de dos mil diecinueve. En atención a la cuenta que antecede... I. En este expediente mediante auto de doce de julio de dos mil dieciocho, se concedió la suspensión provisional y mediante interlocutoria pronunciada el treinta y uno de julio siguiente, se concedió la suspensión definitiva solicitada; que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. II. Archívese este incidente de suspensión como asunto concluido. III. Como en este incidente se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitada, éste carece de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración... IV. Hágase del conocimiento de las partes..., el original de este incidente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá a la Dirección de Recepción, Tratamiento y Resguardo Documental del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración, por lo que deberá conservarse el acuerdo de doce de julio de dos mil dieciocho, y la interlocutoria pronunciada el treinta y uno de julio siguiente. Notifíquese.
- Principal
Mesa de Amparo VI-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de marzo de dos mil diecinueve. En atención a la cuenta que antecede...: I. Se declara que la sentencia dictada en este asunto, ha causado ejecutoria. II. Archívese el expediente principal como asunto concluido. III. Como en la sentencia dictada en este juicio se negó el amparo y protección de la justicia federal, se estima que este expediente es susceptible de depuración. IV. [...] V. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales... VI. Hágase del conocimiento de las partes..., el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá a la Dirección de Recepción, Tratamiento y Resguardo Documental del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración. VII. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. El Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, después de haber analizado los aspectos que son materia de estudio en este asunto, emite la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 709/2018, promovido por Juan Carlos Cortes González, por derecho propio. El problema jurídico que corresponde resolver en el presente asunto es el siguiente: determinarse si el juez de Control del distrito judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, violó en perjuicio del quejoso los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El citado quejoso, asegura que sí, porque según sus propias palabras y en esencia, el auto de vinculación a proceso dictado en su contra es inconstitucional, ya que no se encuentra fundado ni motivado, pues la responsable hizo una incorrecta valoración de los datos de prueba. ANTECEDENTES El veinte de junio de dos mil dieciocho, el Juzgado de Control del distrito judicial de Tuxtepec, Oaxaca, conoció de este asunto, en virtud que se ejecutó una orden de aprehensión librada en contra de Juan Carlos Cortes González, en la causa penal 174/2018 de su índice. En esa fecha, se llevó a cabo la audiencia de control de la detención, respecto de los hechos acontecidos en el boulevard Ávila Camacho, número trescientos cuarenta y dos, colonia Lázaro Cárdenas, en Tuxtepec, Oaxaca, que a consideración del Agente del Ministerio Público constituyen el delito de homicidio simple, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de Fany Janeth Gregorio Asencio. Decretada de legal la detención, el Ministerio Público le comunicó al quejoso el delito que le imputa, quien se reservó su derecho a declarar y solicitó que su situación jurídica se resolviera en veinticuatro horas del término constitucional. Por lo que la autoridad responsable, el veintiuno de junio de dos mil dieciocho, dictó auto de vinculación a proceso al quejoso, como probable responsable en la comisión del hecho que la ley señala como homicidio simple, previsto en el artículo 285, en relación con el 289 del Código Pernal vigente en el Estado de Oaxaca, concediendo al Ministerio Público el plazo de tres meses para cerrar la investigación -determinación que constituye el acto aquí reclamado -. Así mismo, a petición del Ministerio Público, el juez de control le impuso al quejoso como medida cautelar la prisión preventiva prevista en el artículo 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual cumple en el Centro de Reinserción Social número seis, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca -lo que también reclama el quejoso en esta instancia constitucional -. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Juan Carlos Cortes González, promovió juicio de amparo en contra de la resolución de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, dictada por el Juez de Control del Circuito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, en la causa penal 174/2018, de su índice, mediante escrito presentado el once de julio de este año, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. El quejoso precisó como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Por auto de doce de julio de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional, admitió a trámite la demanda y la registró bajo el expediente 709/2018; asimismo, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y dio vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a ese juzgado. Una vez emplazada la parte tercera interesada, la audiencia constitucional, tuvo verificativo el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama la legalidad de actos presuntamente realizados por autoridades que tienen su residencia dentro de la demarcación territorial donde este órgano de amparo ejerce jurisdicción. LEGITIMACIÓN El auto de vinculación a proceso fue emitido contra el aquí quejoso, por ende, tiene el carácter de imputado y fue a él a quien la autoridad responsable le impuso como medida cautelar la prisión preventiva; por lo tanto, está legitimado para promover el presente juicio constitucional. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Conforme lo exige el artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por el quejoso de la lectura integral de la demanda, sin atender en este apartado a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, atendiendo a lo que quiere decir el quejoso a fin de establecer una congruencia entre lo pretendido y lo que se resuelva en este asunto. De ese modo tenemos que el quejoso reclama de la autoridad el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el veintiuno de junio de dos mil dieciocho en la causa penal 174/2018, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de homicidio simple, previsto y sancionado por el numeral 285, en relación con el artículo 289, ambos del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, en agravio de quien en vida respondió al nombre de Fany Jeaneth Gregorio Asencio, así como la prisión preventiva que le fue impuesta. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO El Juez de Control del circuito judicial de Tuxtepec, Oaxaca, en su informe justificado, admitió la existencia de los actos reclamados. La citada autoridad responsable reconoció que el veintiuno de junio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de ampliación de término constitucional, en la cual se resolvió la situación jurídica del quejoso Juan Carlos Cortes González, dictándole auto de vinculación en la causa penal 174/2018 por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de homicidio simple, previsto y sancionado por el numeral 285, en relación con el 289, ambos del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, en agravio de quien en vida respondió al nombre de Fany Jeaneth Gregorio Asencio. Asimismo, que en esa misma fecha se le impuso la prisión preventiva como medida cautelar. Todo lo cual permite tener como cierto el acto a ella reclamado. Como justificación remitió dos discos versátiles digitales (DVD) de la causa penal 174/2018, de donde se desprende el dictado del acto reclamado. Constancia remitida por la mencionada autoridad judicial a la cual se le confiere valor probatorio pleno, con fundamento en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto en el numeral 2 de la Ley de Amparo. Además los referidos discos de audio y video digital, tienen valor probatorio pleno, habida cuenta que se trata de un medio, por el cual, el juez responsable documentó los actos procesales en términos del precepto 61 del Código Federal de Procedimientos Penales. PROCEDENCIA A consideración de este juzgador, el juicio de amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En consecuencia, como no se advierte la existencia de una causa que pudiera dar lugar al sobreseimiento, lo que procede es resolver el presente asunto. ESTUDIO DE FONDO El quejoso señala que la autoridad responsable viola derechos fundamentales al dictar la resolución en estudio por las consideraciones siguientes: a). El auto de vinculación a proceso es violatorio de derechos humanos dado que carece de fundamentación y motivación, en la medida en que el juez responsable no valoró adecuadamente cada uno de los datos de prueba que precisó en el capítulo de fundamentación intelectiva y con los que tuvo por acreditado el hecho que la ley señala como delito de homicidio simple y por acreditada en grado probable la responsabilidad penal del quejoso. b). Que el juez responsable faltó a los principios de inmediación e imparcialidad porque no analizó meticulosamente si en el caso se actualizaba una excluyente del delito a que se refiere el numeral 14 del Código Penal en vigor, como lo exige la fracción IV del artículo 316 del Código Nacional del Procedimientos Penales. c). Aduce que la autoridad responsable violó sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque hizo una valoración errónea de los datos de prueba incorporados; respecto a los dictámenes periciales dice que no debió valorarlos como pericia porque en realidad son simples oficios en donde los expertos informaron el motivo que les impidió emitir su dictamen; referente a la declaración de la testigo Edna Elena Ascencio García, menciona que el Ministerio Público no le informó sobre el derecho que tenía de abstenerse a declarar en virtud del parentesco que refirió tener con la víctima y por ende con el imputado; asimismo, que no integró debidamente la prueba circunstancial. d). En general, alega que el auto de vinculación a proceso es ilegal porque para su dictado el juez responsable se basó en pruebas que no son fuertes ni contundentes para arribar a la conclusión de que el imputado privó de la vida a la pasivo, pues los datos de prueba solo contienen información de referencia. e). Que el juez responsable tuvo por acreditada la probable responsabilidad penal del quejoso basado precisamente en la prueba circunstancial, lo que es infundado y violatorio de los principios de debido proceso legal, legalidad, certeza jurídica, exacta aplicación de la ley penal, de carga probatoria y de presunción de inocencia, contenidos en los numerales 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Federal, dado que si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales exige un estándar probatorio mínimo para el dictado del auto de vinculación a proceso, también lo es que la constitución exige que un acto de molestia como ese debe estar debidamente fundado y motivado, para lo cual no basta que haya indicios, como en el caso que solamente existen datos aislados, de referencia y no señalamientos categóricos que incriminen al quejoso como la persona que a las veintitrés horas del nueve de junio de dos mil dieciocho, privó de la vida a Fany Janeth Gregorio Asencio. f). Que el auto de vinculación a proceso no reúne los requisitos de fondo y forma que señalan los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque a su consideración, no quedó precisada la hora de fallecimiento de la víctima, la mecánica de los hechos, ni existen datos importantes para sostener la vinculación a proceso, violentándose con ello el principio de la carga de la prueba, pues el juez debió allegarse de indicios razonables como lo exige la fracción III del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. g). Respecto a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, el único argumento vertido es el referente a que la misma es violatoria de sus derechos humanos en virtud que proviene de un auto de vinculación a proceso carente de fundamentación y motivación. Los argumentos antes expuestos resultan infundados, sin que se advierta queja deficiente que suplir, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Preliminarmente, el suscrito considera pertinente destacar algunas particularidades del sistema penal acusatorio, adversarial y oral a la luz de lo que dispone la Carta Magna y el Código Nacional de Procedimientos Penales (legislación aplicable al caso). El dieciocho de junio de dos mil ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones constitucionales, con la finalidad de introducir un nuevo sistema de justicia penal y de seguridad pública en el país. En efecto, mediante dicha reforma constitucional se pretendió transformar el sistema de justicia penal tradicional o mixto a un sistema de corte acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 160/2010, reconoció que la señalada reforma procesal penal tuvo como finalidad que mediante la aplicación de dichos principios en los casos concretos se cumpliera con los objetivos del sistema penal acusatorio: esclarecer la verdad real respecto de los hechos ocurridos, específicamente determinar la existencia de delito y en su caso identificar a su autor; resolver el conflicto suscitado entre las partes; procurar efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido; aplicar a favor de las partes e intervinientes el debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales; dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos; y facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. Ahora bien, de una simple lectura a las disposiciones constitucionales pertinentes y al Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que el sistema penal acusatorio se distingue por una clara separación de funciones, pues aquellas de acusar y juzgar quedan claramente separadas entre sí. En este sentido, dentro del procedimiento acusatorio se pueden distinguir al menos tres momentos distintos, a saber: a) la investigación conducida por el Ministerio Público y la policía a su mando, posteriormente supervisada por el juez de control; b) la admisión y depuración probatoria por parte del juez de control, con miras a la apertura de un juicio oral; y c) la realización del juicio, donde un juez o tribunal oral se pronuncia objetiva e imparcialmente sobre la culpabilidad del acusado. Etapa preliminar o de investigación. Esta etapa tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal, mediante la obtención de datos de prueba que permitan sustentar la acusación y garantizar la defensa del indiciado. Esta etapa deberá iniciar con una denuncia o una querella y estará a cargo -en una primera fase- del Ministerio Público, así como de la policía actuando bajo su conducción y mando, como lo dispone el primer párrafo del artículo 21 constitucional. Por tanto, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, deberá promover y dirigir una investigación dentro de la que realizará las diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos, las cuales deberán quedar registradas en una carpeta de investigación que para el efecto se integre. Cuando el Ministerio Público lo considere oportuno, o cuando estime necesaria la aplicación de medidas cautelares, podrá formalizar la investigación por medio de la intervención judicial. Para ello, conforme a lo que establece el artículo 16 constitucional, si el indiciado fue detenido en flagrancia o en atención a una orden de caso urgente, deberá ser puesto a disposición del juez de control en un plazo no mayor a 48 horas, quien convocará a una audiencia para verificar la legalidad de la detención y, de ser el caso, formule la imputación correspondiente. Por su parte, cuando no medie detenido, bastará que el Ministerio Público solicite al juez de control la celebración de una audiencia para la formulación de la imputación, en la que se le hará saber al indiciado que se desarrolla una investigación en su contra. Si el indiciado no asiste o se trata de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público podrá solicitar orden de aprehensión para asegurar su comparecencia. Dentro de esta audiencia, generalmente denominada como inicial, el juez de control se asegurará de que el imputado conoce sus derechos y concederá la palabra al Ministerio Público, quien deberá exponer verbalmente el hecho delictivo imputado; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su comisión; la forma de intervención que se atribuye; y el nombre de su acusador. Posteriormente, el juez se cerciorará de que el imputado comprendió la acusación y le otorgará la oportunidad de contestar, si es su deseo. Adicionalmente, como se desprende del artículo 19 constitucional, a petición del Ministerio Público, el juez de control podrá imponer las medidas cautelares que considere pertinentes y resolverá sobre la vinculación a proceso dentro de la misma audiencia inicial o en su continuación; la cual se deberá celebrar dentro del plazo de setenta y dos horas a partir de que el imputado fue puesto a su disposición, el cual podrá duplicarse a petición de este último. Así las cosas, el juez de control podrá decretar auto de vinculación a proceso si considera que existen datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, el cual podrá ser impugnado vía recurso de apelación y, en su caso, vía juicio de amparo indirecto. Además, en este acto, el juez de control deberá fijar fecha para la audiencia de cierre de la investigación, tomando en consideración la naturaleza de los hechos atribuidos y la complejidad de la misma; la cual deberá celebrarse dentro de un plazo de dos a seis meses, dependiendo de si la pena máxima del delito excede o no de dos años de prisión. En este orden de ideas, la audiencia de cierre de investigación concluye con la decisión del Ministerio Público de formular o no acusación en contra del imputado. De esta manera, existe la posibilidad de que esta etapa no concluya con una acusación, sino que el Ministerio Público solicite el sobreseimiento de la causa o la suspensión del proceso. Etapa intermedia o de preparación de juicio oral. En caso de formularse la acusación, el juez de control deberá notificarla a las partes y citar a la audiencia intermedia; la cual tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, para lo cual podrán solicitar al juez de control que dé por acreditados ciertos hechos, de forma que ya no sean materia de debate en el juicio oral. En este sentido, durante el desarrollo de esta audiencia, el juez de control concederá el uso de la palabra a las partes para que realicen las solicitudes, observaciones y planteamientos que estimen relevantes respecto de la admisión o inadmisión de los medios probatorios ofrecidos. Una vez que el juez de control analizó la admisibilidad de los medios de convicción ofrecidos y escuchó los argumentos de las partes que comparecieron en la audiencia intermedia, dictará la resolución o auto de apertura a juicio, en el cual deberá indicar: I. El Tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio; II. La individualización de los acusados; III. Las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas, así como los hechos materia de la acusación; IV. Los acuerdos probatorios a los que hubieren llegado las partes; V. Los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada; VI. Los medios de pruebas que, en su caso, deban de desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y de reparación del daño; VII. Las medidas de resguardo de identidad y datos personales que procedan; VIII. Las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate, y IX. Las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado. Al tratarse de una fase diseñada específicamente para discutir los temas relacionados con la admisión o inadmisión de los medios de prueba que van a ser incorporados o desahogados en el juicio oral, puede decirse que una de las finalidades más importantes de la etapa intermedia es que el imputado pueda plantear, en caso de que lo estime pertinente, argumentos relacionados con vulneraciones a derechos fundamentales que hayan dado lugar a la obtención de elementos de prueba que pretendan ser utilizados por la acusación en el juicio oral. Al respecto, no hay que perder de vista que la fracción IX del apartado A del artículo 20 constitucional establece que las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales son nulas. Etapa de juicio. Una vez dictada la resolución de apertura de juicio oral, el juez de control la hará llegar al juez de juicio oral o al juez que presida el tribunal de juicio oral competente, poniendo también a su disposición a las personas sometidas a prisión preventiva o a otro tipo de medidas personales. Hecho lo anterior, el juez de juicio oral fijará fecha para la celebración de la audiencia correspondiente. Es importante señalar que tanto el artículo 20, apartado A, fracción IV, constitucional como la legislación procesal penal aplicable en su artículo 350, señalan una prohibición expresa en el sentido de que los jueces que en el mismo asunto hayan intervenido en las etapas anteriores a la de juicio oral, no podrán conocer en esta etapa. Durante la audiencia de juicio oral se debatirán las cuestiones esenciales del proceso penal, mediante el desahogo de las pruebas señaladas en la resolución de apertura de juicio oral y la exposición de los alegatos de las partes. Terminado el debate, si el juez o tribunal de juicio oral consideran que existen elementos probatorios suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda razonable, procederá a dictar sentencia condenatoria en su contra, de conformidad con el derecho a la presunción de inocencia en su vertiente de estándar de prueba y lo dispuesto en la fracción VIII del apartado A del artículo 20 constitucional; de lo contrario, dictará sentencia en el sentido de absolver al acusado. En cualquier caso, la autoridad judicial deberá explicar la sentencia durante la audiencia respectiva. Efectivamente, como puede observarse de lo expuesto hasta el momento, la reforma al sistema de justicia penal trajo como cambio fundamental el hecho de que la formulación de la imputación debe realizarse con base en los datos obtenidos en la investigación, pero con la intervención de una autoridad jurisdiccional con la finalidad de controlar las actuaciones que puedan derivar en la afectación de algún derecho fundamental del imputado y determinar los medios de prueba que deberán ser desahogadas en juicio oral. Por tanto, será exclusivamente a través del desahogo de esos medios de prueba, que el tribunal respectivo determinará la existencia de algún delito, la responsabilidad penal del imputado en su comisión y las consecuencias legales que deriven a esa determinación. Lo anterior es importante mencionarlo, toda vez que lo que se controvierte en la presente instancia constitucional, como se anticipó, es el auto de vinculación a proceso emitido por el juez de Control del distrito judicial de Tuxtepec, Oaxaca, lo que implica que la causa penal de origen se encuentra en la etapa preliminar o de investigación. Por otro lado, conviene destacar que los ordinales 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: Se haya formulado la imputación; Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." La lectura de los dispositivos transcritos conduce a establecer que el auto de vinculación a proceso debe satisfacer ciertos requisitos formales y otros más de índole material, a saber: en cuanto a la forma, constitucionalmente se establece que en dicho fallo deben precisarse la conducta típica que se reprocha al imputado y el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y, respecto al fondo, esa determinación debe apoyarse en datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su perpetración. Cabe aclarar que para dictar vinculación a proceso basta que los datos de prueba permitan establecer de manera idónea, pertinente y, en su conjunto, la probable intervención del inculpado en el hecho delictuoso imputado. Además, el auto de vinculación debe cumplir con los principios de legalidad y de seguridad jurídica previstos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de manera imperativa dispone que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, lo cual se traduce en la obligación del órgano judicial que emita una resolución de citar los preceptos legales en que se funde para ello y señalar las circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas que haya tenido en consideración para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su perpetración. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 204, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, materia Común, Séptima Época, 1917-2000, página ciento setenta y seis, del contenido siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Asimismo, la tesis XIII.P.A.30 P, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de dos mil once, Novena Época, página mil doscientos veintiocho, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías." El citado derecho constitucional de fundamentación y de motivación si bien resulta ser técnicamente un requisito formal que la determinación combatida debe cumplir, de igual forma tiene que ver directamente con los aspectos sustanciales de ésta, ya que los fundamentos y los motivos que el Juez de control plasme en su resolución constituyen la base en que descansa la acreditación de los elementos de fondo que exige el dispositivo 19 Constitucional, atinentes al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su consumación. En ese sentido, atendiendo a la importancia que reviste el derecho fundamental de libertad que se ve afectado de manera indirecta con la resolución reclamada, la técnica del juicio de amparo impone al órgano de control constitucional el deber de circunscribirse a la valoración del juicio de prueba llevado a cabo por el juez de Control y resolver respecto de la constitucionalidad o no de dicho acto, sin que ello implique que este órgano de control constitucional sustituya a la responsable en la apreciación de los elementos de convicción, ya que únicamente se limita a analizar la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal. En primer término, contrario a lo que expone la parte promovente del amparo, debe puntualizarse que se respetó al aquí quejoso el principio constitucional de presunción de inocencia debido a que se le trató como tal, se le dio oportunidad de defensa al estar asistido por la defensora pública, se le hizo saber sus derechos y la trascendencia de éstos, su derecho a ofrecer pruebas, a la información, el conocimiento del motivo por el que estuvo en la sala de audiencias y su derecho a una impartición pronta. Ahora bien, con base en el material discográfico, se advierte que la resolución tildada de inconstitucional, cumple con los requisitos de forma y de fondo. Así también, que en términos de los artículos 4 a 11 y 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desahogaron las audiencias con apego a los principios de publicidad, al ser públicas; inmediatez porque intervinieron las partes ininterrumpidamente, concentración, dado que intervinieron verbalmente el agente del Ministerio Público y la defensa, ejerciendo su derecho a controvertir los datos de prueba comunicados e incorporados en los precisos momentos de su intervención respectivas en cada audiencia, que se advierte se llevaron a cabo con los recesos indispensables propios por la naturaleza de este tipo de procedimiento y todo, en forma oral. Esto es así, ya que, el primero de los requisitos de forma se cumplió con los datos de prueba que aportó el Ministerio Público en la causa penal 174/2018, las cuales fueron puestas a disposición de la parte quejosa y su defensa, en el desahogo de la audiencia de vinculación a proceso. De igual manera, el segundo de los requisitos se cumplió de manera eficaz, puesto que en la resolución combatida se emitió por una autoridad competente, como lo es el Juez de Control del distrito judicial de Tuxtepec, Oaxaca, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. El tercer requisito también se encuentra satisfecho, ya que la representación social previa investigación y aportación de datos de prueba a la carpeta de investigación, formuló imputación al hoy quejoso en audiencia de veinte de junio dos mil dieciocho. Respecto al cuarto de los requisitos, se considera cumplido, pues la citada autoridad, hizo saber al imputado, su derecho a declarar o guardar silencio, contenido en el artículo 20, apartado B, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 113, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es por ello que, el quejoso Juan Carlos Cortes González, durante el desahogo de la audiencia de formulación de la imputación, manifestó de viva voz, y con la asistencia de su defensora, su deseo de reservarse a efectuar manifestación alguna; sin embargo, hizo del conocimiento al Juez de Control responsable su voluntad de ampliar el plazo constitucional que establece el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conforme al quinto requisito, se tiene que en audiencia de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, durante el término constitucional ampliado de veinticuatro horas, se dictó al quejoso auto de vinculación a proceso. El sexto requisito, se cumplió porque durante el desahogo de la audiencia inicial, así como en el desarrollo de la diligencia de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, se especificó que el hecho que la ley considera un ilícito y por el que le formuló imputación al quejoso es el de homicidio simple, previsto y sancionado por el numeral 285, en relación con el diverso 289 del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Fany Janeth Gregorio Asencio. Dicho lo anterior, el requisito siete también se encuentra colmado, pues en la determinación reclamada, el juez precisó el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho delictivo, tal como se advierte de la videograbación de la citada audiencia así como de su versión escrita, pues los hechos imputados al quejoso, ocurrieron el nueve de junio de dos mil dieciocho, aproximadamente a las veintitrés horas, en el domicilio ubicado en boulevard Manuel Ávila Camacho, número trescientos cuarenta y dos, colonia Lázaro Cárdenas, en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca. Por cuanto a los requisitos de fondo tenemos que el Ministerio Público aportó a la carpeta de investigación respectiva, los datos de prueba siguientes: El acta de aviso levantada por el agente Estatal de Investigaciones Andrés Mario Castellanos Merino, de once de junio de dos mil dieciocho. A dicho dato de prueba le concedió credibilidad, porque en ese oficio se hizo constar que aproximadamente a las quince horas recibió una llamada telefónica en donde le dieron a conocer la existencia de un cuerpo sin vida en el domicilio ubicado en Boulevard Ávila Camacho, número trescientos cuarenta y dos, colonia Lázaro Cárdenas, solicitándole su intervención; que el alcance de dicho dato de prueba es únicamente en cuanto al aviso, porque es una autoridad facultada para recibirlo en términos del numeral 132, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales. II. Identificación legal del cadáver de Fany Janeth Gregorio Asencio, realizada por su progenitor Jorge Gregorio Pérez. A ese dato de prueba le concedió credibilidad, porque de acuerdo a las máximas de la experiencia es creíble que pudiera identificar el cadáver de quien fue su hija -circunstancia que tuvo por acreditada a partir del acta de nacimiento que exhibió-; lo anterior, tomando en consideración el núcleo familiar, la convencía y trato diario; además de que le otorgó credibilidad por el hecho de que quien identificó el cadáver proporcionó características personales de su hija y datos generales que hicieron evidente la existencia del vínculo familiar. En relación a la declaración de Jorge Gregorio Pérez, le otorgó credibilidad subjetiva, porque el juzgador refirió que en la misma no encontró contradicciones; sin embargo, dijo que en cuanto a la ponderación de la congruencia interna como externa, resulta evidente que al tratarse de la muerte de su hija, el declarante quiera que se administre justicia; que tal deposado tiene congruencia interna porque no se contradice en sí mismo ni con otros datos de prueba, además de que no sobrepone ningún hecho que no haya presenciado, solamente dio cuenta de circunstancias anteriores y posteriores al hecho y de la relación de noviazgo entre la víctima y el imputado. Que dicho atestado también goza de congruencia externa porque da cuenta de la forma en que se enteró de la defunción de su hija, relato que guarda congruencia con diversos atestados como el de Edna Elena Asencio García, Jesús Quevedo Serna y Ofelia Sierra Audelo, quienes confirmaron la relación de noviazgo que existía entre la víctima y el activo, que existía esa cohabitación entre ellos y que llevaban viviendo juntos aproximadamente tres meses. III. Acta de nacimiento a nombre de Fany Janeth Gregorio Asencio y el certificado de defunción a nombre de la misma víctima. El juzgador concedió credibilidad a tales datos de prueba argumentando que el primero es un documento expedido por un servidor público como es el oficial del Registro Civil; asimismo, que en términos del artículo 53 y 56 del Código Civil, los atestado del Registro Civil en general sirven para acreditar el estado civil de las personas; de ese modo presumió que se trata de un documento autentico en atención a que fue expedido por un servidor público y que sirvió para establecer la existencia de la vida de Fany Janeth Gregorio Asencio, quien refirió nació el veintidós de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve. Respecto al certificado de defunción, le otorgó credibilidad en la medida que fue expedido por un perito médico y los conocimientos científicos afianzados establecen que la medicina es una ciencia que se dedica al estudio de la salud, de la vida, de las enfermedades y de las causas de la muerte de una persona, por lo que se entiende que el médico que lo elaboró tiene los conocimientos suficientes y necesarios para expedir dicho certificado en la forma y términos en que fue vertido por la autoridad Ministerial: además que por tratarse de un servidor público se presupone un documento autentico, máxime que no se contradijo su alcance o credibilidad hasta ese momento. De ahí que le sirvió para establecer que la causa de muerte de Fany Janeth Gregorio Asencio fue asfixia por sofocación de cráneo. IV. Informe del director del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado el ISSTE. En relación a este dato de prueba, la responsable refirió que es una máxima de la experiencia, por todos conocido, que se trata de un hospital público que presta servicios a los trabajadores de Gobierno, por tanto, al ser expedido el mencionado informe por su director, le otorgó credibilidad porque lo presumió autentico en términos del numeral 380 del Código Nacional de Procedimientos Penales; además de que hasta ese momento no se contradijo su contenido y no fue objetado. Expresó que a través de ese informe pudo establecer que Fany Janeth Gregorio Asencio se desempeñaba como trabajadora en ese instituto de manera eventual, con el cargo de laboratorista asignada al área de laboratorio y que el ultimo día que laboró fue el nueve de junio en un horario de seis cincuenta y nueve de la mañana a diecinueve horas con ocho minutos, lo que se corroboró con la copia certificada de la tarjeta de asistencia que adjuntó el agente del Ministerio Público. Añadió que como tal documento no se contradijo, no podía darle valor u otorgarle credibilidad diferente, pues el mismo guarda congruencia externa y se corrobora con la declaración de Jorge Gregorio Pérez en relación a las actividades que desempeñaba su hija, concretamente que a las seis de la mañana sale de su domicilio, por lo que, si está acreditado que ese día nueve de junio ingresó a laborar a las seis cincuenta y nueve de la mañana, sea evidente que se corrobore en esa parte la declaración de que haya acudido a su centro de trabajo. V. Entrevista realizada a Elpidia del Carmen Antonio González. A tal dato de prueba el juez de control le otorgó credibilidad en atención a que la ateste goza de una credibilidad subjetiva, no advirtió que sobrepusiera algún hecho que no conociera; que su referencia no fue relativa al hecho sino únicamente a las circunstancias que pudo percibir a través de sus sentidos (vista y oído), donde manifiesta que un año atrás aproximadamente le había rentado un local en la calle 18 de marzo a Fany Janeth Gregorio Asencio, en el que puso un laboratorio, que veía que en dicha negociación estaba también Juan Carlos Cortés González, que ese cuarto originalmente lo rentaba a su sobrino pero que posteriormente se lo rentó a Fany Janeth Gregorio Asencio. Refirió el juez responsable que en esa declaración no advirtió alguna animadversion o ánimo de perjudicar a una persona, que su declaración fue congruente en sí misma, no se contradice con otros datos de prueba, por el contrario, corrobora la declaración de Jorge Gregorio Pérez, en el sentido de que aparte del servicio o del trabajo que su hija tenía en el hospital de ISSSTE, también se desempeñaba de manera particular en ese laboratorio dada su profesión de químico, siendo el alcance y credibilidad que le otorgó a ese dato de prueba. VI. Entrevista realizada a Carlos Cortés Rodríguez. En la exposición el juez menciona que este dato de prueba fue obtenido de manera legal, porque se hizo saber al declarante el derecho de abstención que le concede la ley porque resulta ser el progenitor del imputado Juan Carlos Cortés González; por lo que no advirtió que su credibilidad subjetiva se encontrara viciada, ya que no sobrepone algún hecho que no haya presenciado, dio circunstancias anteriores y posteriores al hecho, que su deposición fue coherente y congruente en sí misma, por tanto, no vulnera el principio de no contradicción, por el contrario, dijo, dio razones suficientes para otorgarle credibilidad pues una máxima de la experiencia refiere que al ser progenitor del imputado pudo válidamente conocer circunstancias de quien resulta ser su hijo, como en el caso, que tenía una relación de noviazgo con Fany Janeth Gregorio Asencio desde hace aproximadamente cuatro meses; agregó que es válido que con motivo de esta relación haya conocido a la víctima, así como el auto marca Volkswagen, tipo Vento, que manifiesta era propiedad de Fany Janeth, que por ello es evidente que pueda saber también que su hijo tomaba frecuentemente y se drogaba. De ahí que el juez consideró evidente que al tratarse del padre del imputado, no haría una declaración con el ánimo de perjudicarlo de una manera dolosa, o maliciosa, por el contrario una máxima de experiencia sería que como progenitores procuramos el bienestar y la protección de nuestros hijos. De tal deposición en esencia obtuvo que el ateste dio razón del por qué sabía de la relación de su hijo Juan Carlos con Fany Janeth, dio a conocer cómo es que iniciaron tal relación, donde se conocieron, de dónde es ella, la convivencia que hubo en un par de ocasiones entre las familias de ambos, y en relación a los hechos refirió que el nueve de junio él y su esposa habían acudido a realizarse unos análisis clínicos a las dos de la tarde, fue ahí que Juan Carlos y Fany les dieron unos camarones porque iban a ir a comer a casa de los padres de Juan Carlos; sin embargo no llegaron, motivo por el cual en el transcurso de la noche se intentaron comunicar con Fany sin conseguirlo, no obstante que un par de horas antes si les respondió la llamada, pero a las ocho de las noche ya no contestó su teléfono celular, circunstancias que, a juicio del juez de control, hasta ese momento no se contradijeron y por tanto no estuvo en condiciones de restarle o darle credibilidad en otro sentido a dicha deposición. Determinó el resolutor que esa declaración le sirvió para establecer que el diez de junio del dos mil dieciocho, aproximadamente a las diez y media de la mañana Ilegó Juan Carlos Cortes González a la casa de sus padres, con el automóvil de Fany Janeth, y se metió a dormir, posteriormente salió de ese domicilio a seguir consumiendo bebidas embriagantes, después de haber dormido, despertó como a las seis y media de la tarde, y sus padres le dijeron que se bañara y fueron a buscar a Fany, primero al domicilio ubicado en Boulevard Ávila Camacho número 342 en donde únicamente se bajó Juan Carlos con su madre de nombre Judith, quienes no ingresaron al domicilio, porque éste manifestó que no Ilevaba Ilaves; posteriormente, se fueron a Tres Valles Veracruz a buscarla en la zona que Juan Carlos les había comentado que estaba laborando; sin embargo, al constituirse en dicha Ciudad se enteran que no había Ilegado a laborar Fany Janeth, motivo por el cual regresan aproximadamente a las veintiún horas al citado domicilio en el Boulevard Manuel Ávila Camacho, pretenden entrar pero no pueden, le tocan a la casera, les dicen que no tiene llaves, por el cual se les hace saber que los únicos que tienen llave son las personas que en ese lugar viven, lo que guarda congruencia con la declaración que vierte precisamente la casera de Fany Janeth Gregorio Asencio, Ofelia Sierra Audelo. Por lo anterior el juez de control dijo que tal deposado también guarda congruencia con lo declarado por Jorge Gregorio Pérez y la declaración de Edna Elena Asencio García. VII. Diligencia de inspección ocular y levantamiento de cadáver. Tocante a este dato de prueba, el resolutor tomó en consideración de que únicamente describe las características del domicilio en el cual se constituyó el agente Estatal de Investigaciones, describiendo las circunstancias que percibió a través del sentido de la vista, en la que hizo constar que al fondo de dicho domicilio, existe el cuarto que Fany Janeth arrendaba y en donde vivía con Juan Carlos Cortes González; que al ingresar a dicho cuarto describió el mismo y la posición en que se encontraba el cuerpo, circunstancias que pudo apreciar a través de su sentido de la vista, tomando en cuenta la hora en que se llevó a cabo esa diligencia, esto es, aproximadamente a las quince horas con quince minutos, que fue la hora en que se constituyó, donde dio intervención a la perito en criminalística, y realizó la diligencia de levantamiento de cadáver. El juez responsable concedió credibilidad en la medida que dijo no se requieren mayores conocimientos científicos para realizar la actividad, pues es obligación del agente Estatal de Investigación en términos del numeral 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, Ilevar a cabo esa actividad ya que actúa bajo el mando y conducción del Agente del Ministerio Público. Además añadió que la inspección se corroboró con las placas fotográficas que fueron vertidas en la audiencia de comunicación de la imputación y donde se pudo constatar precisamente esa descripción que hizo, y que no advirtió algún error de percepción, pues tomando en cuenta la hora, existía luz natural, circunstancia que corroboró también el dictamen de criminalística, con el cual tuvo por acreditada la existencia del domicilio en el cual acontecieron los hechos, el cuerpo sin vida de Fany Janeth Gregorio Asencio y la forma en que este fue hallado el once de junio de dos mil dieciocho. Finalmente dijo el resolutor que esta diligencia es congruente con el certificado médico que ya fue valorado y con el protocolo de la autopsia, en relación a que existe coincidencia en cuanto a las características que guardaba el cuerpo sin vida de Fany al momento en que fue hallado, con la descripción que realizó el perito médico. VIII. Dictamen de autopsia emitido por el doctor Juan Manuel Pacheco Medina, de doce de junio de dos mil dieciocho. En relación a este dato de prueba, el juez de control le otorgó credibilidad en virtud de los conocimientos científicos afianzados, determinado que goza de una credibilidad subjetiva pues fue precisamente un perito médico el que tiene conocimientos de la ciencia de la medicina, por tanto, es quien podía llevar a cabo dicha actividad, dado que tiene los conocimientos científicos necesarios para establecer su dictamen en la forma y términos en que fue vertido por la Institución Ministerial; del que obtuvo que la víctima no presentó lesiones visibles a la altura del tórax, del abdomen, a nivel craneal; describió únicamente la forma en la cual se encontraba el cuerpo; manifestando que dio intervención al perito químico Alfonso Ochoa Lara, a efecto que dictaminara dosificación de alcohol y drogas en el cuerpo de la víctima y para efecto de que estableciera si existían rastros de semen. Añadió que es evidente que de acuerdo a sus conocimientos científicos el perito pudo establecer la metodología, la bibliografía, las técnicas que empleo y la forma en la cual Ilevó a cabo la mecánica de su actividad, en esa medida le otorgó alcance y credibilidad a dicho dato de prueba, pues dijo que después de haber llevado a cabo todos esos planteamientos, concluyó el citado galeno que la causa de la muerte fue asfixia por sofocación mecánica. Manifestando que no hubo lesiones, que no se pudo establecer evidencia de violación, tomando en cuenta la descomposición del cuerpo. IX. Dictamen de criminalística emitido por la perito Fátima Lucía Sánchez Díaz. En cuanto a este dato, le concedió credibilidad, porque dijo que lo emitió una perito en criminalística, por tanto se entiende que tiene los conocimientos científicos necesarios y suficientes para emitir un dictamen en la forma y términos en que lo realizó, que goza de credibilidad subjetiva, dado que es evidente que al desempeñarse como perito en la Fiscalía General del Estado, cuenta con cedula profesional y se advierte que tiene los conocimientos para llevar a cabo toda la mecánica que describió en su dictamen en la forma y términos en que fue vertido, por el Agente del Ministerio Público. Lo anterior, porque tomó en cuenta que la criminalística es una ciencia que aplica conocimientos, métodos y técnicas de investigación científica de las ciencias naturales en el examen de material sensible, significativo, que se encuentra relacionado con un presunto hecho delictuoso con el fin de determinar en los Órganos encargados de administrar justicia, en este caso la Institución Ministerial, su existencia cierta, reconstruir dicho lugar y señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos o el hallazgo de uno o varios indicios como en el caso aconteció, pues estableció como indicio uno el cuerpo sin vida de Fany Janeth Gregorio Asencio, como indicio dos un bolso que se encontraba en el cuarto de este domicilio ubicado en el Boulevard Manuel Ávila Camacho número 342, también marca como indicio 2A y 2B, dos celulares que fueron hallados en el citado lugar, motivo por el cual son razones suficientes para otorgarle credibilidad con motivo de los conocimientos científicos afianzados, nos sirve también para establecer la existencia y características y la forma en que se encuentra constituido el domicilio ubicado en el Boulevard Manuel Ávila Camacho número 342, y sobre todo el cuarto en donde Fany Janeth Gregorio Asencio, vivía con el señor Juan Carlos Cortés González. X. Inspección ocular realizada en la unidad de motor que se encontró abandonada sobre la calle Daniel Soto. A tal diligencia le concedió credibilidad, refiriendo que no se necesitan mayores conocimientos científicos para realizarla, pues únicamente dio una descripción de lo que el agente Estatal pudo apreciar a través de su sentido de la vista; además de que es una de sus obligaciones en términos del numeral 132, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, practicar las inspecciones y otros datos de investigación y reportar sus resultados al Ministerio Público, lo que hizo en el caso, en donde describió únicamente las características del vehículo que fue hallado y lo cual guarda congruencia con la deposición que hicieron diversos atestes, coma Jorge Gregorio Pérez, el propio padre del imputado Carlos Cortes Rodríguez, la declaración de Edna Elena Asencio García, así coma la deposición de Ofelia Sierra Audelo. Así fue como le otorgó credibilidad pues con dicho dato de prueba pudo advertir la existencia del vehículo de motor marca Volkswagen, tipo Vento, color blanco, y a través de las placas fotográficas pudo apreciar que se trataba de un vehículo nuevo y de la placa que al interior del mismo se encontraba. XI. Dictamen médico de quince de junio de dos mil dieciocho expedido por el químico biólogo Alfonso Ochoa Lara. De ese dato en esencia obtuvo que en relación con la intervención que el médico Juan Manuel Pacheco Medina dio al experto en el momento de realizar la autopsia, con la finalidad de recabar muestras para obtener dosificación de alcohol y drogas, así como los rastros de semen, informó el perito químico que no estuvo en condiciones de emitir el dictamen, tomando en cuenta que el estado de descomposición del cuerpo de la víctima no lo permitía, pues ya no existían rastros de orina para poder ver la dosificación de drogas o alcohol, tampoco se pudo realizar el rastreo de semen. En relación a ese dato de prueba, fueron los conocimientos científicos afianzados los que a juicio del juez dieron sustento para otorgarle credibilidad a dicho informe, porque es precisamente el perito químico quien tiene los conocimientos necesarios y suficientes, dada que fue él quien estudio a través de sus conocimientos los tejidos o fluidos de la corporeidad de Fany Janeth Gregorio Asencio con la finalidad de emitir un dictamen; sin embargo, ello no fue posible tomando en cuenta la justificación que dio en dicho informe; lo que corroboró precisamente con el dictamen en criminalística, la inspección ocular, levantamiento del cadáver, datos de prueba en los que se estableció el estado de descomposición en el cual se encontraba el cuerpo de Fany Janeth Gregorio Asencio el once de junio del dos mil dieciocho, en que fue hallado. XII. Declaración de la testigo Edna Elena Asencio García. En relación a este atestado, el juez de control estableció que goza de una credibilidad subjetiva, porque hasta ese momento no advirtió, ni fue evidenciado así por parte de la defensa, algún ánimo doloso, malicioso por parte de Edna de perjudicar al imputado; tampoco advirtió alguna animadversión, entendida como con un sentimiento de oposición, enemistad o antipatía que tuviera hacia una persona. Estableció que tomando en cuenta el lazo familiar que existía con la víctima -eran primas-, era evidente que quisiera se le administre justicia y por ello haya rendido una declaración de lo que pudo percibir únicamente a través de sus sentidos como es la vista y el oído; sin embargo, tal deposado no fue controvertido por la defensa, por lo que le otorgó credibilidad en ese sentido. Por otra parte, refirió que atendiendo al principio de no contradicción, observó que la ateste no se contradijo, dio una declaración coherente en sí misma, no se contradice con otros datos de prueba, que corrobora la versión de Jorge Gregorio Pérez, así como lo señalado por Carlos Cortes Rodríguez y Ofelia Sierra Audelo, en el sentido de que el vehículo de Fany Janeth es marca Volkswagen, tipo Vento; la relación de noviazgo que tenían la víctima, el tiempo que llevaban de esa relación de noviazgo, el hecho de que vivan juntos en el domicilio ubicado en el Boulevard Manuel Ávila Camacho número 342 de la Colonia Lázaro Cárdenas, y de ahí que determinó goza de una congruencia externa. El resolutor fue enfático en determinar que como la defensa no contradijo ese testimonio, le otorgó credibilidad para establecer que el nueve de junio del dos mil dieciocho, siendo aproximadamente las veinte horas con diez minutos, Edna Elena llegó al Boulevard Manuel Ávila Camacho, en donde existe un bar denominado Mr. Beer y al llegar a dicho lugar se percató de la existencia del vehículo de motor de su prima Fany Janeth que estaba ahí estacionado, que al interior de dicho bar se encontraba Juan Carlos ingiriendo bebidas embriagantes en compañía de otros dos sujetos; que diez minutos después Juan Carlos se retiró de dicho lugar, y de manera brusca salió conduciendo el vehículo de Fany Janeth, para irse al domicilio que manifiesta se encontraba metros adelante, por lo que al ver la forma en la que salió conduciendo, manifiesta camina hacia la mitad del Boulevard y se percata que se estaciona frente al domicilio en donde Fany Janeth Gregorio Asencio y Juan Carlos Cortes González vivían, esto es, en el citado Boulevard en el número 342 de la colonia Lázaro Cárdenas, ve que se mete a dicho lugar, motivo por el cual ella se queda tranquila y regresa al bar, pues manifestó haberse quedado de ver con una amiga en dicho lugar. De ese atestado también estableció que siendo aproximadamente cerca de las veintitrés horas con treinta minutos, se percató que Juan Carlos Cortes González regresó al bar Mr. Beer, y que dejó mal estacionado su vehículo, momentos después llegó otro sujeto en automóvil a estacionarse, motivo por el cual Juan Carlos intentó estacionar bien su auto y no pudo, por lo que Edna Elena es quien lo ayuda a estacionarlo y posteriormente ella aproximadamente siendo las cero horas con veinte minutos ya del día diez de junio, se retira de dicho lugar, momentos antes manifiesta haberle marcado a su prima sin haberle contestado y dijo que al llegar a su domicilio diez minutos después aproximadamente continua marcándole a su prima, pero nunca le contesta el teléfono celular, esto merece credibilidad porque da razones suficientes de cómo es que pudo apreciar dichas circunstancias, las cuales pudo ver a través de sus sentidos (vista y oído). XIII. Entrevista realizada a Ofelia Sierra Audelo. A este atestado el juez de control le otorgó credibilidad subjetiva, porque dijo que no advirtió ánimo doloso de perjudicar a alguien, que la ateste no hizo señalamiento alguno en su declaración, sino únicamente dio a conocer circunstancias anteriores y posteriores al hecho del cual tuvo conocimiento, sin que sobrepusiera algo que no haya presenciado, lo que evidenció la objetividad con la cual realizó su declaración, púes únicamente manifestó que aproximadamente dos meses atrás le había rentado un cuarto a Fany Janeth Gregorio Asencio, quien inicialmente llegó a rentar sola, pero cuando se pasó a dicho lugar, llegó en compañía de Juan Carlos Cortes González; afirma el juez resolutor que tal deposición corrobora la versión de Jorge Gregorio Pérez, de Carlos Cortes Rodríguez, y de Edna Elena, en el sentido de la relación que tenían Juan Carlos Cortés González y Fany Janeth Gregorio Asencio, pues manifestó la ateste que lo presentó como su esposo, dijo que vivían juntos, que nunca los vio pelear, que salían muy temprano y regresaban muy noche, que ella aproximadamente a las diez y media siempre se subía a ver las noticias en la segunda planta de su domicilio, motivo por el cual ella únicamente se percataba que salían muy temprano, que también dio razón del vehículo de motor de Fany Janeth Gregorio Asencio, de cómo es que tuvo conocimiento de ese vehículo, inclusive manifestó que el diez de junio su sobrino le hizo ver que afuera de dicho domicilio se encontraba un vehículo blanco, que le mandó imágenes fotográficas a través del whatsapp, se enteró que es el automóvil de Fany Janeth, se intentó comunicar con ella pero no pudo porque nunca le contesto los mensajes, que siendo aproximadamente las nueve de la mañana, se percató que ya no estaba ese vehículo enfrente de su domicilio que obstruía el paso, lo que corrobora la declaración del padre del imputado Carlos Cortes Rodríguez, en atención a que aproximadamente a las diez y media de la mañana llegó Juan Carlos en el vehículo de Fany a su domicilio, se duerme en su domicilio y que posteriormente a las seis y media de la tarde salen a buscar a Fany Janeth, porque no sabían de ella, dice que van primero al domicilio en el Boulevard Manuel Ávila Camacho número 342, no logran ingresar, van a Tres Valles Veracruz, porque había sido informado por Juan Carlos Cortes González que estaba trabajado en dicho lugar, al no encontrarla regresan y es que manifestó el señor Carlos, que entablan comunicación con Ofelia, lo que esta señora corrobora en su declaración, y de ahí que sea el alcance y credibilidad de este dato de prueba, pues es coherente en sí misma, no se contradice con otros datos de prueba, además de que no se contradijo con diverso medio de prueba. XII. Declaración de Jesús Quevedo Serna. A este dato de prueba aportado por la representación social, el juez de control le otorgó credibilidad, porque no advirtió ánimo doloso de perjudicar a alguien, porque únicamente dio a conocer circunstancias que pudo apreciar a través de sus sentidos, dio razones suficientes del porque estaba en el día, hora y lugar en el que es hallado el cuerpo sin vida de Fany Janeth Gregorio Asencio, pues el ateste manifestó que vive en dicho domicilio en el Boulevard Manuel Ávila Camacho número 342, que Ofelia es su suegra, que precisamente es ella quien el once de junio siendo aproximadamente las catorce horas, le pide que vaya a abrir el domicilio de Fany Janeth Gregorio Asencio, ya que había sido informada por otra inquilina Azucena, que en dicho lugar desprendía un olor fétido y que había muchas moscas y que olía feo, motivo por el cual al abrir dicho domicilio se percata que la puerta tenía seguro, gira la llave y al abrir la puerta se encuentra el cuerpo sin vida de Fany Janeth Gregorio Asencio, lo que motivó que dieran aviso a la Policía Municipal y que hayan sido ellos quienes dieran aviso a la Agencia Estatal de Investigación, siendo aproximadamente las quince horas, lo que corrobora el acta de aviso, la inspección ocular, el levantamiento de cadáver y el dictamen en criminalística. De los requisitos de fondo, tenemos que el juez responsable, estableció como el hecho que la ley señala como delito de homicidio simple, lo siguiente: a). Que aproximadamente a las veintitrés horas, del día nueve de junio de dos mil dieciocho, en el domicilio ubicado en boulevard Manuel Ávila Camacho, número trescientos cuarenta y dos, colonia Lázaro Cárdenas, en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, se privó de la vida a Fany Janeth Gregorio Asencio. b). Que la causa de la muerte de Fany Janeth Gregorio Asencio, fue asfixia por sofocación mecánica. Asimismo vertió los motivos por los cuales les otorgó valor a cada dato de prueba; lo que se considera correcto, con base en los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Finalmente, después de haber valorado los datos de prueba en lo individual, el juzgador dijo que se actualizaba la existencia de la prueba indiciaria o circunstancial, pues la misma no es útil únicamente para tener por acreditada la probable responsabilidad, sino que también sirve para poder establecer acontecimientos a través de diversos indicios, agregando que dicha prueba se encuentra dirigida a demostrar la probabilidad de hechos que se denominan indicios, mismos que no constituyen un delito, pero de los cuales a través de la lógica y las reglas de la experiencia se pueden inferir hechos delictivos y la participación de un acusado. De ahí que el Juzgador válidamente estimó que tomando en cuenta la prueba circunstancial, pudo advertir el ejercicio inferencial de todos y cada uno de los datos de prueba que fueron valorados como las declaraciones de Carlos Cortés Rodríguez, Jorge Gregorio Pérez, Edna Elena Asencio García, Ofelia Sierra Audelo, Elpidia del Carmen Antonio González, que efectivamente Fany Janet Gregorio Asencio tenía una relación de noviazgo con Juan Carlos Cortés González; que pudo establecer a través de dichos deponentes que vivían en el domicilio ubicado en Boulevard Ávila Camacho número trescientos cuarenta y dos, colonia Lázaro Cárdenas, de la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca; que de las declaraciones e inspección, así como del dictamen de criminalística y levantamiento de cadáver, la existencia del domicilio, además que de acuerdo a lo declarado por Ofelia Sierra Audelo, se advierte que Juan Carlos Cortés González y Fany Janeth Gregorio Asencio eran los únicos que habitaban dicho domicilio pues eran los únicos inquilinos en ese cuarto, que eran los únicos que tenían llaves y cohabitaban en dicho domicilio. También pudo establecer a partir de la declaración de Edna Elena Asencio García y demás atestes, que Fany Janeth Gregorio Asencio había adquirido el vehículo Volkswagen tipo Vento, lo que corroboró con la inspección a dicho vehículo y refirió que resulta lógico que Edna Elena haya visto a Juan Carlos Cortés González en el Bar Mr. Beer manejando, el cual sabía que era de Fany Janet, lo que sucedió a las veinte horas, y que a las veinte horas con diez minutos vio que se retiró de dicho lugar y se metió a la cuartería en donde Juan Carlos Cortés González vivía con Fany Janet Gregorio Asencio. De lo anterior se advierte que el juez responsable correctamente otorgó credibilidad subjetiva al atestado de Edna Elena Asencio García, pues contrario a lo que afirma el quejoso, si apreció la relación de parentesco que tenía con la víctima; sin embargo, señaló que en tal deposado no había animo doloso o malicioso de perjudicar al imputado, animadversión, enemistad, antipatía con él; asimismo, que no existió algún otro dato de prueba que le restara credibilidad pues su testimonio fue coherente en sí mismo y no se contrapone con otros datos de prueba. Refirió el juez de control que se pudo establecer que a las veintitrés treinta horas Juan Carlos Cortés González regresó al citado bar con el vehículo de Fany Janet. Que del dictamen de autopsia se desprende Fany Janet Gregorio Asencio tenía aproximadamente cuarenta y cuatro horas de haber fallecido, tomando como referencia que la autopsia se realizó a las diecinueve horas del once de junio del año en curso, por lo que, al realizar la operación aritmética concluyó que la hora aproximada de la defunción fue a las veintitrés horas del nueve de junio de dos mil dieciocho. También dijo que quedó establecido que hasta el diez de junio del año que transcurre Juan Carlos Cortés González realiza con sus padres el ejercicio de búsqueda de Fany Janeth Gregorio Asencio, conducta que asevera es ilógica en el sentido de que no tenía llave, pues es la persona que habitaba el domicilio. Así, el juzgador expresó que una vez que fueron valorados los datos de prueba tanto en lo individual como en su conjunto, tuvo por acreditados los siguientes hechos: Que Fany Janeth Gregorio Asencio y Juan Carlos Cortés González, en el mes de febrero del año dos mil dieciocho empezaron a tener una relación de noviazgo. Que Ofelia Sierra Audelo, le rentó un departamento a Fany Janeth Gregorio Asencio, ubicado en el Boulevard Manuel Ávila Camacho, número trescientos cuarenta y dos, colonia Lázaro Cárdenas, de esta Ciudad, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en donde cohabitaba con Juan Carlos Cortés González. El día sábado nueve de junio del año dos mil dieciocho, aproximadamente a las veinte diez horas, Edna Elena Asencio García, vio que Juan Carlos Cortés González entró al domicilio que cohabitaba con Fany Janeth Gregorio Asencio, que ya quedó precisado en el hecho dos, y que iba en estado de ebriedad; regresando al bar denominado Mr. Beer, que se ubica sobre el mismo boulevard Manuel Ávila Camacho, donde tiene su domicilio, a las veintitrés horas con treinta minutos aproximadamente, y continuó ingiriendo bebidas alcohólicas. Que aproximadamente a las veintitrés horas del día sábado nueve de junio del año dos mil dieciocho, probablemente Juan Carlos Cortés González provocó la muerte de Fany Janeth Gregorio Asencio por asfixia por sofocación mecánica. El día lunes once de junio de dos mil dieciocho, aproximadamente a las catorce horas fue localizado el cuerpo sin vida de Fany Janeth Gregorio Asencio, en avanzado estado de putrefacción, al interior del cuarto que era rentado en el domicilio ubicado en boulevard Manuel Ávila Camacho número trescientos cuarenta y dos. Establecido el hecho que la ley señala como el delito, el juez correctamente lo calificó como homicidio simple, previsto y sancionado por el numeral 285, en relación con el artículo 289 del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca. Artículos de los se desprende que para la acreditación probable del hecho que nos está ocupando se requiere: a). Que una persona prive de la vida a otra; b). Que la privación de esa vida se deba a una causa externa provocada por otra persona. Y como acertadamente señaló el juez responsable, en el presente caso, se privó de la vida a una persona Fany Janeth Gregorio Asencio, siendo aproximadamente las veintitrés horas del nueve de junio de dos mil dieciocho, localizando su cuerpo sin vida hasta el once de junio siguiente, aproximadamente a las catorce horas, hallazgo realizado por Ofelia Sierra Audelo y Jesús Quevedo Serna, en el domicilio ubicado en boulevard Manuel Ávila Camacho número trescientos cuarenta y dos, de Tuxtepec, Oaxaca, en donde cohabitaba con Juan Carlos Cortés González, teniendo conocimiento de la existencia previa de la vida de la víctima y de manera posterior de la privación, que con el protocolo de autopsia y certificado médico del doctor Juan Manuel Pacheco Medina, se estableció que la causa de la muerte fue asfixia por sofocación mecánica. Por lo que, contrario a lo aseverado por el quejoso, el juez responsable si estableció la hora de fallecimiento de Fany Janeth Gregorio Asencio, pues dijo que ello ocurrió aproximadamente a las veintitrés horas del nueve de junio de dos mil dieciocho; conclusión a la que arribó tomando en consideración lo establecido en los dictámenes de autopsia y criminalística aportados por el Ministerio Público mediante un ejercicio deductivo, partiendo de que el médico legista estableció que la víctima tenía aproximadamente cuarenta y cuatro horas de haber fallecido, por lo que, si la autopsia se realizó a las diecinueve horas del once de junio del año en curso, al realizar la operación aritmética concluyó que la hora aproximada de la defunción fue a las veintitrés horas del nueve de junio de dos mil dieciocho. En cuanto a que la privación de la vida, de manera lógica estableció el juez de la causa que se tuvo por acreditado ese elemento del delito en el sentido de que si la causa de la muerte fue asfixia por sofocación mecánica, es ilógico que la propia víctima se asfixiara sofocándose, por lo que concluyó que probablemente tuvo que haber sido Juan Carlos Cortes González quien lo provocó. De ese modo trasgredió el bien jurídico tutelado por la norma que es la vida, humana. Por lo antes expuesto, el suscrito concluye que contrario a lo aseverado por el quejoso, el Juez de Control al emitir el auto de vinculación a proceso cumplió con las exigencias establecidas por el artículo 16 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que de la videograbación de la audiencia se aprecia que precisó los fundamentos legales aplicables al caso concreto, así como los motivos por los cuales consideró que los hechos sometidos a su conocimiento se adecuaban a la hipótesis del antisocial de que se trata y que existían datos de prueba que denotan, hasta ese momento, que existe la probabilidad de que el imputado -aquí quejoso- participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio simple. Se cita por ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), consultable en la página 125, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel". Además, contario a lo que expone el quejoso el juez responsable realizó una correcta valoración de los datos de prueba, específicamente de los dictámenes periciales que relacionó el agente del Ministerio Público. Esto es así, porque se debe diferenciar los datos de prueba y los medios de prueba con la prueba en sí; en el sistema acusatorio ya no tiene cabida el principio de permanencia de la prueba que consistía en que todo lo obtenido incluso desde la investigación permanecía en el proceso y podría ser tomado en cuenta por el juzgador como prueba en cualquier parte del proceso incluso en la sentencia; sin embargo, en este nuevo procedimiento el proceso de formación de convicción jurisdiccional descansa en el contacto directo y personal del juez con las fuentes de prueba, obteniendo de forma directa la información a través del desahogo de los respectivos medios probatorios. El artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación". De lo que podemos advertir que aquel medio probatorio que aún no se desahoga ante el juez tiene la calidad de dato de prueba cuyo valor es informativo o referencial, lo que implica que por regla general no sustentará la sentencia al carecer de valor probatorio; sin embargo, a pesar del mérito probatorio para el sustento de la sentencia dictada en la audiencia de juicio oral, los datos de prueba pueden ser útiles para la toma de decisiones intermedias, como es el auto de vinculación a proceso. De ahí, que no pueda estimarse que existió vulneración en su perjuicio de los derechos fundamentales de presunción de inocencia y de debido proceso tutelados por la Carta Magna, tal como lo afirma el quejoso. Tampoco se aprecia que el juez de control transgrediera en perjuicio del quejoso el principio de inmediación como característica del proceso penal acusatorio, el que según lo establecido por el artículo 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales consiste en que las audiencias se desarrollen en presencia del órgano jurisdiccional y de las partes que deban intervenir en la misma, sin que le sea permitido al titular delegar en persona alguna la admisión, desahogo, valoración de las pruebas ni la emisión y explicación de la sentencia; pues de la videograbación aportada por la responsable se aprecia que el juez de Control del distrito judicial de Tuxtepec, Oaxaca, fue quien presidió las audiencias de veinte y veintiuno de junio de dos mil dieciocho, la primera, relativa al control de la detención y comunicación de la imputación, y la segunda a la continuación de la audiencia inicial con motivo de la ampliación del plazo constitucional solicitado por el imputado y su defensa y en la que se emitió el auto de vinculación a proceso. Contrario a lo estimado por el quejoso, tampoco se advierte que el juez de control actuara con parcialidad, en relación a que no se analizó si en el caso se actualizaba una excluyente del delito a que se refiere el artículo 14 del Código Penal en vigor, como lo exige la fracción IV del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues se aprecia que el resolutor si analizó oficiosamente la existencia de alguna excluyente del delito a favor del imputado Juan Carlos Cortés González, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del código sustantivo penal; sin embargo, determinó que hasta el momento no existe dato de prueba que actualice alguna excluyente del delito como pudiera ser la legitima defensa, el estado de necesidad o uno de los otros señalados en el artículo 14 del Código Penal del Estado de Oaxaca. Es así que refirió que la conducta desplegada por Juan Carlos Cortés González, es antijurídica, tanto formal como materialmente; formalmente, porque no existe alguna causa que justifique su conducta, ni advirtió que obrara en legítima defensa, estado de necesidad, o en cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho; también dijo que es materialmente antijurídica porque dicha conducta se encuentra sancionada por el Código Penal del Estado de Oaxaca. Por ello concluyó que Juan Carlos Cortés González es probablemente imputable, pues no advirtió que se encuentre perturbado o disminuido de sus facultades mentales, es una persona mayor de edad, por tanto, le es aplicable el Código Penal del Estado de Oaxaca, tomando en cuenta que el mismo se aplica a toda persona mayor de edad cualquiera que sea su nacionalidad y no existió algún dato de prueba que lo llevara a determinar que el imputado se encontrara en algún grado de inimputabilidad. Por otra parte, también devienen infundados los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa en el sentido que con los datos de prueba incorporados no se integraba debidamente la prueba circunstancial, pues los mismos no contienen información fuerte y contundente sino que solamente son meras referencias. Se afirma lo anterior porque si bien la autoridad responsable arribó a la conclusión de que existe la probabilidad de que Juan Carlos Cortes González fue quien privó de la vida a Fany Janeth Gregorio Asencio, sin tener un indicio que incrimine directa o categóricamente al imputado, lo cierto es que, contrario a lo argumentado por el quejoso, lo hizo mediante un ejercicio inferencial a través de la lógica y tomando como base los hechos que tuvo por acreditados; de ese modo, integró la prueba circunstancial apreciando en su conjunto los indicios obtenidos, enlazándolos unos con otros para obtener una verdad resultante, fue así como estableció que existe un grado mínimo de probabilidad de que fue precisamente Juan Carlos Cortés González quien el nueve de junio de dos mil dieciocho, siendo aproximadamente las veintitrés horas, privó de la vida a Fany Janeth Gregorio Asencio, partiendo de la base que los datos de prueba aportados por la representación social acreditaron que entre el activo y la pasivo existía una relación de noviazgo desde hace aproximadamente tres meses, que cohabitaban en el domicilio en que se encontró el cadáver de la occisa, que la víctima contaba con un vehículo de motor el cual conducía el imputado el día de los hechos, que de los testimonios vertidos se advierte que fue él quien se encontraba en el domicilio del hallazgo a la hora en que se estima aconteció el fallecimiento de Fany Janet, y que la víctima y el imputado eran las únicas personas que tenían llaves del cuarto en el que se encontró sin vida a Fany Janeth Gregorio Asencio. De ahí que no le asiste razón a la parte quejosa cuando dice que el juez responsable violó sus derechos fundamentales porque integró la prueba circunstancial partiendo de indicios de referencia, sin tener señalamiento directo o prueba categórica que incrimine al imputado, pues como se dijo, la prueba circunstancial consiste precisamente en el análisis de los indicios que se encuentran plenamente acreditados, de los que pueden extraerse inferencias lógicas, mediante las cuales se produce una "presunción abstracta", lo que se advierte fue precisamente lo que hizo el juzgador para resolver en los términos que lo hizo. Se cita por su contenido la tesis 1a. CCLXXXVII/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1055, del libro XXV, octubre de 2013, tomo 2, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto: "PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL. PARA QUE GENERE CONVICCIÓN EN EL JUZGADOR DEBERÁN DESCARTARSE OTRAS HIPÓTESIS, A TRAVÉS DE CONTRAPRUEBAS Y CONTRAINDICIOS. Una vez hecho el análisis de los indicios que se encuentran plenamente acreditados para la actualización de la prueba indiciaria o circunstancial, de aquéllos pueden extraerse inferencias lógicas, mediante las cuales se produce una "presunción abstracta". Sin embargo, una vez que el juzgador ha arribado a tal escenario, deberá proceder al análisis de todo el material probatorio que obra en la causa penal para realizar un proceso de exclusión de cualquier otra posible conclusión, con la intención de determinar si resulta factible la actualización de otra hipótesis, lo que restaría cualquier alcance a la prueba circunstancial. Una vez realizado lo anterior, se actualiza una "presunción concreta", la cual debe ser el elemento probatorio plasmado por el juzgador en la resolución correspondiente. Lo anterior es así, pues solamente cuando una "presunción abstracta" se convierte en "concreta" -ello una vez que la hipótesis ha sido contrapuesta con otras posibilidades fácticas y argumentativas- es que el conocimiento extraído puede ser empleado por el juzgador. Tal ejercicio argumentativo consiste en un proceso de depuración en torno a la hipótesis inicial, analizando y descartando otras posibilidades racionales que desvirtuarían la fuerza probatoria de la "presunción abstracta", pues solamente así puede alcanzarse un grado de certeza aceptable en torno al hecho consecuencia. Por lo que hace al proceso de depuración de la hipótesis inicial, el cual es indispensable para que la probanza genere convicción en el juzgador, debe señalarse que puede producirse mediante contrapruebas -a través de las cuales puede refutarse la eficacia probatoria del hecho base al demostrar que no existe, o se acreditan otros hechos que por su incompatibilidad con el indicio hacen decaer su fuerza probatoria- o mediante contraindicios -a través de los cuales se intenta desvirtuar la forma en que se valoró la realidad de un hecho indiciario-. Todo lo anterior debe efectuarse para verificar si la presunción en la cual se va a fundamentar en última instancia una determinación de culpabilidad, resulta aceptable, de acuerdo con un juicio de certeza, eliminando conexiones argumentativas ambiguas o equívocas que no sean acordes con la realidad. Ello es así, toda vez que un hecho considerado fuera de las circunstancias en las cuales se produjo resulta ambiguo e inexacto, por lo que puede conducir a valoraciones y finalidades diversas; de ahí que sea indispensable contextualizarlo para comprender su verdadero alcance y significado, pues de lo contrario no sería posible fundamentar una sentencia condenatoria, al carecer de un nivel aceptable de certidumbre jurídica". Máxime que para el dictado de un auto de vinculación a proceso no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la demostración de la probable responsabilidad del imputado -como sí lo exigía el sistema tradicional-, sino que únicamente debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad en la participación del activo, esto es, la probabilidad del hecho, no su probable responsabilidad, en tanto que el indicado auto en realidad sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio, como ocurre en la especie. Se cita en apoyo por su contenido la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 360, del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". Medida cautelar definitiva consistente en la prisión preventiva. Son infundados los conceptos de violación, aún analizados en términos de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo, como se expondrá más adelante. En principio, es oportuno señalar que el marco jurídico para la emisión de un acto restrictivo de libertad personal del justiciable, está previsto en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra establecen lo siguiente (El énfasis añadido es propio de este órgano jurisdiccional). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo. 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud." Código Nacional de Procedimientos Penales "Artículo 167. Causas de procedencia. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud". En ese orden de ideas, el derecho humano a la libertad personal tutelado por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra reconocido también por los artículos 3º de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 9º, apartado 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7º, apartados 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que los mismos tutelan la restricción de la libertad personal del gobernado, los cuales refieren, en ese orden, lo siguiente: "Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.". "Artículo 9. 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.". "Artículo 7. Derecho a la libertas personal. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.". Como se aprecia, dicho marco jurídico pone de manifiesto que la tendencia internacional en materia de derechos humanos y que ha sido acogida por el Estado Mexicano, es que la libertad personal, es un derecho fundamental de la persona que sólo puede ser restringido en casos excepcionales, expresamente consignados en la Constitución Federal. En consecuencia, si la Constitución Política del País permite la restricción de la libertad personal de una persona mediante la figura de la imposición de la prisión preventiva oficiosa, cuya medida cautelar está encaminada a asegurar la presencia del inculpado en el desarrollo del proceso penal; resulta incuestionable que la restricción de la libertad en tales casos -en que el delito sea de prisión preventiva oficiosa-, se encuentra justificada, pues de acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, la autoridad judicial está facultada para ordenar la prisión preventiva oficiosamente, en los casos que la misma norma establece, entre los que se encuentra, el delito de homicidio. Máxime, porque el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional y no a los tratados internacionales. Tal determinación se encuentra contenida en el criterio de rubro: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL". De ahí que, tomando en consideración que el delito que se atribuye al quejoso y por el cual se le dictó auto de vinculación a proceso, es el de homicidio, cuya prisión preventiva es oficiosa, en términos de lo dispuesto en los artículos 19 Constitucional, segundo párrafo y 167, tercer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, entonces, la prisión preventiva ordenada por el juez responsable se encuentra ajustada a derecho. Ahora, el veintiuno de junio de dos mil dieciocho, el juez de Control del distrito judicial de Tuxtepec, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, atendiendo a la solicitud del agente del Ministerio Público de imponer la medida cautelar a Juan Carlos Cortés González, a quien se le vinculó a proceso en la causa penal 174/2018 de su índice por la probabilidad de que cometió el hecho que la ley señala como delito de homicidio simple en agravio de quien en vida respondió al nombre de Fany Janet Gregorio Asencio, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. En términos de los numerales 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 154, fracción II, 155, fracción XIV, 156, 167 y 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se impone al señor Juan Carlos Cortés González, la medida cautelar con el carácter de definitiva de prisión preventiva oficiosa, misma que deberá cumplir en el CERESO número 6, de esta Ciudad de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, la cual estará vigente durante el tiempo que dure el presente proceso penal". Para lo anterior, el juez de la causa determinó que el primero de los requisitos que la ley exige para la imposición de dicha medida es la apariencia del buen derecho, consistente en que exista un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que alguien lo cometió o participó en su comisión, requisito que tuvo por justificado partiendo de que minutos antes, en esa propia audiencia se vinculó a proceso a Juan Carlos Cortés González por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio, en agravio de quien en vida respondió al nombre de Fany Janeth Gregorio Asencio. Determinó como segundo requisito la necesidad de cautela. Así refirió que se encontraba justificado porque el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la necesidad de imponer prisión preventiva oficiosa a toda persona imputada por el delito de homicidio, como es el caso; lo anterior, tomando en consideración la gravedad del delito y la penalidad que pudiera llegar a imponerse. Finalmente, como tercer requisito relativo a la proporcionalidad, refirió que tal medida resulta ser proporcional en razón de lo establecido por el propio texto constitucional, pues con tal medida se trata de resguardar el peligro de que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia, tomando en consideración la pena máxima que pudiera imponérsele que, en el caso, es de veinticinco años; por lo que el citado juzgador consideró idónea la medida cautelar definitiva a efecto de evitar que Juan Carlos Cortés González, sabedor de la pena mínima-máxima que la ley establece para el delito que se le imputa, pudiera darse a la fuga. El único concepto de violación que hace valer el quejoso en relación con la determinación de imponerle la medida cautelar definitiva consistente en la prisión preventiva de manera oficiosa se basa en el argumento de que tal medida se originó de un auto de vinculación carente de fundamentación y motivación. Circunstancia que ya fue materia de análisis en el apartado que antecede, quedando establecido que no le asiste razón al quejoso, pues contrario a sus aseveraciones, el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el veintiuno de junio de dos mil dieciocho en la causa penal 174/2018 del índice del Juzgado de Control del distrito judicial de Tuxtepec, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, si reúne los requisitos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Nacional de Procedimientos Penales para su dictado. En mérito de lo anterior, este juzgador estima que tal determinación se encuentra apegada a derecho, pues como ya quedó establecido en esta resolución, para la emisión de la vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito no se requieren pruebas plenas, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; extremos que se colman en la especie; sin perjuicio de que en la sentencia definitiva se puedan exigir mayores datos para efectos de la plena acreditación del delito así como de la responsabilidad penal del imputado. Aunado a lo anterior el juez responsable se encontraba imposibilitado a dictar otra medida cautelar estipulada en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, distinta a la prisión preventiva, pues, como ya se dijo, la misma puede decretarse oficiosamente al haberse considerado en la vinculación a proceso dictada a Juan Carlos Cortés González, como probable responsable de cometer el delito imputado de homicidio. Tampoco se considera que exista violación al principio de presunción de inocencia en perjuicio del quejoso, ya que se considera que la resolución de la medida cautelar de prisión preventiva no desatendió ese principio, pues de acuerdo con dicho postulado, para que una persona sea sometida a prisión preventiva, lo que se exige es que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas; extremos que, en la especie, como se vio, quedaron satisfechos, previa observancia de las formalidades esenciales del procedimiento; además, porque el detenido preventivamente no purga una pena anticipada. Apoya lo expuesto, la tesis P. XXXV/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVI, agosto de 2002, página 14, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero, y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprenden, por una parte, el principio del debido proceso legal que implica que al inculpado se le reconozca el derecho a su libertad, y que el Estado sólo podrá privarlo del mismo cuando, existiendo suficientes elementos incriminatorios, y seguido un proceso penal en su contra en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, las garantías de audiencia y la de ofrecer pruebas para desvirtuar la imputación correspondiente, el Juez pronuncie sentencia definitiva declarándolo culpable; y por otra, el principio acusatorio, mediante el cual corresponde al Ministerio Público la función persecutoria de los delitos y la obligación (carga) de buscar y presentar las pruebas que acrediten la existencia de éstos, tal y como se desprende de lo dispuesto en el artículo 19, párrafo primero, particularmente cuando previene que el auto de formal prisión deberá expresar "los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado"; en el artículo 21, al disponer que "la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público"; así como en el artículo 102, al disponer que corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución de todos los delitos del orden federal, correspondiéndole "buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos". En ese tenor, debe estimarse que los principios constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio resguardan en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, dando lugar a que el gobernado no esté obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia, puesto que el sistema previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al disponer expresamente que es al Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad del imputado". De igual forma, la tesis 1a. CXXXV/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XI, agosto de 2012, tomo 1, página 493, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PRISIÓN PREVENTIVA. NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Conforme al artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, no pueden suprimirse el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la propia convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Ahora bien, la privación de la libertad de una persona en forma preventiva con arreglo a la ley y al procedimiento fijado para ello no constituye una transgresión al principio de presunción de inocencia, toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, permite que se restrinja la libertad de una persona como medida cautelar, mediante un auto de formal prisión dictado por un delito que merezca pena de prisión; lo que es acorde con el artículo 7.2 de la referida Convención que dispone que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, máxime que el detenido preventivamente no purga una pena anticipada". Bajo ese orden de ideas, y en razón de que la medida cautelar definitiva que se impuso en determinación de veintiuno de junio de dos mil dieciocho en la causa penal 174/2018, del índice del juez de control responsable, no conculca en perjuicio del quejoso los derechos públicos subjetivos que consagra el artículo 19 de la Constitución Federal, las consideraciones en que aquélla se sustenta, deben permanecer incólumes, de manera que conservan eficacia para continuar rigiendo su sentido. DECISIÓN En ese orden de ideas, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo solicitado por Juan Carlos Cortés González en contra de la resolución de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, dictada por el Juez de Control del Circuito Judicial de Tuxtepec, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en la causa penal 174/2018, de su índice; así como la determinación de imponerle la medida cautelar definitiva consistente en la prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso. Finalmente, resulta importante destacar, que este juzgador no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y del quejoso (fojas 15 a 17 y 33 a 35, respectivamente), pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, del mes de agosto de 1994, registro 205449, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Juan Carlos Cortés González, en contra de la resolución de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, dictada por el Juez de Control del Circuito Judicial de Tuxtepec, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en la causa penal 174/2018, de su índice; así como la determinación de imponerle la medida cautelar definitiva consistente en la prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso, por las razones precisadas en el apartado IX de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Leonel Medina Rubio, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, ante la secretaria Lizeth Ortiz Segura, hasta el día de hoy once de febrero de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
Mesa de Amparo VI-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Con el escrito señalado en la cuenta, fórmese un cuaderno de antecedentes para actuar en éste, ya que el expediente principal se encuentra para estudio con motivo de la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, de su contenido se advierte que el quejoso Juan Carlos Cortés González, solicita lo siguiente: 1.- Se le tenga revocando a sus anteriores defensores. 2.- Se le tenga designando como su defensor particular al licenciado Miguel Ángel Vásquez Ortiz, a quien refiere se le puede notificar electrónicamente al correo que proporciona, por contar con firma electrónica firel, identificado con el usuario Miguel43. 2.- Que se autorice a su abogado tomar fotografías al expediente en que se actúa. Por lo que, al efecto se provee: I En cuanto a la primera de sus peticiones, téngase a la parte quejosa revocando a sus anteriores autorizados. II Por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Miguel Ángel Vásquez Ortiz, quien no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. III Respecto al correo electrónico que proporciona, dígasele al ocursante que las notificaciones se le realizaran vía electrónica; lo cual, hágase del conocimiento del analista del Sistema Integral de seguimiento de Expedientes, a fin de que realice el alta del usuario Miguel43. IV Por lo que respecta a la última de sus peticiones, dígasele que en auto inicial de doce de julio del año en curso, se le autorizó hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, siempre y cuando se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
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