Juan Carlos de la Rosa Barrera
Expediente 670/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 670/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 16/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Carlos de la Rosa Barrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó y en acuerdo inicial se concedió la suspensión de plano; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo siete, punto "7.4" relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, el proveído donde se concedió la suspensión de plano y esta determinación. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma, se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 18 del Acuerdo General multicitado, en concordancia con el capítulo siete, punto "7.6" del manual citado en párrafos que anteceden, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, contados a partir de esta determinación y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los siguientes noventas días, se procederá a depurar el expediente, conservando las constancias correspondientes. Una vez terminado el proceso de depuración, este órgano jurisdiccional solicitará la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; al cumplir diez años de haberse ordenado el archivo de este expediente como asunto concluido, la Dirección General de Archivo y Documentación podrá ejecutar la destrucción material de aquél, previa autorización de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 670/2021, promovido por * * * en contra de actos de la Juez de Ejecución Penal, sede Ixcotel, Oaxaca y otra autoridad. I. ANTECEDENTES La promovente del amparo Tania Monserrat Bautista Méndez indicó que Juan Carlos de la Rosa Barrera se encontraba incomunicado en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, lugar donde se encuentra cumpliendo una sentencia condenatoria. Lo anterior, en razón de que la nombrada se hizo presente en dicho centro el pasado catorce de junio y no se le permitió entrevistarse con el directo agraviado; únicamente la apoyaron para recabar la firma del directo agraviado para autorizar nuevos abogados en el cuaderno de ejecución 1507/2020. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Tania Monserrat Bautista Méndez, en representación de Juan Carlos de la Rosa Barrera, mediante escrito presentado el quince de junio de dos mil veintiuno, promovió juicio de amparo en contra actos y autoridades que se precisaran con posterioridad. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1°, 4, 11, 14, 16, 17, 22, 30 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de mérito se turnó a este Juzgado el mismo día de su presentación, en esa misma data se registró con el número 670/2021, se concedió la suspensión de plano respecto de todo acto tendente a incomunicarlo o hacerlo víctima de malos tratos y se requirió al directo agraviado para que ratificara la demanda promovida a su favor. Previa diligencia de ratificación, el dieciséis de junio del presente año, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se otorgó la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional tuvo verificativo el veintiocho de julio de dos mil veintiuno, al tenor del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque este órgano de control constitucional conoce de todas las materias por no tener jurisdicción especial; el acto reclamado es de naturaleza administrativa y la autoridad responsable se ubica dentro la demarcación territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, da pauta a establecer que la parte inconforme reclama los actos siguientes: De la Juez de Ejecución Penal, sede Ixcotel, Oaxaca y del Director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca: La incomunicación de la que fue objeto en dicho Centro Penitenciario. La negativa de permitirle el acceso a sus defensores particulares. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Al rendir su respectivo informe justificado, la Juez de Ejecución Penal, sede Ixcotel y el Director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, ambos en esta Entidad Federativa, negaron el acto que se les atribuyó, precisando que no han emitido orden alguna para tener incomunicado al aquí quejoso. Asimismo, respecto del acto reclamado consistente en la negativa de permitir el acceso de los defensores particulares de Juan Carlos de la Rosa Barrera al centro penitenciario en el que se encuentra recluido, la mencionada Juez de Ejecución negó dicho acto, ya que no ha emitido acuerdo alguno para impedir que lo visiten sus abogados, en el cuaderno de ejecución 1507/2021. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa en el juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, la parte promovente del amparo, está obligada a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Para avalar su negativa, el Director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, informó a este Juzgado que Juan Carlos de la Rosa Barrera no ha sido víctima de ningún acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, tendente a su incomunicación, pues incluso el trece de junio del presente año, su esposa Suleydi Martínez Barrera ingresó a visita conyugal, anexando a su informe. Por su parte, la Juez de Ejecución responsable precisó que no ha emitido determinación algún en la que se impida que los abogados defensores del aquí quejoso lo visiten en el multicitado centro penitenciario, con o sin cédula profesional. En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia del acto reclamado precisado en el inciso a), del apartado relativo, así como tampoco la participación de la Juez de Ejecución Penal, sede Ixcotel, en el diverso acto b), del apartado relativo, se sobresee en el juicio por lo que a éstos respecta, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. VI. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO El Director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, negó la existencia del acto reclamado precisado en el inciso b) del apartado relativo. Lo anterior, atendiendo a que manifestó que el catorce de junio de dos mil veintiuno, Tania Monserrat Bautista Méndez y Luis Fabián Meléndez Lino se hicieron presentes en dicho centro y sin portar cédula profesional que los acreditara como licenciados en derecho, solicitaron el ingreso para entrevistarse con Juan Carlos de la Rosa Barrera. Sin embargo, como no portaban documento alguno que los acreditara como licenciados en derecho, discernimiento de cargo o que fueran defensores del aquí quejoso, no se les permitió la entrada al multicitado centro penitenciario. Con base en lo expuesto, es que se tiene como cierto el acto reclamado consistente en la negativa de permitir el acceso a los defensores de Juan Carlos de la Rosa Barrera al Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, en virtud que las manifestaciones que realizan evidencian su existencia. Resulta aplicable, la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro 211004, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". VII. PROCEDENCIA Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en la página 553, Tomo VI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, este Juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. [.]". Acorde con las disposiciones legales transcritas, el juicio de amparo es improcedente cuando como en el caso, los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, deban ser revisados de oficio o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, esto es, que cumpla el principio de definitividad. Luego, como se estableció, el quejoso reclama la omisión por parte del Director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet la negativa de permitir el acceso a sus abogados, pues indica que se hicieron presentes en dicho lugar y por no acreditar ser licenciados en derecho, no los dejaron ingresar. Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, consideró en esencia lo relativo a los mecanismos que regula la Ley Nacional de Ejecución Penal para que personas internas en los centros penitenciarios los hagan valer ante el Juez de Ejecución de Pena competente. De dicha ejecutoria, derivó la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de aplicación obligatoria a partir del lunes diez de diciembre de dos mil dieciocho, visible en la página doscientos treinta de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I. Tesis: 1a./J. 79/2018 (10a.). Materia(s): Común. Décima Época, de rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." De la referida jurisprudencia se desprende que de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal existe un mecanismo de control denominado "peticiones administrativas" por medio del cual, aquellas personas que se encuentren privadas de su libertad estén en aptitud de reclamar ante la autoridad penitenciaria, o en su caso, ante el juez correspondiente, las omisiones que estén relacionadas a su condición de internamiento y que lleguen a quebrantar sus derechos. Dicho mecanismo se comprende en diversas etapas: a) Presentación de petición, formulada por los internos ante las autoridades penitenciarias. b) Se pueden ofrecer pruebas o que la autoridad la recabe de manera oficiosa. c) En caso de que el acto sea urgente, podrá ser suspendido de oficio y de inmediato por un juez, o bien, que éste ordene las acciones necesarias para que cese. d) Se prevé la posibilidad de que aquellas decisiones que adopte la autoridad respectiva, conforme a las peticiones de los internos, éstas podrán ser impugnadas a través de los recursos correspondientes. No obstante lo anterior, en el caso específico es oportuno destacar lo dispuesto en los numerales 114, penúltimo párrafo y 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establecen lo siguiente: "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas (.) Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria." Asimismo, el 115 del mismo ordenamiento dice: "Artículo 115. Casos urgentes. Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." De dichas porciones normativas establecen que en el supuesto de que las peticiones no fueren resueltas en el plazo legal, podrán acudir ante el juez de ejecución competente y demandar dicha omisión. Así, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas, y en caso de que fuere procedente tal acción, se requerirá a la autoridad penitenciaria que responda a la petición formulada. Por su parte el precepto 115 antes referido, se advierte que cuando se trate de casos urgentes - al no atenderse de inmediato las peticiones - la persona legitimada podrá acudir ante el juez de ejecución y formular su solicitud. Por tanto, ese control constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz para que las personas privadas de su libertad puedan reclamar omisiones inherentes a su condición de su internamiento, por lo que, antes de acudir al juicio de amparo indirecto deberán agotar ese mecanismo y medios de impugnación. De modo que, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista por el arábigo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que se reitera, el promovente no observó el principio de definitividad que rige a este juicio constitucional, al no haber agotado de manera previa al ejercicio de la acción de amparo el mecanismo de control establecido por los ordinales 107, 108, fracción I, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, fracciones I, II y IV, 117, fracciones I y II, 131 y 132, fracción VIII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. VIII. DECISIÓN En virtud de lo anterior, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por * * *, en contra de los actos que reclamó de la Juez de Ejecución Penal, sede Ixcotel y del Director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, ambos en esta Entidad Federativa, en términos de lo expuesto en los considerandos V y VII de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Agréguense los oficios señalados en la cuenta al expediente en que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ajora bien, en atención al primero de ellos, se advierte que el director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, en cumplimiento a lo requerido el pasado trece de julio, informa que el catorce de junio del año en curso ***, se presentaron ante dicho centro penitenciario y solicitaron ingresar a ver al quejoso***; sin embargo, se les negó el acceso ya que no portaban cédula profesional que los acreditara como licenciados en derecho ni el discernimiento del cargo conferido que los acreditara como defensores del quejoso. Asimismo, informa que *** se presentó ante dicho centro el pasado veintiocho de junio pero de igual manera se le negó el acceso por no traer el discernimiento del cargo, pues refiere que el Juzgado de Ejecución Penal sede Ixcotel, no le ha informado que la citada persona ya se presentó ante sus instalaciones a discernirse del cargo. Finalmente, en atención al segundo de los oficios, se desprende que el juez de Ejecución Penal, sede Ixtcotel, en cumplimiento a lo requerido, informa que ***, no se han presentado ante dicho Juzgado a imponerse de los registros de la carpeta de investigación instruida en contra de ***. En consecuencia, téngase a las citadas autoridades cumpliendo con lo requerido en autos e informando lo anterior para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que al rendir informe justificado el Juez de Ejecución Penal, sede Ixcotel, Oaxaca, hizo del conocimiento que el directo agraviado ***, a través de su petición de catorce de junio del año en curso, revocó a sus defensores anteriormente elegidos y designó a los licenciados ***, acordando procedente su petición. Por lo que requirió a los citados defensores para que comparecieran ante dicho Juzgado a imponerse de los autos y ejercer la defensa del sentenciado, siendo únicamente el ***, quien se presentó para discernirse del cargo conferido. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al Juez de Ejecución Penal sede Ixcotel, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días informe si*** ya comparecieron ante dicho Juzgado a discernirse del cargo que les fue conferido. Asimismo, requiérase al director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, para que informe si ** Se presentaron ante dicho centro penitenciario y se les permitió el acceso. Apercíbaseles a las aludidas autoridades, que de no cumplir con lo anterior, o bien, de no informar el impedimento que tengan para ello, se les impondrá como medida de apremio una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
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