Juan Carlos Antonio Ramírez

Expediente 1028/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1028/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
29/09/2022

Partes del expediente

  • Juan Carlos Antonio Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se desechó la demanda de amparo, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General1 ; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil veintidós. Vistas las constancias procesales, se acuerda: Téngase por recibidas las razones actuariales de cuenta; de la primera, se advierte que al constituirse en los separos de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino en el Estado de Oaxaca, la Actuaria adscrita a este Juzgado de Distrito, preguntó si se encontraba detenida la persona que responde al nombre de *********** y/o ************, donde le manifestaron que dicha persona quedó libre a las veintidós horas con cuarenta y cinco minutos del cuatro de septiembre de dos mil veintidós. Asimismo, en la segunda razón se hace constar que la autoridad señalada por el quejoso como "Comandante de la Guardia en Prevención de la Policía Municipal del Municipio de Santa Lucía del Camino en el Estado de Oaxaca" es inexistente con esa denominación; por ende, se ordena suspender toda comunicación con la misma. Por otro lado, agréguese el oficio y anexo señalados en la cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte el Director de Seguridad Pública y de la Policía Vial de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, hace del conocimiento el pasado tres de septiembre, pusieron a disposición de la Juez Calificador en turno del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, a la persona de nombre Juan Fuentes Valencia, por haber incurrido en la falta administrativa consistente en "CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD". Así también, informa que a éste, se le otorgó la inmediata libertad a las veintidós horas con cuarenta y cinco minutos del tres de septiembre del año en curso, al haber cumplido la sanción impuesta por conducir en estado de ebriedad y para corroborar lo anterior, remite la boleta de libertad. En consecuencia, se considera que la demanda origen del presente juicio debe desecharse de plano en términos de lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia Tesis: VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 64 del libro Núm. 80, Agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro: 210751, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo". Del estudio realizado a la citada jurisprudencia, se evidencia que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;." De igual forma, es conveniente precisar qué debe entenderse por actos consumados de modo irreparable, a efecto de establecer cuándo opera la causa de improcedencia materia de estudio. Así, por actos consumados de modo irreparable debe entenderse aquellos que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir al quejoso en el goce de la derechos fundamentales violados, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo dado que para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Cabe señalar que la consumación irreparable de que se habla es de naturaleza material o física, esto es, aquella que por haber producido todas sus consecuencias materiales, hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos. En cambio, de reclamarse en el juicio de amparo actos que si bien ya se han ejecutado, el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban se alcanza al quedar sin efecto legal tales actos, o bien, aun cuando las consecuencias materiales que produjo pueden restablecerse, debe entenderse que no se actualiza la causa de improcedencia en análisis. Ilustra el anterior razonamiento, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXII, página 1478, Materia Común, de rubro y texto siguientes: "ACTOS NO CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. La fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere a que el juicio de garantías es improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, pero debe de tenerse con este carácter, a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada, lo que no sucede en el caso en que precisamente la sentencia que se combate, tiene el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban antes de la ejecución de los actos reclamados, o sea, que queden sin efecto legal el embargo y el remate del inmueble, así como la inscripción que se hubiera hecho en el Registro Público de la Propiedad." En ese orden de ideas, los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquellos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos, se pueden clasificar en: a) Actos consumados de modo reparable; y, b) Actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional; es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o subsanada al obtenerse una sentencia de amparo favorable, de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Acorde con lo anterior, la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar nuevamente -jurídica y materialmentedel derecho que tiene tutelado, y que sostiene le fue transgredido. Tiene aplicación al caso, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Diciembre de 1994, página 325, que establece: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." Lo anterior se corrobora al tener presente que el efecto de la sentencia en que se otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de derechos, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él deriven. De esa forma, la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, interpretada a contrario sensu, en relación con el indicado artículo 77 del propio cuerpo normativo, permite afirmar que el juicio de amparo persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de los derechos violados; por ende, si el acto reclamado se encuentra consumado de modo irreparable, es decir, se han producido todos sus efectos, entonces no es posible restituir al quejoso en el goce de su derecho violado, por lo que el juicio de amparo que se promueva en su contra será improcedente toda vez que la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos. De ahí que proceda el juicio de amparo contra actos consumados de modo reparable; en cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquellos que al realizarse en todos de sus efectos y consecuencias, física, material y jurídicamente, ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de amparo en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Una vez desarrolladas las premisas sobre las que descansa dicha causa de improcedencia, debe destacarse que el promovente del amparo presentó la demanda origen de este juicio vía electrónica, el tres de septiembre de dos mil veintidós a las veintidós horas con cincuenta minutos y que señaló como acto reclamado el arresto administrativo, que según el informe de la responsable, se ejecutó por conducir un vehículo de motor en estado de ebriedad. En su informe respectivo, el director de Seguridad Pública y de la Policía Vial, indicó que el tres de septiembre de dos mil veintidós, se puso a disposición de la Juez Calificador en turno del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, al directo quejoso de nombre Juan Fuentes Valencia, por haber incurrido en la falta administrativa consistente en "CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD" y que éste quedó en libertad a las veintidós horas con cuarenta y cinco minutos de esa propia fecha, por haber cumplido la sanción administrativa impuesta. De lo antes reseñado se evidencia la actualización de la causa de improcedencia invocada, pues se advierte que el acto del que se duele el justiciable consistente en el arresto administrativo de tres de septiembre de dos mil veintidós y fue puesto en libertad previo a la presentación de la demanda origen de este juicio, con motivo del cumplimiento del arresto impuesto, lo que trae como consecuencia la recuperación de la libertad de la cual había sido privado temporalmente. En esas condiciones, como la subsistencia de la medida de arresto fue limitada a cierto tiempo, es claro que, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo la providencia concluyó y, por tanto, dejó de surtir sus efectos, pues la medida cesó transcurrido dicho término. Al efecto resulta aplicable la jurisprudencia 2ª./J 171/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, septiembre de dos mil siete, consultable en la página 423, de rubro y texto siguientes: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar." En ese contexto, se reitera que se consumó el acto reclamado en la presente instancia constitucional, pues se cumplió con el arresto impuesto, lo cual pone de manifiesto la actualización de la causa de improcedencia que se invoca, de ahí que se impone desechar la demanda de que se trata, pues a ningún fin práctico conduciría analizar dicho acto, pues la finalidad para la cual la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo se encuentra totalmente satisfecha, al haber egresado el justiciable del área de retención en la que se encontraba, con motivo precisamente de aquel arresto. Es importante destacar que por el desechamiento de la demanda no se impide el acceso a la justicia al quejoso, pues el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura denegación de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de septiembre de dos mil veintidós. ... Notifíquese personalmente.

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