Juan Carlos Chávez Martínez

Expediente 363/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
363/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
30/05/2022

Partes del expediente

  • Juan Carlos Chávez Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de mayo de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el Juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    "S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 363/2022, promovido por Juan Carlos Chávez Martínez, contra los actos y autoridades que más adelante se precisan. El problema jurídico que corresponde abordar en el presente asunto consiste en determinar si la convocatoria para la Elección de las Personas que conformaron la Terna para la designación de Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y el acta de sesión de doce de abril de dos mil veintiuno, en la que se designó, declaró electo y tomó protesta, como Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción a José Esteban Bolaños Guzmán, trasgreden en perjuicio del quejoso, los derechos fundamentales tutelados por los artículos 1, 35 fracción VI y 41, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO.- Mediante escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Juan Carlos Chávez Martínez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades que más adelante se especificarán. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 35 fracción VI y 41, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda se turnó en la misma fecha al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta población, donde se radicó bajo la partida 440/2021 y la desechó el veintisiete de abril siguiente. Inconforme con esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, donde se registró con el consecutivo 192/2021 y por ejecutoria de treinta de septiembre siguiente, declaró fundado el recurso, ordenó dejar insubsistente el acuerdo recurrido y admitir a trámite la citada demanda de amparo. Ante dichas circunstancias, el trece de octubre de dos mil veintiuno se admitió a trámite por el citado juez la demanda; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; se otorgó la intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrita; se emplazó como tercero interesado a José Esteban Bolaños Guzmán y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, declaró carecer de competencia legal para resolver el citado juicio de amparo, al actualizarse el impedimento normativo establecido en los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; fincándola a favor de este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, por tener el último antecedente al haber conocido de los mismos actos reclamados por diversa quejosa, en el juicio de amparo 521/2021. TERCERO. RADICACIÓN DEL CITADO JUICIO DE AMPARO. El uno de abril de dos mil veintidós, se aceptó la competencia declinada y se radicó la citada instancia constitucional bajo el consecutivo 363/2022, lo que se ordenó hacer del conocimiento de las partes procesales para los efectos legales a que haya lugar y al encontrarse integrado el juicio para dictar sentencia, se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la que se celebró en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque los actos reclamados tienen ejecución dentro del ámbito territorial en que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese sentido, con independencia de la forma en que la parte quejosa fijó los actos, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que reclama, lo siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Comité ciudadano del Sistema estatal de combate a la corrupción. Terna de Aspirantes que propuso al Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, como órgano de gobierno del Secretario Técnico. Comité coordinador del Sistema estatal de combate a la corrupción. Órgano de Gobierno del Sistema Integral de Combate a la Corrupción, integrado por la secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción y Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Nombramiento de José Esteban Bolaños Guzmán, como Secretario Técnico del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Es aplicable la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. INEXISTENCIA DE UNACTO RECLAMADO. Es inexistente el acto reclamado al Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, pues así lo manifestó el presidente de dicho comité al rendir su informe justificado, sin que el quejoso ofreciera prueba alguna que desvirtuara su inexistencia. De ahí que, sobreseer en el juicio en relación a tal autoridad y acto, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 310 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Tomo VI, años 1917 a 1995, página 209, Sexta Época, registro 394266, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO.- EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Por otro lado, son ciertos los actos reclamados al Comité ciudadano (Comité de Participación Ciudadana) del Sistema estatal de combate a la corrupción y a la secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción y Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, como integrantes del órgano de Gobierno del Sistema Integral de Combate a la Corrupción. Es así, porque consta que la primera de las citadas autoridades, mediante acta de cinco de abril de dos mil veintiuno, aprobó la terna de Aspirantes para la designación del Secretario Técnico del Sistema Integral de Combate a la Corrupción; en tanto que, el citado órgano de gobierno en pleno, por sesión de doce de abril siguiente, nombró por unanimidad de votos a José Esteban Bolaños Guzmán, como Secretario Técnico del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Lo anterior, se corrobora con las documentales que obran en este juicio de amparo y que integran la convocatoria y procedimiento para la selección de Secretario Técnico del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyo epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO.- DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de los conceptos de violación, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las aleguen las partes o que de oficio las advierta este juzgador, en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia número novecientos cuarenta, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, Segunda Parte, visible a foja 1538, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación a la terna de aspirantes aprobada por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, dado que el quejoso no acreditó ser titular de un derecho subjetivo que se le hubiera afectado con tal acto. Para ello, resulta necesario precisar que en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente en contra de aquellos actos que no causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular, ya sea jurídica o legítimamente. De ese modo, se estima necesario precisar que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de los derechos humanos en su perjuicio, cuando a través de un acto de autoridad, se dé la afectación, ofensa, daño o lesión en los intereses del particular, atentando contra de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, característica que le otorga al gobernado la facultad de exigir y la obligación aparejada del deber jurídico del Estado de cumplir dicha exigencia. De manera ilustrativa, se cita la jurisprudencia número 854, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 582, tomo VI, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, el rubro "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE". Por su parte, el interés legítimo es el derecho que tienen las personas que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto al de los demás individuos, y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. Dicho interés supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, el cual proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Por ello, para efectos del juicio de amparo, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto o la ley impugnada pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la ley o acto reclamados. Sustenta lo anterior, la tesis aislada 2a. XVIII/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, marzo de dos mil trece, tomo 2, página 1736, que es del rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO". De igual manera, conviene tener presente por el criterio que contiene, la diversa tesis aislada 1a. XLIII/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVII, febrero de dos mil trece, tomo 1, página 822, cuyo rubro es "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE". De lo hasta aquí expuesto, debe precisarse que no es factible equiparar ambas clases de interés (jurídico y legítimo), puesto que, presentan diferencias sustanciales a fin de establecer los entes que se encuentran legitimados para instar la acción de amparo. Ciertamente, mientras que en el interés jurídico es necesario un derecho subjetivo con su correspondiente potestad de exigencia, consagrado en la norma objetiva; en el interés legítimo, sólo basta la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, por afectarse la esfera jurídica ya sea directa o derivada de la situación del sujeto respecto del orden jurídico, sin la necesidad de que la norma establezca a favor del individuo alguna facultad expresa y directa de exigir. De lo reseñado, se puede concluir que para que el juicio de amparo sea procedente, los actos que se reclamen en el mismo deben ser derivados de un acto concreto de autoridad o de la observancia de una ley que cause perjuicio al gobernado, ocasionándole una afectación a un derecho subjetivo (interés jurídico), o bien, a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico (interés legítimo), y es éste el perjuicio a que se refiere la Ley de Amparo, para que pueda prosperar la acción constitucional y para que los Tribunales de la Federación estén en aptitud de estimar actualizado el perjuicio que le ha sido ocasionado al gobernado y puedan proceder al estudio de la constitucionalidad de tales actos. En la especie, el quejoso reclama la terna de candidatos aprobada para la designación del Secretario Técnico del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, por considerar que no se realizaron los actos necesarios y suficientes para garantizar la satisfacción puntual de los requisitos de quien aspira a desempeñar la encomienda. Ahora bien, a fin de establecer si el citado acto reclamado, genera una afectación real y directa en perjuicio del quejoso, resulta importante tener en cuenta los antecedentes de los actos reclamados, los cuales lo constituyen: El veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción en el Estado de Oaxaca, emitió una convocatoria para integrar la terna de candidatos para ocupar el cargo de Secretario(a) Técnico de dicho sistema estatal. Juan Carlos Chávez Martínez, se inscribió a dicha convocatoria en la cual, una vez concluido el proceso de evaluación, junto otras dos personas, formó parte de la terna de candidatos para ocupar el cargo mencionado. El doce de abril de dos mil veintiuno, se designó a José Esteban Bolaños Guzmán como Secretario Técnico del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Ahora bien, el quejoso reclama la terna de candidatos aprobada, por considerar que en dicho procedimiento existieron diversas irregularidades, afectando sus derechos como participante; no obstante, de los antecedentes de que se ha dado noticia, se advierte que en el proceso de elección se designó la terna que sería presentada ante el órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, a fin de que éste designara de entre los integrantes de dicha terna a quien ocuparía el cargo de Secretario Técnico, terna en la cual se encuentra el hoy quejoso. Por tanto, es dable colegir que el proceso de elección no afectó la esfera jurídica al hoy quejoso Juan Carlos Chávez Martínez, puesto que este último formó parte de la terna definitiva que se presentó ante el órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, a fin de que designara de entre los integrantes de dicha terna a quien ocuparía el cargo de Secretario Técnico; de ahí que si el objetivo de la convocatoria era la elección de la terna definitiva, dentro de la cual quedó el hoy quejoso, es evidente que ésta, no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa. En tal virtud, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el presente juicio constitucional, respecto de la autoridad y por el acto que ha quedado precisado. Al no advertirse la actualización de diversa causal de improcedencia, procede abordar el estudio de fondo de la controvertida constitucionalidad del restante acto reclamado. SEXTO.- DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.- Se tienen por transcritos los conceptos de violación, pues no existe precepto en la Ley de Amparo, que obligue a su literal transcripción en la sentencia, sin que con dicha omisión se trasgredan los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo, su estudio y su respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Resulta aplicable en la especie, la Jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 50/2010, visible en la página 830, tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. ESTUDIO. Son jurídicamente ineficaces los conceptos de violación formulados por el quejoso. En sus conceptos de violación, refiere el quejoso que al designarse a José Esteban Bolaños Guzmán, el órgano de gobierno del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, inadvirtió que incumplía el requisito contenido en el artículo 34, fracción IX de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, pues es militante del Partido Revolucionario Institucional, sin que el citado órgano se hubiera cerciorado de la separación de su encargo. Que con ello, se deja de cumplir el principio de imparcialidad de los aspirantes, pues se pone en duda la autonomía e independencia del procedimiento, dejando de lado la ponderación cualitativa y reflexión informada que debe imperar en tal designación, aspecto fundamental para garantizar la confianza plena de la idoneidad del funcionario designado. Que la designación del funcionario vencedor, carece de fundamentación y motivación, pues de la simpe lectura de acta se pone en evidencia que sin ningún razonamiento y ponderación jurídica se procedió a su elección, misma que deviene arbitraria y carente de objetividad. Devienen jurídicamente ineficaces tales argumentaciones. Se explica: Como se indicó en el capítulo de antecedentes, las constancias de autos revelan que el impetrante, presentó documentación a efecto de participar en la elección de la terna de aspirantes al cargo de Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, en términos del artículo 33 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción en el Estado de Oaxaca, concurso en el cual avanzó hasta llegar a esa terna final de candidatos. Sin embargo, no fue seleccionado por el órgano de gobierno del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción en Oaxaca, para ocupar el cargo antes señalado. En este punto, importa traer a colación el contenido de los arábigos 33, 34, 35 y 28 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción en el Estado de Oaxaca, que prevé lo siguiente: "Artículo 33. El Secretario Técnico será nombrado y removido por el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, por el voto favorable de cinco de sus miembros. Durará tres años en su encargo y podrá ser reelegido por una sola vez. Para efectos del párrafo anterior, el Presidente del órgano de gobierno, previa aprobación del Comité de Participación Ciudadana, someterá al mismo una terna de personas que cumplan los requisitos para ser designado Secretario Técnico, de conformidad con la presente Ley. El Secretario Técnico podrá ser removido por falta a su deber de diligencia, o bien por causa plenamente justificada a juicio del órgano de gobierno y por acuerdo obtenido por la votación señalada en el presente artículo; o bien, en los siguientes casos: 1. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial relacionada con las atribuciones que le corresponden en términos de la presente Ley y de la legislación en la materia; 2. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que por razón de su cargo tenga a su cuidado o custodia con motivo del ejercicio de sus atribuciones; e 3. Incurrir en alguna falta administrativa grave o hecho de corrupción. Artículo 34. Para ser designado Secretario Técnico se deberán reunir los requisitos siguientes: I. Ser ciudadano mexicano, residente del Estado y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles; II. Experiencia verificable de al menos cinco años en materias de transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción; III. Tener más de treinta años de edad, al día de la designación; IV. Poseer al día de la designación, título profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia relacionadas con la materia de esta Ley que le permitan el desempeño de sus funciones; V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito; VI. Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal cuando proceda, de forma previa a su nombramiento; VII. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación; VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación; IX. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los cuatro años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria; y X. No ser Secretario de Despacho o equivalente, Fiscal General del Estado, Fiscal Especial, Subsecretario o equivalente, Oficial Mayor en la Administración Estatal, Consejero de la Judicatura, o Concejal, a menos que se haya separado de su cargo con un año antes del día de su designación. Artículo 35. Corresponde al Secretario Técnico ejercer la dirección de la Secretaría Ejecutiva. El Secretario Técnico adicionalmente tendrá las siguientes funciones: I. Actuar como secretario del Comité Coordinador y del órgano de gobierno; II. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Comité Coordinador y del órgano de gobierno; III. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Comité Coordinador y en el órgano de gobierno y el de los instrumentos jurídicos que se generen, llevando el archivo correspondiente en términos de las disposiciones aplicables; IV. Elaborar los anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas integrales para ser discutidas en la Comisión Ejecutiva y, en su caso, sometidas a la consideración del Comité Coordinador; V. Proponer a la Comisión Ejecutiva las evaluaciones que se llevarán a cabo de las políticas integrales a que se refiere la fracción V del artículo 9 de esta Ley, y una vez aprobadas realizarlas; VI. Realizar el trabajo técnico para la preparación de documentos que se llevarán como propuestas de acuerdo al Comité Coordinador, al órgano de gobierno y a la Comisión Ejecutiva; VII. Preparar el proyecto de calendario de los trabajos del Comité Coordinador, del órgano de gobierno y de la Comisión Ejecutiva; VIII. Elaborar los anteproyectos de informes del Sistema Estatal, someterlos a la revisión y observación de la Comisión Ejecutiva y remitirlos al Comité Coordinador para su aprobación; IX. Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas, fiscalización y control de recursos públicos por acuerdo del Comité Coordinador; X. Administrar la Plataforma Digital Estatal que establecerá el Comité Coordinador, en términos de esta Ley y asegurar el acceso a las mismas de los miembros del Comité Coordinador y la Comisión Ejecutiva; XI. Integrar los sistemas de información necesarios para que los resultados de las evaluaciones sean públicos y reflejen los avances o retrocesos en la política estatal anticorrupción; XII. Proveer a la Comisión Ejecutiva los insumos necesarios para la elaboración de las propuestas a que se refiere la presente Ley. Para ello, podrá solicitar la información que estime pertinente para la realización de las actividades que le encomienda esta Ley, de oficio o a solicitud de los miembros de la Comisión Ejecutiva, y XIII. Las demás que señalen las leyes aplicables a la materia. Artículo 28. El órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva estará integrado por los miembros del Comité Coordinador y será presidido por el Presidente del Comité de Participación Ciudadana El órgano de gobierno celebrará por lo menos cuatro sesiones ordinarias por año, además de las extraordinarias que se consideren convenientes para desahogar los asuntos de su competencia. Las sesiones serán convocadas por su Presidente o a propuesta de cuatro integrantes de dicho órgano. Para poder sesionar válidamente, el órgano de gobierno requerirá la asistencia de la mayoría de sus miembros. Sus acuerdos, resoluciones y determinaciones se tomarán siempre por mayoría de votos de los miembros presentes; en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. Podrán participar con voz pero sin voto aquellas personas que el órgano de gobierno, a través del Secretario Técnico decida invitar, en virtud de su probada experiencia en asuntos que sean de su competencia." De los dispositivos copiados, se desprende en lo que interesa, que el Presidente del Órgano de Gobierno, previa aprobación del Comité de Participación Ciudadana, someterá al mismo, una terna de personas que hayan cumplido con los requisitos establecidos en el ordinal 35, como son: ser mexicano, con una edad mayor a treinta años, contar con título profesional de nivel licenciatura, tener como mínimo cinco años de experiencia en materias de transparencia, evaluación fiscalización, rendición de cuenta o combate a la corrupción, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito; esto para poder ser designado Secretario Técnico, encargo que durará tres año y podrá ser relegido por una sola vez. Por su parte, el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva estará integrado por los miembros del Comité Coordinador y será presidido por el Presidente del Comité de Participación Ciudadana y para sesionar válidamente el órgano de gobierno requerirá la asistencia de la mayoría de sus miembros. Sus acuerdos, resoluciones y determinaciones se tomarán siempre por mayoría de votos de los miembros presentes; en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. Situación que la especie, conlleva a determinar que la facultad conferida al Comité de Participación Ciudadana, sobre la designación de la terna de las personas que previamente cumplieron con los requisitos para ser designados como Secretario Técnico, es de naturaleza preponderantemente discrecional. En efecto, es pertinente tener en cuenta que, la discrecionalidad es la facultad de libre apreciación que el derecho otorga a las autoridades para que actúen o no, se dirijan en un sentido o en otro; esto es, que no se faculta a las partes contendientes a emitir objeción alguna sobre la determinación adoptada. Mientras que, el acto reglado comprende que una norma jurídica predetermina en forma concreta una conducta que el administrador debe seguir. De igual forma, dentro de sus diferencias principales, se ha destacado que, tratándose de la facultad reglada, para la emisión del acto deben concurrir los requisitos de hecho o de derecho establecidos previamente en la normatividad correspondiente, sin permitir que la autoridad discierna sobre si lo emite o no; en tanto que, en la discrecional, el acto puede ser o no emitido, ya que su emisión depende de la apreciación subjetiva del órgano encargado de actuar. En ese sentido, la actividad administrativa puede obrar de dos maneras: a) Por facultad reglada, donde la actuación de la autoridad administrativa debe ceñirse al marco legal fijado por la norma jurídica que señala la conducta específica que debe seguirse ante la actualización de la hipótesis que la disposición legal prevé; y, b) Por facultad discrecional, en la que la ley le otorga a la autoridad, dentro de un marco legal un margen de libre apreciación para determinar la forma de su actuar, lo cual permite, que la administración haga una apreciación técnica de los elementos que concurren en un determinado caso. De modo que se está en presencia de facultades regladas, cuando la autoridad en virtud de las leyes que rigen su competencia, o con motivo de una instancia o recurso de los particulares, deba pronunciarse al respecto, esto es, existe obligación de hacer; mientras que las del inciso b) parten de que existe discrecionalidad cuando la ley otorga a la autoridad un amplio campo de aplicación para decidir si debe obrar o debe abstenerse, para resolver cuándo y cómo debe obrar, o aun para determinar libremente el contenido de su posible actuación, ha de entenderse que la base toral de este tipo de atribuciones es la libertad de apreciación que la norma concede a las autoridades para actuar o abstenerse, con el propósito de lograr la finalidad que la propia ley señala y, su ejercicio implica, necesariamente, la posibilidad de optar, o de elegir, entre dos o más decisiones, sin que ello represente arbitrariedad. De lo antes precisado, se advierte que el artículo 33 de la aludida Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción establece una facultad preponderantemente discrecional a favor del órgano de gobierno integrado por los miembros del Comité Coordinador, pues indica que una vez presentada ante ellos la terna de las personas que cumplieron con los requisitos para ser designados como Secretario Técnico emitirán su voto, sin establecer procedimiento alguno de selección. Es decir, la normatividad no establece los parámetros que la votación debe de exigir al órgano de gobierno para la elección del aspirante a ocupar el cargo de Secretario Técnico de dicho sistema estatal, sino que únicamente constriñe a que ésta elija por votación, situación que revela, la facultad de elección, conforme a su libre apreciación discrecional. En otras palabras, de dicho numeral no se advierte que haya sido intención del legislador, establecer una facultad reglada en ese supuesto, sino discrecional, en donde la autoridad en cita podrá elegir libremente, sin tener que exigir mayores presupuestos ni procedimiento alguno para su designación. En ese sentido, si bien el quejoso reclama que el órgano de gobierno integrado por los representantes del Comité de Coordinación responsable, no justificó los parámetros que tomó en consideración para hacer la designación del candidato que resultó vencedor para ocupar el cargo de Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción; lo cierto es, que el numeral que faculta a dicha autoridad para hacer la selección respectiva, no impone de modo alguno la obligación de actuar en ese sentido, pues como se indicó antes, la facultad conferida a la responsable de sesionar válidamente sus acuerdos, resoluciones y determinaciones y en el presente asunto la designación del Secretario Técnico, es bajo un parámetro de discrecionalidad, sin la previa verificación de presupuestos o requisitos a cumplir por parte de candidatos que conforman la terna final. Sobre todo, si se toma en cuenta que la terna final está conformada por las personas que aplicaron para el cargo respectivo conforme a la ley de la materia y a "LOS CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA TERNA DE CANDIDATAS(OS) A SECRETARIA(O) TÉCNICO (ST) DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA (SE) DEL SISTEMA ESTATAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA", es decir, son cuestiones que ya fueron analizadas en una fase previa a la de la votación. Circunstancia que incluso tampoco fue establecida en la convocatoria de mérito, tal y como se advierte de la lectura de la misma, la cual se reproduce a continuación: Se agrega imagen digitalizada Por ende, es evidente que en modo alguno puede establecerse como obligación, que dicha autoridad actúe en determinado sentido, pues precisamente esa facultad discrecional le permite decidir de entre la terna de aspirantes al cargo respectivo, al que, conforme a votación, estime más adecuado para el cargo. Como tampoco se advierte, que el impetrante controvirtiera en el presente asunto, los numerales 28 y 34 de la citada Ley o la convocatoria de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, como actos reclamados destacados, situación que imposibilita hacer pronunciamiento alguno en torno a si estos resultan constitucionales o no. De ahí que, el acta de sesión de doce de abril de dos mil veintiuno, en la que se designó, declaró electo y tomó protesta, como Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción al tercero interesado José Esteban Bolaños Guzmán, de modo alguno resulta trasgresora de las prerrogativas de la impetrante, cuenta habida que el Órgano de Gobierno integrado por los miembros del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción en el Estado de Oaxaca, cuenta con facultades discrecionales para la designación del candidato vencedor a ocupar el cargo de Secretario Técnico a que se refieren los ordinales 28, 33, 34 y 35 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Por ende, al resultar éste un acto preponderantemente discrecional de dicha comisión, es inconcuso que la misma no ocasiona agravio a las prerrogativas de la impetrante, en los términos postulados, máxime que la normatividad, no establece las razones jurídicas o los motivos particulares, como los parámetros que la autoridad debe exponer previo a la votación de cada uno de sus miembros sobre la terna final de candidatos, sino que únicamente constriñe a que ésta elija por votación, situación que revela, la facultad de elección, conforme a su libre apreciación discrecional Por las razones que la informan, abona a lo antes expuesto la jurisprudencia P./J. 49/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, página 814, Novena Época, registro 192077, de rubro y texto: "MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO. DEBEN SER ELEGIDOS LIBREMENTE POR EL CONGRESO LOCAL DENTRO DE LA TERNA QUE LE PRESENTEN EL GOBERNADOR O EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. De conformidad con los artículos 87 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicha entidad, la elección de un Magistrado al Supremo Tribunal de Justicia se efectúa por el Congreso del Estado, quien hará la designación de entre las ternas, que por turnos alternativos, presenten el gobernador del Estado y el Consejo del Poder Judicial. Ahora, si bien dicha designación se rige por las normas relativas a la carrera judicial, pues tanto el Constituyente Local como el federal previeron expresamente los requisitos mínimos necesarios para ocupar el cargo, así como ciertas normas relativas a las cuestiones que se deben tener en cuenta para llevar a cabo la referida elección, como lo es el que los nombramientos se hagan preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o entre aquellas que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica, es claro que la forma de dar cumplimiento a tales normas es mediante la integración de la terna por personas que cumplan con los requisitos antes señalados, obligación que queda a cargo de la autoridad que la presenta, pero no obliga al Congreso Local a designar a una persona determinada dentro de la propuesta que le sea presentada a su consideración, pues no existe norma constitucional o disposición legal alguna que lo obligue a elegir específicamente a alguno de los candidatos integrantes de la terna, lo cual es además acorde con la lógica y la razón, pues a nada conduciría el prever a favor del Congreso Local, por un lado, la facultad de elegir dentro de dicha terna y, por el otro, obligarlo a designar a la persona que previamente hubiese sido calificada como la mejor por el órgano encargado de formularla. Por tanto, la facultad que tiene el Congreso para designar a los Magistrados del Poder Judicial del Estado, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales relativas, es una atribución parcialmente reglada y discrecional, pues debe ceñirse a la propuesta que para tal efecto le formule el Consejo del Poder Judicial del Estado o el gobernador, en la inteligencia de que dentro de dicha propuesta, puede elegir libremente al candidato que resulte mejor a juicio de cada uno de los electores al ser ésta la manera como se expresa la voluntad colectiva del órgano a quien corresponde tal designación." En esas condiciones, resultan jurídicamente ineficaces los conceptos de violación encaminados a combatir el acta de sesión de doce de abril de dos mil veintiuno, en la que se designó, declaró electo y tomó protesta, como Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción al tercero interesado José Esteban Bolaños Guzmán, lo que impone NEGAR al quejoso, el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan Carlos Chávez Martínez, contra el acto reclamado al Comité coordinador del Sistema Estatal de combate a la corrupción. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Juan Carlos Chávez Martínez, contra los actos reclamados al Comité de Participación Ciudadana y Órgano de Gobierno del Sistema Integral de Combate a la Corrupción integrado por la secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción y Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca; por los motivos expuestos en el último apartado del presente fallo. Notifíquese personalmente."

  3. Principal

    "S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 363/2022, promovido por Juan Carlos Chávez Martínez, contra los actos y autoridades que más adelante se precisan. El problema jurídico que corresponde abordar en el presente asunto consiste en determinar si la convocatoria para la Elección de las Personas que conformaron la Terna para la designación de Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y el acta de sesión de doce de abril de dos mil veintiuno, en la que se designó, declaró electo y tomó protesta, como Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción a José Esteban Bolaños Guzmán, trasgreden en perjuicio del quejoso, los derechos fundamentales tutelados por los artículos 1, 35 fracción VI y 41, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO.- Mediante escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Juan Carlos Chávez Martínez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades que más adelante se especificarán. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 35 fracción VI y 41, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda se turnó en la misma fecha al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta población, donde se radicó bajo la partida 440/2021 y la desechó el veintisiete de abril siguiente. Inconforme con esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, donde se registró con el consecutivo 192/2021 y por ejecutoria de treinta de septiembre siguiente, declaró fundado el recurso, ordenó dejar insubsistente el acuerdo recurrido y admitir a trámite la citada demanda de amparo. Ante dichas circunstancias, el trece de octubre de dos mil veintiuno se admitió a trámite por el citado juez la demanda; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; se otorgó la intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrita; se emplazó como tercero interesado a José Esteban Bolaños Guzmán y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, declaró carecer de competencia legal para resolver el citado juicio de amparo, al actualizarse el impedimento normativo establecido en los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; fincándola a favor de este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, por tener el último antecedente al haber conocido de los mismos actos reclamados por diversa quejosa, en el juicio de amparo 521/2021. TERCERO. RADICACIÓN DEL CITADO JUICIO DE AMPARO. El uno de abril de dos mil veintidós, se aceptó la competencia declinada y se radicó la citada instancia constitucional bajo el consecutivo 363/2022, lo que se ordenó hacer del conocimiento de las partes procesales para los efectos legales a que haya lugar y al encontrarse integrado el juicio para dictar sentencia, se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la que se celebró en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque los actos reclamados tienen ejecución dentro del ámbito territorial en que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese sentido, con independencia de la forma en que la parte quejosa fijó los actos, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que reclama, lo siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Comité ciudadano del Sistema estatal de combate a la corrupción. Terna de Aspirantes que propuso al Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, como órgano de gobierno del Secretario Técnico. Comité coordinador del Sistema estatal de combate a la corrupción. Órgano de Gobierno del Sistema Integral de Combate a la Corrupción, integrado por la secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción y Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Nombramiento de José Esteban Bolaños Guzmán, como Secretario Técnico del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Es aplicable la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. INEXISTENCIA DE UNACTO RECLAMADO. Es inexistente el acto reclamado al Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, pues así lo manifestó el presidente de dicho comité al rendir su informe justificado, sin que el quejoso ofreciera prueba alguna que desvirtuara su inexistencia. De ahí que, sobreseer en el juicio en relación a tal autoridad y acto, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 310 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Tomo VI, años 1917 a 1995, página 209, Sexta Época, registro 394266, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO.- EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Por otro lado, son ciertos los actos reclamados al Comité ciudadano (Comité de Participación Ciudadana) del Sistema estatal de combate a la corrupción y a la secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción y Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, como integrantes del órgano de Gobierno del Sistema Integral de Combate a la Corrupción. Es así, porque consta que la primera de las citadas autoridades, mediante acta de cinco de abril de dos mil veintiuno, aprobó la terna de Aspirantes para la designación del Secretario Técnico del Sistema Integral de Combate a la Corrupción; en tanto que, el citado órgano de gobierno en pleno, por sesión de doce de abril siguiente, nombró por unanimidad de votos a José Esteban Bolaños Guzmán, como Secretario Técnico del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Lo anterior, se corrobora con las documentales que obran en este juicio de amparo y que integran la convocatoria y procedimiento para la selección de Secretario Técnico del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyo epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO.- DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de los conceptos de violación, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las aleguen las partes o que de oficio las advierta este juzgador, en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia número novecientos cuarenta, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, Segunda Parte, visible a foja 1538, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación a la terna de aspirantes aprobada por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, dado que el quejoso no acreditó ser titular de un derecho subjetivo que se le hubiera afectado con tal acto. Para ello, resulta necesario precisar que en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente en contra de aquellos actos que no causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular, ya sea jurídica o legítimamente. De ese modo, se estima necesario precisar que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de los derechos humanos en su perjuicio, cuando a través de un acto de autoridad, se dé la afectación, ofensa, daño o lesión en los intereses del particular, atentando contra de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, característica que le otorga al gobernado la facultad de exigir y la obligación aparejada del deber jurídico del Estado de cumplir dicha exigencia. De manera ilustrativa, se cita la jurisprudencia número 854, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 582, tomo VI, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, el rubro "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE". Por su parte, el interés legítimo es el derecho que tienen las personas que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto al de los demás individuos, y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. Dicho interés supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, el cual proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Por ello, para efectos del juicio de amparo, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto o la ley impugnada pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la ley o acto reclamados. Sustenta lo anterior, la tesis aislada 2a. XVIII/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, marzo de dos mil trece, tomo 2, página 1736, que es del rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO". De igual manera, conviene tener presente por el criterio que contiene, la diversa tesis aislada 1a. XLIII/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVII, febrero de dos mil trece, tomo 1, página 822, cuyo rubro es "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE". De lo hasta aquí expuesto, debe precisarse que no es factible equiparar ambas clases de interés (jurídico y legítimo), puesto que, presentan diferencias sustanciales a fin de establecer los entes que se encuentran legitimados para instar la acción de amparo. Ciertamente, mientras que en el interés jurídico es necesario un derecho subjetivo con su correspondiente potestad de exigencia, consagrado en la norma objetiva; en el interés legítimo, sólo basta la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, por afectarse la esfera jurídica ya sea directa o derivada de la situación del sujeto respecto del orden jurídico, sin la necesidad de que la norma establezca a favor del individuo alguna facultad expresa y directa de exigir. De lo reseñado, se puede concluir que para que el juicio de amparo sea procedente, los actos que se reclamen en el mismo deben ser derivados de un acto concreto de autoridad o de la observancia de una ley que cause perjuicio al gobernado, ocasionándole una afectación a un derecho subjetivo (interés jurídico), o bien, a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico (interés legítimo), y es éste el perjuicio a que se refiere la Ley de Amparo, para que pueda prosperar la acción constitucional y para que los Tribunales de la Federación estén en aptitud de estimar actualizado el perjuicio que le ha sido ocasionado al gobernado y puedan proceder al estudio de la constitucionalidad de tales actos. En la especie, el quejoso reclama la terna de candidatos aprobada para la designación del Secretario Técnico del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, por considerar que no se realizaron los actos necesarios y suficientes para garantizar la satisfacción puntual de los requisitos de quien aspira a desempeñar la encomienda. Ahora bien, a fin de establecer si el citado acto reclamado, genera una afectación real y directa en perjuicio del quejoso, resulta importante tener en cuenta los antecedentes de los actos reclamados, los cuales lo constituyen: El veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción en el Estado de Oaxaca, emitió una convocatoria para integrar la terna de candidatos para ocupar el cargo de Secretario(a) Técnico de dicho sistema estatal. Juan Carlos Chávez Martínez, se inscribió a dicha convocatoria en la cual, una vez concluido el proceso de evaluación, junto otras dos personas, formó parte de la terna de candidatos para ocupar el cargo mencionado. El doce de abril de dos mil veintiuno, se designó a José Esteban Bolaños Guzmán como Secretario Técnico del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Ahora bien, el quejoso reclama la terna de candidatos aprobada, por considerar que en dicho procedimiento existieron diversas irregularidades, afectando sus derechos como participante; no obstante, de los antecedentes de que se ha dado noticia, se advierte que en el proceso de elección se designó la terna que sería presentada ante el órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, a fin de que éste designara de entre los integrantes de dicha terna a quien ocuparía el cargo de Secretario Técnico, terna en la cual se encuentra el hoy quejoso. Por tanto, es dable colegir que el proceso de elección no afectó la esfera jurídica al hoy quejoso Juan Carlos Chávez Martínez, puesto que este último formó parte de la terna definitiva que se presentó ante el órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, a fin de que designara de entre los integrantes de dicha terna a quien ocuparía el cargo de Secretario Técnico; de ahí que si el objetivo de la convocatoria era la elección de la terna definitiva, dentro de la cual quedó el hoy quejoso, es evidente que ésta, no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa. En tal virtud, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el presente juicio constitucional, respecto de la autoridad y por el acto que ha quedado precisado. Al no advertirse la actualización de diversa causal de improcedencia, procede abordar el estudio de fondo de la controvertida constitucionalidad del restante acto reclamado. SEXTO.- DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.- Se tienen por transcritos los conceptos de violación, pues no existe precepto en la Ley de Amparo, que obligue a su literal transcripción en la sentencia, sin que con dicha omisión se trasgredan los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo, su estudio y su respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Resulta aplicable en la especie, la Jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 50/2010, visible en la página 830, tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. ESTUDIO. Son jurídicamente ineficaces los conceptos de violación formulados por el quejoso. En sus conceptos de violación, refiere el quejoso que al designarse a José Esteban Bolaños Guzmán, el órgano de gobierno del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, inadvirtió que incumplía el requisito contenido en el artículo 34, fracción IX de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, pues es militante del Partido Revolucionario Institucional, sin que el citado órgano se hubiera cerciorado de la separación de su encargo. Que con ello, se deja de cumplir el principio de imparcialidad de los aspirantes, pues se pone en duda la autonomía e independencia del procedimiento, dejando de lado la ponderación cualitativa y reflexión informada que debe imperar en tal designación, aspecto fundamental para garantizar la confianza plena de la idoneidad del funcionario designado. Que la designación del funcionario vencedor, carece de fundamentación y motivación, pues de la simpe lectura de acta se pone en evidencia que sin ningún razonamiento y ponderación jurídica se procedió a su elección, misma que deviene arbitraria y carente de objetividad. Devienen jurídicamente ineficaces tales argumentaciones. Se explica: Como se indicó en el capítulo de antecedentes, las constancias de autos revelan que el impetrante, presentó documentación a efecto de participar en la elección de la terna de aspirantes al cargo de Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, en términos del artículo 33 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción en el Estado de Oaxaca, concurso en el cual avanzó hasta llegar a esa terna final de candidatos. Sin embargo, no fue seleccionado por el órgano de gobierno del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción en Oaxaca, para ocupar el cargo antes señalado. En este punto, importa traer a colación el contenido de los arábigos 33, 34, 35 y 28 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción en el Estado de Oaxaca, que prevé lo siguiente: "Artículo 33. El Secretario Técnico será nombrado y removido por el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, por el voto favorable de cinco de sus miembros. Durará tres años en su encargo y podrá ser reelegido por una sola vez. Para efectos del párrafo anterior, el Presidente del órgano de gobierno, previa aprobación del Comité de Participación Ciudadana, someterá al mismo una terna de personas que cumplan los requisitos para ser designado Secretario Técnico, de conformidad con la presente Ley. El Secretario Técnico podrá ser removido por falta a su deber de diligencia, o bien por causa plenamente justificada a juicio del órgano de gobierno y por acuerdo obtenido por la votación señalada en el presente artículo; o bien, en los siguientes casos: 1. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial relacionada con las atribuciones que le corresponden en términos de la presente Ley y de la legislación en la materia; 2. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que por razón de su cargo tenga a su cuidado o custodia con motivo del ejercicio de sus atribuciones; e 3. Incurrir en alguna falta administrativa grave o hecho de corrupción. Artículo 34. Para ser designado Secretario Técnico se deberán reunir los requisitos siguientes: I. Ser ciudadano mexicano, residente del Estado y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles; II. Experiencia verificable de al menos cinco años en materias de transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción; III. Tener más de treinta años de edad, al día de la designación; IV. Poseer al día de la designación, título profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia relacionadas con la materia de esta Ley que le permitan el desempeño de sus funciones; V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito; VI. Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal cuando proceda, de forma previa a su nombramiento; VII. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación; VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación; IX. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los cuatro años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria; y X. No ser Secretario de Despacho o equivalente, Fiscal General del Estado, Fiscal Especial, Subsecretario o equivalente, Oficial Mayor en la Administración Estatal, Consejero de la Judicatura, o Concejal, a menos que se haya separado de su cargo con un año antes del día de su designación. Artículo 35. Corresponde al Secretario Técnico ejercer la dirección de la Secretaría Ejecutiva. El Secretario Técnico adicionalmente tendrá las siguientes funciones: I. Actuar como secretario del Comité Coordinador y del órgano de gobierno; II. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Comité Coordinador y del órgano de gobierno; III. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Comité Coordinador y en el órgano de gobierno y el de los instrumentos jurídicos que se generen, llevando el archivo correspondiente en términos de las disposiciones aplicables; IV. Elaborar los anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas integrales para ser discutidas en la Comisión Ejecutiva y, en su caso, sometidas a la consideración del Comité Coordinador; V. Proponer a la Comisión Ejecutiva las evaluaciones que se llevarán a cabo de las políticas integrales a que se refiere la fracción V del artículo 9 de esta Ley, y una vez aprobadas realizarlas; VI. Realizar el trabajo técnico para la preparación de documentos que se llevarán como propuestas de acuerdo al Comité Coordinador, al órgano de gobierno y a la Comisión Ejecutiva; VII. Preparar el proyecto de calendario de los trabajos del Comité Coordinador, del órgano de gobierno y de la Comisión Ejecutiva; VIII. Elaborar los anteproyectos de informes del Sistema Estatal, someterlos a la revisión y observación de la Comisión Ejecutiva y remitirlos al Comité Coordinador para su aprobación; IX. Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas, fiscalización y control de recursos públicos por acuerdo del Comité Coordinador; X. Administrar la Plataforma Digital Estatal que establecerá el Comité Coordinador, en términos de esta Ley y asegurar el acceso a las mismas de los miembros del Comité Coordinador y la Comisión Ejecutiva; XI. Integrar los sistemas de información necesarios para que los resultados de las evaluaciones sean públicos y reflejen los avances o retrocesos en la política estatal anticorrupción; XII. Proveer a la Comisión Ejecutiva los insumos necesarios para la elaboración de las propuestas a que se refiere la presente Ley. Para ello, podrá solicitar la información que estime pertinente para la realización de las actividades que le encomienda esta Ley, de oficio o a solicitud de los miembros de la Comisión Ejecutiva, y XIII. Las demás que señalen las leyes aplicables a la materia. Artículo 28. El órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva estará integrado por los miembros del Comité Coordinador y será presidido por el Presidente del Comité de Participación Ciudadana El órgano de gobierno celebrará por lo menos cuatro sesiones ordinarias por año, además de las extraordinarias que se consideren convenientes para desahogar los asuntos de su competencia. Las sesiones serán convocadas por su Presidente o a propuesta de cuatro integrantes de dicho órgano. Para poder sesionar válidamente, el órgano de gobierno requerirá la asistencia de la mayoría de sus miembros. Sus acuerdos, resoluciones y determinaciones se tomarán siempre por mayoría de votos de los miembros presentes; en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. Podrán participar con voz pero sin voto aquellas personas que el órgano de gobierno, a través del Secretario Técnico decida invitar, en virtud de su probada experiencia en asuntos que sean de su competencia." De los dispositivos copiados, se desprende en lo que interesa, que el Presidente del Órgano de Gobierno, previa aprobación del Comité de Participación Ciudadana, someterá al mismo, una terna de personas que hayan cumplido con los requisitos establecidos en el ordinal 35, como son: ser mexicano, con una edad mayor a treinta años, contar con título profesional de nivel licenciatura, tener como mínimo cinco años de experiencia en materias de transparencia, evaluación fiscalización, rendición de cuenta o combate a la corrupción, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito; esto para poder ser designado Secretario Técnico, encargo que durará tres año y podrá ser relegido por una sola vez. Por su parte, el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva estará integrado por los miembros del Comité Coordinador y será presidido por el Presidente del Comité de Participación Ciudadana y para sesionar válidamente el órgano de gobierno requerirá la asistencia de la mayoría de sus miembros. Sus acuerdos, resoluciones y determinaciones se tomarán siempre por mayoría de votos de los miembros presentes; en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. Situación que la especie, conlleva a determinar que la facultad conferida al Comité de Participación Ciudadana, sobre la designación de la terna de las personas que previamente cumplieron con los requisitos para ser designados como Secretario Técnico, es de naturaleza preponderantemente discrecional. En efecto, es pertinente tener en cuenta que, la discrecionalidad es la facultad de libre apreciación que el derecho otorga a las autoridades para que actúen o no, se dirijan en un sentido o en otro; esto es, que no se faculta a las partes contendientes a emitir objeción alguna sobre la determinación adoptada. Mientras que, el acto reglado comprende que una norma jurídica predetermina en forma concreta una conducta que el administrador debe seguir. De igual forma, dentro de sus diferencias principales, se ha destacado que, tratándose de la facultad reglada, para la emisión del acto deben concurrir los requisitos de hecho o de derecho establecidos previamente en la normatividad correspondiente, sin permitir que la autoridad discierna sobre si lo emite o no; en tanto que, en la discrecional, el acto puede ser o no emitido, ya que su emisión depende de la apreciación subjetiva del órgano encargado de actuar. En ese sentido, la actividad administrativa puede obrar de dos maneras: a) Por facultad reglada, donde la actuación de la autoridad administrativa debe ceñirse al marco legal fijado por la norma jurídica que señala la conducta específica que debe seguirse ante la actualización de la hipótesis que la disposición legal prevé; y, b) Por facultad discrecional, en la que la ley le otorga a la autoridad, dentro de un marco legal un margen de libre apreciación para determinar la forma de su actuar, lo cual permite, que la administración haga una apreciación técnica de los elementos que concurren en un determinado caso. De modo que se está en presencia de facultades regladas, cuando la autoridad en virtud de las leyes que rigen su competencia, o con motivo de una instancia o recurso de los particulares, deba pronunciarse al respecto, esto es, existe obligación de hacer; mientras que las del inciso b) parten de que existe discrecionalidad cuando la ley otorga a la autoridad un amplio campo de aplicación para decidir si debe obrar o debe abstenerse, para resolver cuándo y cómo debe obrar, o aun para determinar libremente el contenido de su posible actuación, ha de entenderse que la base toral de este tipo de atribuciones es la libertad de apreciación que la norma concede a las autoridades para actuar o abstenerse, con el propósito de lograr la finalidad que la propia ley señala y, su ejercicio implica, necesariamente, la posibilidad de optar, o de elegir, entre dos o más decisiones, sin que ello represente arbitrariedad. De lo antes precisado, se advierte que el artículo 33 de la aludida Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción establece una facultad preponderantemente discrecional a favor del órgano de gobierno integrado por los miembros del Comité Coordinador, pues indica que una vez presentada ante ellos la terna de las personas que cumplieron con los requisitos para ser designados como Secretario Técnico emitirán su voto, sin establecer procedimiento alguno de selección. Es decir, la normatividad no establece los parámetros que la votación debe de exigir al órgano de gobierno para la elección del aspirante a ocupar el cargo de Secretario Técnico de dicho sistema estatal, sino que únicamente constriñe a que ésta elija por votación, situación que revela, la facultad de elección, conforme a su libre apreciación discrecional. En otras palabras, de dicho numeral no se advierte que haya sido intención del legislador, establecer una facultad reglada en ese supuesto, sino discrecional, en donde la autoridad en cita podrá elegir libremente, sin tener que exigir mayores presupuestos ni procedimiento alguno para su designación. En ese sentido, si bien el quejoso reclama que el órgano de gobierno integrado por los representantes del Comité de Coordinación responsable, no justificó los parámetros que tomó en consideración para hacer la designación del candidato que resultó vencedor para ocupar el cargo de Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción; lo cierto es, que el numeral que faculta a dicha autoridad para hacer la selección respectiva, no impone de modo alguno la obligación de actuar en ese sentido, pues como se indicó antes, la facultad conferida a la responsable de sesionar válidamente sus acuerdos, resoluciones y determinaciones y en el presente asunto la designación del Secretario Técnico, es bajo un parámetro de discrecionalidad, sin la previa verificación de presupuestos o requisitos a cumplir por parte de candidatos que conforman la terna final. Sobre todo, si se toma en cuenta que la terna final está conformada por las personas que aplicaron para el cargo respectivo conforme a la ley de la materia y a "LOS CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA TERNA DE CANDIDATAS(OS) A SECRETARIA(O) TÉCNICO (ST) DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA (SE) DEL SISTEMA ESTATAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA", es decir, son cuestiones que ya fueron analizadas en una fase previa a la de la votación. Circunstancia que incluso tampoco fue establecida en la convocatoria de mérito, tal y como se advierte de la lectura de la misma, la cual se reproduce a continuación: Se agrega imagen digitalizada Por ende, es evidente que en modo alguno puede establecerse como obligación, que dicha autoridad actúe en determinado sentido, pues precisamente esa facultad discrecional le permite decidir de entre la terna de aspirantes al cargo respectivo, al que, conforme a votación, estime más adecuado para el cargo. Como tampoco se advierte, que el impetrante controvirtiera en el presente asunto, los numerales 28 y 34 de la citada Ley o la convocatoria de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, como actos reclamados destacados, situación que imposibilita hacer pronunciamiento alguno en torno a si estos resultan constitucionales o no. De ahí que, el acta de sesión de doce de abril de dos mil veintiuno, en la que se designó, declaró electo y tomó protesta, como Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción al tercero interesado José Esteban Bolaños Guzmán, de modo alguno resulta trasgresora de las prerrogativas de la impetrante, cuenta habida que el Órgano de Gobierno integrado por los miembros del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción en el Estado de Oaxaca, cuenta con facultades discrecionales para la designación del candidato vencedor a ocupar el cargo de Secretario Técnico a que se refieren los ordinales 28, 33, 34 y 35 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Por ende, al resultar éste un acto preponderantemente discrecional de dicha comisión, es inconcuso que la misma no ocasiona agravio a las prerrogativas de la impetrante, en los términos postulados, máxime que la normatividad, no establece las razones jurídicas o los motivos particulares, como los parámetros que la autoridad debe exponer previo a la votación de cada uno de sus miembros sobre la terna final de candidatos, sino que únicamente constriñe a que ésta elija por votación, situación que revela, la facultad de elección, conforme a su libre apreciación discrecional Por las razones que la informan, abona a lo antes expuesto la jurisprudencia P./J. 49/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, página 814, Novena Época, registro 192077, de rubro y texto: "MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO. DEBEN SER ELEGIDOS LIBREMENTE POR EL CONGRESO LOCAL DENTRO DE LA TERNA QUE LE PRESENTEN EL GOBERNADOR O EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. De conformidad con los artículos 87 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicha entidad, la elección de un Magistrado al Supremo Tribunal de Justicia se efectúa por el Congreso del Estado, quien hará la designación de entre las ternas, que por turnos alternativos, presenten el gobernador del Estado y el Consejo del Poder Judicial. Ahora, si bien dicha designación se rige por las normas relativas a la carrera judicial, pues tanto el Constituyente Local como el federal previeron expresamente los requisitos mínimos necesarios para ocupar el cargo, así como ciertas normas relativas a las cuestiones que se deben tener en cuenta para llevar a cabo la referida elección, como lo es el que los nombramientos se hagan preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o entre aquellas que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica, es claro que la forma de dar cumplimiento a tales normas es mediante la integración de la terna por personas que cumplan con los requisitos antes señalados, obligación que queda a cargo de la autoridad que la presenta, pero no obliga al Congreso Local a designar a una persona determinada dentro de la propuesta que le sea presentada a su consideración, pues no existe norma constitucional o disposición legal alguna que lo obligue a elegir específicamente a alguno de los candidatos integrantes de la terna, lo cual es además acorde con la lógica y la razón, pues a nada conduciría el prever a favor del Congreso Local, por un lado, la facultad de elegir dentro de dicha terna y, por el otro, obligarlo a designar a la persona que previamente hubiese sido calificada como la mejor por el órgano encargado de formularla. Por tanto, la facultad que tiene el Congreso para designar a los Magistrados del Poder Judicial del Estado, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales relativas, es una atribución parcialmente reglada y discrecional, pues debe ceñirse a la propuesta que para tal efecto le formule el Consejo del Poder Judicial del Estado o el gobernador, en la inteligencia de que dentro de dicha propuesta, puede elegir libremente al candidato que resulte mejor a juicio de cada uno de los electores al ser ésta la manera como se expresa la voluntad colectiva del órgano a quien corresponde tal designación." En esas condiciones, resultan jurídicamente ineficaces los conceptos de violación encaminados a combatir el acta de sesión de doce de abril de dos mil veintiuno, en la que se designó, declaró electo y tomó protesta, como Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción al tercero interesado José Esteban Bolaños Guzmán, lo que impone NEGAR al quejoso, el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan Carlos Chávez Martínez, contra el acto reclamado al Comité coordinador del Sistema Estatal de combate a la corrupción. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Juan Carlos Chávez Martínez, contra los actos reclamados al Comité de Participación Ciudadana y Órgano de Gobierno del Sistema Integral de Combate a la Corrupción integrado por la secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción y Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca; por los motivos expuestos en el último apartado del presente fallo. Notifíquese personalmente." (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO Y TERCERO INTERESADO)

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de abril de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio descrito en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el número 363/2022. Acúsese recibo al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por la remisión del juicio de amparo 440/2021 promovido por Juan Carlos Chávez Martínez, y un DVD. Ahora bien, en razón de que el suscrito comparte sustancialmente las razones de la autoridad remitente, ya que efectivamente, este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer del presente asunto; por tanto, este Juzgado se avoca al conocimiento del juicio constitucional de que se trata. Se convalidan las actuaciones realizadas por el titular del Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. Asimismo, solicítese al citado órgano jurisdiccional tenga a bien instruir al analista jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que vincule permanentemente el juicio de amparo 440/2021 de su estadística al expediente 363/2022 del índice de este órgano jurisdiccional. Compensación. Mediante oficio que se gire a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta entidad federativa solicítese atentamente que se realice el registro de este asunto para la compensación correspondiente. Sin que sea necesario requerir su informe justificado a las autoridades responsables, pues de autos se advierte que, a la fecha han sido rendidos. Fecha de la audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las doce horas con cuarenta minutos del veinte de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en lo establecido por el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a las partes en este juicio para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten si es su deseo estar presentes en el desahogo de la audiencia constitucional. Dicho requerimiento se hace con la finalidad de que este órgano jurisdiccional atienda lo establecido por el citado Acuerdo General 21/2020, en su artículo 6, relativo al modelo de atención presencial basado en citas, esto es que cuando sea la o el titular del órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad. Apercíbaseles que de no hacer manifestación alguna, se entenderá que no es su deseo estar presente físicamente en la misma, sin perjuicio de que puedan presentar sus alegatos o escritos pertinentes por escrito. Emplazamiento del representante social de la Federación. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5, fracción IV, 26, fracción I, inciso k), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, por esta ocasión, notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito este auto de forma personal corriéndole traslado con copia fotostática simple de la demanda, entregándole copia íntegra de la presente determinación para efectos de su emplazamiento. Reconocimiento de terceros interesados. Se tiene como tercero interesado a José Esteban Bolaños Guzmán; sin que haya lugar a ordenar su emplazamiento, toda vez que en autos ya obra el mismo, únicamente comuníquesele esta determinación. Domicilio de la parte quejosa. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo, y por autorizados para tales efectos a las personas que señala, sin las amplias facultades del normativo 12 de la Ley de amparo, por no encontrarse inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ni haber acreditado con documento idóneo que ejerce la profesión de licenciado en derecho. Exhortación para el señalamiento de correo electrónico y de teléfono celular. Con fundamento en lo previsto por el ordinal 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal requiérase a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y un correo electrónico, para mantener contacto con este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que dichos datos serán únicamente para contacto y no un medio para practicar notificaciones. Juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "efirma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este juzgado se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente a las partes.

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