Juan Camilo VelàSquez

Expediente 463/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
463/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
28/07/2022

Partes del expediente

  • Juan Camilo VelàSquez
  • Titular de la Oficina de representaciòn del Instituto Nacional de Migraciòn en Oaxaca de Juàrez, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que los inconformes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que el disidente haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los normativos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo dictado en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este juicio constitucional como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo previsto por el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, en cumplimiento a lo señalado por el capítulo siete, punto "7.4" relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, aun cuando se sobreseyó en este juicio de amparo, lo cierto en el proveído de veinticinco de abril de dos mil veintidós, se otorgó al justiciable la suspensión de oficio y de plano respecto de las actuaciones combatidas; por tanto, se estima que este expediente es susceptible de depuración. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes que conforme a los criterios de valoración establecidos por los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años contado a partir de la notificación del auto en donde se ordenó su archivo y una vez cumplido ese plazo dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional procederá a su depuración, por lo que deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, el proveído en donde se concedió la suspensión de oficio y de plano, la sentencia y la presente determinación. Terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 498/2022 promovido por Juan Camilo Velásquez o Juan Camilo Velásquez Burgos en contra de las órdenes de privación de su libertad personal, de traslado a otra estación migratoria, de deportación a su país de origen y de incomunicación, así como la ejecución de esos mandamientos, los cuales se atribuyen a la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca. El problema jurídico planteado en el presente asunto exige analizar, en el caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de una sentencia de fondo, si los actos impugnados vulneran en perjuicio del quejoso los derechos fundamentales de tránsito, de legalidad y de seguridad jurídica reconocidos por los numerales 11 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. ANTECEDENTES El veinticuatro de abril de dos mil veintidós, el Fiscal Investigador adscrito a la Fiscalía Local de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, puso a disposición de la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca a Juan Camilo Velásquez o Juan Camilo Velásquez Burgos a fin de que resolviera su situación migratoria. En la propia fecha, el encargado de la Sub Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca inició el procedimiento administrativo migratorio INM/OROAX/SRLOAX/EP/PRE/1058/2022 en contra del justiciable para resolver su situación migratoria en el país. En la data indicada se notificó al quejoso el inicio del procedimiento administrativo migratorio incoado en su contra y en una diligencia de comparecencia verificada en esa fecha el disidente realizó diversas manifestaciones sobre su ingresó al territorio nacional, su situación migratoria y su estancia en el país; la instructora del procedimiento tuvo al inconforme por hechas sus manifestaciones y le concedió un plazo para ofrecer pruebas. El encargado de la Sub Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca en una diversa actuación de la propia data dispuso que el extranjero Juan Camilo Velásquez o Juan Camilo Velásquez Burgos de nacionalidad colombiana fuera alojado temporalmente en la estación migratoria de esa Oficina de Representación con la calidad de presentado hasta en tanto resolviera su situación migratoria en el territorio mexicano y en tal fecha comunicó al titular de la acción de amparo esa determinación. En el acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintidós, en atención a la suspensión de oficio y de plano concedida al quejoso Juan Camilo Velásquez o Juan Camilo Velásquez Burgos respecto de los actos reclamados en la demanda de amparo que Luis Enrique Hernández Chávez presentó a su favor, se ordenó la salida inmediata del agraviado de la estación migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca y se dictaron diversas medidas para asegurar que el justiciable continuara sujeto al procedimiento administrativo migratorio instruido en su contra; en la propia fecha se notificó al quejoso esa determinación, quien fue puesto en libertad, dado que egresó materialmente de la citada estación migratoria en ese día. En consideración del titular de la acción de amparo los actos combatidos vulneran sus derechos fundamentales y ocasionan perjuicios en su esfera jurídica. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO El veinticinco de abril de dos mil veintidós, Luis Enrique Hernández Chávez presentó a favor de Juan Camilo Velásquez o Juan Camilo Velásquez Burgos ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca una demanda de amparo en contra de los actos reclamados y la autoridad responsable que posteriormente se precisarán. El promovente señaló como derechos fundamentales violados los consagrados por los ordinales 1, 11, 14, 18, primer párrafo, 19 y 21 de la Constitución General de la República; narró los antecedentes de las actuaciones combatidas y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. Por acuerdo de la propia data, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto registró la demanda con el progresivo 463/2021; concedió a Juan Camilo Velásquez o Juan Camilo Velásquez Burgos la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados y previno al disconforme para que manifestara ante el Actuario Judicial de la adscripción si ratificaba o no el escrito inicial. En la diligencia de veinticinco de abril del año en curso, el fedatario adscrito a este Juzgado de Distrito estableció que acudió a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, con sede en la capital de esta entidad federativa, y localizó en ese lugar al quejoso Juan Camilo Velásquez o Juan Camilo Velásquez Burgos, porque se encontraba detenido en dicho sitio, a quien le notificó el auto inicial de la propia data, le hizo saber que se promovió este juicio de amparo a su favor y certificó que con motivo del requerimiento que formuló al justiciable, éste último ratificó la demanda de amparo presentada a su favor por Luis Enrique Hernández Chávez; es necesario señalar que en la razón actuarial donde consta la diligencia indicada no se advierte que el disidente estuviera incomunicado, por el contrario el aludido funcionario señaló que tuvo contacto directo con el agraviado y entendió con él de manera personal la referida diligencia, quien calzó su firma con su puño y letra el acta relativa para constancia. En razón de lo anterior, en el auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós, este Juzgado Federal tuvo por cumplido el requerimiento formulado; admitió a trámite la demanda; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta fecha en los términos del acta que antecede, en donde se hizo efectivo el apercibimiento formulado en el proveído de ocho de junio del año en curso, dado que el disconforme no ejerció su derecho de ampliar el ocurso inicial en contra del encargado de la Sub Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca que tuvo participación en la privación de su libertad personal; por tanto, se estableció que este juicio de protección de los derechos fundamentales se seguirá únicamente por los actos y por la autoridad señalados originariamente en la demanda de amparo. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracciones II y III, inciso b), de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman diversos actos que se atribuyen a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme reclama los actos siguientes: De la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca combate: Las órdenes de privación de su libertad personal, de traslado a otra estación migratoria, de deportación a su país de origen y de incomunicación, así como la ejecución de esos mandamientos. V. INEXISTENCIA DE UNOS ACTOS IMPUGNADOS No son ciertos los actos atribuidos a la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, consistentes en las órdenes de privación de la libertad ambulatoria del justiciable, de traslado a otra estación migratoria, de deportación a su país de origen y de incomunicación, así como la ejecución de esos mandamientos. Se sostiene lo anterior, porque la citada autoridad en su informe justificado negó la existencia de esas actuaciones, sin que la parte quejosa desvirtuara tal negativa, porque no ofreció algún medio de convicción en el presente sumario con ese propósito. Además, la inexistencia de los actos combatidos a la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca atinentes a las órdenes de privación de la libertad personal del agraviado, de traslado a otra estación migratoria, de deportación a su país de origen y de incomunicación, así como la ejecución de esos mandamientos se desprende de las diversas constancias del procedimiento administrativo migratorio INM/OROAX/SRLOAX/EP/PRE/1058/2022 que la citada responsable aportó en copias certificadas. En efecto, conforme a los antecedentes relatados en los párrafos precedentes, se advierte que una autoridad diversa a la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca fue quien ordenó la restricción de la libertad ambulatoria del justiciable, a saber, el encargado de la Sub Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, porque esta última entidad pública fue quien en el acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil veintidós, dictado en el citado procedimiento administrativo migratorio, dispuso que el disconforme Juan Camilo Velásquez o Juan Camilo Velásquez Burgos de nacionalidad colombiana fuera alojado temporalmente en la estación migratoria de esa Oficina de Representación con la calidad de presentado hasta en tanto resolviera su situación migratoria en el territorio mexicano y en tal fecha comunicó al agraviado esa determinación, la cual ejecutó desde ese momento hasta el veintiséis de abril siguiente, cuando el solicitante de la protección constitucional fue puesto en libertad y egresó materialmente de la citada estación migratoria. Además, se destaca que en el procedimiento administrativo migratorio señalado no tiene intervención alguna la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca. También es necesario indicar que en el aludido procedimiento no existe alguna orden de traslado del agraviado a otra estación migratoria, tampoco se detecta algún mandamiento de deportación del justiciable a su país de origen, ni que se haya ordenado que estuviera incomunicado, aunado a que no hay prueba alguna de la ejecución de esos mandamientos. En esa línea, las actuaciones reclamadas no pueden atribuirse al ente señalado como responsable, porque no tuvo participación alguna en la emisión o en la ejecución de la privación de la libertad personal del quejoso, conforme a lo dispuesto por el arábigo 5, fracción II, de la Ley de Amparo; además, no existe algún medio de convicción en ese procedimiento del cual se advierta la existencia del resto de los mandamientos atacados y su ejecución, por lo que esa situación permite sostener no son ciertas las actuaciones que se reprochan a la mencionada autoridad. Adicionalmente, debe señalarse que la inexistencia de la orden de incomunicación del disidente y la ejecución de ese mandato se corrobora con la razón actuarial de veinticinco de abril de dos mil veintidós, en donde el Actuario Judicial adscrito a este Tribunal de amparo no hizo referencia alguna a la incomunicación atacada, por el contrario dicho fedatario público tuvo contacto directo con el peticionario del amparo, tan así que notificó a este último de manera personal el proveído de la propia data, en donde se concedió a su favor la suspensión de oficio y de plano, requirió al agraviado para que manifestara si ratificaba la demanda presentada a su favor, quien ratificó el escrito inicial y calzó su firma con su puño y letra en esa actuación para constancia. En ese contexto, si el titular de la acción de amparo no desvirtuó la negativa que la referida autoridad sostuvo en su informe justificado ni demostró con alguna prueba la intervención de esa responsable en los actos que le reprochó es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia de las actuaciones atribuidas a la mencionada entidad pública. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En consecuencia, con fundamento en lo estatuido por el dispositivo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente asunto en cuanto a los actos combatidos descritos atribuidos a la autoridad responsable, dada su inexistencia. VI. EXISTENCIA DE LOS DIVERSOS ACTOS COMBATIDOS Son ciertos los actos combatidos consistentes en la orden de privación de la libertad personal del quejoso y su ejecución, aun cuando esas actuaciones no pueden ser atribuidas al ente señalado como responsable. En efecto, la certeza de esas actuaciones se corrobora con las diversas constancias del procedimiento administrativo migratorio INM/OROAX/SRLOAX/EP/PRE/1058/2022 que la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca remitió en copia certificada, de cuyo contenido se advierte que con motivo de la instauración de ese procedimiento en contra del agraviado Juan Camilo Velásquez o Juan Camilo Velásquez Burgos, en el proveído de veinticuatro de abril de dos mil veintidós, se dispuso que fuera alojado temporalmente en la estación migratoria de esa Oficina de Representación con la calidad de presentado hasta en tanto se resolviera su situación migratoria en el territorio nacional y en tal fecha se comunicó al quejoso esa determinación, la cual se ejecutó desde ese momento hasta el veintiséis de abril siguiente, cuando el peticionario de amparo fue puesto en libertad y egresó materialmente de la citada estación migratoria; de ahí que debe tenerse por demostrada la certeza de esos actos reclamados. A tales instrumentos se otorga valor probatorio conforme a lo dispuesto por los arábigos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido por su numeral 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VII. PROCEDENCIA Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se advierte que en relación con los actos impugnados consistentes en la orden de privación de la libertad personal del agraviado y su ejecución, se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5, fracción II, y 108, fracción III, de la propia legislación, dado que el encargado de la Sub Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca que tuvo intervención en esas actuaciones no fue señalada como autoridad responsable en este medio extraordinario de defensa. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de las disposiciones jurídicas invocadas, las cuales señalan: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.]" El precepto transcrito en segundo orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución General de la República o de la Ley de Amparo. Al respecto es necesario señalar que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción constitucional intentada. Por otro lado, el normativo 5, fracción II, de la ley de la materia dispone que la autoridad responsable es parte procesal en el juicio de amparo y que tiene tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. A su vez, el ordinal 108, fracción III, de la legislación invocada señala que la demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por los medios electrónicos en los casos en que la ley de la materia lo autorice, en la cual se expresarán, entre otros requisitos formales, la autoridad o las autoridades responsables. De lo anterior se advierte que la parte quejosa tiene el deber de señalar en su demanda con el carácter de autoridad responsable al ente público que participó o tuvo intervención en el acto reclamado en alguna de las formas que el legislador federal precisó en la fracción II del dispositivo 5 de la Ley de Amparo, a fin de que pueda constituirse válidamente la relación jurídico procesal, ya que sólo de esa manera se podría llamar a juicio a dicha entidad para que ocurra al proceso en defensa de la actuación que se combate y, por ende, el órgano jurisdiccional de ser procedente el juicio de amparo estará en aptitud de analizar la regularidad constitucional de la actuación combatida, porque de lo contrario no podría vincularse ese análisis al acto de una autoridad que no formó parte de esa relación, dado que no se le permitiría ejercer su derecho de defensa. En ese contexto, el señalamiento en la demanda de la o de las autoridades responsables permite la identificación de uno de los sujetos que integrarán la relación jurídico procesal, así como la correcta configuración de ésta y, además, obedece al mandato constitucional de que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, ya que de esa manera el órgano jurisdiccional que conozca del asunto estará en aptitud de poder emplazarlas a juicio, esto es, hacerles de su conocimiento la iniciación del procedimiento para que al rendir su informe justificado estén en posibilidad no sólo de defender la constitucionalidad del acto impugnado, sino también para que puedan plantear posibles causales de improcedencia y otras figuras jurídicas que pudieran trascender al resultado de la sentencia que se dicte en el juicio de protección de derechos fundamentales. Con base en las consideraciones expuestas es factible sostener que la consecuencia de que no se señale como responsable a la autoridad que participó o intervino en el acto reclamado es la improcedencia del juicio de amparo, porque existe un impedimento técnico para analizar la constitucionalidad de esa conducta, ya que ese obstáculo deriva precisamente de la incorrecta integración de la relación jurídico procesal que genera como efecto la imposibilidad de dictar una sentencia de fondo válida en el proceso. Ahora, es necesario establecer que del procedimiento administrativo migratorio INM/OROAX/SRLOAX/EP/PRE/1058/2022 que la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca aportó en este juicio constitucional, se advierten los aspectos siguientes: 44.1. En razón de que el veinticuatro de abril de dos mil veintidós, el Fiscal Investigador adscrito a la Fiscalía Local de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, puso a disposición de la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca a Juan Camilo Velásquez o Juan Camilo Velásquez Burgos a fin de que resolviera su situación migratoria, el encargado de la Sub Representación Local adscrito a esa Oficina de Representación inició dicho procedimiento administrativo en contra del agraviado para resolver su situación migratoria en el país. 44.2. Que con motivo de la instauración del referido procedimiento administrativo migratorio en contra del inconforme Juan Camilo Velásquez o Juan Camilo Velásquez Burgos, en el proveído de veinticuatro de abril de dos mil veintidós, el encargado de la Sub Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca dispuso que fuera alojado temporalmente en la estación migratoria de esa Oficina de Representación con la calidad de presentado hasta en tanto resolviera su situación migratoria en el territorio mexicano y en esa data comunicó al quejoso tal determinación, la cual ejecutó desde ese momento hasta el veintiséis de abril siguiente, cuando el solicitante de la tutela constitucional fue puesto en libertad y egresó materialmente de la citada estación migratoria. Lo anterior demuestra que el encargado de la Sub Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca tuvo intervención en la orden de privación de la libertad personal del disconforme y su ejecución conforme a lo dispuesto por el arábigo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. En ese sentido, es factible sostener que al encargado de la Sub Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca es a quien el solicitante de la protección constitucional debió reclamar las referidas actuaciones; empero, esa autoridad no fue señalada como responsable en este sumario, en términos de lo establecido por el ordinal 108, fracción III, de la ley de la materia y, por ende, no se emplazó a juicio a ese ente público. Lo anterior, no obstante que en el proveído de ocho de junio de dos mil veintidós, este Juzgado Federal previno al disidente para que manifestara si era su voluntad ampliar la demanda de amparo y señalar como autoridad responsable al encargado de la Sub Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, porque se advirtió que tenía intervención en la orden de privación de su libertad personal y su ejecución atacadas, bajo el apercibimiento que de no ejercer ese derecho se continuaría el procedimiento únicamente respecto de los actos y las autoridades señalados originariamente, sin que el justiciable haya atendido esa prevención, por lo que en la audiencia constitucional celebrada en el presente asunto en esta data se hizo efectivo el citado apercibimiento y se dispuso que este juicio de amparo se continuara únicamente por los actos y por la autoridad señalados originariamente en el escrito inicial. Luego, si la referida entidad pública no fue llamada a este medio extraordinario de defensa como autoridad responsable es inconcuso que existe una imposibilidad jurídica para analizar la regularidad constitucional de las actuaciones reclamadas, dado que aquélla no fue oída en juicio ni tuvo la oportunidad de defensa. En efecto, en el caso se advierte la imposibilidad jurídica de examinar la constitucionalidad de los actos impugnados, porque al no señalarse como responsable al encargado de la Sub Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca que dictó el mandamiento restrictivo de la libertad ambulatoria del disidente y que intervino en la ejecución de ese mandamiento no fue factible su llamamiento a juicio y, por ende, no tuvo la posibilidad de ejercer su derecho de defensa al desconocer el inicio del proceso constitucional en contra de las actuaciones en las que participó, conforme a lo señalado por el arábigo 5, fracción II, de la ley de la materia; de ahí que se produzca un impedimento técnico para que este órgano jurisdiccional pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el medio extraordinario de defensa en el que se actúa respecto de las actuaciones combatidas. Desde esa perspectiva, al no haber señalado el solicitante del amparo como autoridad responsable el encargado de la Sub Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca no es jurídicamente posible analizar la regularidad constitucionalidad de los actos atacados. Las consideraciones expuestas evidencian que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5, fracción II, y 108, fracción III, de la propia legislación respecto de la orden de privación de la libertad personal del justiciable y su ejecución reclamadas. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 93 visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página setenta y tres, que indica: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." VIII. DECISIÓN En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia establecida por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5, fracción II, y 108, fracción III, de la propia legislación, se decreta el sobreseimiento en este asunto, con fundamento en lo estatuido por el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto de los actos reclamados consistentes en la orden de privación de la libertad personal del disconforme y su ejecución. Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *** en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable, por las consideraciones expuestas en los apartados V y VII de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que apenas iniciara a transcurrir el plazo de quince días previsto por el arábigo 17 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa manifieste si amplía su escrito inicial o no con motivo de la prevención formulada el ocho de junio del año en curso, por lo que esa situación impide la celebración de la audiencia constitucional. En razón de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración, a las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de junio de dos mil veintidós. De este sumario se advierte que es necesario prevenir al justiciable Juan Camilo Velásquez o Juan Camilo Velásquez Burgos para que si a su interés conviene amplíe su demanda de amparo en relación con una autoridad que no señaló como responsable en ese escrito. Al respecto, en el citado ocurso la parte quejosa señaló como acto reclamado a la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca la privación de su libertad personal con motivo de la detención de la que fue objeto. Ahora, de las constancias que la autoridad responsable migratoria remitió al rendir sus informes sobre la suspensión de oficio y de plano y justificado se advierte la participación de una entidad pública diversa que tuvo intervención en la restricción de la libertad ambulatoria del quejoso, a saber, el encargado de la Sub Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca quien dispuso su alojamiento temporal en la estancia provisional migratoria en esta entidad federativa, sin que el inconforme haya designado como responsable a esta última autoridad. Por tanto, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días siguientes a la notificación de este proveído, de conformidad con lo establecido por el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo manifieste si es su voluntad ampliar la demanda y señalar como autoridad responsable al encargado de la Sub Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, por lo que en el caso de que si estima conveniente ejercer esa prerrogativa, su escrito relativo deberá atender las exigencias señaladas por el precepto 108 de la ley de la materia, apercibido que de no hacer manifestación alguna en el plazo indicado se seguirá el trámite del presente asunto únicamente por los actos y la autoridad señalados originariamente en el escrito inicial. En ese sentido, para que el disidente esté en aptitud de decidir si ejerce o no el derecho indicado se ordena notificarle de manera personal los autos de veintiocho de abril y de treinta de mayo, ambas datas del año en curso, y esta determinación, así como los informes sobre la suspensión de oficio y de plano y justificado rendidos por la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca. Al respecto es aplicable por las razones que suministra la jurisprudencia P./J. 127/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CUANDO DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR LA QUEJOSA EN SU DEMANDA DE GARANTÍAS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE EL CONTENIDO DE DICHO INFORME, CON LA PREVENCIÓN CORRESPONDIENTE. La interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, permite considerar que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito, para ordenar que se haga personalmente una notificación; pero dicha notificación personal, que se ordena durante la sustanciación del juicio de amparo, únicamente se llevará a cabo cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes. En estas condiciones, cuando la demanda de amparo es presentada por quien se ostenta como persona extraña a juicio, y al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierte la participación de autoridades no señaladas por el quejoso como responsables, dicho juzgador deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, para que esté en aptitud de regularizar su demanda, debiendo también tomar en cuenta lo que respecto a la prevención establecen las jurisprudencias números 5/98 y 8/98 de este Tribunal Pleno, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, páginas noventa y seis y noventa y cuatro, respectivamente, bajo los rubros: 'PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EN EL AMPARO QUE PROMUEVA, SON AUTORIDADES RESPONSABLES LAS QUE DICTAN, ORDENAN, EJECUTAN O TRATAN DE EJECUTAR, LOS ACTOS QUE AFECTAN EL BIEN O DERECHO DEL QUE AQUÉLLA ES TITULAR.' y 'PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR. OMISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DE ALGUNAS DE LAS AUTORIDADES QUE INTERVINIERON EN LOS ACTOS RECLAMADOS.', ya que de lo contrario el Juez de Distrito incurrirá en violación a las normas del procedimiento, que en todo caso será corregida por el tribunal revisor ordenando para ello que se reponga el procedimiento, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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