Juan Avelino Dzib Chan
Expediente 464/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 464/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 02/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Juan Avelino Dzib Chan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con lo informado por la Secretaria de Acuerdos en funciones de Juez Primero de Oralidad Familiar, turno vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito, se realizó al representante especial de las menores quejosas el veinticinco de junio pasado, de acuerdo a la certificación realizada en la cuenta que antecede, sin que a la fecha hicieran manifestación alguna de las partes. En consecuencia, al haber transcurrido el plazo otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia dictada el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se concedió a Juan Avelino Dzib Chan, el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que el Juez Primero de Oralidad Familiar, turno vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad; realizara lo siguiente: ". 1. Deje insubsistente el acto que se le reclama, resolución de once de noviembre de dos mil diecinueve, mediante el cual no admitió el incidente de modificación de sentencia en cuanto al régimen de convivencia, dentro del expediente 633/2014, de su índice; 2. Dicte otra, en la que de acuerdo a las consideraciones expuestas en la presente sentencia, proceda a la tramitación del incidente planteado." Así, por auto de diez de junio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la referida sentencia protectora de derechos, por lo que se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Por oficio 1738/2021, agregado en autos mediante proveído de dieciocho de junio del año en curso, la Secretaria en funciones de Juez Primero de Oralidad Familiar, turno vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, transcribió el contenido del acuerdo de catorce de junio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente de origen 633/2014, mediante el cual se dejó insubsistente la resolución reclamada y admitió a trámite el incidente de modificación del resolutivo cuarto de la sentencia definitiva de veintiséis de noviembre de dos mil catorce, específicamente en cuanto al régimen de convivencia, dándole el trámite correspondiente. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, fracción I, se advierte que la autoridad responsable se encontraba constreñida no solamente a dejar insubsistente la inadmisión de la incidencia de mérito, sino también a darle el trámite respectivo; lo que así hizo acreditándolo fehacientemente con la documental respectiva. De ahí que se considere destruido el acto que se le atribuyó y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. Por tanto, se declara que LA SENTENCIA PROTECTORA HA QUEDADO CUMPLIDA. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos en funciones de Juez Primero de Oralidad Familiar, turno vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad; que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la legal notificación de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga, respecto del oficio remitido por la autoridad responsable en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia constitucional. Apercibida que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se le confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
ANTECEDENTES: PRIMERO. Por escrito presentado el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado el veintidós siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció el nombrado quejoso por propio derecho y en representación de sus hijas menores de edad a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama al Juez Primero de Oralidad Familiar, turno vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de veintitrés de marzo del presente año, se admitió la demanda de amparo que se registró con el número 464/2021-VII-A; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se mandó emplazar a la parte tercero interesada; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y CONSIDERACIONES: PRIMERA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo vigente, 48 y 54 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDA. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis visible en la página 255, del Tribunal Pleno, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por el Juez responsable en apoyo a su informe justificado, se tiene que la parte quejosa reclama: La interlocutoria de once de noviembre de dos mil diecinueve en la que no se admitió el incidente de modificación de sentencia en cuanto al régimen de convivencia dentro del procedimiento especial de divorcio sin causales 633/2014, de su índice. TERCERA. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero de Oralidad Familiar, turno vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, residente en esta capital, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, al que anexó copia certificada de las constancias del expediente 633/2014, relativo al procedimiento especial de divorcio sin causales promovido por Joyce Dianela Ávila Vargas en contra de Juan Avelino Dzib Chan, que lo apoya. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTA. Al no existir causa de improcedencia hecha valer por alguna de las partes, ni advertirse de oficio la existencia de alguna, lo procedente es analizar el fondo del asunto mediante el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue a ello, y además, porque dicha omisión no deja en estado de indefensión al solicitante del amparo, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTA. Son fundados los motivos de disenso expuestos por el accionante del amparo, y suficientes para conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal, en los que aduce fundamentalmente que la autoridad responsable, no admitió el incidente planteado no obstante que las condiciones y motivos por los que firmó el convenio con Joyce Dianela Ávila Vargas habían cambiado, que al emitir su resolución la autoridad responsable debió atender al interés superior de sus hijas menores de edad y admitir el incidente planteado y entrar al estudio de los razonamientos hechos valer, así como que aplicó indebidamente los artículos 401 y 444 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, con violación del derecho fundamental consagrado en el artículo 16 constitucional. Además, debe precisarse que lo determinado en la presente resolución, será atendiendo al interés superior de la niñez, esto es, lo que resulte ser más benéfico para las menores Y.A.D.A. y M.S.D.A. Ahora bien, los anteriores argumentos son esencialmente fundados y suficientes para concederle la protección de la Justicia Federal que solicita. Dicha calificativa atiende a las siguientes consideraciones. Como premisa, resulta necesario determinar si era procedente el incidente planteado por el hoy quejoso. Para ello, habrá que atender al marco jurídico que rige el acto reclamado, a saber, el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán. Dicha normativa la encontramos desglosada en el Libro Primero, Título Décimo Primero, Capítulo I, relativo al rubro: "De los incidentes en general", conforme a los siguientes numerales: "Artículo 439. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata y necesaria con el asunto principal." "Artículo 440. El juez debe rechazar de plano las cuestiones que fueren completamente ajenas al asunto principal." "Artículo 441. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial, se deben sujetar a la establecida en este Capítulo." A su vez, el diverso numeral 401 del citado ordenamiento legal, dispone: "Artículo 401. Las sentencias dictadas en asuntos de alimentos, sobre guarda y custodia, interdicción, en procedimientos de jurisdicción voluntaria y en las demás que prevengan las leyes, tienen autoridad de cosa juzgada mientras no se alteren o cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente. De lo contrario, sólo pueden alterarse o modificarse mediante la reclamación respectiva que se tramite en vía incidental." Como se advierte de los numerales transcritos, en el ordenamiento adjetivo familiar local se contemplan la tramitación de los incidentes, teniéndose como tales las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata y necesaria con el asunto principal; asimismo, se faculta al juez para rechazar de plano las cuestiones que fueren completamente ajenas al asunto principal. Siendo que de conformidad con el transcrito numeral 401, las sentencias dictadas en asuntos, entre otros, sobre guarda y custodia, procedimientos de jurisdicción voluntaria y en las demás que prevengan las leyes, tienen autoridad de cosa juzgada mientras no se alteren o cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente. De lo contrario, sólo pueden alterarse o modificarse mediante la reclamación respectiva que se tramite en vía incidental. Ahora bien, la Juez responsable en la resolución reclamada de once de noviembre de dos mil diecinueve, determinó no admitir el incidente de modificación de sentencia, específicamente, en cuanto al régimen de convivencia, bajo el fundamento y argumento siguientes: "Mérida, Yucatán, a once de noviembre de dos mil diecinueve. Vistos: Para dictar sentencia interlocutoria que resuelve el recurso de revocación interpuesto por Juan Juan Avelino Dzib Chan en contra del auto de fecha primero de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el procedimiento especial de divorcio sin causales promovido por Joyce Dianela Ávila Vargas en contra del recurrente . . . RESULTANDO: (. . .) CONSIDERANDO: PRIMERO. Auto impugnado. El auto contra el que se interpone el recurso de revocación, en su parte conducente, dice: Mérida, Yucatán, a primero de octubre del año dos mil diecinueve. Visto: (. . .) Ahora bien, se tiene por presentado al Ciudadano Juan Avelino Dzib Chan, con su escrito, haciendo las manifestaciones a que se contrae, y respecto de lo que solicita en el citado ocurso, declárese que no es de accederse en virtud de que no es la vía idónea, en tal virtud, se dejan a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía legal correspondiente (. . .) TERCERO. Estudio de fondo. Examinados y analizados los antecedentes, el auto impugnado y los agravios, se procede a justificar esta decisión judicial en los términos siguientes: En ese orden de ideas, resulta evidente que los argumentos del recurrente son fundados, ya que el auto impugnado no fue dictado con base en la norma constitucional invocada y en los criterios jurisprudenciales citados. Lo anterior es así, ya que en lo que concierne a la motivación, no se expresaron las razones ni justificaciones lógico-jurídicas por las que la petición del señor Juan Avelino Dzib Chan -de tramitar un incidente de modificación de sentencia, específicamente, en cuanto al régimen de convivencia- no se debía admitir, puesto que solamente se resolvió que su pedimento no se debía admitir porque la vía no es procedente. Tampoco en el auto impugnado se cumplió con la garantía de fundamentación, puesto que no se precisó qué artículo de la legislación adjetiva o sustantiva, o jurisprudencia, sustentaba la negativa a admitir a trámite la petición hecha por el recurrente. En consecuencia, se revoca la parte conducente del auto de fecha primero de octubre del año en curso, para quedar en los términos siguientes: Visto: (. . .) Ahora bien, se tiene por presentado al Ciudadano Juan Avelino Dzib Chan, con su escrito, haciendo las manifestaciones a que se contrae, interponiendo el incidente de modificación de sentencia, específicamente en cuanto al régimen de convivencia. Con fundamento en el artículo 401 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, se declara que no ha lugar admitir el incidente, ya que este asunto se trata de un procedimiento especial de divorcio sin causales, que ha quedado concluido mediante sentencia de fecha veintiséis de noviembre de dos mil catorce; por ende, no es posible admitir el incidente propuesto, máxime que en los incidentes solo son admisibles las pruebas documental y presuncional, salvo que el juez, para mejor proveer, estime necesario el desahogo de algún otro medio de prueba, por ello, es a través del procedimiento ordinario respectivo que las partes gozan de una mayor libertad probatoria y donde deben dilucidar las controversias como la instada por el señor Dzib Chan. (. . .)" (Visible en fojas 101 a 103 del anexo) Esto es, la responsable estableció que no admitía el citado incidente, por estimar que el procedimiento especial de divorcio sin causales, de donde emana el acto reclamado ha quedado concluido mediante sentencia de fecha veintiséis de noviembre de dos mil catorce, fundando su actuar en términos de lo dispuesto por el artículo 401 del Código de Procedimientos Familiares del Estado. Lo cual no se comparte, en razón de que como se ha visto, son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata y necesaria con el asunto principal, y en el presente caso el ahora quejoso promovió el incidente para modificar la sentencia dictada en el juicio de divorcio sin causales, específicamente, en cuanto al régimen de convivencia. De ahí, que dicho incidente sí tiene relación inmediata y necesaria con el asunto principal, lo cual sustentó el hoy quejoso al tenor de lo preceptuado en el propio numeral 401 antes mencionado, por cuanto consideró que las condiciones y motivos por los que firmó el convenio de su divorcio con Joyce Dianela Ávila Vargas había cambiado. Por lo que no resulta fundada la determinación de la juez responsable de desechar el incidente, pues aun cuando está facultada de conformidad con el artículo 440 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, para rechazar de plano las cuestiones incidentales, esto únicamente sería para el caso de que las mismas fueren completamente ajenas al asunto principal, lo que en el presente asunto no acontece. Y sin que tal negativa, encuentre justificación en la afirmación que hace la autoridad judicial responsable, consistente en que no era posible admitir el incidente propuesto, porque en los incidentes sólo son admisibles las pruebas documental y presuncional; ya que ello no impide entrar al estudio de la incidencia planteada por parte de la autoridad judicial, máxime que como la propia autoridad señala, existe una excepción para la admisión de pruebas, que es cuando el propio juez, para mejor proveer, estime necesario el desahogo de algún otro medio de convicción. De manera que de ser necesario se podrían admitir y desahogar otros medios de prueba, de resultar estrictamente necesario para salvaguardar el interes superior de los menores, lo cual incluso establece la ley como una posibilidad-obligación de los jueces, el recabar puebas de oficio en caso de afectación de menores, para mejor proveer. En las narradas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por Juan Avelino Dzib Chan, por propio derecho y en representación de sus hijas menores de edad identificadas por sus iniciales Y.A.D.A. y M.S.D.A., en contra del acto que reclamó del Juez Primero de Oralidad Familiar, turno vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Lo anterior, para el efecto de que la autoridad responsable: I. Deje insubsistente el acto que se le reclama, resolución de once de noviembre de dos mil diecinueve, mediante el cual no admitió el incidente de modificación de sentencia en cuanto al régimen de convivencia, dentro del expediente 633/2014, de su índice; II. Dicte otra, en la que de acuerdo a las consideraciones expuestas en la presente sentencia, proceda a la tramitación del incidente planteado. SEXTA. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVA. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Juan Avelino Dzib Chan, por propio derecho y en representación de sus hijas menores de edad identificadas por sus iniciales Y.A.D.A. y M.S.D.A., en contra del acto que reclamó del Juez Primero de Oralidad Familiar, turno vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; por las razones y para el efecto precisado en la consideración quinta de la presente sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración sexta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración séptima de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado del presente asunto, se acuerda: agréguese a estos autos el escrito de cuenta signado por Willian Leonel Cachón Rosales, representante especial de las quejosas menores de edad Y.A.D.A. y M.S.D.A.. Ahora bien, en atención a su contenido y toda vez que en el mismo solicita que se sirva cumplir lo ordenado mediante proveído de veintinueve de marzo último, respecto a su solicitud para que se le autorice el acceso al expediente electrónico con el nombre de usuario: "ASESORIAYUC01AJ", ya que hasta la presente fecha no ha podido acceder al mismo. En consecuencia, proceda la secretaría a efectuar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y cúmplase.
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