Juan Bautista Alvarez

Expediente 674/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
674/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
02/05/2022

Partes del expediente

  • Juan Bautista Alvarez

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el ocho de abril de dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, que en su punto resolutivo primero sobreseyó en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno relativo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    ELECT Mérida, Yucatán, ocho de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos incidentales, se acuerda: agréguese para los efectos legales a que haya lugar, el escrito signado por la quejosa IRENE ZARIFFE ORTEGA SAIDÉN, mediante el cual solicita la devolución del billete de depósito número N-910901, expedido por la Sucursal del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, de esta ciudad, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), que exhibió como requisito para que continuara surtiendo efectos la suspensión provisional que se le concedió en este incidente. En consecuencia, no existiendo impedimento legal alguno para ello, devuélvase el citado documento debidamente endosado a favor del quejoso y entréguese por el conducto que señala. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el licenciado Raúl Ramos Berzunza, Secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo número 179/2022-II-B, promovido por IVÁN ALBERTO DEY JUÁREZ, en contra del acto que reclama de la Juez del Juzgado de Control Especializado en Justicia para Adolescentes del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este órgano de control constitucional, compareció IVÁN ALBERTO DEY JUÁREZ, a solicitar el amparo y protección de la justicia federal en contra de la Juez del Juzgado de Control Especializado en Justicia para Adolescentes del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de demanda. Por acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada con el número 179/2022-II-B; se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se pidió informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene los actos reclamados, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que el quejoso acude a esta instancia constitucional a reclamar de la Juez del Juzgado de Control Especializado en Justicia para Adolescentes del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, lo siguiente: El auto de vinculación a proceso de fecha treinta de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 53/2021, por el delito de pornografía infantil. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama a la Juez del Juzgado de Control Especializado en Justicia para Adolescentes del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que adjuntó al mismo. CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni opera alguna que debiera hacerse valer de oficio; por tanto, al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia, las consideraciones y razones por las que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la ley de la materia, es evidente que no hay obligación del Juzgador de amparo de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de inejercitabilidad que hipotéticamente pueden concurrir en un juicio de esta índole; de ahí que se estime legal analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 22/91, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." En consecuencia a lo anterior, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su demanda de amparo, los que se tienen aquí por reproducidos íntegramente, como si se insertaran a la letra, en obvio de innecesarias repeticiones, lo que se efectúa con apoyo en la jurisprudencia 2a./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de la Litis Constitucional. Son infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, sin que en el caso haya necesidad de suplir la deficiencia de la queja, en términos del ordinal 79, fracción III, inciso a, de la Ley de Amparo, por lo que deberá negarse la protección constitucional solicitada. Como ya se señaló, el quejoso se duele del auto de vinculación a proceso que le fue dictado por la Juez responsable, por el delito de pornografía infantil (2). En ese tenor, tenemos que el quejoso aduce que se vulneraron en su perjuicio los numerales 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto reclamado carece de una debida fundamentación y motivación, además de que no se justificaron los requisitos para el auto vinculación a proceso, ya que no quedó comprobado el hecho que se le atribuye. En este contexto, la base normativa del auto de vinculación a proceso, se contempla en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin pasar por alto el derecho a la debida fundamentación y motivación de dicha resolución, que se encuentra tutelada en el artículo 16 de la misma Ley Suprema. Dichos preceptos establecen: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...". "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Ahora bien, la figura del auto de vinculación a proceso dentro del sistema de justicia penal acusatorio, encuentra estructura en los artículos 316 y 317, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los que se prevén los requisitos que debe contener, pues disponen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". Del análisis en conjunto de las transcritas disposiciones, respecto al auto de vinculación a proceso, se desprende que los elementos de forma y de fondo que debe contener, son los siguientes: A) Elementos de forma: Que se haya formulado imputación, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que se hace del conocimiento del imputado la investigación que se desarrolla en su contra, respecto de uno o más hechos determinados que se consideran delitos, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención y el nombre de la persona que lo señala como responsable. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. Que se dicte por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, aún y cuando el Juez pueda otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Que se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución de tales hechos. B) Elementos de fondo: Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Que no se encuentre demostrada, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Apoya lo anterior por analogía, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." En ese sentido, de una interpretación sistemática y armónica del texto previsto en los artículos 16 y 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, sólo debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, esto es, la existencia de un hecho delictivo y la probabilidad de que el inculpado lo hubiera cometido o participado en su comisión, dado que tal determinación, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. En conclusión, para emitir el auto de vinculación a proceso, sólo es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, con base en los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, los cuales el juez no tiene en su poder al momento de resolver dentro del término constitucional, sino que atiende a la exposición que de ellos realiza el Agente del Ministerio Público, para sostener la imputación, o la defensa, en uso del derecho de réplica. Una vez analizados los motivos de inconformidad que vierte la solicitante del amparo, y confrontados con las consideraciones de la Juez responsable para emitir el acto reclamado, se concluye, como ya se dijo, que los mismos resultan infundados. Ello es así, pues los requisitos constitucionales que se exigen para dictar un auto de vinculación a proceso, que se recogen y a su vez, complementan los aludidos ordinales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentran satisfechos a cabalidad, tal y como a continuación se verá. En primer lugar, tal y como lo determinó la Juez responsable, previo al dictado de la resolución reclamada, del DVD remitido se advierte, que el veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, se formuló imputación en contra del aquí quejoso; luego, ese mismo día se le dio la oportunidad de declarar, reservándose, en ese momento, su derecho a hacerlo (316, fracciones I y II, del Código Nacional de Procedimientos Penales); así también, se advierte que el auto de vinculación reclamado contiene los datos personales del imputado, aquí quejoso, (317, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales). Los restantes requisitos, se analizan de la siguiente manera: En efecto, los datos de prueba relacionados por el Fiscal de Litigio Especializado en Justicia para Adolescentes, con residencia en la ciudad de Mérida, Yucatán, permiten establecer tal como lo consideró la Juez responsable, que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe también, la probabilidad de que el imputado lo cometió; de ahí que, el auto de vinculación a proceso de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, sea apegado a derecho, y por ende, no vulnera algún derecho fundamental en perjuicio del quejoso. Esto es, debido a que los datos de prueba enunciados por la fiscalía estatal, permiten establecer que entre los meses de octubre y noviembre de dos mil dieciocho, el entonces adolescente Iván Alberto Dey Juárez, indujo y convenció a la entonces menor de identidad reservada M.G.S.Z., con quien mantenía una relación de noviazgo, a que se dejara grabar mientras sostenían relaciones sexuales, por lo que al obtener su consentimiento el imputado graba con el celular dos videos en los que sostenían actos sexuales con la menor; que en uno de esos videos se aprecia el rostro de la menor practicando sexo oral, mientras que en el otro se aprecia a la menor de espaldas, teniendo relaciones sexuales; videos los cuales fueron grabados, uno en el domicilio de la víctima, en concreto en su habitación, y el otro en una casa abandonada que pertenecía a la familia del imputado. Que con fecha tres de mayo de dos ml diecinueve, la menor de identidad reservada M.G.S.Z., se enteró que el imputado había difundido los videos íntimos a través de la aplicación WhatsApp, el cual llegó a varios alumnos de la escuela donde ambos estudiaban, quienes observaron el contenido, lo que le causó afectaciones. Hechos que materializan el delito de pornografía infantil (2), previsto y sancionado, por el artículo 211, primer párrafo, del Código Penal del Estado. En efecto, para llegar a esa conclusión, la Juez responsable tomó en consideración los datos de prueba que fueron detallados por la fiscalía estatal especializada, y que en el caso concreto resultan: a) Denuncia de tres de mayo de dos mil diecinueve, interpuesta por Carmen Zacarías Chan, madre de la menor de identidad reservada M.G.S.Z., en la que manifestó que ese día se encontraba laborando cuando recibió una llamada del personal de la escuela Carlos Castillo Peraza conocida como Preparatoria número 8, ubicada en Francisco de Montejo, en esta ciudad, que es donde estudia su hija, en la que le indicaron que debía apersonarse; que terminó su trabajo y acudió a la escuela en donde fue atendida por la profesora Edith, la cual le indicó que su hija había recurrido a ella en virtud de que estaba circulando un video donde salía la menor teniendo relaciones sexuales con su ex novio Iván Alberto Dey Juárez, diciéndole que el martes hablaría con los muchachos que tenían el video ya que lo que la menor mencionaba eran rumores; por tal motivo decidió esperar, pero que en la tarde de ese día su hija se enteró que el video ya lo tenían los alumnos del turno de la tarde y al pedirlo se lo enviaron al celular de su hija, por lo que al ver el video donde salía su hija y sabiendo que ya lo tenían los demás alumnos de la escuela, por lo que procedía a interponer la denuncia ya que el único que lo podía haber enviado era el ex novio de su hija de nombre Iván Alberto Dey Juárez, de diecisiete años de edad. b) Entrevista de uno de julio de dos mil diecinueve, a la menor de identidad reservada M.G.S.Z., en la que señaló que el día tres de mayo de dos mil diecinueve se encontraba en clase y al salir al baño se encontró con Hanna Valle, con quien platicó, y en esa plática le comentó de los videos que estaban circulando los alumnos de la Preparatoria número 8, y que en uno de los videos aparecía su cara, y que en el otro no, a lo que le contestó que no sabía, pero supuso que eran los videos que grabó el adolescente Iván Alberto Dey Juárez, mientras tenían relaciones sexuales cuando eran novios; indicó que sostuvo una relación de noviazgo con el citado joven de marzo de dos mil dieciocho a febrero de dos mil diecinueve, y que Iván le insistía en grabar videos mientras tenía relaciones, pero que ella no estaba de acuerdo, pero que después de tanta insistencia se dejó grabar en dos ocasiones. Que como era su novio le tuvo confianza, pero terminaron la relación; que al hacerlo no le dijo nada de los videos ya que supuso que los borraría, sin imaginar que los compartiría; que luego de hablar con Hanna le habló a Iván, pero contestó la mamá de éste, la cual le dijo que dejara de molestar a su hijo, por lo que le dijo lo sucedido a lo que la mamá de Iván le dijo que vería que se podía hacer, por lo que colgó y se puso a llorar; que se dirigió con la orientadora y ésta le llamó a la directora, y posteriormente llegó su mamá a la escuela; que le pidió a su amigo Nail los videos y se los mandó, reconociéndolos como los que había grabado Iván. c) Comparecencia a cargo de Carmen Zacarías Chan, madre de la menor de identidad reservada M.G.S.Z., a fin de poner a disposición de la autoridad investigadora una memoria USB que contenía los videos en los que aparecía su hija teniendo relaciones sexuales. d) Dictamen psicológico rendido mediante oficio 620/2020, de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, rendido por la psicóloga Mildre Guadalupe Kú Dzib, en el que realizó el protocolo de entrevista la menor de identidad reservada M.G.S.Z., se entrevistó a la madre de menor M.G.S.Z., y se recomendó tratamiento psicoterapéutico, ya que la menor presentaba afectaciones psicológicas. e) Entrevista a María Fernanda Santos Cárdenas, en la que refirió conocer a la menor M.G.S.Z. por conducto de su hermana, ya que participaban juntas en el grupo de Scouts, y además porque coincidieron en la Preparatoria número 8, pero en turnos diferentes; que sin recordar el día, mientras estaba en clase su amiga María Andrea Carvajal Valera, le enseñó dos videos en donde en unos de ellos estaba la menor M.G.S.Z., teniendo relaciones sexuales con Iván, a quien conocía de vista, y le dijo que los videos estaban circulando en un chat de WhatsApp de alumnos de la indicada escuela; que se lo comento a M.G.S.Z. y ésta le dijo que ya sabía y que tomaría cartas en el asunto; que notó muchos cambios en la personalidad de la menor. f) Oficio 961/2021 de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, signado por la perito fotógrafa Judith Ágata Durán Aguilar, en relación a la solicitud de reproducción y captura de secuencia de imágenes contenidos en el indicio uno (usb que se ordenó su respaldo por triplicado en DVDR), del cual se observó en uno de los videos el rostro de la menor. g) Entrevista a Hanna Valle Domínguez, en la que señaló que conocía a la menor M.G.S.Z., ya que estudiaban en la misma escuela preparatoria, y que el tres de mayo de dos mil diecinueve, su amigo Mauricio Franco le mostró dos videos y en uno de ellos reconoció a M.G.S.Z., pues aparecía haciendo sexo oral; que los videos estaban circulando en un grupo de WhatsApp de alumnos de la escuela; que le dijo a M.G.S.Z., sobre los videos. h) Entrevista a Francisco Damián Nail Abán, en la que señaló que conocía a la menor M.G.S.Z., ya que estudiaban en la misma escuela y que salieron durante un tiempo; que en abril de dos mil diecinueve, Joel Novelo le enseñó dos videos en donde en uno de ellos aparecía el rostro de M.G.S.Z., que no quiso tocar el tema con ella, ya que estaban saliendo, pero que el tres de mayo de dos mil diecinueve, mientras platicaban por mensajes, le dijo de los videos, a lo que le contestó que ya sabía pero que no quiso decirle para no incomodarla; que la menor le pidió los videos, por lo que le dijo a Joel Novelo que se los mandara, y una vez que los tuvo se los mandó a M.G.S.Z., y luego los borró. i) Comparecencia a cargo de Reyna Josefa Pool Aguilar, en la que manifestó ser Subdirectora Académica Nivel Medio Superior de la Preparatoria Estatal Número 8, Carlos Castillo Peraza, en Mérida, y que el tres de mayo de dos mil diecinueve le habló Edith Marín, para que acudiera al departamento de orientación, que estaba la menor M.G.S.Z., y que llamaron a la madre de la estudiante, y mientras ésta llegaba, le contaron lo sucedido en relación a los videos que circulaban entre alumnos de la escuela; que hablaron con la mamá del alumno acusado y levantaron una relatoría de lo sucedido para constancia. j) Entrevista a Edith Margarita Marín Dzul, quien dijo ser Orientadora comisionada a nivel medio superior en la Preparatoria Estatal Número 8, Carlos Castillo Peraza, en Mérida, y que el día tres de mayo de dos mil diecinueve, había acudido a ella la menor M.G.S.Z., y le contó lo sucedido; que por tal motivo llamó a la directora y a la madre de la menor, y le contaron lo sucedido, y levantaron una relatoría; que había quedado en hablar con los alumnos, pero como el día siete de mayo del mismo año se apersonó la madre de la menor a decirles que había interpuesto la denuncia, ya no hablaron con ellos; asimismo indicó que ya le habían informado lo sucedido a la madre del adolescente involucrado. k) Informe psicológico realizado por Ana Lilia Ruiz, de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, remitido mediante oficio de diez de junio de dos mil veinte, en relación al informe de terapias de la menor que requirió ser canalizada a hospital psiquiátrico del Estado. l) Entrevista a Joel Fernando Novelo Fuentes, en la que señaló que no tuvo los videos, pero que sí sabía que habían circulado dos videos donde aparecía la menor M.G.S.Z. m) Acta de entrevista a Mauricio Estuardo Franco Infante, en el que señaló que conocía a M.G.S.Z., y que el tres de mayo de dos mil diecinueve, le llegó un mensaje de WhatsApp en el que le enviaron dos videos, y en uno de ellos reconoció a la indicada menor; que le dijo a Hanna Valle para que hablara con M.G.S.Z. y le comentara lo que estaba sucediendo, y luego supo que Hanna habló con ella. n) Entrevista a Kermith Eduardo Piña Zapata, en la que refirió conocer a M.G.S.Z., y que a principios de dos mi diecinueve, le mandaron al WhatsApp dos videos y que reconoció a la indicada menor en unos de ellos, pues aparecía practicando sexo oral; que se lo compartió a Joel y luego los borró. ñ) Diligencia de treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Correspondiente a la diligencia de reconocimiento de los videos por parte de la víctima, en donde indicó que en unos de los videos, aparecía practicando sexo oral a Iván Alberto Dey Juárez, y el segundo fue en su habitación mientras tenía relaciones sexuales con el indicado adolescente, y que éste fue quien grabó los videos. o) Informe fotográfico del perito adscrito a la Fiscalía del Estado, en relación a la diligencia de reconocimiento de contenido de los videos. p) Comparecencia M.G.S.Z., de fecha tres de noviembre de dos mil veintiuno, en relación a los lugares donde fueron grabados los videos donde aparece teniendo relaciones sexuales con el señalado imputado. q) Diligencia de reconocimiento del lugar donde fueron grabados los indicados videos. r) Acta de nacimiento de la víctima M.G.S.Z., con número de folio 2827419, con fecha de nacimiento cuatro de agosto de dos mil dos, expedida por el Director del Registro Civil del Estado en fecha trece de septiembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, los datos de prueba relatados por la fiscal estatal, entendidos como la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, de conformidad con el ordinal 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez responsable correctamente los consideró idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia de los hechos delictivos y la probable participación del imputado, a los cuales les asignó de manera libre y lógica el valor correspondiente, lo cual adecuadamente justificó, explicando el porqué de su valoración, en términos del artículo 265 de la codificación nacional en cita. Así, con tales datos de prueba relacionados, se acreditan los hechos que la ley señala como ilícito, esto es, pornografía infantil (2), previsto por el artículo 211, primer párrafo, del Código Penal del Estado. Pues en el caso particular se genera la convicción de que probablemente Iván Alberto Dey Juárez, fue la persona que indujo y convenció a la entonces menor de identidad reservada M.G.S.Z., con quien mantenía una relación de noviazgo, que se dejara grabar mientras sostenían relaciones sexuales, por lo que al obtener su consentimiento el imputado graba con el celular dos videos en los que sostenía actos sexuales con la menor; que en uno de esos videos se aprecia el rostro de la menor practicando sexo oral, mientras que en el otro se aprecia a la menor de espaldas, teniendo relaciones sexuales; videos los cuales fueron grabados, uno en el domicilio de la víctima, en concreto en su habitación, y el otro en una casa pertenecía a la familia del imputado. Videos que tuvo conocimiento la menor el tres de mayo de dos ml diecinueve, que fueron difundidos probablemente por el imputado a través de la aplicación WhatsApp, el cual llegó a varios alumnos de la escuela donde ambos estudiaban, quienes observaron el contenido, lo que le causó diversas afectaciones. Los anteriores datos de prueba, tal y como se adelantó, fueron correctamente analizados por la Juez responsable en concordancia con el artículo 20, apartado A, fracciones II y X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que además pone de manifiesto que no se encuentra demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación en favor del imputado, aquí quejoso. En efecto, contrario a la apreciación del quejoso, en el caso existe la probabilidad (entendiéndose que no se requiere prueba plena de demostración), de que el imputado realizó los hechos, pues como se apuntó, existe el señalamiento de la víctima de identidad reservada, la cual señaló que esos videos fueron grabados por quien en ese momento era su novio, es decir, Iván Alberto Dey Juárez. A lo que se suma lo señalado por el personal académico de la escuela Preparatoria Estatal Número 8, Carlos Castillo Peraza, esto es, Reyna Josefa Pool Aguilar y Edith Margarita Marín Dzul, Subdirectora Académica Nivel Medio Superior y Orientadora comisionada a Nivel Medio Superior, las cuales señalaron la menor M.G.S.Z., les informó lo sucedido diciéndoles que el único que tenía esos videos era Iván Alberto Dey Juárez, pues él los había grabado. Lo que se concatena con la solicitud de reproducción y captura de secuencia de imágenes contenidos en el indicio uno (usb que se ordenó su respaldo por triplicado en DVDR), del cual se observó en uno de los videos el rostro de la menor mientras realizaba actos sexuales. También sirve de apoyo a lo anterior, la diligencia de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, correspondiente al reconocimiento de los videos por parte de la víctima, en donde indicó que en unos de los videos, aparecía practicando sexo oral a Iván Alberto Dey Juárez, y el segundo fue en su habitación mientras tenía relaciones sexuales con el indicado adolescente, y que éste fue quien grabó los videos. Por otra parte, no debe perderse de vista que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, no se necesita de prueba plena, sino única y exclusivamente que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió, tal y como sucede en la especie, ya que el estándar probatorio es mucho menor que para el dictado de un auto de formal prisión, pues recuérdese que sólo se necesita "la probabilidad" de que el imputado cometió el delito, en la medida que el auto de vinculación a proceso sólo fija el hecho o hechos materia de la investigación y el eventual juicio, en términos del artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, la Juez responsable acertadamente estableció el grado de razonabilidad, para concluir que sí se justifican los hechos ilícitos y la probabilidad de que el imputado lo cometió, así como tomó en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (se citaron hechos que pueden tipificar el delito e información que se puede constituir como datos y no pruebas), también la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), realizada por la autoridad responsable, lo cual es acorde con los datos de prueba relacionados por la fiscalía estatal, por lo que la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados en la audiencia), también fue abordada correctamente por la Juez de referencia. Ahora bien, en síntesis, en sus conceptos de violación el quejoso alega que la resolución reclamada deviene violatoria de derechos fundamentales, ya que los testigos de la fiscalía no hacen señalamiento directo en su contra, pues ninguno de ellos logra identificarlo como la persona que grabó los videos o que los envió, así como tampoco que apareciera en los mismos, resultando insuficiente el dicho de la víctima, por ser un hecho aislado. Lo anterior es infundado, ya que los datos de prueba aportados en la carpeta de investigación, se ponen de manifiesto las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en la que se suscitaron los hechos, pues de los mismos se obtiene que probablemente Iván Alberto Dey Juárez, fue la persona que indujo y convenció a la entonces menor de identidad reservada M.G.S.Z., con quien mantuvo una relación de noviazgo de marzo de dos mil dieciocho a febrero de dos mil diecinueve, que se dejara grabar mientras sostenían relaciones sexuales, por lo que al obtener su consentimiento el imputado graba con el celular dos videos en los que sostenía actos sexuales con la menor; que en uno de esos videos se aprecia el rostro de la menor practicando sexo oral, mientras que en el otro se aprecia a la menor de espaldas, teniendo relaciones sexuales; videos los cuales fueron grabados, uno en el domicilio de la víctima, en concreto en su habitación, y el otro en una casa que pertenecía a la familia del imputado. Videos que tuvo conocimiento la menor el tres de mayo de dos mil diecinueve, que habían sido difundidos probablemente por el imputado a través de la aplicación WhatsApp entre alumnos de la escuela a la que ambos acudían, quienes observaron el contenido, lo que le causó diversas afectaciones psicológicas a la menor. En otro diverso concepto de violación, el quejoso alega que la responsable valoró de manera incorrecta la entrevista realizada a la menor, al determinar que de la misma se desprendía la supuesta inducción del imputado para con la víctima para llevar el acto sexual y su grabación; sin embargo considera que esa "insistencia" es meramente subjetiva, ya que no hay dato de prueba alguna que sea suficiente para determinar que él llevó a cabo esa conducta. Continúa señalando que carece de sustento la resolución de vinculación a proceso que se dictó en su contra por el delito de pornografía infantil, ya que del dicho de los testigos no se advierte que él hubiese participado en los videos o que lo hubiese grabado. Señala de igual manera, que no se niega la existencia de los videos y que en los mismos aparezca la menor denunciante, pero los datos de prueba aportados son mínimos, ya que se tratan de referencias subjetivas que son insuficientes para establecer que se cometió el delito que se le imputa. También señala el quejoso que la responsable pasó por alto que al día de hoy existe la obligación por parte del estado, de actuar con equidad tanto del hombre como de mujer, ya que en su determinación resolvió considerando al quejoso que por ser varón, tiene privilegios que no goza la mujer, lo que es totalmente fuera de lugar, ya que no debió pasar por alto que el acto (sin aceptarlo), fue consensuado. Lo anterior deviene infundado, ya que contrario a lo que asevera el quejoso, los datos de prueba aportados por la fiscalía, permiten establecer, al menos de manera probable, que el imputado fue la persona que grabó los videos sosteniendo relaciones con la menor, pues además del dicho de ésta, debe considerarse lo manifestado por la testigo María Fernanda Santos Cárdenas, en la que refirió conocer a la menor M.G.S.Z. y mientras estaba en clase de deportes su amiga María Andrea Carvajal Valera, le enseñó dos videos en donde en uno de ellos estaba la menor M.G.S.Z., teniendo relaciones sexuales con Iván, a quien conocía de vista. Es decir, una de las testigos señaló al imputado como la persona que aparecía en esos videos sosteniendo relaciones sexuales con la menor. De ahí que los datos de prueba relacionados al momento de la formulación de la imputación, sean suficientes para el dictado del auto de vinculación a proceso, pues no debe perderse de vista que para el dictado de éste no se necesita de prueba plena, es decir, no se requiere realizar un estudio pormenorizado de cada uno de los elementos constitutivos del delito de que se trate, en el caso, el delito de pornografía infantil, sino única y exclusivamente se requiere la existencia de un hecho que la ley señala como delito, y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, el criterio establecido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, del siguiente rubro y texto: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. PARA VINCULAR A PROCESO AL IMPUTADO, CORRESPONDE AL MINISTERIO PÚBLICO LA CARGA DE ESTABLECER EL HECHO QUE LA LEY SEÑALA COMO DELITO Y LA PROBABILIDAD DE QUE AQUÉL LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN, AUN CUANDO SU RELATO DEFENSIVO SEA IMPERFECTO Y CAREZCA DE RESPALDO PROBATORIO PLENO. Conforme a los artículos 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para vincular a proceso a un imputado no se requieren pruebas plenas que demuestren más allá de toda duda razonable la existencia de un hecho que la ley señale como delito, así como que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión, como sí sería necesario al dictar la sentencia definitiva en la etapa de juicio, según lo prevé el artículo 402, párrafo tercero, del código procesal citado. Sin embargo, ello no revierte la carga probatoria que corresponde a la parte acusadora, conforme al artículo 20, apartado A, fracciones V y X, de la Constitución Federal, aun cuando el relato defensivo del imputado sea imperfecto y carezca de respaldo probatorio pleno; esto es, en el sistema procesal penal acusatorio y oral, corresponde al Ministerio Público la carga de establecer, a título de probable al solicitar la vinculación a proceso, o de demostrar a título pleno al formular la acusación, los aspectos inherentes al hecho delictivo, así como a la participación de la persona implicada en su comisión. Mientras que si el imputado decide ejercer su derecho constitucional a declarar, no tiene por qué probar a plenitud aspecto alguno. Exigir lo contrario, esto es, que el imputado al declarar emita un relato perfecto, que demuestre a plenitud su inocencia, implicaría tanto como soslayar el principio de presunción de inocencia, tutelado en el artículo 20, apartado B, fracción I, constitucional y revertir ilegalmente la carga de la prueba que, se reitera, corresponde al representante social." Asimismo señala que la resolución reclamada vulnera el principio de presunción de inocencia, ya que no existen datos de prueba suficientes con los que se acredite su probable responsabilidad en los hechos atribuidos. También aduce que el testimonio de la menor afectada, al ser el único que lo colocó como la persona que grabó los videos, debía cumplir diversos requisitos fundamentales para actualizar el estatus de prueba indiciaria. Señala que el hecho de que la menor sufriera de una afectación a su salud, resulta irrelevante para el delito, ya que el daño tuvo su origen no en la grabación de los videos, sino en que fueron compartidos entre los compañeros de su escuela, sin que exista algún señalamiento de que él los hubiese divulgado. Que se le señala como la persona que grabó los videos y que no los borró, sin que se hubiese podido establecer de los datos de prueba, que él hubiese participado en los mismos. Dichos motivos de inconformidad resulta infundados. Lo anterior, porque debe indicarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, 16, 19, 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén los principios constitucionales de debido proceso legal y el acusatorio, resguardan en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, que implica que el gobernado no está obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia, puesto que el sistema previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al disponer expresamente que es al Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad del imputado. Tales razonamientos se contienen en la tesis P. XXXV/2002, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero, y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprenden, por una parte, el principio del debido proceso legal que implica que al inculpado se le reconozca el derecho a su libertad, y que el Estado sólo podrá privarlo del mismo cuando, existiendo suficientes elementos incriminatorios, y seguido un proceso penal en su contra en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, las garantías de audiencia y la de ofrecer pruebas para desvirtuar la imputación correspondiente, el Juez pronuncie sentencia definitiva declarándolo culpable; y por otra, el principio acusatorio, mediante el cual corresponde al Ministerio Público la función persecutoria de los delitos y la obligación (carga) de buscar y presentar las pruebas que acrediten la existencia de éstos, tal y como se desprende de lo dispuesto en el artículo 19, párrafo primero, particularmente cuando previene que el auto de formal prisión deberá expresar "los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado"; en el artículo 21, al disponer que "la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público"; así como en el artículo 102, al disponer que corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución de todos los delitos del orden federal, correspondiéndole "buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos". En ese tenor, debe estimarse que los principios constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio resguardan en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, dando lugar a que el gobernado no esté obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia, puesto que el sistema previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al disponer expresamente que es al Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad del imputado." En mérito de lo anterior, se colige que el principio de presunción de inocencia en materia penal se constituye por dos exigencias: a) El supuesto fundamental de que el acusado no sea considerado culpable hasta que así se declare en sentencia condenatoria; lo que excluye, desde luego, la presunción inversa de culpabilidad durante el desarrollo del proceso; y, b) La acusación debe lograr el convencimiento del juzgador sobre la realidad de los hechos que afirma como subsumibles en la prevención normativa y la atribución al sujeto, lo que determina necesariamente la prohibición de inversión de la carga de la prueba. Cabe señalar que el primer aspecto representa más que una simple presunción legal a favor del inculpado, pues al guardar relación estrecha con el derecho de audiencia, su respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio que se siga, se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, para garantizar al acusado la oportunidad de defensa previa al acto privativo concreto. Por su parte, el segundo aspecto se traduce en una regla en materia probatoria, conforme a la cual la prueba completa de la responsabilidad penal del inculpado debe ser suministrada por el órgano de acusación, imponiéndose la absolución si ésta no queda suficientemente demostrada, lo que implica, además, que deben respetarse los lineamientos generales que rigen para la prueba en el proceso penal y su correcta justipreciación, pues los elementos de convicción que se consideren para fundar una sentencia de condena, deben tener precisamente el carácter de pruebas y haber sido obtenidos de manera lícita. Como corolario de lo anterior, se tiene que la presunción de inocencia se constituye en el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que su responsabilidad penal haya quedado demostrada plenamente, a través de una actividad probatoria de cargo, obtenida de manera lícita, conforme a las correspondientes reglas procesales y que sea capaz de enervar al propio principio. Bajo esa perspectiva, dado que en la resolución reclamada se consideró que la juez de control estuvo acertada en considerar que los datos de prueba aportados por el Ministerio Público son aptos y suficientes para tener por acreditados el hecho que la ley señala como delito, así como la probable intervención del ahora quejoso en su comisión. Entonces, no existe potencial repercusión en detrimento del principio de presunción de inocencia, pues al justificarse los extremos exigidos constitucionalmente para dictar un auto de vinculación a proceso, resulta evidente que para efectos de la etapa procesal de que se trata, resulta inaplicable la argumentación relativa al aludido principio de presunción de inocencia, pues éste no se transgrede de forma alguna, al menos no en tal supuesto, ya que la presunción de inocencia quedó desvirtuada con la ponderación de los datos de prueba que acreditaron la existencia del delito en estudio y la probable participación del quejoso en su comisión. Máxime que como se expuso en los párrafos que anteceden esa presunción de inocencia no se venció con la sola entrevista de la víctima ya que ésta no se encontraba aislada sino robustecida con los diversos datos de prueba ya analizados y referidos. De ahí lo infundado del concepto de violación en estudio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia II.2o.P. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto establecen: "DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. La circunstancia de que determinados principios como los de debido proceso legal y presunción de inocencia no sólo estén consagrados en la Constitución Federal, sino también en tratados internacionales, no significa que no pueda justificarse una sentencia de condena o que todo acto de autoridad que afecte los intereses del procesado, como su libertad, trastoquen dichos principios. Por el contrario, lo que en ellos se establece es la condicionante de que dicha afectación al quejoso, en su caso, se vea justificada por la constatación de haberse observado o cumplido los requisitos que la propia ley contempla para que esa afectación quede enmarcada dentro de la legalidad en aras del interés público que es inherente al proceso penal y, en general, a la persecución de los delitos. Luego, si se obtiene que el sentido del fallo se justifica por haberse cumplido los requisitos legales exigidos por el caso y con base en la normatividad aplicable, resulta obvio que no se transgreden los principios aludidos y consagrados en la Constitución ni, por ende, los posibles tratados que igualmente los reconocieran." Por último, reclama el quejoso que la responsable vulneró el principio de oralidad que rige al sistema penal, ya que la mayor parte del tiempo dio lectura a la resolución combatida, transgrediendo con ello el debido proceso. Lo anterior resulta de igual manera infundado, ya que si bien es cierto que la Juez se apoyó de la lectura para dictar la resolución que ahora se combate, lo fue sólo para hacer referencia a los datos de prueba que fueron enumerados y a la legislación que aplicó. Lo anterior, per se, no conlleva una lesión que afecte los derechos sustantivos del peticionario, pues no se aprecia que ello hubiera viciado o impedido la comunicación de las partes con el juzgador o que no se hubiesen enterado de lo que se resolvió en ese momento. Pues, a fin de cuentas, las partes escucharon la determinación adoptada por la Juez. Ahora, si bien es cierto que dicha situación podría traducirse en una inobservancia a las normas procesales que disponen que las actuaciones procesales deben desahogarse oralmente, como lo es el dispositivo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual señala que las audiencias se desarrollarán de esa forma, y que el juzgador debe propiciar que las partes se abstengan de leer documentos completos o apuntes. No obstante, la inobservancia de la regla de oralidad no debe ser reparada en la vía de amparo, pues al no impactar en los derechos sustantivos de los imputados, aquí quejosos, se estima que la eventual inobservancia de las reglas de oralidad en el nuevo sistema de justicia penal, carece de una trascendencia tal, que amerite ser subsanada por un órgano de control constitucional. De ahí lo infundado del motivo de inconformidad. Por todo lo anterior, la autoridad responsable respetó los extremos exigidos por el numeral 19 de la Constitución Federal, para la emisión del auto de vinculación a proceso reclamado en esta vía constitucional; de ahí que son infundados los conceptos de violación que respecto al auto de vinculación a proceso formuló el quejoso. Por tanto, al no advertirse motivo alguno favorable en la queja que deba suplirse de oficio, lo procedente es negar al quejoso IVÁN ALBERTO DEY JUÁREZ el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 80, 192 y 193 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a IVÁN ALBERTO DEY JUÁREZ, en contra del acto que reclamó de la Juez del Juzgado de Control Especializado en Justicia para Adolescentes del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello.

  4. Principal

    VISTO, para resolver los autos del INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, promovido por ********************, autorizado en términos amplios de la parte quejosa ********************, en los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1503/2019-I-A; y R E S U E L V E: ÚNICO. Es procedente pero infundado el incidente de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, relativo al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1503/2019-I-A, promovido por ********************, contra el acto reclamado a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México. Notifíquese y regístrese.

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