Juan Armando Bojórquez Flores

Expediente 91/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
91/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
26/05/2021

Partes del expediente

  • Juan Armando Bojórquez Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio 1230/2021 signado por el Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 10197/2021-V-B, así como del anexo consistente en los autos originales del juicio ejecutivo mercantil 1454/2010 de su índice. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan estos autos, se acuerda: toda vez que de una revisión de autos se advierte que por proveído de veintiuno de abril del presente año se ordenó el archivo del presente asunto; al efecto, en virtud de que no existe motivo legal alguno para que continúe en la Secretaría de este Juzgado el anexo consistente en los autos originales del juicio ejecutivo mercantil 1454/2010, que el Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, remitió junto con su informe justificado. En consecuencia, por medio de oficio que al efecto se le gire, devuélvase el anexo de referencia, solicitando a dicha autoridad acuse de recibo del mismo. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el treinta de marzo del presente año, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que en el presente asunto se negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el citado artículo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Vistos, para resolver los autos del presente juicio 91/2021-V-B, promovido por ***, contra los actos que reclama del Juez Segundo de Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; y, ... QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Son por una parte infundados, y por otra, inoperantes los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Ahora bien, es importante destacar que de las constancias remitidas por la responsable al rendir su informe justificado consistentes en el juicio ejecutivo mercantil 1454/2010, las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2°, se desprende en lo que interesa lo siguiente: Que Juan Armando Bojórquez Flores, por conducto de sus endosatarios en procuración, promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de Simón Dzul Palomo, reclamando el pago de diversas prestaciones. Mediante acuerdo de tres de noviembre de dos mil diez, se tuvo por presentado el juicio ejecutivo mercantil el cual quedó registrado con el número 1454/2010, y se ordenó requerir el pago a la parte demandada. Seguido el juicio en sus diversas etapas, el veintidós de septiembre de dos mil once se dictó sentencia definitiva, en la que se declaró procedente el juicio, por lo que se condenó a la parte demandada a pagar a la actora la cantidad de doscientos setenta mil trescientos diecinueve pesos en concepto de suerte principal, la cantidad que resultare en concepto de indemnización a razón del cincuenta por ciento del importe del título de crédito y la cantidad que se determine por concepto de intereses moratorios al tipo legal; así como al pago de gastos y costas. Que el catorce de octubre de dos mil once, dicha sentencia causó ejecutoria. Previamente, en proveído de tres de enero de dos mil trece, se aprobó la planilla presentada por la parte actora. En proveído de treinta y uno de octubre de dos mil trece, se tuvo a la parte actora designando perito para el avalúo de bienes embargados; por otra parte, se previno a la parte demandada a efecto de que dentro del término de tres días nombrara un perito de su parte para tal efecto, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, el juez lo haría en su nombre y rebeldía, quien también nombraría al perito tercero para el caso de discordia. Luego, en proveído de veintiocho de noviembre de dos mil trece, se tuvo por acusada la rebeldía en que incurrió la parte demandada y se declaró perdido su derecho que en tiempo oportuno pudo ejercer; igualmente se designó perito en rebeldía de la parte demandada y perito tercero para el caso de discordia. Escrito de veintisiete de febrero de dos mil veinte, en el que la parte demandada solicitó se decretara la prescripción de la ejecución de la sentencia. En proveído de cinco de marzo de dos mil veinte, atento el estado de autos y como lo solicitó el demandado, se declaró que había operado la prescripción en el asunto. En contra de tal determinación, la parte actora interpuso recurso de revocación. El veintidós de septiembre de dos mil veinte, se emitió la resolución en la que se resolvió que no procedió el recurso interpuesto. Esta resolución constituye el acto reclamado. Ahora bien, en sus conceptos de violación la parte impetrante del amparo aduce que resulta ilegal que la responsable haya decretado de manera oficiosa la prescripción del juicio, ya que el mismo se rige por el principio de justicia rogada. Resulta infundado su argumento, pues tal y como fue asentado en los antecedentes relatados, de las constancias remitidas por la responsable se advierte que la parte demandada, mediante escrito de veintisiete de febrero de dos mil veinte, instó a la responsable decrete la prescripción de la ejecución de la sentencia. Esto es, de dicho escrito se desprende: "En virtud de que en fecha vestidos (sic) de septiembre del año dos mil once, se dictó sentencia definitiva en el autos (sic) presente asunto y que la misma causara ejecutoria en fecha catorce de octubre del año dos mil once, aunado a que desde el mes de noviembre del año dos mil trece, hasta el veintitrés de junio del año dos mil diecisiete, no se dio impulso procesal a la presente demandas (sic) y por el tiempo transcurrido, es que hasta el día de hoy no se ha dado cumplimiento con la ejecución de la misma, es que vengo por medio del presente escrito y con fundamento en el artículo 1079 fracción IV del Código de Comercio en vigor en esa época a solicitar a usted sirva decretar la prescripción de la referida sentencia." Por tanto, resulta inconcuso, que contrario a lo manifestado por la parte quejosa, la responsable no decretó de oficio la prescripción de la ejecución de la sentencia, sino que devino precisamente por la petición de la parte demandada. Por otra parte, también como concepto de violación, la parte peticionaria del amparo argumenta que deviene incorrecto el cómputo efectuado por la responsable, pues no tomó en cuenta que el artículo 1079 fracción IV, del Código de Comercio, establece que son tres años para declarar la prescripción de la ejecución de sentencias, siendo que debe tomar en consideración que los días laborables del calendario del Poder Judicial del Estado el Yucatán, no abarcan trescientos sesenta y cinco días. Señala que la responsable no contabiliza las fechas de acuerdo al artículo 1064 del referido Código de Comercio. Esto es, aduce que contabilizando los días hábiles después del tres de diciembre del año dos mil trece, día en que surtió efectos el acuerdo de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil trece, han transcurrido setecientos ochenta y siete días, faltando trescientos ocho días para cubrir los mil noventa y cinco días para que se dieran los tres años que es el tiempo de la prescripción. El anterior motivo de inconformidad deviene inoperante por novedoso, en la medida de que basta imponerse del escrito relativo al recurso de revocación que interpuso el quejoso ante la responsable para advertir que en ninguna parte de dicho ocurso, alegó como motivos de agravio u oposición de lo que ahora esgrime en su demanda de amparo, por lo que es evidente que si las consideraciones que ahora se exponen a título de conceptos de violación no fueron hechas valer en su oportunidad por el solicitante del amparo en su recurso de revocación, el Juez responsable no se encontró en la legal y fáctica posibilidad de pronunciarse en relación a los mismos, lo que genera como consecuencia directa e inmediata que quien aquí resuelve esté imposibilitado para tomar en cuenta argumentos novedosos. En efecto, la causa de inoperancia que se cita se actualiza dado que la litis ante el Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, quedó integrada únicamente con el punto sobre el que versó su inconformidad, esto es, respecto a que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1047 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 1253 fracción IV del Código de Comercio, le correspondía a la autoridad de oficio nombrar a nuevos peritos. En consecuencia, si al presentar sus agravios en su recurso de revocación no señaló expresamente lo que ahora aduce como conceptos de violación, el Juez responsable no tuvo oportunidad de hacer pronunciamiento respecto de tales argumentos. En ese orden de ideas, si la litis del juicio de amparo indirecto se constituye con el acto reclamado (la resolución de veintidós de septiembre de dos mil veinte, dictada en el recurso de revocación hecho valer por el ahora quejoso) y los conceptos de violación van encaminados a cuestiones que no fueron hechas valer en el recurso, quien hoy resuelve se encuentra impedido para analizar cuestiones que no fueron abordadas previamente por la autoridad responsable en la referida resolución impugnada al no haberse hecho valer oportunamente, es decir, de analizar los argumentos que ahora plantea el quejoso, implicaría estudiar en el juicio de amparo cuestiones que no forman parte (voluntariamente o por omisión del recurrente) del acto reclamado, lo que a su vez implicaría analizar aspectos que no forman parte de la litis constitucional. Norma lo así expuesto, por las razones que la conforman, la jurisprudencia 1a./J. 150/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, en materia común, página cincuenta y dos, con número de registro 176604, que dispone: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida." De la misma manera, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI.2o.A. J/7, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, correspondiente a la novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, abril de dos mil cinco, página mil ciento treinta y siete, con número de registro 178788, cuyo rubro y texto dicen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL. Si en los conceptos de violación se formulan argumentos que no se plantearon ante la Sala Fiscal que dictó la sentencia que constituye el acto reclamado, los mismos son inoperantes, toda vez que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la sentencia combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues como tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas." Así como la Jurisprudencia publicada en la página mil ciento noventa, del Tomo XVIII, Diciembre de dos mil tres, Novena Época, de Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 182704, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES AQUELLOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL. Son inoperantes aquellos conceptos de violación en que se formulan argumentos que no se hicieron valer ante la Sala Fiscal, toda vez que en caso de ocuparse de su estudio se violaría el principio de congruencia establecido en el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, que obliga a pronunciarse sobre todas las cuestiones planteadas por las partes, en razón de que tales manifestaciones como no formaron parte de la litis natural, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas." Así también, la anterior causa de inoperancia encuentra apoyo, en su parte conducente, en la Jurisprudencia 1a./J. 12/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en la página treinta y nueve del tomo XXVII, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de dos mil ocho, con número de registro 169923, que previene: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. TIENEN ESTA CALIDAD SI SE REFIEREN A CUESTIONES NO ADUCIDAS EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE DEJÓ SIN DEFENSA AL APELANTE. En atención a los principios dispositivo, de igualdad de las partes y de congruencia que rigen en el proceso civil, y en virtud de que el objetivo del recurso de apelación es que el tribunal de segunda instancia examine la sentencia recurrida en función de los agravios propuestos por el apelante, resulta inconcuso que aquél no debe modificar o ampliar los agravios en beneficio de éste; de ahí que si en ellos no se invoca una violación cometida por el a quo, se estimará consentida y quedará convalidada, con la consecuente pérdida del derecho a impugnarla posteriormente, a causa de la preclusión, por lo cual la parte quejosa en el juicio de amparo directo no debe impugnar una irregularidad consentida tácitamente con anterioridad. Sin que obste a lo anterior que con el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo se haya ampliado la figura de la suplencia de la queja deficiente al especificar las hipótesis en que opera, pues el juicio de garantías sigue rigiéndose por el principio de estricto derecho contenido en el artículo 2o. de dicha Ley, y no es un instrumento de revisión de las sentencias de primera instancia impugnables mediante algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, en acatamiento del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Por tanto la falta de expresión de agravios imputable al apelante no actualiza el supuesto de la fracción VI del indicado artículo 76 Bis, que permite a los tribunales federales suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, inclusive en la materia civil, excepto cuando se advierta que contra el quejoso o el particular recurrente ha habido una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. En este orden de ideas, se concluye que deben declararse inoperantes los conceptos de violación cuando se refieren a cuestiones no aducidas en los agravios del recurso de apelación si contra el recurrente no existió una violación manifiesta de la ley que lo hubiere dejado sin defensa, sino que voluntariamente o por negligencia no expresó los agravios relativos, cuya circunstancia no es atribuible a la autoridad responsable que pronunció la sentencia de segunda instancia reclamada; de manera que es improcedente examinar los conceptos de violación o conceder el amparo por estimarse que la sentencia que resolvió la apelación es violatoria de garantías sobre una cuestión que de oficio no podía analizar la autoridad responsable, ante la ausencia de agravios" Por otra parte, también como concepto de violación, el impetrante del amparo señala que la responsable no cumplió con el apercibimiento decretado en auto de veintiocho de noviembre de dos mil trece, ya que los peritos no aceptaron el cargo, por lo que debió cumplir con designar a nuevos peritos para así proceder en la continuación del juicio. Es decir, aduce que la responsable debió dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 147 del Código Federal de Procedimientos Civiles, lo cual era impositivo a la autoridad, por lo que la inactividad del juicio derivó de la omisión del juez, por tanto no debió declarar la prescripción. Tal argumento, deviene igualmente inoperante, toda vez que con tales argumentos, la parte quejosa no combatió las consideraciones torales que sirvieron de sustento a la autoridad responsable para emitir la resolución que constituye el acto reclamado, tales como: Que en los juicios ejecutivos se rige por el principio dispositivo y de justicia rogada, por lo cual correspondía a las partes a impulsar el procedimiento, por lo que correspondía a la actora impulsar la ejecución de la sentencia. Que en relación al artículo 147 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que cita, así como el 1253 fracción VI del Código de Comercio, con los cuales pretende justificar el recurrente, aquí quejoso, que corresponde al juzgador de manera oficiosa nombrar nuevos peritos ante la negativa de aceptar el cargo, dichos numerales no resultan aplicables, pues refieren al ofrecimiento y desahogo de la prueba pericial, situación diversa a la del caso. Razonamientos sostenidos por la responsable que con los argumentos planteados en este aspecto por la promovente del amparo, no se advierte que los ataque frontalmente, por lo que los mismos deben quedar firmes con independencia de su legalidad o ilegalidad, al no surtirse en el caso, la suplencia de la deficiencia de la queja. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el tomo XVI, Diciembre de 2002, tesis 1a./J. 81/2002, en la página 61 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 185425, cuyo rubro y texto indican lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sostenida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable." En consecuencia, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, lo procedente es negar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal impetrada. SEXTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6°, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión autorizada de esta resolución al momento de notificarse la presente resolución. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ***, en contra del acto que reclama al Juez Segundo de Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese una reimpresión autorizada de la presente resolución al momento de realizar la notificación de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.

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