Juan Antono Chan May
Expediente 2171/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2171/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Juan Antono Chan May
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1537/2022-IV-B, promovido por ATSA DEL SURESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de su representante JOSBEL FELIPE ANTONIO GARCÍA GÓMEZ; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y remitido el día siguiente a este Juzgado Federal por razón de turno, compareció ATSA DEL SURESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de su representante JOSBEL FELIPE ANTONIO GARCÍA GÓMEZ, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que atribuyó a las autoridades responsables Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, y Directora General de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, residentes en esta ciudad. SEGUNDO. En auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, se previno a la parte quejosa a efecto de que precisara los actos reclamados, requerimiento que cumplió, por lo que en auto de seis de julio de dos mil veintidós, se desechó parcialmente la demanda, por lo que hace al acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno ante su extemporaneidad, y se admitió a trámite por otros actos que se precisarán en la parte conducente de esta sentencia; se solicitó sus informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; se realizó el emplazamiento de la parte tercera interesada; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos General 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis visible en la página 255, del Tribunal Pleno, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se tiene que los actos reclamados consisten en: La parte conducente del acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en el que se le impone una multa veinte unidades de medida de actualización; y, Las consecuencias de dicho auto, que se traducen en la imposición de una multa de veinte Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) así como el requerimiento para que en tres días cumpla con lo ordenado en el oficio 680/2022, de fecha quince de marzo del año en curso, en el que se le ordena realizar descuentos por alimentos al aquí tercero interesado, con el apercibimiento de una nueva multa para el caso de incumplimiento. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables toda vez que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados; por lo que así debe tenerse para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTA. Estudio de causales de improcedencia. En términos del artículo 61 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia del juicio de amparo, al ser ésta una cuestión de orden público y estudio preferente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394770 que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En este apartado, en principio, debe decirse que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." Conforme a lo dispuesto en el arábigo trascrito, el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto que se reclama hayan cesado, esto, hasta antes del dictado de la sentencia. La hipótesis normativa prevista en el citado precepto legal, se actualiza en dos supuestos, a saber: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. La primera hipótesis se surte cuando la autoridad responsable deja insubsistente la conducta que se le atribuye, lo cual debe ser incondicionalmente y de inmediato; de modo que restablezca la situación que imperaba antes de la comisión del acto que a juicio del quejoso transgredió sus derechos fundamentales. El segundo supuesto se actualiza cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que extingue la vigencia y ejecutividad del reclamado en el juicio de amparo, lo que implica que este último ya no pueda sujetarse al análisis constitucional, con motivo de haber sido sustituido. Lo anterior tiene apoyo en la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito4, cuyo rubro y texto señalan: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." Esta causa de improcedencia, se justifica por la imposibilidad de concretar el fin del juicio de amparo, esto es, restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte lo que el mismo le exija. Establecido lo anterior, es dable precisar que, en el caso, se actualiza la hipótesis referida en segundo término, que se presenta cuando se da la sustitución de actos procesales, de manera que un acto posterior incide en la ejecutividad, vigencia y firmeza de otro. A fin de evidenciar lo anterior, es importante destacar que el acto reclamado se hace consistir en la parte conducente del acuerdo dictado el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 1909/2010, en el cual el juez responsable determinó que la aquí amparista no ha dado cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de fecha veintidós de abril del año en curso, el cual se hizo de su conocimiento mediante oficio 1170/2022, en el cual ordenó realizar unos descuentos al tercero interesado por concepto de alimentos. En dicho acuerdo combatido, se le impuso una multa a la empresa quejosa de veinte Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $1,924.40 (un mil novecientos veinticuatro pesos, cuarenta centavos, moneda nacional) ordenando a Ia Agencia de Administración Fiscal de Yucatán para que haga efectiva dicha multa. Además, requirió de nueva cuenta a la amparista a efecto de que dentro de los tres días siguientes a aquel que quede debidamente notificada, cumpla con lo ordenado, con el apercibimiento de no cumplir de nueva cuenta, se le impondrá una multa consistente en veinte unidades de medida y actualización. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado al rendir su informe justificado, derivadas de la jurisdicción voluntaria 1909/2010 de su índice, a las cuales se les concede pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene que en contra del acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, la parte aquí amparista interpuso los recursos de revocación y apelación. Dichos medios de impugnación no fueron admitidos por la autoridad responsable en proveído de diecisiete de junio de dos mil veintidós, siendo combatido este acuerdo por la quejosa en el diverso juicio de amparo 1623/2022 del índice de este Juzgado Federal, el cual se encuentra en trámite. Esto último, constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia VI.1º.P. J/25, de los Tribunales Colegiado de Circuito, visible en la página 1199, del Tomo XV, Marzo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 187526, del rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO". De lo anterior se desprende el acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, señalado aquí como acto reclamado, fue sustituido procesalmente por el diverso auto de diecisiete de junio del año en curso, en el cual no se admitieron los recursos de apelación y revocación planteados por la parte aquí quejosa, lo cual modificó la situación jurídica que surgió con motivo de la determinación reclamada. Así las cosas, lo cierto es que el acto reclamado se vio superado con la emisión del nuevo auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós, que es el que actualmente rige la situación jurídica de la parte quejosa. En esas condiciones, no es posible analizar las situaciones jurídicas y materiales derivadas del proveído reclamado de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintidós emitido en el expediente de origen, pues se reitera, al haber sido sustituido procesalmente el mismo por el diverso de diecisiete de junio del año en curso, debe de considerarse que dejó de tener efectos legales propios, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. De manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada, según criterio sostenido por el Alto Tribunal de la Nación, como se observa de la siguiente jurisprudencia: "AMPARO IMPROCEDENTE. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. Cuando en un amparo directo se reclama, además de la de segunda instancia, la sentencia pronunciada por el a quo, debe sobreseerse el juicio de garantías por lo que respecta a esta última, con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, por operar la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVI, de dicha ley, toda vez que cesaron los efectos de la referida sentencia, en razón de haber sido sustituida por la de segundo grado." (Séptima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 193-198, Segunda Parte, Página: 61, Materia: Común). Lo anterior, porque la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser anulada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Asimismo, cabe precisar que no se estudiarán las causales de improcedencia que hace valer la parte tercero interesada en su escrito recibido en auto de doce de julio de dos mil veintidós, pues a nada práctico conduciría su análisis dado el sentido de la presente resolución. Sobre el particular, cobra aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 54/98, Materia Común, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, que dice: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del motivo de sobreseimiento que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio promovido por ATSA DEL SURESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de su representante JOSBEL FELIPE ANTONIO GARCÍA GÓMEZ, en contra de los actos atribuidos a las autoridades responsables Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, y Directora General de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, residentes en esta ciudad, por las razones señaladas en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Visto: toda vez que el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Celula III-4 UEIORPIFAM de la Fiscalía General de la República y Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, ambos con sede en la Ciudad de México, aún no rinden sus informes previos ni obra en autos constancia de que hubiesen recibidos los oficios 34080/2022 y 34081/2022, a través de los cuales se reenviaron los diversos 24097/2022 y 24098/2022, a por medio de los cuales se les solicitó el mismo. En consecuencia, se difiere la celebración de la audiencia incidental que estaba señalada para este día y se fijan las DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nuevas hora y fecha, para su celebración. Lo anterior, con fundamento en los artículos 138 de la Ley de Amparo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello, tomando en consideración que el domicilio de dichas autoridades se ubica fuera de la residencia de este Juzgado y a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese.
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