Juan Antonio Méndez Moreno

Expediente 146/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
146/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
13/03/2023

Partes del expediente

  • Juan Antonio Méndez Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, a trece de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de veintiocho de febrero de la presente anualidad, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la ley invocada, en relación con el 356 Fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. Una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data, el expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 de dicho Acuerdo, pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo intentada, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo....este Juzgado de Distrito advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, toda vez que los actos que se reclaman fueron dictados en la fase de ejecución de la sentencia pronunciada en el controvertido natural, y no constituyen la última resolución emitida en dicha etapa, que es contra la que procede el juicio de amparo. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". (...)". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". Al relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos dictados en el procedimiento de ejecución de una sentencia o laudo que no constituyan la última resolución dentro del mismo. En el entendido de que por "última resolución", según lo define el propio artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Cabe destacar que nuestro Máximo Tribunal ha establecido que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, procede el juicio de amparo en la vía indirecta, exclusivamente cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos, y b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que puedan afectarse por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia P./J.108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número 6, tomo XXXIII, correspondiente al mes de enero del año dos mil, materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual, es del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En el caso, los actos reclamados consisten en el auto de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio ejecutivo mercantil 1199/2018, (antes 572/2018), en el que el Juez Segundo de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz, requirió al demandado, aquí quejoso, Juan Antonio Méndez Moreno, para que dentro del término de cinco días acudiera ante la Notaria Número Dieciséis a cargo del licenciado Daniel Cordero Gálvez, con sede en Nogales, a otorgar la escritura de adjudicación directa correspondiente al inmueble embargado ubicado en Orizaba, Veracruz, asimismo, lo requiere para que desocupe y haga entrega del bien inmueble adjudicado en autos. Además, se impugnan los diversos actos que precisa, por estimar que es el momento oportuno para hacer valer las violaciones que se suscitaron durante el procedimiento de ejecución de sentencia. En esas condiciones, dichos actos no constituyen la última resolución en la etapa de ejecución, ya que no aprueban o reconocen el cumplimiento total de lo sentenciado, ni declaran la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento, y tampoco ordena el archivo definitivo del expediente; además, no se encuentra dentro de los supuestos de excepción establecidos por el Máximo Tribunal pues no afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, sino que sólo constituye un acto intermedio en el procedimiento de ejecución de lo sentenciado. De ahí que únicamente sean susceptibles de ser reclamados como violación procesal, cuando se impugne la última resolución dictada en la etapa de ejecución, que será la que declare cumplida la sentencia definitiva, determine su imposibilidad para hacerlo, o bien, el archivo definitivo del expediente. Además, que la improcedencia de este juicio no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, ya que, se reitera, está en aptitud de hacer valer el amparo indirecto contra la última resolución del procedimiento de ejecución, reclamando cualquier violación cometida durante éste. Sirve de apoyo por sus argumentos, la jurisprudencia 1a./J. 52/2020 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 293, Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva". En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Juan Antonio Méndez Moreno. Apoya lo anterior, por sus argumentos, la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de voz y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa la lista de acuerdos que se coloca en los estrados de este órgano jurisdiccional; como su autorizada con facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Francisco Serrano Barojas y Judith Rosales Salas toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana; asimismo, se tiene como autorizado en términos restringidos a Luis Emmanuel Pliego Campos, por no estar en igualdad de circunstancias y por así haberlo solicitado. HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este Juzgado Federal puedan llevar a cabo las diligencias ordenadas en la presente incidencia. Por lo expuesto y con fundamento además en lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se DESECHA por notoriamente improcedente, la demanda promovida por ******** contra los actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte promovente.

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