Juan Alberto Angel Bartolano
Expediente 628/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 628/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Alberto Angel Bartolano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio firmado por el secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amaro en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, atento a su contenido, como se solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, remítase copia certificada de las constancias que menciona; en el entendido que no se remite copia certificada de las resoluciones que constituyeron el acto reclamado en el presente juicio de amparo, toda vez que fueron devueltas a las autoridades responsables. Finalmente, se hace de su conocimiento que en acuerdo de ocho de marzo de dos mil diecinueve, al causar estado la sentencia dictada, se ordenó el archivo como asunto concluido.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio firmado por el secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amaro en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, atento a su contenido, como se solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, remítase copia certificada de las constancias que menciona; en el entendido que no se remite copia certificada de las resoluciones que constituyeron el acto reclamado en el presente juicio de amparo, toda vez que fueron devueltas a las autoridades responsables. Finalmente, se hace de su conocimiento que en acuerdo de ocho de marzo de dos mil diecinueve, al causar estado la sentencia dictada, se ordenó el archivo como asunto concluido.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, ocho de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, autorizada el diecinueve de febrero dos mil diecinueve (fojas 190 a 197), por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Invocada, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de esperar que todas las autoridades se encuentren notificadas o que les transcurra el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo; en virtud de que carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que su sentido no les causa ningún agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número P./J.22/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 23, tomo XVIII, julio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el último párrafo del artículo vigésimo primero del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia histórica o documental. En ese tenor, se establece que una vez transcurridos cinco años el presente expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción II, del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL JUICIO. Por lo que toca al original del incidente de suspensión y en cumplimiento también del referido Acuerdo, se establece que éste una vez transcurridos cinco años ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el segundo párrafo, de la fracción III, del artículo vigésimo primero, de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN POR UN LADO SE CONCEDIÓ Y POR OTRO SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III, del artículo vigésimo, del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales o billete de depósito al no obrar en autos. Finalmente, de autos se desprende los Jueces 1. Primero Penal, 5. Quinto Penal y 4. Cuarto Penal, todos con sede en Santa María Ixcotel, Oaxaca, al rendir su informe justificado remitieron, respectivamente, tres, uno y dos tomos, con los que se ordenó formar los correspondientes cuadernos de prueba, al ser innecesaria su conservación remítase a su lugar de origen
- Principal
Córdoba, Veracruz, ocho de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, autorizada el diecinueve de febrero dos mil diecinueve (fojas 190 a 197), por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Invocada, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de esperar que todas las autoridades se encuentren notificadas o que les transcurra el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo; en virtud de que carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que su sentido no les causa ningún agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número P./J.22/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 23, tomo XVIII, julio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el último párrafo del artículo vigésimo primero del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia histórica o documental. En ese tenor, se establece que una vez transcurridos cinco años el presente expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción II, del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL JUICIO. Por lo que toca al original del incidente de suspensión y en cumplimiento también del referido Acuerdo, se establece que éste una vez transcurridos cinco años ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el segundo párrafo, de la fracción III, del artículo vigésimo primero, de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN POR UN LADO SE CONCEDIÓ Y POR OTRO SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III, del artículo vigésimo, del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales o billete de depósito al no obrar en autos. Finalmente, de autos se desprende los Jueces 1. Primero Penal, 5. Quinto Penal y 4. Cuarto Penal, todos con sede en Santa María Ixcotel, Oaxaca, al rendir su informe justificado remitieron, respectivamente, tres, uno y dos tomos, con los que se ordenó formar los correspondientes cuadernos de prueba, al ser innecesaria su conservación remítase a su lugar de origen
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