Juan Antonio Méndez Moreno
Expediente 704/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 704/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Antonio Méndez Moreno
Actuaciones
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; sin que se hubiera recurrido el auto de siete de septiembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHO AUTO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se determina que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia histórica o documental. Una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al encuadrar en la hipótesis prevista en el inciso b), del artículo 21 de dicho ordenamiento, pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido.
- Principal
Vista la demanda de amparo... se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 107, fracción IV, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El juicio de amparo procede: [.]IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". De la interpretación armónica de tales disposiciones normativas deriva que en los procedimientos de remate el juicio de amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución; y por última resolución se entiende aquélla en la que se ordena de forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, la entrega de los bienes rematados. En ese entendido, en el supuesto de que se promueva un juicio de amparo contra un acto dictado en el procedimiento de remate, distinto a la resolución que ordena en definitiva el otorgamiento de la escritura o la entrega de los bienes rematados, la demanda será improcedente. Adicionalmente, nuestro Máximo Tribunal ha establecido que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, procede el juicio de amparo en la vía indirecta, exclusivamente cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos, y b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que puedan afectarse por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia P./J.108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número 6, tomo XXXIII, correspondiente al mes de enero del año dos mil, materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual, es del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En el caso, el acto reclamado, consistente en la resolución de quince de agosto de dos mil veintidós, que declaró improcedente el recurso de revocación contra el auto de veinticinco de marzo del año en curso, que ordenó la notificación del auto de fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, que aprobó la adjudicación directa basada en la planilla de liquidación de intereses dictada el catorce de febrero del año dos mil diecinueve, no constituye la última resolución en sección de ejecución, ya que no ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, la entrega del inmueble en comento; sino que sólo constituye un acto intermedio en el procedimiento de cumplimiento de lo sentenciado. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en mención. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en abril de dos mil dieciséis, Décima Época, libro veintinueve, tomo II, consultable en la página mil sesenta y seis, cuyo rubro y texto establecen: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Aunado a que el acto reclamado no se encuentra dentro de los supuestos de excepción establecidos por el Máximo Tribunal, pues no afecta de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, sino que sólo constituye un acto intermedio en el procedimiento de ejecución de lo sentenciado. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia en mención, con fundamento en el numeral 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Juan Antonio Méndez Moreno, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz. Apoya lo anterior, por sus argumentos, la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo texto expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente la lista de acuerdos que se publica en los estrados de este Juzgado, por así haberlo solicitado; y como autorizados con facultades amplias, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Francisco Serrano Barojas, Judith Rosales Salas y Erika Pérez Valencia, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. Finalmente, consérvense por separado, en la Secretaría de este Juzgado, las copias simples de la demanda de amparo, para mejor manejo del expediente y una vez que quede firme la presente resolución, se proveerá lo conducente. Por lo expuesto y con fundamento además en lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ********, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz. Notifíquese por lista al promovente
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