Juan Antonio Méndez Romero

Expediente 795/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
795/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
27/09/2023

Partes del expediente

  • Juan Antonio Méndez Romero

Actuaciones

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta se advierte que a la fecha ha transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; sin que se hubiera recurrido el auto de siete de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Por tanto, una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data, el presente expediente deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción IV, del citado Acuerdo General, pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo intentada. Notifíquese.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, a siete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por*** con siete copias, sin anexos, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se provee*** EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes, cuyas constancias deberán digitalizarse, salvo aquéllas que por su volumen, protección de la integridad del documento o protección de datos personales, no puedan o deban digitalizarse; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); y regístrese bajo el juicio de amparo número 795/2023*** ÚNICO. En términos de lo dispuesto por los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto debe analizar el escrito de demanda y si advierte de oficio la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Al respecto, es pertinente destacar que para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las parte. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el promovente en los antecedentes manifiesta, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente*** Las actuaciones señaladas en los últimos dos puntos constituyen los actos que por esta vía se reclaman. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues dichos actos fueron consentidos tácitamente por el peticionario del amparo; tal disposición expresa*** A su vez, los artículos 17 y 18 del citado ordenamiento legal disponen*** De la interpretación de la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de ese mismo ordenamiento, se desprende que, por regla general, el juicio de amparo resulta improcedente si éste no es promovido dentro de los quince días contados a partir de los siguientes supuestos: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso. b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del acto. Ahora, los actos reclamados en el presente asunto los constituyen*** Asimismo, de la demanda de amparo se obtiene que la resolución que ordena el otorgamiento de escritura de adjudicación directa y la desocupación y entrega del bien inmueble ubicado en*** propiedad del quejoso al adjudicatario, fue emitida el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, dentro del juicio ejecutivo mercantil número*** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de la ciudad de Orizaba, Veracruz; y el dieciséis de marzo de este año, se ejecutó la orden de lanzamiento respecto de dicho inmueble. Por su parte, de la certificación secretarial de cuenta se advierte que el quejoso tuvo conocimiento pleno de la existencia de los mismos, al menos desde el diecisiete de febrero y dieciséis de marzo, ambos de dos mil veintitrés, respectivamente, pues así lo manifestó, bajo protesta de decir verdad, en el escrito de demanda que dio origen al juicio de amparo 272/2023, en la que reclamó*** Manifestación que constituye confesión expresa del promovente, por lo que hace prueba plena en su contra, en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo expuesto se invoca como hecho notorio, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación de supletoria a la Ley de Amparo, al derivar de un juicio de amparo que se tramita en este órgano constitucional, por lo que se ordena agregar copia certificada de las constancias de dicho expediente que contienen la información referida, como sustento; ello en razón de que este Juzgado de Distrito no es un órgano terminal. Luego, es evidente que entre la fecha en que tuvo conocimiento del último acto reclamado (dieciséis de marzo de dos mil veintitrés), y la fecha en que presentó la demanda de amparo de cuenta en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Córdoba, Veracruz (cuatro de septiembre de dos mil veintitrés); transcurrió en exceso el término genérico de quince días hábiles con que contaba el peticionario de amparo para inconformarse en la vía constitucional contra los actos reclamados de referencia. Es pertinente señalar que los actos aquí reclamados, no se encuentran dentro de alguno de los supuestos de excepción para promover el juicio de amparo en cualquier tiempo, o fuera del término genérico de quince días, en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales; no involucra inconstitucionalidad de leyes reclamadas como autoaplicativas; y no se tratan de una sentencia condenatoria en materia penal, o bien, de una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en donde el agraviado haya sido citado legalmente para el juicio y se encuentre fuera del lugar del mismo, pero dentro de la república o que residiere fuera de ella. Tampoco es un juicio de amparo que se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Por tanto, la demanda debió presentarse dentro del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que en el caso no acontece; de ahí que se actualice la causa de improcedencia invocada, y resulte improcedente la demanda por los actos reclamados antes descritos. Aunado a la causa de improcedencia antes invocada, también se actualiza la diversa que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de la materia, este último aplicado en sentido contrario, toda vez que éstos, a saber, la resolución de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ejecutivo mercantil número*** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de la ciudad de Orizaba, Veracruz, que ordena el otorgamiento de escritura de adjudicación directa y la desocupación y entrega del bien inmueble ubicado en*** propiedad del quejoso al adjudicatario; la diligencia de lanzamiento respecto de dicho inmueble de dieciséis de marzo de este año; así como los diversos actos que precisa, relativos a las violaciones que estima se suscitaron durante el procedimiento de ejecución de sentencia; fueron emitidos en la citada fase de ejecución del controvertido natural, y no constituyen la última resolución emitida en dicha etapa, que es contra la que procede el juicio de amparo. Ello en razón de que los indicados preceptos disponen que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos dictados en el procedimiento de ejecución de una sentencia o laudo que no constituyan la última resolución dentro del mismo. En el entendido de que por "última resolución", según lo define el propio artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Cabe destacar que nuestro Máximo Tribunal ha establecido que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, procede el juicio de amparo en la vía indirecta, exclusivamente cuando*** El acto infrinja directamente derechos sustantivos, y b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que puedan afectarse por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. En esas condiciones, los actos reclamados no constituyen la última resolución en la etapa de ejecución, ya que no aprueban o reconocen el cumplimiento total de lo sentenciado, ni declaran la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento, y tampoco ordena el archivo definitivo del expediente; además, no se encuentra dentro de los supuestos de excepción establecidos por el Máximo Tribunal pues no afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, sino que sólo constituyen actos intermedios en el procedimiento de ejecución de lo sentenciado. De ahí que únicamente sean susceptibles de ser reclamados como violación procesal, cuando se impugne la última resolución dictada en la etapa de ejecución, que será la que declare cumplida la sentencia definitiva, determine su imposibilidad para hacerlo, o bien, el archivo definitivo del expediente. Además, que la improcedencia de este juicio no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, ya que, se reitera, está en aptitud de hacer valer el amparo indirecto contra la última resolución del procedimiento de ejecución, reclamando cualquier violación cometida durante éste. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por*** DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL QUEJOSO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa la lista de acuerdos que se publica en los estrados de este Juzgado; y como su autorizado con facultades amplias, en términos de lo dispuesto en el artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo*** toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que cuenta con cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito en toda la República Mexicana. HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este Juzgado Federal puedan llevar a cabo las diligencias ordenadas en la presente incidencia. Por lo expuesto y con fundamento además en lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se resuelve*** ÚNICO. Se DESECHA por notoriamente improcedente, la demanda promovida por*** contra los actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, y otras autoridades. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte promovente.

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