Juan Antonio Gonzalez Sandoval
Expediente 668/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 668/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Juan Antonio Gonzalez Sandoval
- Maria del Pilar Nohemi Sandoval Ocampo (Promovente)
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos, el oficio de la autoridad Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes; mediante el cual informa, que con motivo de la vista ordenada en autos respecto a los posibles actos de tortura en agravio del aquí quejoso, incorporó la misma a la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEDH/TORTURA-I/000530/2021, que se inició con motivo de la vista que se generó dentro del diverso juicio de amparo 709/2021, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; de lo anterior toma conocimiento el suscrito. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto de diecinueve de julio pasado, en el cual se tuvo por no presentada la demanda, sin que lo haya hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otro lado, este expediente es susceptible de destrucción transcurridos tres años contados a partir del presente auto, de con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General). Así mismo, se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos, la diligencia practicada el doce de julio del presente año, practicada por el Actuario adscrito a este Juzgado Federal, con el quejoso directo Juan Antonio González Sandoval, en la que medularmente se advierte lo siguiente: "(.) expresa que tiene unos rasguños pequeños en su antebrazo derecho ya cicatrizado y un moretón en su vientre. Esto debido a que lo golpearon al momento de su detención. Expresa que sí sabe el motivo de su detención y que después de su detención no ha sufrido ningún maltrato previsto en el artículo 22 Constitucional. Refiere estar integrado al Dormitorio A-10 junto con otras personas detenidas. Dice que ha llamado vía celular, al 22-2675-762 a su mama, a su prima Fernanda López González y a su nuevo abogado Jesús Castelán Ramírez; expresa reservarse su derecho a ratificar este amparo y que no es su voluntad firmar en este momento (.)" Atento a lo anterior, no procede proveer al respecto, pues se advierte que el quejoso ya tuvo comunicación, respectivamente, con su mamá, su prima y su abogado, y que no ha sufrido algunos de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; por lo que, se reserva proveer respecto a la admisión o desechamiento de la demanda de garantías promovida en favor del quejoso directo, hasta en tanto transcurra el termino otorgado en auto de doce de julio de la presente anualidad, para que ratifique la misma. Por otro lado, intégrese a los autos la razón asentada por el actuario judicial de la adscripción, y en su atención, téngasele manifestando que no logró notificar los oficios número 1096-3 y 1096-4, que se giraron a las autoridades responsables que el quejoso denominó como "3. AGENTES ESTATALES DE INVESTIGACIÓN" y "4. ELEMENTOS DE LA POLICÍA ESTATAL", por las razones que de la misma se desprenden. En consecuencia, se reserva proveer lo que a derecho corresponda, ello hasta en tanto el quejoso directo ratifique la demanda de amparo promovida en su favor; y en su caso se desahogue la prevención decretada. Ahora bien, agréguense a los autos, los informes de las autoridades 1. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (María Guadalupe Muñoz Pérez) -por triplicado- y 2. Agente del Ministerio Público Especializada en Desaparición de Personas de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por medio de los cuales, quedan enteradas de la suspensión de oficio y de plano, decretada por auto de doce de julio de dos mil veintiuno; de lo anterior, queda enterado el suscrito Juez de Amparo, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, intégrese a los autos para que obre como corresponde, la copia de conocimiento signada por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por medio de la cual, informó a la Titular del Área de Ventanilla Única de la Fiscalía General de la República en el Estado de Puebla, la vista que esta autoridad ordenó por auto de doce de julio de dos mil veintiuno, por posibles actos de tortura; de lo anterior toma conocimiento el suscrito Juez Federal, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista a las partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de julio de dos mil veintiuno. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que ante la emergencia mundial sanitaria, derivada de la pandemia que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus que causa la enfermedad conocida como "Covid19", mediante el cual se reactivó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reanudación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período comprendido del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, y que entró en vigor a partir del primer día de dicho período. Conforme al nuevo esquema implementado por el referido Acuerdo General, se reanudaron los plazos y términos procesales y reanudó la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptaron diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios; la recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales; la habilitación de oficialías de partes comunes a varios órganos jurisdiccionales; el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas; el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la prestación del servicio público de impartición de justicia. -Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 5/2021; -Que el Acuerdo General 5/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del tres de agosto de dos mil veinte al dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria; -Que en la demanda con la que se dará cuenta se reclaman actos previstos en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 15 de la Ley de Amparo (urgentes). -Que la demanda de amparo -con la que se dará cuenta- fue recibida en esta fecha -electrónicamente- ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, la misma no cuenta con la evidencia criptográfica de la Firma Electrónica a que se refieren los artículos 2, fracción XVI, 6, 45, párrafo tercero y 52, párrafo tercero, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. -Sin embargo, en virtud que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa y constituye el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, entonces, debido a que la mencionada demanda promovida a nombre del quejoso directo Juan Antonio González Sandoval, se ubica en algunos de los supuestos de urgencia que prevén los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 15 de la Ley de Amparo (urgentes), al señalar como actos reclamados, la tortura de la que es objeto y la detención fuera de procedimiento, no obstante la ausencia de la firma electrónica y autógrafa de la promovente, al ser presentada mediante el Portal de Juicios en Línea, y en aras de salvaguardar los derechos humanos de los quejosos directos, de conformidad con lo establecido en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 10, párrafo segundo, 17 y 42, del Acuerdo General 12/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, para la presentación de la demanda de amparo, se está en condiciones de prescindir de la firma electrónica del peticionario de amparo directo, así como de la promovente, únicamente para el efecto de tener por presentado el escrito de demanda. Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 668/2021, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. CUESTIONES PRELIMINARES. Vista la demanda de amparo promovida por María del Pilar Nohemí Sandoval Ocampo, en favor del quejoso directo Juan Antonio González Sandoval, se desprende que acude a esta instancia constitucional a reclamar de las autoridades responsables: 1. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la región Judicial Centro con sede en Puebla (María Guadalupe Muñoz Pérez); 2. Agente del Ministerio Público Especializada en Desaparición de Personas de la Fiscalía General del Estado de Puebla; 3. Agentes Estatales de Investigación; y, 4. Elementos de la Policía Estatal, la tortura de la que es objeto y la detención fuera de procedimiento. TRÁMITE. Con fundamento en lo que disponen los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 15, 20, 35, 37, 107 y 109 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, tramítese la demanda de amparo promovida por María del Pilar Nohemí Sandoval Ocampo, en favor del quejoso directo Juan Antonio González Sandoval, contra los actos reclamados consistentes en: la tortura de la que es objeto y la detención fuera de procedimiento, que atribuye a las autoridades responsables precisadas en el párrafo precedente. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO AL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA TORTURA DE LA QUE ES OBJETO EL QUEJOSO DIRECTO. Con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado, consistente en la tortura de la que es objeto el quejoso directo, o bien cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, para el efecto de que cesen de manera inmediata como medida para evitar la consumación de los mismos. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO AL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA DETENCIÓN FUERA DE PROCEDIMIENTO DEL QUEJOSO DIRECTO. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, procede conceder la suspensión de plano, para los siguientes efectos: Si la detención del quejoso directo Juan Antonio González Sandoval, fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público en relación con la comisión de un delito, la suspensión se concede, con fundamento en el artículo 164 de la Ley de Amparo, para el efecto de que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público correspondiente. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del citado quejoso directo no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puestos en libertad. De consistir el acto reclamado en la detención del quejoso directo ya efectuada por el Ministerio Público, salvo el caso de la detención por caso urgente, la suspensión se concede, en términos del artículo 165 de la ley de la materia, para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Si el quejoso directo se encuentra a disposición del Ministerio Público por haber sido detenidos en flagrancia o caso urgente, el plazo se contará a partir de que sea puesto a disposición. En cualquier caso distinto de los anteriores y, en la detención por caso urgente, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad del aquí quejoso directo, la suspensión se concede para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. APERCIBIMIENTOS DE NO ACATAR LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsable que deberá acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad y deberá informar a este Juzgado de Distrito de manera inmediata, las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. Se apercibe a las autoridades responsables que, de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Así mismo, se hace del conocimiento de las indicadas autoridades responsables que la violación de este mandamiento constituye la comisión de un delito federal, conforme al artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el inicio del proceso penal correspondiente en su contra. Finalmente, se comunica a las autoridades responsables que el Licenciado Rafael Torres Campos, es el Secretario encargado de llevar el trámite del presente expediente, quien cuenta con teléfono móvil 22-25-21-67-79 y correo electrónico institucional rafael.torres.campos@correo.cjf.gob.mx, para recibir el informe requerido. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, salvo de no tener pruebas voluminosas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. VISTA MINISTERIAL POR POSIBLES ACTOS DE TORTURA. Ahora bien, de un estudio integral de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso directo fue golpeado y torturado al momento de su detención; por lo que, podría estarse en presencia de la comisión de un ilícito. Las anteriores manifestaciones a criterio del suscrito Juez de Distrito pueden constituir actos de tortura, por lo cual, dado que es obligación del Estado Mexicano proteger los Derechos Humanos de las personas, de acuerdo con el texto actual establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanas o Degradantes, se deberá proceder a la investigación correspondiente. En efecto, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley". Mientras que la referida Convención en su artículo 5, establece: "Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. (.)". De los ordinales transcritos y por lo que al tema se refiere, emerge el derecho fundamental del ser humano consistente en la protección de su integridad física, psíquica o moral, al considerar que nadie debe sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes ni tortura. En síntesis, la autoridad debe garantizar a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura, dentro del ámbito de su jurisdicción, el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente, procediendo debidamente y de inmediato a realizar una investigación acorde con los deseos de la presunta víctima de tortura, en cualquier momento en que lo alegue. Por tanto, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo, para que, de inmediato, inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa, para lo cual, este juzgado le proporcionará los datos que obran en este expediente. Debiéndose garantizar la independencia del personal médico encargado de examinar y prestar asistencia a los detenidos, de manera que pueda practicar libremente las evaluaciones necesarias, pues al no hacerlo así se trasgrede el contenido del artículo 1 de la Carta Magna. Es aplicable al respecto la tesis número P. XXI/2015 (10a.) del tenor siguiente: ACTOS DE TORTURA. OBLIGACIONES POSITIVAS ADJETIVAS QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO. Respecto del deber del Estado Mexicano de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se desprenden las siguientes obligaciones: (I) la investigación de dichos actos debe llevarse a cabo de oficio y de forma inmediata; (II) la investigación además, debe ser imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas; identificar a los responsables; e iniciar su procesamiento; (III) corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del ofendido, lo que implica obtener y asegurar toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura alegados; (IV) el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los ofendidos, de manera que puedan efectuar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas para la práctica de su profesión; (V) cuando una persona alega haber sido víctima de un acto de tortura, el Estado debe verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia; y, (VI) la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido que se argumente que el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla. De igual forma, es aplicable la tesis P. XXII/2015 (10a.), que a la letra dice: ACTOS DE TORTURA. SU NATURALEZA JURÍDICA. De los criterios jurisdiccionales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que se está frente a un caso de tortura cuando: (I) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; (II) infligidas intencionalmente; y, (III) con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. Al respecto, debe precisarse que la tortura es una práctica proscrita de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional, es decir, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones debido a su gravedad y la capacidad de reducir la autonomía de la persona y la dignidad humana a grados ignominiosos y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la Nación. En ese contexto, si el derecho a la integridad personal comprende, necesariamente, el derecho fundamental e inderogable a no ser torturado -ni a ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes-, es dable colegir que la tortura actualiza una categoría especial y de mayor gravedad que impone a los juzgadores hacer un análisis cuidadoso bajo estándares nacionales e internacionales, tanto en su impacto de violación de derechos humanos, como de delito. RATIFICACIÓN DE DEMANDA. Con fundamento en los artículos 21, último párrafo de la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se faculta al actuario de la adscripción, a fin de que previamente las formalidades de Ley, se avoque a la localización del quejoso directo Juan Antonio González Sandoval, para lo cual deberá constituirse en las instalaciones del Complejo Metropolitano de Seguridad Pública (ubicado en Anillo Periférico Ecológico, kilómetro 4.5, San Francisco Ocotlán, Puebla), y una vez localizado, lo requiera para que manifieste en ese acto o dentro del término de tres días, legalmente computado, si ratifica o no la presente demanda de garantías promovida en su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Además, signifíquese al actuario que deberá asentar las condiciones físicas en que se encuentra, preguntarle, si sabe el motivo por el cual se encuentra privado de su libertad y si ha sufrido uno de los actos previstos por el artículo 22 constitucional. En el entendido de que si es informado que ha sido trasladado a un diverso lugar de reclusión o retención, sin previo acuerdo, deberá constituirse al nuevo lugar, para lo cual deberá indagar sobre su paradero. Además el fedatario deberá asentar las condiciones del lugar en el que están detenidos los quejosos, esto es, si cuentan con una adecuada ventilación y medidas de higiene suficientes para su estancia en detención. PREVENCION DE LA DEMANDA. Ahora bien, únicamente en caso que el quejoso directo ratifique la demanda amparo promovida a su favor y a efecto de acordar si procede o no su admisión, con fundamento en lo establecido por los artículos 108, fracción III y, 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, de cumplimiento a lo siguiente: ÚNICO. Precise la denominación actual y correcta de las autoridades responsables ejecutoras que señaló como: "COMO AUTORIDAD EJECUTORA SE SEÑALA; 2.- AGENTES ESTATALES DE INVESTIGACIÓN. 3.- ELMENTOS DE POLICÍA ESTATAL." En otras palabras, deberá señalar los nombres completos y correctos de los elementos de la Policía Ministerial, o bien, los números de placa de cada uno de los elementos que señala como responsables o, en su caso, manifieste si nombra únicamente a los titulares de dichas dependencias, por lo que, en su caso, deberá manifestar la denominación actual, correcta y completa de dichas instituciones. Lo anterior es así, pues resultan imprecisas las denominaciones señaladas por el quejoso, y a efecto estar en condiciones de emplazar legalmente a quien tenga el carácter de parte en el presente asunto, debe precisarse su denominación correcta, pues esta autoridad Federal no puede presumirla, dado que éste es un requisito de forma de la demanda a efecto de estar en aptitud de requerir a las autoridades responsables su informe y, para establecer la relación procesal en el juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional deberá requerir a la parte promovente que aclare la demanda de amparo, cuando hubiere alguna irregularidad. Similar criterio sustentó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 123/2019 de su índice. Hágase del conocimiento de la parte promovente que la presente prevención es con el fin de que precise lo ya indicado, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Signifíquese al promovente que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por el mismo, y no por conducto de autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No es necesario abrir incidente de suspensión, cuenta habida que los efectos de la suspensión de plano, abarcan aquellos que en su caso se decretarían con el trámite de la medida cautelar provisional. DOMICILIO. Téngase a la parte promovente señalando como medio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito inicial de demanda. Sin que haya lugar a tener como medio de notificación el correo electrónico que proporciona, en virtud que la Ley de Amparo no los prevé; salvo como medio de comunicación no procesal. AUTORIZADA. Se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Aránzazu Mariana Paredes Cruz, atento a que del dato proporcionado acredita encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciada en derecho o abogada. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. DE LAS NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) y a aquélla(s) que tenga(n) el carácter de tercero(s) interesado(s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le(s) ordene(n) realizar en este expediente, será(n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le(s) notificará(n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.s, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que si su denominación no es exactamente como se encuentre en su organigrama interno, ello no las exime de recibir los oficios que contengan el presente proveído, por la naturaleza de los actos reclamados. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO DIRECTO EN EL LUGAR EN DONDE SE ECUENTRA DETENIDO; POR LISTA A LA PROMOVENTE; POR OFICIOS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO.
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