Juan Antonio Castellanos Dominguez
Expediente 427/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 427/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Juan Antonio Castellanos Dominguez
- Camara de Diputados del Congreso de la Union
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, misma que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. No pasa inadvertido para la suscrita Juzgadora que no obran en autos las constancias de notificación a las autoridades responsables 8. COMISIONADO FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS y 10. DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN FEDERAL, de la resolución de treinta de noviembre del actual; sin embargo, no es óbice a lo acordado en el párrafo que antecede, pues la aludida sentencia no perjudica de alguna manera a dichas autoridades, ya que se sobreseyó el presente juicio de amparo y sólo están legitimados para interponer el recurso de revisión las partes a quienes aquéllas resulte desfavorable la determinación definitiva que se emita dentro del juicio de amparo. Apoya a lo anterior las siguientes tesis aisladas: REVISIÓN IMPROCEDENTE. DEBE DESECHARSE LA INTERPUESTA POR QUIEN OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE. Cuando se recurre la sentencia dictada en un juicio de amparo biinstancial por la parte a quien le es favorable, el recurso debe desecharse por improcedente, salvo que se esté en el supuesto previsto en el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que las resoluciones sólo pueden ser impugnadas por aquella a quien le perjudique. RECURSOS. QUIENES PUEDEN INTERPONERLOS. Sólo una parte puede interponer recursos contra una resolución que le es desfavorable. El juicio de garantías únicamente puede promoverse por aquél a quien perjudique el acto reclamado (artículo 4o. de la Ley de Amparo), y esta norma debe extenderse, en su aplicación, para expresar que sólo puede interponer recursos contra una sentencia la parte a quien aquélla resulte desfavorable. Tratándose de resoluciones que hayan concedido el amparo, no todas las autoridades responsables están legitimadas para recurrirlas, pues sólo podrán hacer valer la revisión las autoridades contra el fallo que afecte de modo directo el acto que de cada una de ellas se hubiere reclamado (artículo 87 de la misma ley). Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que por una parte se concedió y por otra se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 30 DE noviembre DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, treinta de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el escrito signado por el quejoso Juan Antonio Castellanos Domínguez, ratificado ante la Notaria Pública Número Once, de Minantitlán Veracruz, mediante el cual se desiste del presente juicio de garantías; en consecuencia, toda vez que el accionante ratificó el desistimiento ante un funcionario con fe pública; con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del artículo 63 de la Ley de Amparo vigente, procede sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de audiencia; por lo que, se deja sin efectos el día y hora que se tiene señalados para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las diez horas con diez minutos del ocho de diciembre de dos mil dieciséis (foja 596). Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, a continuación se detallan: DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal, se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decreté el sobreseimiento cuando 'se tenga por desistido al agraviado en términos de ley', para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande a ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que se desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)..."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de diez de noviembre del actual (foja 585) se tuvo por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en el que anexó el testimonio de la ejecutoria pronunciada el veinte de octubre de dos mil dieciséis, dentro del amparo en revisión 524/2015 y los autos originales del juicio de amparo 427/2015 (antes 712/2015); sin embargo, no se informó a las partes el cambio de Titular de éste órgano jurisdiccional. En consecuencia, se hace del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes que, mediante oficio SEADS/184/2016, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informó que el Pleno del Consejo, por unanimidad de votos, aprobó la propuesta sometida a su consideración y designó como titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla a María Eugenia Gómez Villanueva, en sustitución de la anterior Titular, con efectos a partir del dieciséis de febrero de dos mil dieciséis. Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro, contenido y datos de localización, a continuación se citan: SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Jurisprudencia. Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXII, Julio de 2010, Tesis: 2a./J. 104/2010, Página: 312. Por lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional fijada en el presente asunto, señalándose para tal efecto las diez horas con diez minutos del ocho de diciembre de dos mil dieciséis, como nueva fecha para su celebración.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, diez de noviembre de dos mil dieciséis. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta de la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por medio del cual remite el juicio de amparo en que se actúa y el testimonio de la resolución dictada el veinte de octubre de dos mil dieciséis por ese órgano colegiado en el amparo en revisión 524/2015, mismo que se resolvió bajo los siguientes puntos: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia dictada el diez de septiembre de dos mil quince, en el juicio de amparo 427/2015, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. SEGUNDO. Se repone el procedimiento en el juicio de amparo 427/2015 del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Juan Antonio Castellanos Domínguez, en contra de las autoridades y respecto de los actos precisados en el primer resultando de esta ejecutoria." Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), asimismo, acúsese el recibo correspondiente y glósese el cuaderno de antecedentes respectivo. Ahora bien, de la ejecutoria de mérito se desprende que el Tribunal de Alzada repuso el procedimiento para el efecto siguiente: "(...) En las relatadas consideraciones, lo procedente es revocar la sentencia recurrida, para el efecto de que el Juez de Distrito emita una nueva en donde redacte en forma completa el considerando Séptimo, y se glose en orden continuo las hojas que integren la sentencia, en el entendido de que deberá reiterar el resto de la parte considerativa de su fallo que no es objeto de la presente revocación. (.)" Por tanto, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Superioridad se deja sin efectos la audiencia constitucional de treinta y uno de julio de dos mil quince, así como la sentencia y, se ordena reponer el procedimiento en el presente juicio de amparo, para el efecto indicado. Para dar margen a lo anterior, se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías.
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