Juan Antonio González González
Expediente 263/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 263/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Juan Antonio González González
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de mayo de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos los oficios 400 y 449, signados por el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Ciudad Serdán, Puebla; atento a su contenido se provee: Téngase al juez oficiante devolviendo debidamente diligenciado el despacho 254/2019, orden 316/2019, del índice de este Juzgado, en el que se le encomendó que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara al promovente Juan Antonio González González, el auto de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán, Puebla; en consecuencia, se tiene por practicada la diligencia de mérito en los términos que de la misma se desprenden. Dése de baja la referida comunicación, en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otro lado, vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de veintidós de marzo del año en curso (fojas 6 a 12), en el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo haya hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Ahora, toda vez que el promovente se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán, Puebla, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Chalchicomula (con Cabecera en Ciudad Serdán), a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán, Puebla; Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al promovente Juan Antonio González González, y se cerciore de su identidad; Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 263/2019-C-; Notifique a la parte promovente el presente proveído; Le corra traslado con copia autorizada del presente auto; y, Asiente razón en el sentido de si el promovente quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicaron las diligencias de mérito; apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Queda a cargo de la secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación antes ordenada sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación.
- Principal
*(PUBLICACIÓN CITATORIO)* SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: (...)San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de marzo de dos mil diecinueve FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo promovida por Juan Antonio González González, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 263/2019-C, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado DESECHAMIENTO Del contenido de la demanda de amparo, se advierte que el promovente Juan Antonio González González esencialmente impugna del 1 Director del Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán, Puebla, y del 2 Personal de Guardia del Tercer Turno del referido centro penitenciario: "los tratos abusivos, hostigantes, intimidatorios, así como degradantes", pues sin justificación de alguna medida de seguridad han realizado revisiones invasivas a su persona ajenas a todo protocolo, lo que traduce en acoso constante y daños psicológicos y angustia a su persona Respecto de los mencionados actos reclamados, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al advertirse que el promovente no agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, al no haber tramitado el mecanismo de control identificado como "peticiones administrativas" prevista en el artículo 107, en relación con el diverso 117, fracción I, ambos de la Ley Nacional de Ejecución Penal El artículo 61, fracción XX de Ley de Amparo dispone: "Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente: () XX Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; ()" De la lectura del precepto y fracción transcrita, que anteceden, se aprecia que debe agotarse el principio de definitividad en contra de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que conforme a las leyes que los rijan proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el promovente, con los mismos alcances que prevé la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional Ahora, por lo que se refiere al acto reclamado, el promovente debió combatirlo a través del mecanismo de control previsto en el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, siguiendo los lineamientos establecidos en los diversos numerales 109, 110, 114, 115 y 117, fracción I, que disponen lo siguiente: "Artículo 107 Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento" "Artículo 109 Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad" "Artículo 110 Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas" "Artículo 114 Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito" "Artículo 115 Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega Artículo 117 Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa" De los preceptos legales destacados, se advierte que los internos cuentan con el derecho de dirigir por escrito, peticiones administrativas al Director del Centro de Reclusión en que se encuentren, sin formalidad alguna, en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento Entendiéndose por condiciones de internamiento cualquier medio o acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación; como lo sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 57/2018, el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho En concreto, cualquier omisión o acto que impida que la persona interna tenga una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social, donde se encuadran los actos que señala el promovente: tratos abusivos, hostigantes, intimidatorios, degradantes, sin justificación de alguna medida de seguridad, por revisiones invasivas a su persona ajenas a todo protocolo, lo que traduce en acoso constante, daños psicológicos y angustia a su persona La petición administrativa, la debe resolver dicha autoridad penitenciaria en un término de cinco días contados a partir de la admisión de aquélla y notificarla en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución Además, si la solicitud fuera resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida determinación; asimismo, para el caso que no fuera atendida dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el juzgador y demandar esa omisión, hecho lo anterior, dicha potestad resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas, y requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada También, en casos urgentes sobre hechos o actos que de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición (artículo 115 transcrito) De ahí que, la parte legitimada es quien puede decidir si opta por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición administrativa por caso urgente, como lo sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 57/2018, el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho Ahora, en el caso, el aquí promovente acude a esta instancia constitucional a reclamar en concreto las revisiones invasivas, acoso y daño psicológico hacia su persona por parte del personal de seguridad del Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán Puebla, donde se encuentra interno, desde hace tres años, por haber sido condenado a una pena privativa de la libertad en el proceso 417/2010 del índice del Juzgado de lo Penal de Tepeaca; de ahí, que acorde a lo dispuesto por el artículo 107, en relación con el diverso 117, fracción I, ambos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para impugnar los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, de los reclusos (como en el caso acontece), el solicitante de amparo tiene a su alcance el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal (peticiones administrativas), ante la autoridad penitenciaria Además de considerar el promovente estar en el supuesto de caso urgente, puede acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición (artículo 115) Por lo que, el aquí promovente, antes de promover el presente juicio de amparo, debió acudir ante la autoridad penitenciaria o Juez de Ejecución a formular la mencionada petición, cuya tramitación incluso no requiere de alguna formalidad específica, lo que permite que su tramitación sea expedita, pues incluso los términos establecidos en la legislación mencionada para resolver resultan breves, además, que los hechos o actos que motivaron tal petición, son susceptibles de suspenderse de oficio y de inmediato; de ahí, que al no hacer valer el promovente, ese recurso ordinario de defensa, no agotó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose así también la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo Ilustra dicha consideración, la tesis de jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad" En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, se desecha la demanda de amparo, por ser notoria e indudable su improcedencia DOMICILIO Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente el que señala en su escrito inicial de demanda No obstante lo anterior, toda vez que el promovente se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán, Puebla, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, realícensele las notificaciones que este juzgado estime pertinentes en dicho lugar En consecuencia, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Chalchicomula (con Cabecera en Ciudad Serdán), a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán, Puebla; Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al promovente Juan Antonio González González, y se cerciore de su identidad; Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 263/2019-C-; Notifique a la parte promovente el presente proveído; Le corra traslado con copia autorizada del presente auto; y, Asiente razón en el sentido de si el promovente quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicaron las diligencias de mérito; apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo Queda a cargo de la secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación antes ordenada sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación AUTORIZADOS Se tienen como autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona indicada en la demanda de cuenta, pues no obstante que la parte promovente pretende autorizarla en los términos amplios previstos en dicho numeral, no proporcionó los datos suficientes a efecto de que esta autoridad pueda corroborar que tiene inscrita su cédula de licenciado en Derecho ante la Secretaría de Educación Pública SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información DIGITALIZACIÓN Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico...)
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de ocho de marzo de dos mil diecinueve (foja 808), se admitió a trámite la ampliación de demanda hecha valer por la parte quejosa, en el sentido de señalar como nueva autoridad responsable al Subsecretario de Coordinación y Operación Policial del Estado de Puebla, y se requirió a dicha autoridad para que en el término de quince días contado a partir de su notificación, rinda el informe justificado; plazo que se encuentra transcurriendo, pues la referida autoridad responsable fue notificada por oficio de dicho proveído el once de marzo pasado (foja 819), notificación que surtió efectos el mismo día, y transcurrirá del doce de marzo al tres de abril del año que transcurre. En mérito de lo expuesto, al no estar debidamente integrado este juicio de garantías para dictar sentencia, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, SE DIFIERE y se señala como nueva fecha las nueve horas con treinta minutos del veintidós de abril de dos mil diecinueve, para su celebración. En diverso aspecto, ya que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su artículo 2, gírese atento despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al diligenciario o diligenciaria de su adscripción, a efecto de que notifique al quejoso el presente acuerdo, para lo cual deberá ceñirse a las formalidades establecidas en el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, esto es, única y exclusivamente, deberá realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al aquí quejoso David Escobar Licona, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente - juicio de amparo 1331/2017-E d) Notifique a la parte quejosa el presente proveído, corriéndole traslado con copia autorizada del mismo; y, e) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Asimismo, dígasele al Juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Con el apercibimiento, que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con los artículos 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá, multa de cincuenta días, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación.
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