Juan Antonio Lazaro
Expediente 1218/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1218/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Juan Antonio Lazaro
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Vistos los autos del presente juicio de amparo, se advierte que aún no obra el despacho 917/2019, número de orden 1272/2019, que se giró el doce de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 6 a 12), al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a fin de notificar lo actuado en dicha fecha al aquí quejoso Juan Antonio Lázaro, en el lugar en donde se encuentra recluido, esto es, en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla. En ese contexto, requiérase al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, para que en el improrrogable plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que tenga conocimiento del presente auto, remita a este órgano jurisdiccional el despacho 917/2019, número de orden 1272/2019, que se giró el doce de diciembre pasado. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a este requerimiento, se hará efectiva la multa con la cual se le conminó el doce de diciembre del año en curso.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de diciembre de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Agréguese a los autos el oficio OCC/C06/TCP/17/2019 signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, al cual adjunta la demanda de amparo indirecto de Juan Antonio Lázaro. Fórmese expediente y regístrese con el número 1218/2019-C, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De un estudio integral a la demanda de amparo, se advierte que el promovente en la presente instancia constitucional, señaló como acto reclamado la omisión por parte de la Directora de Asuntos Civiles, Familiares y Administrativos de la Defensoría Pública del Estado de Puebla, de otorgar una defensa adecuada, que se traduce en la dilación de impulsar el trámite al oficio número DG/05/07477/2015, donde se solicitó la elaboración de una demanda de amparo directo. DESECHAMIENTO. Al respecto, debe concluirse que la acción intentada mediante la demanda de amparo que presentó Juan Antonio Lázaro, deviene improcedente, pues en la especie se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." En efecto, como se dijo el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable Directora de Asuntos Civiles, Familiares y Administrativos de la Defensoría Pública del Estado de Puebla, que el peticionario hace consistir en la omisión de otorgar una defensa adecuada, que se traduce en la dilación de impulsar el trámite al oficio número DG/05/07477/2015, donde se solicitó dar trámite a un amparo directo, no posee la naturaleza de acto de autoridad, esto es, no tiene la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo. En efecto, conforme a los numerales transcritos en párrafos precedentes, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros extremos, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De igual forma, es parte en el juicio de garantías, entre otras, la autoridad responsable y tiene ese carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría esas situaciones jurídicas. Además, para los efectos de dicha ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En las relatadas condiciones, el acto reclamado constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de garantías, ya que así lo dispone el artículo 1º, de la ley mencionada y dicho acto debe provenir de una autoridad para efectos del juicio de garantías, como lo prevé el artículo 5º, fracción II, de la ley de la materia. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido el concepto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, como todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la Ley y que constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad y que afectan o lesionan la esfera jurídica de los gobernados. También ha establecido que el juez de amparo deberá estudiar y atender las particularidades de la especie o del acto mismo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías. Se invoca la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio, de la Ley de Amparo, que sustenta: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Además, otros argumentos que resultan ilustrativos para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo y que complementan a los anteriores, son los expresados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido que estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales, en virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora bien, la conducta que se atribuye a la Directora de Asuntos Civiles, Familiares y Administrativos de la Defensoría Pública del Estado de Puebla, y de que se duele en esta instancia el promoverte, es medularmente la falta de defensa en el proceso 201/2000 del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla, para promover un juicio de amparo directo, donde tiene el carácter de sentenciado, evidentemente, no corresponde a una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano de un servicio de asistencia jurídica. Ese tipo de relación difiere sustancialmente de la que se entabla entre autoridad y gobernado, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro. Es corolario de lo anterior, que para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Así pues, cualquier decisión que adopte la Defensoría de oficio, en su carácter de defensor del procesado, dentro de las causa penales en la que interviene, no constituye un acto de autoridad, sino un hecho derivado de la relación derivada de un servicio de asistencia jurídica que presta la Institución de Defensoría Pública, para el promovente, en su calidad de inculpado; motivo por el cual, los conflictos que se susciten entre ellos, deben ser ventilados ante la autoridad competente y no ante el órgano de control constitucional. De ahí que deba establecerse que en la especie, el referido juicio resulta improcedente, precisamente porque esas omisiones, acciones o conductas no constituyen actos de autoridad, en términos del artículo 5º de la Ley de Amparo, susceptibles de impugnarse mediante el juicio de garantías. Se invoca respecto del tema en estudio, el criterio siguiente: "DEFENSOR DE OFICIO. NO ES AUTORIDAD RESPONSABLE PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 11 de la Ley de Amparo señala que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Por lo que si dentro de las facultades que tiene un defensor de oficio no se encuentra ninguna de las señaladas en ese precepto legal, a través de la cual tuviera imperio y decisión en relación con la sentencia reclamada por el quejoso, ya que no la pronuncia y ninguna intervención tiene en su ejecución, con apoyo en el artículo 11, en relación con la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, es improcedente el juicio de garantías y debe decretarse el sobreseimiento, con fundamento en la fracción III del numeral 74 de la propia codificación." Bajo esas consideraciones, ya que en la especie se actualiza de manera manifiesta y notoria la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º y 5, fracción II de la Ley de Amparo; lo procedente es desechar de plano la demanda de derechos fundamentales, en términos de lo dispuesto por el numeral 113 de la mencionada Ley. DEFENSOR PÚBLICO. Atendiendo el contenido del criterio jurisprudencial 1a./J. 43/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, dicen: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja. Y, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en relación con el diverso 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que, en el momento de la diligencia o en el plazo de tres días computado legalmente, nombre a un abogado que lo represente en este juicio, y lo aperciba que en caso de no hacerlo, este órgano jurisdiccional le nombrará uno de oficio. Por tanto, una vez que transcurra el término concedido para tal efecto, provéase lo conducente. DOMICILIO. Toda vez que el quejoso se encuentra recluido, en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que este juzgado estime pertinentes en dicho centro penitenciario. NOTIFICACIÓN. Toda vez que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; con fundamento en los artículos 27, fracción II y 116, segundo párrafo de la Ley de Amparo, 144, 145 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda a fin de que realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso Juan Antonio Lazaro, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -Juicio de Amparo 1218/2019-C; d) Notifique el presente auto al referido promovente; y, e) Le corra traslado con copia autorizada del presente proveído. f) Lo requiera para que, en el momento de la diligencia o en el plazo de tres días computado legalmente, nombre a un abogado que lo represente en este juicio, y lo aperciba que en caso de no hacerlo, este órgano jurisdiccional le nombrará uno de oficio. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de dicha diligencia. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicaron las diligencias de mérito. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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