Jovani Waldemar Martínez

Expediente 796/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
796/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
25/07/2022

Partes del expediente

  • Juez Calificador en Turno del Municipio de Santa Lucía, Oaxaca
  • Jovani Waldemar Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que tuvo por no presentada la demanda de amparo origen del expediente en que se actúa, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, y toda vez que es un hecho notorio los expedientes que se tramitan en este juzgado; se ordena traer a la vista el diverso 795/2022, promovido por Jovani Waldemar Martínez en favor de Crispín Méndez García, para los efectos legales a que haya lugar. Se invoca en apoyo la jurisprudencia XXII J/12, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, del tomo V, Enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento". Del referido expediente 795/2022 se advierte que la actuaria judicial adscrita a este Juzgado, al constituirse en los separos del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, fue informada por el Juez Calificador en turno, que sí tenía privado de su libertad a la persona de nombre de Crispín Méndez García, mismo que fue detenido en el operativo de alcoholímetro ubicado en la calle de Hornos y Avenida Ferrocarril; y una vez que se lo pusieron a la vista, le notificó el auto de dos de julio del año en curso y lo requirió para que declarara si ratificaba la demanda promovida a su favor por Jovani Waldemar Martínez, o bien, lo hiciera dentro del plazo de tres días, agregando que haría manifestación una vez que lo platicara con su abogado dentro del plazo concedido. Posteriormente, mediante proveído dictado el ocho de julio del año que transcurre en ese mismo expediente, dentro de la dilación al efecto concedida, se certificó que el impetrante del amparo no se presentó a ratificar la demanda de amparo promovida a su favor, por lo que, se le hizo efectivo el apercibimiento ahí decretado, y se tuvo por no presentada dicha demanda. De lo anterior que se concluye que el promovente Jovani Waldemar Martínez, promovió dos demandas a favor de Crispín Méndez García, el que fue localizado en los separos del Municipio de Santa Lucía del Camino, y no en los del Municipio de Oaxaca de Juárez; además, que no fue su deseo ratificar la demanda que se instó a su favor; por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo origen del expediente en que se actúa, dejándose sin efecto las providencias decretadas en auto inicial. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de julio de dos mil veintidós. Agréguese el informe de cuenta, por medio del cual, el Juez Cívico Municipal Especializado en Faltas Administrativas del Segundo Turno, con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, hace del conocimiento de este juzgado que quedó enterado de la suspensión de plano decretada en este expediente de amparo a favor de Crispin Méndez García; informando que se encuentra imposibilitado para dar cumplimiento a lo ordenado, toda vez que el referido quejoso no fue puesto a su disposición. Asimismo, vista la diligencia practicada por la actuaria judicial de la adscripción en el sentido de que al constituirse en los Separos del Juez Cívico Municipal Especializado en Faltas Administrativas del Municipio de Oaxaca de Juárez, y preguntar por Crispín Méndez García, fue atendida por el Juez Calificador del Segundo Turno adscrito a la Alcaldía Municipal con sede en la Dirección de Proximidad Social, quien le manifestó que no tiene detenida a ninguna persona que responda a ese nombre; por lo que, al efecto se provee: Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su artículo 2º, requiérase al promovente Jovani Waldemar Martínez, para que dentro del plazo de tres días, informe a este Juzgado si el quejoso Crispín Méndez García, se encuentra libre y para el caso de ser así, dentro del mismo plazo, lo presente en las instalaciones de este Juzgado de Distrito, en días y horas hábiles, a efecto de que manifieste si ratifica o no la demanda promovida a su favor, o en su caso, informe en dónde pueda ser localizado. Apercíbasele que de no presentarlo o de no manifestar el impedimento legal que le asista para ello, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, en términos del artículo 237 fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE."

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de julio de dos mil veintidós. Ténganse por recibido el ocurso inicial señalado en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 796/2022. Suspensión de plano. Ahora bien, de la revisión de la demanda se advierte que el promovente reclama la privación de la libertad personal y la incomunicación, de la que afirma es objeto CRISPÍN MÉNDEZ GARCÍA por el Juez Calificador en turno del Municipio de Oaxaca de Juárez; en ese contexto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE SUSPENDE DE PLANO todo acto que tienda a tener incomunicado al quejoso, hacerlo víctima de malos tratos, coacción, castigos o tormentos y que pueda privarlo de la vida o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, quedando a disposición de este Juzgador por lo que hace a su libertad personal. Apercibimiento a la autoridad responsable. Requiérase a la responsable para que en el término de VEINTICUATRO HORAS, comunique, vía informe, a éste órgano jurisdiccional, la forma y términos en que den cumplimiento a esta suspensión de plano, con el apercibimiento, que de no cumplir con ello se le impondrá una multa de cincuenta veces de unidades de medida y actualización, de conformidad con lo ordenado por el numeral 259 en relación con el diverso 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; en la inteligencia de que la violación a dicha medida concedida, entraña la probable comisión de un delito, de conformidad con el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo citada, por lo que de consumarse, de inmediato se pondrá en conocimiento del Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Igualmente, la autoridad que tenga bajo su resguardo al quejoso, deberá permitir el acceso de manera mesurada a los familiares y abogados del agraviado, quienes deberán acatar las medidas sanitarias que se hayan implementado en la institución de que se trate, ante la contingencia decretada para hacer frente al fenómeno de salud pública causado por el virus SARS-Cov2 (COVID-19), en horas hábiles, esto, sin alterar el debido orden y procurando, en todo caso, la protección de los derechos humanos de las personas detenidas; en el entendido de que al momento de la notificación deben permitir, en el caso de ser solicitado por la fedataria actuante, el acceso a una de estas personas a fin de que estén presentes al momento de la diligencia. En consecuencia, se responsabiliza a la aludida autoridad por cualquier violación que pudiera cometerse a esta determinación y deberá proceder a la vigilancia necesaria a fin de que sea dado el debido cumplimiento. Prevención y apercibimiento al directamente agraviado. Por otro lado, comisiónese a la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado Federal para que se constituya en los separos de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, o cualquier otro lugar en el que podría encontrarse detenido o recluido el directo agraviado CRISPÍN MÉNDEZ GARCÍA, a fin de que al momento de la notificación de este acuerdo, una vez ante su presencia, le haga de su conocimiento la naturaleza del presente juicio de amparo y lo requiera para que indique si ratifica la demanda promovida a su favor, o bien, lo haga dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente a aquel en el que surta efectos la notificación de este acuerdo, con el apercibimiento que de no ratificarla, se procederá conforme a lo establecido en los párrafos cuarto y quinto del artículo 15 de la Ley de Amparo. Instrúyase a la fedataria adscrita para que en el acto de la notificación dé fe de las lesiones físicas que pudiera presentar el quejoso y lo requiera para que manifieste si cuenta con alguna lesión que no esté a la vista, debiendo asentar tales circunstancias en la razón que para el efecto realice. Una vez realizado lo anterior, dese nueva cuenta con las constancias conducentes a efecto de proveer sobre la admisión de la demanda. Precisión de los efectos de la suspensión de plano respecto del acto reclamado consistente en la privación de la libertad. Así las cosas, de conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, se CONCEDE la suspensión para el efecto de que, en el caso de que la privación de la libertad sea resultado de detención efectuada por autoridad administrativa distinta al Ministerio Público, en relación a la comisión de un delito, CESE DE INMEDIATO la detención por parte de dicha autoridad, entendiéndose por ello la puesta en libertad del agraviado, o bien, ponerlo a disposición de las autoridades investigadoras competentes. Ahora bien, en el supuesto que dicha detención no tenga relación directa con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que el quejoso sea puesto en libertad. Para acreditar lo anterior, la autoridad que haya ejecutado su detención o la orden privativa de la libertad, deberá remitir a este Juzgado las constancias de las que se advierta el registro del arresto o de la detención, pues los miembros de la policía que la realicen, deberán elaborar un registro de la misma, estableciendo la fecha y la hora en las que la persona fue detenida o puesta a su disposición. Igualmente, en términos de lo dispuesto por el artículo 165 de la Ley de Amparo, y 16, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el numeral 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN solicitada para el efecto de que en el caso de que la detención se hubiera realizado en flagrancia o urgencia, la autoridad investigadora o policial que tenga a su disposición al agraviado, deberá examinar de inmediato las condiciones en que ésta se realizó, debiendo remitir a este Juzgado las constancias en las que se advierta que ha dado cumplimiento a lo estipulado en este párrafo, junto con el registro de la detención o arresto correspondiente, a fin de que se esté en aptitud de computar el término de cuarenta y ocho horas, en el que deberá decretar la libertad o solicitar la respectiva audiencia de control de la detención ante el Juez competente. Ahora, en caso de que la detención de la parte quejosa obedezca a un caso distinto a los mencionados en los párrafos precedentes, pero que sea el Ministerio Público quien restringe su libertad, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN para el efecto de que la parte quejosa sea puesta en inmediata libertad o consignada ante el Juez de Control correspondiente para que califique la detención. Ahora bien, en el caso de que la detención derive de una orden de arresto o infracción administrativa dictada en su contra, con fundamento en los artículos 125, 128 y 139 de la ley de la materia, en atención a la naturaleza de la suspensión solicitada y considerando que el arresto se trata de un acto de tracto sucesivo, por tratarse de un hecho continuo el cual es susceptible de suspenderse para mantener la materia del amparo, dada su naturaleza jurídica, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE DICHO ACTO. En consecuencia, la concesión de la suspensión antes referida es para el efecto de que se suspenda de inmediato la ejecución del arresto que derive de la detención de la parte quejosa y no siga verificándose, por lo que la autoridad que materialmente éste ejecutando el acto reclamado, deberá poner en INMEDIATA LIBERTAD a la parte agraviada, siempre y cuando la privación de la misma derive del cumplimiento del arresto o infracción administrativa decretado en su contra por la autoridad señalada como responsable; pues de consumarse no sería posible de restituir en su caso, al solicitante del amparo en el goce de la garantía violada, quedando a disposición de este Juzgado de Distrito por cuanto a su libertad personal se refiere. Asimismo, en el caso anterior, se requiere a la autoridad responsable que hubiere llevado a cabo el arresto, para que dentro de los tres días siguientes al en que tenga conocimiento del presente proveído, realice el cómputo del tiempo que estuvo detenida la persona agraviada, respecto de la sanción administrativa que le fue impuesta, señalando el ordenamiento normativo que dio origen a la medida administrativa que se le aplicó y las circunstancias en que ésta fue empleada. Apercíbase a la autoridad responsable, que para el caso de no cumplir con lo dispuesto en el presente acuerdo o no hacerlo con la celeridad ordenada, se emplearán los medios de apremio a que se refiere el numeral 211 de la Ley de la Materia, pudiendo hacerse uso de la fuerza pública. Por otro lado, se ordena a la Actuaria Judicial de la adscripción para que solicite le proporcionen el control de ingreso que se maneje en las dependencias a las que acuda con relación al detenido, debiendo hacer constar dicha fedataria la hora y el día en el que la quejosa ingresó a la dependencia a fin de acordar en su caso lo que en derecho corresponda. Vinculación de autoridades. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, en relación con el 111 de la propia ley, a fin de vigilar el cabal acatamiento de esta determinación judicial y en atención a que para garantizar el cumplimiento de la suspensión, rigen las mismas reglas previstas que para las sentencias de amparo, entonces, aun aquellas autoridades que no hayan sido señaladas como responsables, si están vinculadas al cumplimiento de la suspensión, deberán acatarla, máxime que en el caso se reclama la detención personas, pues su retención por más tiempo del permitido por nuestra Carta Magna constituye un delito y la finalidad de esta medida cautelar es vigilar que la parte agraviada sea puesta a disposición de la autoridad judicial dentro del plazo correspondiente. Para ello, se comisiona a la Actuaria de la adscripción, para que, en el caso de tener conocimiento de la intervención de diversas autoridades, que haya sido señalada en virtud del desconocimiento del promovente respecto de su participación, sin necesidad de nuevo acuerdo, les comunique mediante oficio esta determinación, autoridades que estarán obligadas a acatarla en sus términos, sin perjuicio de que no hayan sido señaladas expresamente como responsables, pues como se ha dicho, al tener participación en la detención, están vinculadas al cumplimiento de la suspensión, por lo que de igual forma deberán rendir su informe en el plazo de VEINTICUATRO HORAS y acompañar las constancias respectivas, apercibidas que de no hacerlo, se ordenará la inmediata libertad del quejoso. Vinculación de autoridades. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, en relación con el 111 de la propia ley, a fin de vigilar el cabal acatamiento de esta determinación judicial y en atención a que para garantizar el cumplimiento de la suspensión, rigen las mismas reglas previstas que para las sentencias de amparo, entonces, aun aquellas autoridades que no hayan sido señaladas como responsables, si están vinculadas al cumplimiento de la suspensión, deberán acatarla, máxime que en el caso se reclama la detención personas, pues su retención por más tiempo del permitido por nuestra Carta Magna constituye un delito y la finalidad de esta medida cautelar es vigilar que la parte agraviada sea puesta a disposición de la autoridad judicial dentro del plazo correspondiente. Para ello, se comisiona a la Actuaria de la adscripción, para que, en el caso de tener conocimiento de la intervención de diversas autoridades, que hayan sido señaladas en virtud del desconocimiento del promovente respecto de su participación, sin necesidad de nuevo acuerdo, les comunique mediante oficio esta determinación, autoridades que estarán obligadas a acatarla en sus términos, sin perjuicio de que no hayan sido señaladas expresamente como responsables, pues como se ha dicho, al tener participación en la detención, están vinculadas al cumplimiento de la suspensión, por lo que de igual forma deberán rendir su informe en el plazo de VEINTICUATRO HORAS y acompañar las constancias respectivas, apercibidas que de no hacerlo, se ordenará la inmediata libertad de la quejosa. Autorización para subsanar denominaciones incorrectas. Si al momento de la notificación a las autoridades responsables, alguna de éstas refiere que la denominación a la que se encuentra dirigido el oficio que le corresponde es incorrecta, se faculta a la Actuaria para que subsane dicho error en la designación de la nominación de la responsable y asiente de propia mano en un nuevo oficio que al efecto le sea entregado por este Juzgado, la denominación correcta, sin que ello implique una alteración al documento a notificar, dada la fe pública con la que cuenta dicha funcionaria, esto es así, pues este Juzgador se encuentra facultado para corregir la inexactitud del señalamiento de la parte quejosa, en aras de evitar rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en el presente caso, la parte quejosa reclama actos de los contenidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos se encuentran dentro de los catalogados como urgentes, debiéndose tramitar la demanda de amparo con la mayor celeridad, en salvaguarda de los derechos humanos de la parte quejosa. De igual forma, en el supuesto anterior, se apercibe a la autoridad responsable, que si persistiere en no recibir el oficio que le fuera dirigido, se le tendrá por hecha la notificación pretendida, en términos de lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, con todas las consecuencias jurídicas que ello conlleve. En el entendido de que, de la negativa de la responsable, se dará vista a su superior jerárquico, en términos de lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo, en relación con el 194 del propio ordenamiento legal, a fin de que las disposiciones en materia del cumplimiento de las medidas cautelares decretadas sean ejecutadas y observadas por las autoridades responsables. Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis con el rubro y texto siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO NO LLEGA AL EXTREMO DE EXIGIR AL QUEJOSO QUE PROPORCIONE SU DENOMINACIÓN CORRECTA. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo vigente no establece la obligación de señalar en la demanda, la denominación correcta de las autoridades responsables, y que, en caso de no hacerlo, el juzgador pueda dejar de tenerlas con ese carácter. Antes bien, el precepto dispone que el quejoso debe expresar el o los nombres de las autoridades responsables como requisito para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Por tanto, nada impide al juzgador que como hecho notorio, y a fin de resolver sobre la cuestión planteada, corrija de oficio el error en que se incurra en el señalamiento de autoridades con ese carácter, pues no debe llegarse al extremo de exigirle que proporcione su denominación correcta, ya que el Juez de amparo, como rector del proceso, debe procurar interpretar su solicitud sin rigorismos formalistas que obstruyan el acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo.1 Domicilio. Con fundamento en lo establecido por el arábigo 27, fracción III inciso a), de la ley de materia en virtud de que la parte promovente no señalo domicilio para oír y recibir notificaciones, atiéndanse las notificaciones personales de este asunto por medio de lista de acuerdo que se fija en el local de este Juzgado. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione 1 Tesis XXVI.3 P (10a.), sustentada por Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, con número de registro 2012961, publicada en la Gaceta del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, de la Décima Época, visible a página 2842. la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la naturaleza de los actos reclamados a este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las actuaciones ordenadas en este proveído, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Notifíquese personalmente.

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