Josue Manuel Félix Pérez

Expediente 32/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
32/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
21/04/2021

Partes del expediente

  • Josue Manuel Félix Pérez
  • Juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Del estado que guardan los autos se advierte que en el juicio de amparo 32/2021 del que deriva esta incidencia se declaró que causó ejecutoria la sentencia dictada en ese sumario y se ordenó su archivo como asunto concluido; en el auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se negó la suspensión provisional y en la interlocutoria pronunciada el veintiséis de febrero posterior, se negó la medida cautelar definitiva; y, en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no existen documentos considerados como originales que las partes hayan exhibido, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Por otro lado, toda vez que no existen documentos considerados como originales en términos de lo establecido por el normativo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y que en este incidente de suspensión se negaron la suspensión provisional y la definitiva, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, en relación con el diverso 21, inciso c), de la propia norma de observancia general, el presente cuaderno original es susceptible de destrucción. En otro punto, con fundamento en lo establecido por el arábigo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General citado se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. En diverso aspecto, se estima que este incidente carece de relevancia documental, porque el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que el disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia dictada en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este juicio constitucional como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, salvo el contrato de compraventa de vehículo de motor con responsiva celebrado el siete de octubre de dos mil veinte, entre Abigail Pérez Sánchez y el disidente Josué Manuel Félix Pérez que obra en este asunto y como se sobreseyó en este juicio de amparo, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, dado que resulta innecesaria la retención de los dos tomos de pruebas relativos a las copias certificadas de las constancias del juicio ejecutivo mercantil 241/2020, que la Juez Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, remitió en apoyo de su informe justificado, devuélvanse esos instrumentos mediante el oficio que al efecto se elabore; en tal sentido, se instruye al Actuario(a) Judicial de la adscripción que al notificar ese comunicado se cerciore que la persona con quien entienda la diligencia asiente con su puño y letra la recepción de la documentación que se devuelve en el acuse de recibo relativo. En diverso aspecto, respecto del original del contrato de compraventa de vehículo de motor con responsiva celebrado el siete de octubre de dos mil veinte, entre Abigail Pérez Sánchez y el disidente Josué Manuel Félix Pérez que obra en este juicio de amparo, se provee: a) Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que en el marco de la pandemia ocasionada por el virus Covid-19 representa no solo para el personal de este Juzgado, sino también para los promoventes que requieran realizar trámites en el interior de las instalaciones del edificio sede de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo General 21/2020 y con fundamento en lo dispuesto por el precepto 280 del código adjetivo civil federal invocado, indíquese al quejoso que se deja a su disposición ese documento para que acuda a recogerlo dentro de un plazo de noventa días, previa copia fotostática simple que se deje en autos. b) Para la entrega de ese instrumento, el ocursante deberá generar una cita para la consulta del expediente, con la finalidad de que el día programado acuda a obtener el documento correspondiente. c) En el entendido de que deberá ajustarse al procedimiento indicado en los artículos 3 a 7 del acuerdo 21/2020 citado para generar un código QR individualizado, a fin de que asista un máximo de dos personas por cita, quienes deberán identificarse debidamente, someterse al control sanitario de ingreso y respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. En tal sentido, se autoriza a las personas señaladas en el ocurso inicial o al disidente para recibirla. Notifíquese; personalmente al quejoso ** y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la cual resuelve el juicio de amparo indirecto 32/2021 promovido por Josué Manuel Félix Pérez, en contra del auto de tres de noviembre de dos mil veinte, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ***/***, en donde se ordenó el embargo de bienes de la parte demandada en ese contradictorio para garantizar el pago de la deuda exigida, la ejecución del citado mandamiento materializada en el embargo de un vehículo Pick-Up, doble cabina, marca Toyota, modelo **, tipo *** ****, motor **, con número de serie *** y placas de circulación **** del Estado de México y la desposesión de ese bien mueble que se atribuyen al Juez Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y al Actuario Judicial de su adscripción. El problema jurídico planteado en el presente asunto exige analizar, en el caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de una sentencia de fondo, si los actos impugnados vulneran en perjuicio del inconforme los derechos fundamentales de audiencia, de legalidad y de seguridad jurídica reconocidos por los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. ANTECEDENTES Mediante escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veinte, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles y Familiares del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, ***, en su carácter de endosatario en propiedad de ***, demandó en la vía ejecutiva mercantil a **** y a ****, en sus calidades de deudora y aval, respectivamente, el pago de diversas prestaciones económicas. Por acuerdo de tres de noviembre de dos mil veinte, el Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto admitió a trámite la demanda, registrándola bajo el expediente **/***; en razón de lo anterior, dictó auto de exequendo en donde instruyó al Actuario Judicial de su adscripción que en compañía de la parte actora se constituyera en el domicilio de los demandados ** y ***, requiriera a éstos el pago de las prestaciones exigidas y en el caso de que no lo hicieran se embargaran bienes suficientes de su propiedad para garantizar la cobertura del adeudo, los cuales señaló que debían ser dados en depósito de la persona que nombrara el actor y tenían que quedar a disposición de ese órgano jurisdiccional; hecho lo anterior, dispuso que se emplazara a los enjuiciados para que en el plazo de ocho días comparecieran a cubrir las prestaciones reclamadas, o bien, se opusieran a la ejecución si tenían excepciones que hacer valer; después, tuvo al accionante por ofrecidas sus pruebas y formuló diversas prevenciones a las partes. El nueve de diciembre de dos mil veinte, el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en compañía del actor se constituyó en el domicilio de los demandados y realizó lo siguiente: 3.1. Notificó de manera personal a ***** y a ****, el proveído de tres de noviembre del año próximo pasado. 3.2. Requirió a los enjuiciados el pago de las prestaciones que el actor demandó, sin que hayan cubierto la deuda y tampoco señalaron bienes para embargo con el objeto de garantizar esta última. 3.3. Después, el accionante señaló para embargo una camioneta marca **, Tacoma 4 puertas, modelo ***, tipo Pick-Up, seis cilindros, con capacidad de 1000 kilogramos (1 tonelada), con placas de circulación **** del Estado de México, color blanca y solicitó que se gravara ese bien para garantizar la cobertura del adeudo. 3.4. En razón de lo anterior, el citado fedatario trabó formal embargo sobre la unidad motriz descrita y requirió a la demandada *** su entrega voluntaria, quien inicialmente se negó a hacerlo, pero posteriormente accedió; enseguida, entregó ese vehículo al depositario judicial nombrado por el actor, previa aceptación de dicho cargo. 3.5. Finalmente, emplazó a juicio a los demandados. A través del ocurso presentado el once de enero de dos mil veintiuno, los enjuiciados dieron contestación a la demanda, opusieron sus excepciones y defensas y ofrecieron las pruebas que estimaron pertinentes; en el proveído de diecinueve de enero posterior, el Juez primigenio tuvo a dichos litigantes por ejercidos los derechos indicados. Por otra parte, de los hechos y las abstenciones que el justiciable manifestó bajo protesta de decir verdad se advierte que adujo que el siete de octubre de dos mil veinte, celebró con *** un contrato de compraventa de vehículo de motor con responsiva, mediante el cual adquirió una unidad motriz Pick-Up, doble cabina, marca Toyota, modelo 2017, tipo Tacoma Sport 4x4, motor ***, con número de serie **** y placas de circulación *** del Estado de México; en ese sentido, se ostenta como propietario y poseedor de ese bien mueble. El promovente indicó que el nueve de diciembre de dos mil veinte, tuvo conocimiento del auto de exequendo de tres de noviembre de esa anualidad, que el Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, dictó en el juicio ejecutivo mercantil **/** y de su ejecución, porque el Actuario Judicial adscrito a ese órgano jurisdiccional embargó el vehículo descrito y lo desposeyó de ese bien mueble. En inconforme aduce que es una persona extraña al contradictorio de origen, porque no figura como parte en ese asunto ni tiene acceso al expediente relativo; no obstante esa situación, afirma que las actuaciones que combate vulneran sus derechos fundamentales y ocasionan perjuicios en su esfera jurídica. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado el quince de enero de dos mil veintiuno, en el buzón judicial instalado por el Consejo de la Judicatura Federal en el edificio que alberga a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en esta localidad, el cual se recibió en la propia data por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, Josué Manuel Félix Pérez promovió juicio de amparo indirecto en contra de los actos reclamados y las autoridades responsables que posteriormente se precisarán. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los consagrados por los ordinales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de las actuaciones combatidas y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. Por acuerdo de diecinueve de enero del año en curso, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto lo registró bajo el expediente 32/2021 y previno al justiciable para que manifestara bajo protesta de decir verdad la fecha en la que tuvo conocimiento de los actos impugnados; el justiciable atendió el requerimiento formulado a través del ocurso presentado el tres de febrero posterior, cuya firma reconoció en la diligencia de diecisiete siguiente. En razón de lo anterior, en el proveído de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal tuvo al quejoso por cumplida la prevención; admitió a trámite la demanda; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En el auto de cinco de marzo de la presente anualidad, este órgano jurisdiccional reconoció la calidad de tercero interesado a Darío Alfredo Velasco García, por lo que dispuso su llamamiento a este juicio de protección de los derecho fundamentales. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta fecha, en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman diversos actos que tuvieron ejecución en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo y su aclaración, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme reclama los actos siguientes: Del Juez Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, combate: El auto de tres de noviembre de dos mil veinte, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 241/2020, en el que ordenó el embargo de bienes de la parte demandada en ese contradictorio para garantizar el pago de la deuda exigida. Del Actuario Judicial adscrito al Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, impugna: La ejecución del citado mandamiento materializada en el embargo de un vehículo Pick-Up, doble cabina, marca Toyota, modelo 2017, tipo Tacoma Sport 4x4, motor ***, con número de serie **** y placas de circulación **** del Estado de México y la desposesión de ese bien mueble. V. EXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS Son ciertos los actos reprochados al Juez Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y al Actuario Judicial de su adscripción, porque así lo reconocieron en sus informes justificados, lo cual es suficiente e idóneo para tener por demostrada la existencia de las actuaciones que fueron atribuidas a esos entes públicos. En el caso es aplicable la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos combatidos se corrobora con las diversas actuaciones del juicio ejecutivo mercantil **/***, que la autoridad judicial responsable aportó en el presente sumario en copias certificadas, a las que se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido por su ordinal 2. Se sostiene lo anterior, porque en las constancias de ese asunto obra el auto de tres de noviembre de dos mil veinte, en donde el Juez Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, ordenó el embargo de bienes de los demandados para garantizar la cobertura del adeudo exigido; también se encuentra glosada la diligencia de nueve de diciembre de dos mil veinte, en la que el Actuario Judicial adscrito a ese órgano jurisdiccional trabó embargo sobre una camioneta marca Toyota, Tacoma 4 puertas, modelo 2017, tipo Pick-Up, seis cilindros, con capacidad de 1000 kilogramos (1 tonelada), con placas de circulación **** del Estado de México, color blanca y entregó dicho vehículo al depositario judicial nombrado por el actor. Las circunstancias destacadas conducen a establecer la existencia de los actos atacados en este asunto. En cuanto a la valoración de los instrumentos públicos descritos es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VI. PROCEDENCIA Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, de oficio se advierte que en relación con los actos impugnados al Juez Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y al Actuario Judicial de su adscripción consistentes en el auto de tres de noviembre de dos mil veinte, dictado en el juicio ejecutivo mercantil **/**, en el que se ordenó el embargo de bienes de la parte demandada en ese contradictorio para garantizar el pago del adeudo exigido, la ejecución del citado mandamiento materializada en el embargo de un vehículo Pick-Up, doble cabina, marca Toyota, modelo **, tipo Tacoma Sport 4x4, motor **, con número de serie *** y placas de circulación ** del Estado de México y la desposesión de ese bien mueble, se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque el inconforme no demostró que tiene interés jurídico para combatir esas actuaciones, en la medida en la que la orden de embargo contenida en el proveído atacado no se encuentra dirigida al justiciable y éste no acreditó los derechos sustantivos de propiedad y de posesión que afirma tener sobre la unidad motriz descrita. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido del precepto 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" De la norma transcrita se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos por el numeral 5, fracción I, de la ley de la materia, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. A su vez, los arábigos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo prescriben lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." La norma constitucional inserta establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; asimismo, señala que tiene ese carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Carta Magna y que con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otro lado, dicho normativo estatuye que tratándose de actos o resoluciones que provengan de Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En otro punto, es preciso destacar que el legislador ordinario en el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo recogió las bases dadas por el Órgano Reformador de la Carta Magna en el referido dispositivo constitucional, para establecer que el quejoso es parte en el juicio de amparo; además, precisó que tiene ese carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, el acto o la omisión reclamado viola los derechos previstos por el artículo 1 de la ley de la materia y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, el legislador federal dispuso en ese tramo normativo que el interés simple en ningún caso podrá invocarse como interés legítimo. Finalmente, el numeral transcrito en último orden precisa que el juicio de amparo puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, en términos de lo prescrito por el arábigo 5, fracción I, de la citada legislación. Además, señala que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos por la ley de la materia. Acorde con lo expuesto es factible sostener que los numerales 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5, fracción I, de la Ley de Amparo atribuyen consecuencias de derecho desde el punto de vista de la legitimación del promovente del amparo indirecto tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al interés legítimo, dado que a quien se ubique dentro de esos supuestos se le otorga legitimación para ejercer la acción constitucional, en los términos que precisa el diverso 6 de la ley que rige a este medio extraordinario de defensa. De lo anterior se advierte que las normas examinadas prescriben para la procedencia del juicio de amparo que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Bajo esa óptica, por interés jurídico debe entenderse cualquier hecho o situación que además de ser benéfico para un gobernado requiere estar debidamente tutelado por el orden jurídico; esto es así, porque si bien pueden existir diversos intereses en la esfera vital de un individuo con contenido variado e índole distinta pero para que puedan ser tutelados es necesario que una disposición normativa lo regule, ya que de lo contrario no se poseería un derecho y, en consecuencia, tampoco existiría un interés por reclamar. Esos conceptos se vinculan con uno de los principios rectores del juicio de amparo, el relativo a un agravio personal y directo, el cual indica que la acción constitucional sólo podrá ser ejercida por aquella persona física o moral afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad. Conforme a lo expuesto debe destacarse que para estar en aptitud de promover un juicio de amparo es necesario que el gobernado demuestre la existencia de un derecho subjetivo en su haber patrimonial o jurídico, así como que ese derecho ha sido afectado o vulnerado por un acto de autoridad, lo cual lo legitima para acudir ante el órgano de control constitucional a demandar la protección de la Justicia de la Unión. En respaldo de lo anterior se cita la jurisprudencia VI. 2o. J/87 emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que expone: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Por otra parte, debe señalarse que a través del ejercicio de la acción constitucional el solicitante del amparo demanda la tutela de un derecho subjetivo público que dice le fue vulnerado por la autoridad emisora del acto impugnado; es decir, mediante el ejercicio de la acción de amparo se demanda el respeto a ese derecho y la restitución en su goce. En ese contexto, para la procedencia del juicio de amparo el agraviado debe demostrar la titularidad del derecho subjetivo tutelado por una norma jurídica y su afectación por el acto reclamado; es decir, el quejoso tiene la obligación de acreditar el interés jurídico en sí y el perjuicio padecido por el acto impugnado, el cual debe ser real, actual, directo y objetivo; además, esos aspectos deben demostrarse en forma plena, innegable y fehaciente porque no pueden inferirse con base en presunciones. Las consideraciones expuestas tienen sustento en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." También resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 16/94 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Con base en lo anterior es factible sostener que el disidente no tiene un interés jurídico para impugnar los actos consistentes en: (i) el auto de tres de noviembre de dos mil veinte, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 241/2020, en el que se ordenó el embargo de bienes de los enjuiciados en ese asunto para garantizar la cobertura del adeudo exigido; (ii) la ejecución del citado mandamiento materializada en el embargo de un vehículo Pick-Up, doble cabina, marca Toyota, modelo 2017, tipo Tacoma Sport 4x4, motor 2GR-M599023, con número de serie 3TMCZ5AN3HM107806 y placas de circulación NFE-13-64 del Estado de México; y, (iii) la desposesión de ese bien mueble, por un lado porque el justiciable no es el destinatario de la orden de embargo contenida en el acuerdo señalado en el primer punto y, por otro, porque el inconforme no acreditó los derechos sustantivos de propiedad y de posesión que asevera tener sobre la unidad motriz que se alude en los dos últimos puntos. Ahora, para evidenciar que la orden de embargo contenida en el auto reclamado no está dirigida al quejoso y, por ende, que esta actuación no tiene impacto en sentido negativo en su esfera jurídica es necesario tener en cuenta que en el juicio de origen, Darío Alfredo Velasco García, en su carácter de endosatario en propiedad de Juan Francisco Ricardez Bernardino, demandó a Abigail Pérez Sánchez y a Miguel Ángel Gómez Oseguera, en sus calidades de deudora y aval, respectivamente, el pago de diversas prestaciones económicas con base en el pagaré que aportó. Esa situación motivó que el Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, dictara un auto de exequendo en donde instruyó al Actuario Judicial de su adscripción que requiriera a los demandados *** y **** el pago de las prestaciones exigidas y en el caso de que no lo hicieran se embargaran bienes suficientes de su propiedad para garantizar la cobertura del adeudo, los cuales señaló que debían ser dados en depósito de la persona que nombrara el actor y tenían que quedar a disposición de ese órgano jurisdiccional; hecho lo anterior, dispuso que se emplazara a los enjuiciados para que en el plazo de ocho días comparecieran a cubrir las prestaciones reclamadas, o bien, se opusieran a la ejecución si tenían excepciones que hacer valer. En este punto, es necesario referir que atendiendo a la naturaleza del juicio ejecutivo mercantil que se basa en un título preconstituido con pleno valor probatorio y que no es un juicio de conocimiento al cual deben ser llamadas todas las personas que tengan interés en él o la sentencia que se dicte les pueda parar perjuicio, a fin de que aleguen lo que a su derecho convenga, el auto de exequendo se dirige únicamente en contra de los enjuiciados y no a cualquier persona o sujeto. Además, esa resolución judicial no tiene meros efectos declarativos, sino que implica en términos de lo estatuido por el numeral 1392 del Código de Comercio la comprobación por parte del Juez del cumplimiento de los requisitos para disponer la intimación de pago al deudor y, en su defecto, el embargo de sus bienes, es decir, dicho auto ordena la afectación de un bien o de un conjunto de bienes del demandado para asegurar cautelarmente la eventual ejecución de una pretensión de condena planteada en el juicio y que el enjuiciado no pueda disponer de él, lo cual procede incluso con la autorización para hacer uso de la fuerza pública y allanar el domicilio del deudor en el caso de resistencia. En el caso concreto, aun cuando en el auto de exequendo dictado en el juicio natural se contiene la orden para que el Actuario Judicial responsable embargara bienes de los enjuiciados en ese asunto para garantizar la cobertura de la deuda exigida y ese mandamiento sirvió de base para que dicho fedatario embargara el vehículo Pick-Up, doble cabina, marca Toyota, modelo 2017, tipo Tacoma Sport 4x4, motor ***, con número de serie *** y placas de circulación *** del Estado de México y realizara la desposesión de ese bien para ponerlo a disposición del depositario judicial, como consta en la diligencia de nueve de diciembre de dos mil veinte, lo cierto es que ese auto con efectos de mandamiento en forma no fue dictado en contra del solicitante de la protección constitucional ni puede estimarse que éste es destinatario de esa resolución judicial. Es así, porque en el auto de exequendo se dispuso que ante el impago de las prestaciones económicas reclamadas se embargaran bienes propiedad de quienes figuran como demandados en el contradictorio de origen, a saber, de *** y de *** para garantizar la cobertura del adeudo. En ese contexto, es factible sostener que la orden de embargo contenida en el proveído atacado por sí no lesiona el interés jurídico del quejoso ni causa afectación en alguno de sus derechos aun cuando fue el sustento para que se gravara el vehículo descrito, porque en esa resolución judicial se ordena la afectación de un bien o de un conjunto de bienes de los demandados para asegurar cautelarmente la eventual ejecución de una pretensión de condena planteada en el juicio natural y que los enjuiciados no pueda disponer de él, por lo que esa situación da pauta a considerar que el justiciable no tiene legitimación procesal activa para ejercer la acción de amparo en contra del proveído que contiene el mandamiento de embargo señalado. Con base en lo expuesto, este juicio constitucional es improcedente en contra del acto reclamado al Juez Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en el auto de tres de noviembre de dos mil veinte, dictado en el juicio ejecutivo mercantil **/***, en el que ordenó el embargo de bienes de la parte demandada en ese contradictorio para garantizar el pago de la deuda exigida, al actualizarse el supuesto de inejercitabilidad de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Al respecto, orienta el criterio de este órgano jurisdiccional la tesis VI.2o.C.297 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que señala: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO, CUANDO EL AUTO DE EXEQUENDO NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO. Aun cuando sea verdad que el auto de exequendum haya servido de antecedente para el embargo que el quejoso reclame, ostentándose como tercero extraño al juicio, si también es cierto que ese auto no fue dictado en contra del peticionario del amparo, sino que ahí se ordenó embargar bienes de quien figuraba como demandado en el juicio del que emanan los actos combatidos, es indudable, por lo mismo, que el auto de referencia, por sí solo no lesiona los intereses jurídicos del quejoso y debe al respecto sobreseerse en el amparo, por estarse en la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo." En otro punto, en cuanto a los actos impugnados consistentes en la ejecución del acuerdo de tres de noviembre de dos mil veinte, dictado en el juicio ejecutivo mercantil **/**, materializada en el embargo de un vehículo Pick-Up, doble cabina, marca Toyota, modelo 2017, tipo Tacoma Sport 4x4, motor **, con número de serie *** y placas de circulación *** del Estado de México y la desposesión de ese bien mueble, se actualiza la causal de improcedencia examinada, porque la parte quejosa no acreditó los derechos sustantivos de propiedad y de posesión que afirma tener sobre la unidad motriz descrita. Se sostiene lo anterior, porque el contrato de compraventa de vehículo de motor con responsiva celebrado entre Abigail Pérez Sánchez y el disidente el siete de octubre de dos mil veinte, y la copia fotostática simple de la carta factura de dos de diciembre del año próximo pasado, expedido por Automotriz Oaxaca de Antequera, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, a favor de ***, a los cuales se otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los normativos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, que el justiciable aportó como medios de convicción, aun adminiculándolos no acreditan de manera fehaciente los derechos de propiedad y de posesión que el inconforme aduce tener respecto del vehículo Pick-Up, doble cabina, marca Toyota, modelo 2017, tipo Tacoma Sport 4x4, motor **, con número de serie *** y placas de circulación *** del Estado de México. Es así, porque el contrato de compraventa de la unidad motriz descrita se celebró el siete de octubre de dos mil veinte, cuando ese bien ni siquiera se encontraba dentro del patrimonio de ****, lo cual implica que ésta no podía enajenar a un tercero un vehículo que no le pertenecía aún. Tal situación se detecta, porque en la carta factura exhibida se advierte que hasta el dos de diciembre de dos mil veinte, es decir, más de un mes y medio después de que el justiciable suscribió el referido acuerdo de voluntades, Automotriz Oaxaca de Antequera, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, celebró un diverso contrato de compraventa con ** respecto del vehículo Pick-Up, usado/nuevo, doble cabina, marca Toyota, modelo 2017, tipo Tacoma Sport 4x4, motor ***, con número de serie ***. No escapa que en la carta factura indicada se señaló que el citado vehículo "se facturó" el veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, pero ese dato sólo puede relacionarse con la primera enajenación, cuando la unidad motriz fue vendida como nueva y en el caso no se está ante esa situación, porque **** compró dicho vehículo como usado/nuevo, lo que al menos da pauta a considerar que el acto jurídico que se indica en ese documento se relaciona con una segunda o ulterior compraventa que se verificó hasta el dos de diciembre de dos mil veinte, esto es, con posterioridad a la celebración del pacto en el que el disidente funda sus derechos de propiedad y de posesión. Además, se tiene en cuenta que la carta-factura de un bien por sí es insuficiente para transmitir la titularidad del objeto descrito en ella, porque tal documento sólo faculta a quien lo posee para realizar trámites administrativos relacionados con la tenencia y el uso del bien aludido en él; de ahí que aun adminiculando los instrumentos descritos no puede deducirse que quien aparece como enajenante o vendedora (**) en el contrato de compraventa de vehículo de motor con responsiva celebrado el siete de octubre de dos mil veinte, fue la propietaria del bien embargado antes de la fecha de expedición de la carta factura y, por ende, tampoco se puede derivar que tenía la facultad para transmitir su dominio al justiciable. Las situaciones destacadas impiden tener por demostradas las prerrogativas que el inconforme defiende, pues se desconoce si quien supuestamente enajenó a su favor el bien mueble gravado era la propietaria y tampoco se puede deducir que al disidente le fue trasladado el dominio; por tanto, no está demostrada la causa generadora de los derechos que el titular de la acción constitucional afirma tener sobre la unidad motriz descrita. Lo anterior pone de relieve que el justiciable no demostró su interés jurídico para combatir las actuaciones señaladas, porque no acreditó los derechos sustantivos de propiedad y de posesión que aduce tener respecto del vehículo Pick-Up, doble cabina, marca Toyota, modelo 2017, tipo Tacoma Sport 4x4, motor **, con número de serie *** y placas de circulación **** del Estado de México. En respaldo de lo anterior, se cita la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que expone: "FACTURA, CARTA. EL TITULAR NO ESTÁ FACULTADO PARA ENAJENAR EL BIEN DESCRITO. La carta-factura de un bien es, por sí misma, insuficiente para transmitir la titularidad del bien descrito en ella, pues tal documento sólo faculta para realizar trámites administrativos relacionados con la tenencia y uso del objeto aludido en él; por tanto, la resolución que declara infundada la tercería excluyente de dominio promovida por el endosatario de una carta-factura no es violatoria de garantías individuales." Adicionalmente, es necesario establecer que el presupuesto del interés jurídico no puede tenerse por demostrado en este juicio constitucional, porque el contrato de compraventa de vehículo de motor con responsiva celebrado entre Abigail Pérez Sánchez y el disidente el siete de octubre de dos mil veinte, en el que este último sustenta los derechos de propiedad y de posesión que afirma tener respecto del vehículo Pick-Up, doble cabina, marca Toyota, modelo 2017, tipo Tacoma Sport 4x4, motor ***, con número de serie *** y placas de circulación *** del Estado de México, no es de fecha cierta. En este punto, se tiene presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros necesitan ser de fecha cierta, lo cual ha precisado el propio Tribunal Constitucional que ocurre a partir del día en el que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes y en la especie no se encuentran acreditados el primero o el tercero de los supuestos señalados. En esa línea, con el contrato de compraventa de vehículo de motor con responsiva celebrado entre Abigail Pérez Sánchez y el quejoso el siete de octubre de dos mil veinte, no puede tenerse por acreditado el interés jurídico del promovente que lo legitime para acudir al juicio constitucional, porque la circunstancia de que sea de fecha incierta, imposibilita determinar si el embargo y la desposesión del multicitado vehículo atacados son anteriores o posteriores a la supuesta adquisición de ese bien; de ahí que las prerrogativas de propiedad y de posesión que el disidente afirma tener sobre la unidad motriz señalada no están acreditadas. Finalmente, es necesario señalar que lo expuesto en cuanto a la eficacia de ese acuerdo de voluntades tiene consecuencias exclusivas en este juicio de amparo, sin que se decida sobre los derechos sustantivos, esto es, respecto de las prerrogativas de propiedad y de posesión del bien señalado, los que en todo caso deberán dilucidarse ante la potestad común. En respaldo de lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 46/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." No escapa que el disconforme exhibió copias fotostáticas simples de tres credenciales para votar; empero, esos instrumentos por su naturaleza carecen de valor probatorio alguno, conforme a lo estatuido por el numeral 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por lo que no son aptos para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa; no obstante, aun valorándolos como documentos públicos en términos de lo señalado por los ordinales 197 y 202 del código adjetivo civil federal citado, de su contenido no se desprenden los derechos de propiedad y de posesión que el inconforme afirma tener sobre el bien mueble señalado. En esa línea, dado que las pruebas aportadas por el inconforme no acreditan que es propietario y posesionario del vehículo Pick-Up, doble cabina, marca Toyota, modelo 2017, tipo Tacoma Sport 4x4, motor 2GR-M599023, con número de serie 3TMCZ5AN3HM107806 y placas de circulación NFE-13-64 del Estado de México no es factible considerar que los actos reclamados causen una afectación en sentido negativo en su esfera normativa y, por ende, que tenga interés jurídico para acudir a esta instancia constitucional. Con base en lo anterior, este juicio constitucional es improcedente en contra de los actos impugnados al Actuario Judicial adscrito al Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistentes en la ejecución del acuerdo de tres de noviembre de dos mil veinte, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 241/2020, materializada en el embargo de un vehículo Pick-Up, doble cabina, marca Toyota, modelo 2017, tipo Tacoma Sport 4x4, motor **, con número de serie ** y placas de circulación **** del Estado de México y la desposesión de ese bien mueble, al patentizarse la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional establecida por el normativo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. VII. DECISIÓN En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XII, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo estatuido por el normativo 63, fracción V, de la propia legislación, respecto de los actos que el justiciable reclamó al Juez Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y al Actuario Judicial de su adscripción consistentes en el auto de tres de noviembre de dos mil veinte, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 241/2020, en el que se ordenó el embargo de bienes de la parte demandada en ese contradictorio para garantizar el pago del adeudo exigido, la ejecución del citado mandamiento materializada en el embargo de un vehículo Pick-Up, doble cabina, marca Toyota, modelo 2017, tipo Tacoma Sport 4x4, motor **, con número de serie *** y placas de circulación *** del Estado de México y la desposesión de ese bien mueble. Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *** en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, por las consideraciones expuestas en el apartado VI de esta sentencia. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese la promoción señalada en la cuenta al expediente en el que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el tercero interesado** realiza diversas manifestaciones a título de alegatos, ofrece un medio de convicción, señala domicilio procesal, proporciona medios de contacto para comunicaciones no procesales, designa a diversas personas como sus autorizados y solicita que se autorice que esté presente en la celebración de la audiencia constitucional en compañía de uno de sus autorizados. Al respecto, se tiene al promovente por formulados sus alegatos en términos de lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Por otra parte, con fundamento en lo estatuido por el ordinal 119 de la ley de la materia téngase al tercero interesado por anunciada la instrumental de actuaciones, la cual será relacionada, admitida y desahogada en la citada diligencia conforme a lo previsto por los arábigos 123 y 124 de la legislación citada. En diverso aspecto, se tiene como su domicilio procesal el que indica y como sus autorizados en términos restringidos de los normativos 12 y 24 de la Ley de Amparo, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que designa, porque así lo solicitó expresamente. En otro punto, téngase al promovente señalando el correo electrónico y los números de teléfono que proporciona, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Por otro lado, en cuanto a su solicitud en el sentido de que se autorice que esté presente en la celebración de la audiencia constitucional en compañía de su autorizado que señala, dígase al tercero interesado que no es factible acceder a su pretensión, porque si bien en el auto admisorio se previno a las partes para que manifestaran si era su deseo estar presentes en el desahogo de esa diligencia, lo cierto es que de las actuaciones de este medio extraordinario de defensa no se advierte la necesidad de que tenga que estar presente en esa actuación, porque las partes sólo han anunciado documentales, presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, las cuales se desahogan por su propia naturaleza, sin que hayan ofrecido algún otro medio de convicción en donde sea necesaria su intervención activa al momento en el que se desahogue; además, no se está en el supuesto previsto por el ordinal 124, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en donde se autoriza la formulación de alegatos de manera verbal. Adicionalmente debe señalarse que aún subsiste la pandemia derivada del virus Covid-19, por lo que es deber de toda entidad pública, incluido este Juzgado Federal, adoptar todas las medidas necesarias que atiendan las normas de salud emitidas por las autoridades competentes a fin de evitar la propagación de ese fenómeno de salud pública; también este Tribunal de amparo tiene el deber de no poner en riesgo la salud de los justiciables y de los servidores públicos que laboran de manera presencial en sus instalaciones; de ahí que la asistencia de las partes a una audiencia constitucional es un supuesto excepcional que se actualiza cuando se estime indispensable su comparecencia física, lo que en la especie no acontece por los motivos señalados. Lo anterior no deja en estado de indefensión al tercero interesado, porque sus alegatos serán relacionados en la audiencia constitucional y se tendrán en consideración al momento de resolver este asunto, sin perjuicio de que pueda ampliarlos a través de una diversa promoción que deberá presentar antes de la celebración de esa diligencia. Notifíquese.

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