Josué Ramos Pérez
Expediente 1014/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1014/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Josué Ramos Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado del juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro y ténganse como prueba de su parte, las documentales que aporta; con lo anterior, dese vista a las partes. Asimismo, para un mejor manejo de este expediente, fórmese el tomo "uno" de pruebas por separado con las constancias remitidas por la autoridad ocursante (copia certificada del incidente de cancelación de pensión alimenticia relativo al juicio familiar número ********************/********************) y guárdese en la secretaría de este juzgado, quedando a disposición de las partes para su consulta; lo anterior, con base en la certificación secretarial de cuenta, que hace constar la imposibilidad material de la digitalización de las constancias del expediente en cuestión, para su integración al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, reitérese a la autoridad responsable que por acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, además de solicitarle el informe justificado que ahora rinde, también se le requirió que proporcionara a este órgano jurisdiccional el domicilio actual donde recibe notificaciones el (demandado en el juicio natural) actor en el incidente de cancelación de pensión alimenticia relativo al juicio familiar número ********************/********************, ********************, debido a que es omiso en el informe de ley, por lo que subsiste el plazo y apercibimientos decretado en el aludido acuerdo. Notifíquese por lista.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés Visto el estado procesal de autos, se advierte que la celebración de la audiencia constitucional se encuentra señalada para hoy; sin embargo, no obra el informe justificado de la autoridad responsable juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, asimismo, de la constancia de notificación del oficio por el que se le requirió, se advierte que fue entregado el seis de noviembre de dos mil veintitrés, por lo que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días a que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo para rendirlo. En esas condiciones, la audiencia constitucional se difiere, por lo tanto, se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés para que tenga verificativo. Notifíquese por lista.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintitrés Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado de la actuaria judicial del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; con lo anterior, dese vista a las partes. Respecto a las constancias que dice adherirse, una vez que el juez del órgano jurisdiccional de su adscripción las remita, se proveerá lo relativo. Notifíquese por lista.
- Incidental
" . . . INTERLOCUTORIA Mediante la que se resuelven los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo indirecto 1014/2023, promovido por ***, en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. TRÁMITE La parte quejosa señaló como autoridades responsables al juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca (autoridad ordenadora) y otra, a quienes reclama la falta de emplazamiento a un incidente relativo a juicio familiar, así como su falta de llamamiento al mismo. La demanda de amparo fue recibida el dos de octubre de dos mil veintitrés, en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, quedando registrada con el número 1014/2023 y admitida -previo cumplimiento a la prevención- el diecisiete siguiente. En dicho acuerdo se ordenó tramitar -por cuerda separada- el incidente de suspensión, donde se negó la medida provisional solicitada. La audiencia incidental se llevó a cabo el día de hoy en los términos del acta que antecede. II. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que deriva del análisis integral de las constancias de autos. En ese sentido, del examen integral de la demanda de amparo y de las constancias de autos, se obtiene que esencialmente, la parte quejosa señala como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: Autoridad responsable ordenadora Juez Primero de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca Autoridad responsable ejecutora Actuario adscrito al Juzgado Primero de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca Actos reclamados La sentencia interlocutoria dictada en el incidente de cancelación o cesación de pensión alimenticia derivado del expediente 779/2002, atribuida a la autoridad ordenadora. La falta o indebido emplazamiento al incidente de cancelación de pensión relativo al expediente 779/2002 y sus consecuencias, reprochado a las dos responsables. III. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La autoridad responsable ordenadora juez Primero de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca, no rindió informe previo a pesar de haber quedado notificado de la solicitud del mismo el seis de noviembre de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo se presume la certeza del acto que se reprocha a la aludida responsable. Por su parte, la actuaria judicial del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, negó la existencia del acto reclamado que se le atribuye, consistente en la falta o indebido emplazamiento al incidente de cancelación de pensión relativo al expediente 779/2002 y sus consecuencias, sin embargo, procede desvirtuar la negativa, debido a que el mismo acto se presumió cierto por parte de la responsable ordenadora al no haber rendido informe previo. Ante la certeza de los actos reclamados, procede efectuar el análisis respecto de la procedencia o no de la suspensión definitiva solicitada por la quejosa. IV. ANALISIS DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA Este órgano jurisdiccional reitera la decisión tomada en el acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, donde se negó la suspensión provisional, pues aún existen las mismas razones, pero ahora de forma definitiva. El quejoso solicita la suspensión de los actos reclamados para que se suspenda el acto de ejecución y cumplimiento de la resolución interlocutoria dictada en el incidente de cancelación de pensión alimenticia relativa al expediente 779/2002, donde se declaró procedente la cancelación. Ahora bien, en sede cautelar, a diferencia de la principal (la sentencia) basta que del análisis minucioso que lleve a cabo el juez de amparo, aparezca verosímil la existencia del derecho alegado y que por un cálculo de probabilidades, se pueda prever que la providencia principal (sentencia de amparo) declarará el derecho en sentido favorable a quien solicita la medida cautelar, a manera de una hipótesis que puede verse comprobada, o bien, refutada con los medios de convicción que se alleguen durante el juicio. Lo anterior, con el objeto de evitar que el retraso en la impartición de justicia, tenga un impacto negativo a quien, desde un inicio, le asiste la razón, según el principio general, relativo a que la necesidad del proceso para obtener la razón, no debe convertirse en un daño para quien la tiene. El análisis de la apariencia del buen derecho, de acuerdo al criterio de la Primera Sala, debe llevarse a cabo con los elementos con que cuente o que se allegue el juez al resolver sobre la suspensión. En el caso de la suspensión provisional, ordinariamente consistirá en la demanda y los anexos exhibidos por el quejoso; en el caso de la suspensión definitiva, además, se tienen los elementos derivados del informe previo que rinde la autoridad responsable, los que se allegue el juez de amparo y rindan las partes en el incidente, como el tercero interesado o el Ministerio Público; según se ordena en los artículos 140 y 143 de la Ley de Amparo, conforme a los cuales, en el informe previo, la autoridad responsable, además de señalar si el acto reclamado es cierto, puede expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, y a su vez, el juez de amparo está facultado para solicitar documentos y ordenar las diligencias que considere necesarias para resolver sobre la suspensión definitiva, en tanto que a las partes, sólo se les recibirán documentales e inspección judicial, así como la testimonial en los casos de peligro de privación de la vida y demás actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. El normativo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el numeral 125 de la Ley de Amparo, la suspensión es una medida cautelar que puede decretarse de oficio o a petición del quejoso; en el segundo caso para que proceda la suspensión del acto reclamado además de que sea solicitada por el disidente es necesario que concurran los requisitos siguientes: El acto combatido sea cierto. El acto impugnado sea susceptible de ser suspendido. Que con la concesión de la medida no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La certeza del acto reclamado no es un requisito exigido de manera expresa en los preceptos que regulan a dicha institución; sin embargo, ello obedece a que es un presupuesto lógico, porque no tendría ningún caso conceder la suspensión sobre actos inexistentes. La necesidad de que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido, también constituye un presupuesto lógico, pues ningún fin práctico tendría conceder la medida cautelar sobre un acto que por su propia naturaleza no es susceptible de ser suspendido. La exigencia relativa a que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público es un requisito que a diferencia de los anteriores sí se encuentra previsto en la ley de la materia, en su ordinal 128 que estatuye: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes:- I. Que la solicite el quejoso; y- II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.- La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.- Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial.- Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." Por otra parte, el legislador estableció diversos supuestos en los que invariablemente de concederse la suspensión se seguiría perjuicio al interés social o se contravendrían disposiciones de orden público. En efecto, en el precepto 129 de la Ley de Amparo se establece lo siguiente: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:- I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos;- II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos;- III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos;- IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario;- V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país;- VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción;- VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense;- VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico;- IX. Se impida el pago de alimentos;- X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional;- XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad;- XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión;- XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." De la inserción anterior se advierte que las hipótesis en las que el legislador consideró que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público sólo son enunciativas, pues al indicar que, entre otros casos, en los supuestos referidos se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público de concederse la suspensión es evidente que el creador de la norma otorgó al Juzgador la libertad de ponderar en qué otros casos se podría perjudicar el interés social o contravenir disposiciones de orden público. En ese orden, la afectación al interés social o a normas de orden público se identifica, por regla general, con que el otorgamiento de la medida suspensional prive a la colectividad de un beneficio que obtendría de no otorgarse la suspensión. A efecto de demostrar lo anterior, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al razonar respecto de las nociones de interés social o público a que alude el artículo 128 de la Ley de Amparo, sostuvo la jurisprudencia en materia común 8, publicada en el Informe 1973, Parte II, séptima época, página 44 y registro 805484, de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría." Ahora bien, el otorgamiento de la suspensión está proscrito a aquellos casos en los que con su concesión se transgredan normas de orden público o se lesione el interés social; en principio, la estimación del orden público corresponde al apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan a su consideración para la obtención de un fallo; sin embargo, la ejemplificación que contienen el artículo en cita para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realiza esas contravenciones, revela que se puede razonablemente inferir en términos generales, que se dan esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le ocasiona un daño que de otra manera no resentiría. En respaldo de lo anterior, se invoca la jurisprudencia en materia administrativa I.3o.A. J/16, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, enero de 1997, novena época, página 383 y registro 199549, que señala: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." Por disposiciones de orden público deben entenderse aquellas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin, inmediato y directo, sea el de tutelar los derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja, o bien, para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio; por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporten a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En conclusión de estos razonamientos, se considera que el "orden público" y el "interés social" se afectan cuando con el otorgamiento de la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, se niega la suspensión definitiva solicitada, respecto de los actos reclamados. Lo anterior es así, debido a que la resolución interlocutoria dictada en el incidente de cancelación de pensión alimenticia relativa al expediente 779/2002, donde se declaró procedente la cancelación tiene el carácter de consumada, por lo que resulta improcedente dicha medida cautelar, ya que de concederla se le darían efectos restitutorios, lo cual, es propio de la sentencia que en definitiva se pronuncie, en cuanto al fondo del asunto. Con motivo de lo anterior, lo procedente es NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Sin que pase inadvertido que conforme a lo dispuesto en el artículo 147, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, para la procedencia de la suspensión del acto reclamado es menester tomar en cuenta que: I. Se conserve la materia del amparo hasta la terminación del juicio; II. La naturaleza del acto reclamado; y III. De ser material y jurídicamente posible, se podrá restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado. Lo que significa que si bien la suspensión puede tener efectos restitutorios cuando el acto reclamado ya se hubiere ejecutado, tales efectos de la medida cautelar de suspensión se encuentran condicionados a que tal restitución en el goce del derecho fundamental que se estima violado sea sólo provisional. Esto es, si atento a la naturaleza del acto reclamado la restitución al quejoso en el goce del derecho que estima violado es plena, entonces tal restitución no es procedente por la vía de la suspensión, pues ello implicaría dejar sin materia el juicio de amparo principal, lo que significa que necesariamente la restitución que se pueda hacer vía suspensión del acto reclamado sólo puede ser provisional y no plena, dado que ello es materia de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de amparo principal en términos del artículo 77 de la ley de la materia. Sin embargo, el acreedor alimentario no demuestra la titularidad del derecho de reclamar alimentos ni la necesidad de recibirlos, es decir, el derecho que tiene a percibir alimentos; en el caso, el impetrante cuenta actualmente con veinticinco años de edad, según se observa de la diligencia de ratificación de firma de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, donde al proporcionar su generales, bajo protesta de decir verdad, manifestó esa cifra, así como también se observa de la copia simple de la credencial para votar que exhibió en dicha actuación, pues nació el nueve de noviembre de mil novecientos noventa y siete, por lo que, al ser mayor de edad resultaría necesario que justifique encontrase impedido en la obtención de sus propios recursos económicos, circunstancia que en el caso no ocurre, pues en la aludida diligencia indicó que se dedica al comercio, lo que también descarta algún padecimiento, pues no se encuentra ni indiciariamente probado ninguna discapacidad. Asimismo, no aparece probado que el impetrante se encuentre estudiando de acuerdo al numeral 155 del Código Familiar del Estado lo que supondría, de darse esa particularidad, que justificara que dichos estudios fueran de manera ininterrumpida y acordes a su edad, lo que en el caso concreto no acontece, pues no exhibe ningún documento ni hace manifestación alguna en ese aspecto; por lo que no es dable conceder la suspensión definitiva con efectos restitutorios. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por reiteración I.11o.C. J/5 K (11a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN CON EFECTOS RESTITUTORIOS. CUANDO EL ACTO RECLAMADO YA SE HUBIERE EJECUTADO, PROCEDE CONCEDERLA CON ESOS ALCANCES SÓLO SI ELLO TIENE EFECTOS PROVISIONALES Y NO PLENOS. La suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, cuya finalidad es preservar la materia del juicio, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga nugatoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal que en su caso se le conceda, evitándole los perjuicios que su ejecución pudiera ocasionarle. Por tanto, es evidente que el objetivo de dicha medida es mantener la situación jurídica del quejoso en el estado en que se encuentra a la fecha de la presentación de la demanda. Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 147, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, para la procedencia de la suspensión del acto reclamado es menester tomar en cuenta las condiciones siguientes: I. Se conserve la materia del amparo hasta la terminación del juicio; II. La naturaleza del acto reclamado; y, III. De ser material y jurídicamente posible, se podrá restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado. Lo anterior significa que si bien la suspensión puede tener efectos restitutorios cuando el acto reclamado ya se hubiere ejecutado, tales efectos de la medida cautelar de suspensión se encuentran condicionados a que tal restitución en el goce del derecho fundamental que se estima violado sea sólo provisional. Esto es, si atento a la naturaleza del acto reclamado la restitución al quejoso en el goce del derecho que estima violado es plena, entonces tal restitución no es procedente por la vía de la suspensión, pues ello implicaría dejar sin materia el juicio de amparo principal, lo que significa que necesariamente la restitución que se pueda hacer vía suspensión del acto reclamado sólo puede ser provisional y no plena, dado que ello es materia de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de amparo principal en términos del artículo 77 de la ley de la materia." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a ** respecto de los actos reclamados al juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca y al acuario adscrito, en términos del último considerando de esta interlocutoria. Notifíquese por lista.
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