Juan Agustín Quintero Barrera
Expediente 914/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 21 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 914/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 25/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Agustín Quintero Barrera
- Jessica Lisset Quintero López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Del estado que guardan los autos y de la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que en el juicio de amparo 914/2021 del que deriva la presente incidencia se declaró que causó ejecutoria la sentencia dictada en ese sumario y se ordenó su archivo como asunto concluido; en el auto de veinte de agosto de dos mil veintiuno, se negó la suspensión provisional respecto del acto reclamado y en la interlocutoria pronunciada el ocho de noviembre posterior, se negó la medida cautelar definitiva en relación con la citada actuación; y, en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no existen documentos considerados como originales que las partes hayan exhibido, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Por otro lado, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo previsto por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y que en este incidente se negó la suspensión provisional y la definitiva conforme a lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, en relación con el diverso 21, inciso c), de la propia norma de observancia general, el presente cuaderno original es susceptible de destrucción. En otro punto, con fundamento en lo establecido por el arábigo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General citado se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, porque el acto reclamado en el juicio constitucional de donde deriva el presente incidente no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que los inconformes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que los disidentes hayan impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los normativos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo dictado en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los ordinales 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este juicio constitucional como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como se sobreseyó en este juicio de amparo en términos de lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, dado que resulta innecesaria la retención del tomo I de pruebas formado con las copias certificadas de diversas constancias que obran en la carpeta de investigación 15572/FMIX/HUAJUAPAN/2021 que el Agente del Ministerio Público titular de la Mesa IV de la Fiscalía Local de Huajuapan de León, Oaxaca, adscrito a la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, remitió en atención al requerimiento de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, devuélvanse esos instrumentos mediante el oficio que al efecto se elabore. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 914/2021 promovido por *** en contra de la orden contenida en el oficio de trece de agosto de dos mil veintiuno, emitida por el Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa IV de la Fiscalía Local de Huajuapan de León, Oaxaca, adscrito a la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, en la carpeta de investigación 15572/FMIX/HUAJUAPAN/2021, para que el Notario Público Cuarenta y Seis en Oaxaca, con ejercicio en Huajuapan de León, detuviera los trámites de escrituración de la compraventa del inmueble ubicado en la calle Jiménez treinta y ocho, de la colonia Centro, en Huajuapan de León, en esta entidad federativa, con la cuenta catastral 44331, que tiene las medidas y las colindancias siguientes: al Oriente mide cuarenta y siete metros con veinte centímetros y colinda con Agustín Vargas García; al Poniente mide cuarenta y cuatro metros con cincuenta centímetros y colinda con el señor Fidencio Lima; al Sur mide diecisiete metros con diez centímetros y colinda con la calle Cinco de Febrero; y, al Norte mide dieciséis metros con ochenta centímetros y colinda con la calle Jiménez. El problema jurídico planteado en el presente asunto exige analizar, en el caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de una sentencia de fondo, si el acto impugnado vulnera en perjuicio de los inconformes los derechos fundamentales de audiencia, de legalidad y de seguridad jurídica reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. ANTECEDENTES De los hechos y las abstenciones que los titulares de la acción de amparo manifestaron en el escrito inicial bajo protesta de decir verdad que constituyen los antecedentes del acto reclamado se advierte que señalan que el catorce de abril de dos mil veintiuno, Juan Agustín Quintero Barrera celebró un contrato de promesa de compraventa con Euclides Reyes Jiménez y Leonydok Felipe Reyes Jiménez, en su calidad de apoderados de Inocencia Irma Reyes Jiménez y/o Irma Reyes Jiménez, para adquirir el inmueble ubicado en la calle Jiménez treinta y ocho, de la colonia Centro, en Huajuapan de León, de esta entidad federativa, con la cuenta predial 44332, que tiene las medidas y colindancias siguientes: al Oriente mide cuarenta y siete metros con veinte centímetros y colinda con Agustín Vargas García; al Poniente mide cuarenta y cuatro metros con cincuenta centímetros y colinda con propiedad de Fidencio Lima; al Sur mide diecisiete metros con veinte centímetros y limita con la calle Cinco de Febrero; y, al Norte mide dieciséis metros con ochenta centímetros y colinda con la calle Jiménez, lo cual señalan que consta en el instrumento sesenta mil novecientos setenta y cuatro, de catorce de abril de dos mil veintiuno, pasado ante la fe del Notario Público Cuarenta y Seis en Oaxaca, con ejercicio en Huajuapan de León. Los justiciables Indican que el veintiocho de mayo del año en curso, se celebró el contrato definitivo de compraventa de ese bien raíz, en el que Euclides Reyes Jiménez y Leonydok Felipe Reyes Jiménez, en representación de Inocencia Irma Reyes Jiménez y/o Irma Reyes Jiménez enajenaron a la quejosa Jessica Lisset Quintero López y a una diversa persona la propiedad de ese inmueble, en razón de que Juan Agustín Quintero Barrera así lo decidió, lo que refieren que consta en el instrumento sesenta y un mil doscientos treinta y seis, de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, pasado ante la fe del Notario Público Cuarenta y Seis en Oaxaca, con ejercicio en Huajuapan de León. A través del escrito presentado el once de mayo de dos mil veintiuno, ante el Fiscal en turno adscrito a la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, Irma Reyes Jiménez conocida también como Inocencia Irma Reyes Jiménez presentó denuncia en contra de Euclides Reyes Jiménez y Leonydok Felipe Reyes por los hechos que la ley señala como los delitos de falsificación de documentos y uso indebido de documento falso; en esa data se ratificó la denuncia respectiva y se aperturó la carpeta de investigación 15572/FMIX/HUAJUAPAN/2021. El cuatro de agosto de dos mil veintiuno, el Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa IV de la Fiscalía Local de Huajuapan de León, Oaxaca, adscrito a la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, giró diversos oficios a los Notarios Públicos Treinta y Cinco y Treinta y Siete, ambos en Oaxaca, con sede en Salina Cruz, y al encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, con el propósito de realizar la investigación de los hechos denunciados. A través del oficio ICEO/DG/UJ/1406/2021 de once de junio de dos mil veintiuno, el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral de Oaxaca informó a dicho fiscal la imposibilidad para abstenerse de realizar cualquier trámite administrativo sobre el inmueble identificado con la cuenta catastral 44331. Posteriormente, a petición de la denunciante Irma Reyes Jiménez conocida también como Inocencia Irma Reyes Jiménez, el trece de agosto de dos mil veintiuno, el Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa IV de la Fiscalía Local de Huajuapan de León, Oaxaca, adscrito a la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, giró un oficio al Notario Público Cuarenta y Seis en Oaxaca, con sede en Huajuapan de León, en el que ordenó a dicho fedatario que detuviera los trámites de escrituración de la compraventa del inmueble ubicado en la calle Jiménez treinta y ocho, de la colonia Centro, en Huajuapan de León, en esta entidad federativa, con la cuenta catastral 44331, que tiene las medidas y las colindancias siguientes: al Oriente mide cuarenta y siete metros con veinte centímetros y colinda con Agustín Vargas García; al Poniente mide cuarenta y cuatro metros con cincuenta centímetros y colinda con el señor Fidencio Lima; al Sur mide diecisiete metros con diez centímetros y colinda con la calle Cinco de Febrero; y, al Norte mide dieciséis metros con ochenta centímetros y colinda con la calle Jiménez. A través del oficio 1374 de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, el Notario Público Cuarenta y Seis en Oaxaca, con sede en Huajuapan de León, informó al Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa IV de la Fiscalía Local de Huajuapan de León, Oaxaca, adscrito a la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, que mediante el instrumento sesenta y un mil doscientos treinta y seis de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, autorizó la escritura de compraventa respecto del terreno urbano con construcción ubicado en la avenida Cinco de Febrero treinta y nueve, de la colonia Centro, en Huajuapan de León, Oaxaca, que celebraron Euclides Reyes Jiménez y Leonydok Felipe Reyes Jiménez, como vendedores, en su calidad de apoderados de su hermana Inocencia Irma Reyes Jiménez y Jessica Lissete Quintero López, quien compró para sí y para su hermana Karen Sofía Quintero López ese inmueble; el referido fedatario precisó que tal instrumento público en ese entonces se encontraba en trámites registrales que los gestores de los interesados llevaban a cabo, sin que la notaría a su cargo estuviera realizando esos trámites. En consideración de los titulares de la acción de amparo el acto combatido vulnera sus derechos fundamentales y ocasiona perjuicios en sus esferas jurídicas. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, en el buzón judicial instalado por el Consejo de la Judicatura Federal en el edificio que alberga a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en esta localidad, el cual se recibió en la propia data por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, Juan Agustín Quintero Barrera y Jessica Lisset Quintero López promovieron juicio de amparo indirecto en contra del acto reclamado y la autoridad responsable que posteriormente se precisarán. Los quejosos señalaron como derechos fundamentales violados los consagrados por los ordinales 14 y 16 de la Constitución General de la República; narraron los antecedentes de la actuación combatida y expresaron los conceptos de violación que consideraron pertinentes. Por acuerdo de veinte de agosto de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto admitió a trámite la demanda registrándola con el progresivo 914/2021; solicitó a la autoriad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta fecha, en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto que se atribuye a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la inconforme reclama el acto siguiente: Del Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa IV de la Fiscalía Local de Huajuapan de León, Oaxaca, adscrito a la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, combate: La orden contenida en el oficio de trece de agosto de dos mil veintiuno, emitida en la carpeta de investigación 15572/FMIX/HUAJUAPAN/2021, para que el Notario Público Cuarenta y Seis en Oaxaca, con ejercicio en Huajuapan de León, detuviera los trámites de escrituración de la compraventa del inmueble ubicado en la calle Jiménez treinta y ocho, de la colonia Centro, en Huajuapan de León, en esta entidad federativa, con la cuenta catastral 44331, que tiene las medidas y las colindancias siguientes: al Oriente mide cuarenta y siete metros con veinte centímetros y colinda con Agustín Vargas García; al Poniente mide cuarenta y cuatro metros con cincuenta centímetros y colinda con el señor Fidencio Lima; al Sur mide diecisiete metros con diez centímetros y colinda con la calle Cinco de Febrero; y, al Norte mide dieciséis metros con ochenta centímetros y colinda con la calle Jiménez. V. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO Es cierto el acto reprochado al Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa IV de la Fiscalía Local de Huajuapan de León, Oaxaca, adscrito a la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, consistente en la orden contenida en el oficio de trece de agosto de dos mil veintiuno, emitida en la carpeta de investigación 15572/FMIX/HUAJUAPAN/2021, para que el Notario Público Cuarenta y Seis en Oaxaca, con ejercicio en Huajuapan de León, detuviera los trámites de escrituración de la compraventa del inmueble ubicado en la calle Jiménez treinta y ocho, de la colonia Centro, en Huajuapan de León, en esta entidad federativa, con la cuenta catastral 44331, que tiene las medidas y las colindancias siguientes: al Oriente mide cuarenta y siete metros con veinte centímetros y colinda con Agustín Vargas García; al Poniente mide cuarenta y cuatro metros con cincuenta centímetros y colinda con el señor Fidencio Lima; al Sur mide diecisiete metros con diez centímetros y colinda con la calle Cinco de Febrero; y, al Norte mide dieciséis metros con ochenta centímetros y colinda con la calle Jiménez, porque así lo reconoció en su informe justificado, lo cual es suficiente e idóneo para tener por demostrada la existencia de la actuación que fue atribuida a ese ente público. En el caso es aplicable la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con las diversas constancias de la carpeta de investigación 15572/FMIX/HUAJUAPAN/2021, que la responsable aportó en el presente sumario en copia certificada, a las que se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su ordinal 2, ya que en dichas actuaciones se encuentra glosado el oficio de trece de agosto de dos mil veintiuno, por lo que esa situación conduce a establecer la existencia de la actuación combatida. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VI. PROCEDENCIA Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, de oficio se advierte que en relación con el acto reclamado al Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa IV de la Fiscalía Local de Huajuapan de León, Oaxaca, adscrito a la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, consistente en la orden contenida en el oficio de trece de agosto de dos mil veintiuno, emitida en la carpeta de investigación 15572/FMIX/HUAJUAPAN/2021, para que el Notario Público Cuarenta y Seis en Oaxaca, con ejercicio en Huajuapan de León, detuviera los trámites de escrituración de la compraventa del inmueble ubicado en la calle Jiménez treinta y ocho, de la colonia Centro, en Huajuapan de León, en esta entidad federativa, con la cuenta catastral 44331, que tiene las medidas y las colindancias siguientes: al Oriente mide cuarenta y siete metros con veinte centímetros y colinda con Agustín Vargas García; al Poniente mide cuarenta y cuatro metros con cincuenta centímetros y colinda con el señor Fidencio Lima; al Sur mide diecisiete metros con diez centímetros y colinda con la calle Cinco de Febrero; y, al Norte mide dieciséis metros con ochenta centímetros y colinda con la calle Jiménez, se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque esa actuación no afecta los intereses jurídicos de los inconformes. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido del precepto 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" De la norma transcrita se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos por el numeral 5, fracción I, de la ley de la materia, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. A su vez, los arábigos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo prescriben lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." La norma constitucional inserta establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; asimismo, señala que tiene ese carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Carta Magna y que con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otro lado, dicho precepto estatuye que tratándose de actos o resoluciones que provengan de Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En otro punto, es preciso destacar que el legislador ordinario en el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo recogió las bases dadas por el Órgano Reformador de la Carta Magna en el referido dispositivo constitucional, para establecer que el quejoso es parte en el juicio de amparo; además, precisó que tiene ese carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, el acto o la omisión reclamado viola los derechos previstos por el artículo 1 de la ley de la materia y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, el legislador federal estableció en ese tramo normativo que el interés simple en ningún caso podrá invocarse como interés legítimo. Finalmente, el numeral transcrito en último orden precisa que el juicio de amparo puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, en términos de lo prescrito por el arábigo 5, fracción I, de la citada legislación. Además, señala que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos por la ley de la materia. Acorde con lo expuesto es factible sostener que los numerales 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5, fracción I, de la Ley de Amparo atribuyen consecuencias de derecho desde el punto de vista de la legitimación del promovente del amparo indirecto tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al interés legítimo, dado que a quien se ubique dentro de esos supuestos se le otorga legitimación para instar la acción constitucional. De lo anterior se advierte que las normas examinadas prescriben para la procedencia del juicio de amparo que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Bajo esa óptica, por interés jurídico debe entenderse cualquier hecho o situación que además de ser benéfico para un gobernado requiere estar debidamente tutelado por el orden jurídico; esto es así, porque si bien pueden existir diversos intereses en la esfera vital de un individuo con contenido variado e índole distinta pero para que puedan ser tutelados es necesario que una disposición normativa lo regule, ya que de lo contrario no se poseería un derecho y, en consecuencia, tampoco existiría un interés por reclamar. Esos conceptos se vinculan con uno de los principios rectores del juicio de amparo, el relativo a un agravio personal y directo, el cual indica que la acción constitucional sólo podrá ser ejercida por aquella persona física o moral afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad. Conforme a lo expuesto debe destacarse que para estar en aptitud de promover un juicio de amparo es necesario que el gobernado demuestre la existencia de un derecho subjetivo en su haber patrimonial o jurídico, así como que ese derecho ha sido afectado o vulnerado por un acto de autoridad, lo cual lo legitima para acudir ante el órgano de control constitucional a demandar la protección de la Justicia de la Unión. En respaldo de lo anterior se cita la jurisprudencia VI. 2o. J/87 emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que expone: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Por otra parte, debe señalarse que a través del ejercicio de la acción constitucional el promovente del amparo demanda la tutela de un derecho subjetivo público que dice le fue vulnerado por la autoridad emisora del acto impugnado; es decir, mediante el ejercicio de la acción de amparo se demanda el respeto a ese derecho y la restitución en su goce. En ese contexto, para la procedencia del juicio de amparo la parte agraviada debe demostrar la titularidad del derecho subjetivo tutelado por una norma jurídica y su afectación por el acto reclamado; es decir, el quejoso tiene la obligación de acreditar el interés jurídico en sí y el perjuicio padecido por el acto impugnado, el cual debe ser real, actual, directo y objetivo; además, esos aspectos deben demostrarse en forma plena, innegable y fehaciente porque no pueden inferirse con base en presunciones. Las consideraciones expuestas tienen sustento en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." También resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 16/94 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Con base en lo expuesto es factible sostener que al acto impugnado al Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa IV de la Fiscalía Local de Huajuapan de León, Oaxaca, adscrito a la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, consistente en la orden contenida en el oficio de trece de agosto de dos mil veintiuno, emitida en la carpeta de investigación 15572/FMIX/HUAJUAPAN/2021, para que el Notario Público Cuarenta y Seis en Oaxaca, con ejercicio en Huajuapan de León, detuviera los trámites de escrituración de la compraventa del inmueble ubicado en la calle Jiménez treinta y ocho, de la colonia Centro, en Huajuapan de León, en esta entidad federativa, con la cuenta catastral 44331, que tiene las medidas y las colindancias siguientes: al Oriente mide cuarenta y siete metros con veinte centímetros y colinda con Agustín Vargas García; al Poniente mide cuarenta y cuatro metros con cincuenta centímetros y colinda con el señor Fidencio Lima; al Sur mide diecisiete metros con diez centímetros y colinda con la calle Cinco de Febrero; y, al Norte mide dieciséis metros con ochenta centímetros y colinda con la calle Jiménez, no causa una afectación a las esferas jurídicas de los disidentes en sentido negativo, porque los justiciables no demostraron ese presupuesto procesal. En este punto, se tiene en cuenta que en el escrito inicial los disconformes se ostentan como propietarios del bien raíz descrito; empero, no acreditaron tener la titularidad de esa prerrogativa fundamental. Se sostiene lo anterior, dado que los justiciables Juan Agustín Quintero Barrera y Jessica Lisset Quintero López no aportaron el documento idóneo que acredite que son propietarios del inmueble ubicado en la calle Jiménez treinta y ocho, de la colonia Centro, en Huajuapan de León, en esta entidad federativa, con la cuenta catastral 44331, que tiene las medidas y las colindancias siguientes: al Oriente mide cuarenta y siete metros con veinte centímetros y colinda con Agustín Vargas García; al Poniente mide cuarenta y cuatro metros con cincuenta centímetros y colinda con el señor Fidencio Lima; al Sur mide diecisiete metros con diez centímetros y colinda con la calle Cinco de Febrero; y, al Norte mide dieciséis metros con ochenta centímetros y colinda con la calle Jiménez, que se alude en el oficio reclamado. En efecto, si bien adjuntaron a su demanda de amparo las copias certificadas de los instrumentos notariales sesenta mil novecientos setenta y cuatro y sesenta y un mil doscientos treinta y seis, de catorce de abril y de veintiocho de mayo, ambos de dos mil veintiuno, respectivamente, pasados ante la fe del Notario Público Cuarenta y Seis en Oaxaca, con ejercicio en Huajuapan de León, a los cuales se otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los normativos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, lo cierto es que con esos instrumentos no acreditan el derecho de propiedad que los inconformes afirman tener respecto del bien raíz indicado en el acto reclamado. Es así, porque de esas pruebas se desprende que el catorce de abril de dos mil veintiuno, el justiciable Juan Agustín Quintero Barrera celebró un contrato de promesa de compraventa con Euclides Reyes Jiménez y Leonydok Felipe Reyes Jiménez, en su calidad de apoderados de Inocencia Irma Reyes Jiménez y/o Irma Reyes Jiménez, para adquirir el bien inmueble ubicado en la calle Jiménez treinta y ocho, de la colonia Centro, en Huajuapan de León, en esta entidad federativa, con la cuenta predial 44332, que tiene las siguientes medidas y colindancias siguientes: al Oriente mide cuarenta y siete metros con veinte centímetros y colinda con Agustín Vargas García; al Poniente cuarenta y cuatro metros con cincuenta centímetros y colinda con el señor Fidencio Lima; al Sur diecisiete metros con veinte centímetros y limita con la calle Cinco de Febrero; y, al Norte dieciséis metros con ochenta centímetros y colinda con la calle Jiménez. Empero, el veintiocho de mayo del año en curso, se celebró el contrato definitivo de compraventa de ese bien raíz, en el que Euclides Reyes Jiménez y Leonydok Felipe Reyes Jiménez, como apoderados de Inocencia Irma Reyes Jiménez y/o Irma Reyes Jiménez, enajenaron a Jessica Lissete Quintero López y a una diversa persona la propiedad de ese inmueble, a pesar de que el disidente Juan Agustín Quintero Barrera fue quien suscribió el contrato de promesa de compraventa originariamente, por lo que este acto jurídico quedó superado con la enajenación consignada en el último de los instrumentos notariales descritos en donde el referido quejoso no aparece como comprador ni como adquirente; por tanto, el dominio del citado bien raíz no se le fue transmitido, por lo que esos documentos valorados en lo individual y adminiculándolos no tienen el alcance para probar la aludida prerrogativa fundamental a favor de Juan Agustín Quintero Barrera. En otro punto, la disidente Jessica Lisset Quintero López tampoco demostró su interés jurídico, porque en la copia certificada del contrato de compraventa de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, que consta en el instrumento sesenta y un mil doscientos treinta y seis, pasado ante la fe del Notario Público Cuarenta y Seis en Oaxaca, con ejercicio en Huajuapan de León, se advierte que quien adquirió el inmueble que en ese documento se describe es Jessica Lissete Quintero López persona diversa a la justiciable Jessica Lisset Quintero López; en ese sentido, la falta de identidad entre la quejosa y quien aparece como compradora del bien raíz que en esa documentación se alude impide considerar que dicho instrumento sea eficaz para demostrar la propiedad que Jessica Lisset Quintero López aduce tener sobre tal inmueble. Además, se advierte que entre el inmueble descrito en el instrumento notarial sesenta y un mil doscientos treinta y seis, de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, no existe identidad con el que se indica en el acto reclamado en cuanto a la cuenta catastral -en la actuación atacada se indica la cuenta catastral 44331 y en el referido instrumento notarial se señala la cuenta catastral 49331- y una de sus colindancias -en el acto combatido se alude a un inmueble que al Poniente mide cuarenta y cuatro metros con cincuenta centímetros y colinda con el señor Fidencio Lima y en el instrumento notarial indicado se señala que el inmueble objeto de enajenación en su punto cardinal Poniente mide cuarenta y cuatro metros con cincuenta centímetros y colinda con la calle Jiménez; de ahí que el instrumento notarial en el que los disconformes Juan Agustín Quintero Barrera y Jessica Lisset Quintero López fundan su pretensión es insuficiente para acreditar su interés jurídico. Lo anterior pone de relieve que los inmuebles descritos en los actos jurídicos indicados -es decir, la actuación reclamada y el instrumento notarial sesenta y un mil doscientos treinta y seis, de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno- son distintos, porque no guardan identidad en las colindancias (poniente) y en las cuentas catastrales referidas, lo cual impide sostener que se traten del mismo bien raíz. Los aspectos destacados conducen a sostener que los justiciables no demostaron el derecho de propiedad que aducen tener respecto del inmueble ubicado en la calle Jiménez treinta y ocho, colonia Centro, en Huajuapan de León, en esta entidad federativa, con la cuenta catastral 44331, que tiene las medidas y las colindancias siguientes: al Oriente mide cuarenta y siete metros con veinte centímetros y colinda con Agustín Vargas García; al Poniente mide cuarenta y cuatro metros con cincuenta centímetros y colinda con el señor Fidencio Lima; al Sur mide diecisiete metros con diez centímetros y colinda con la calle Cinco de Febrero; y, al Norte mide dieciséis metros con ochenta centímetros y colinda con la calle Jiménez, que se describe en la orden contenida en el oficio de trece de agosto de dos mil veintiuno, emitida por el Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa IV de la Fiscalía Local de Huajuapan de León, Oaxaca, adscrito a la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, en la carpeta de investigación 15572/FMIX/HUAJUAPAN/2021, para que el Notario Público Cuarenta y Seis en Oaxaca, con ejercicio en Huajuapan de León, detuviera los trámites de escrituración de la compraventa de ese bien raíz, por lo que no acreditaron su interés jurídico en este asunto. Luego, si de los documentos examinados no se desprende el derecho de propiedad que los inconformes Juan Agustín Quintero Barrera y Jessica Lisset Quintero López afirman tener sobre el inmueble señalado en el acto reclamado es inconcuso que no demostaron el presupuesto procesal relativo a su interés jurídico, puesto que al no estar acreditado la causa generadora de la prerrogativa que los titulares de la acción constitucional aseveran tener sobre ese bien raíz es indudable que no puede estimarse que sean propietarios del predio descrito en el acto impugnado. Finalmente, no pasa indavertido que los inconforme exhibieron copias fostostáticas simple del oficio de trece de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa IV de la Fiscalía Local de Huajuapan de León, Oaxaca, adscrito a la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, en la carpeta de investigación 15572/FMIX/HUAJUAPAN/2021, y de la cédula profesional 5915646 expedida a favor de José Reyes García por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Al comunicado señalado adminiculado con las diversas constancias de la carpeta de investigación 15572/FMIX/HUAJUAPAN/2021 que la responsable remitió en copias certificadas, se otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los normativos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, y con ese instrumento los justiciables sólo demuestran la existencia del acto reclamado, lo cual quedó acreditado conforme a lo expuesto en el quinto apartado de esta sentencia, pero con esa documental no evidencian el presupuesto de su interés jurídico, porque de su contenido no se desprende el derecho de propiedad que afirman tener sobre el inmueble que en ella se describe. En cuanto a la cédula profesional descrita debe decirse que carece de valor probatorio para demostrar esa prerrogativa fundamental y el interés jurídico de los solicitantes de la protección constitucional. Para evidenciar lo anterior es necesario tener en consideración lo dispuesto por el arábigo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2, que establece: "Artículo 217. El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial. Las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos de cualquier especia (sic), deberán contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo representado en ellas, para que constituyan prueba plena. En cualquier otro caso, su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial." Del segmento normativo inserto se obtiene que el valor probatorio de las copias fotostáticas de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Tal aserto encuentra sustento en lo establecido en la jurisprudencia 194 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las copias fotostáticas para demostrar el interés jurídico de la quejosa." Por otra parte, precisa señalar que el Máximo Tribunal Constitucional de este país ha sostenido que en ejercicio del arbitrio judicial a que alude el precepto legal trascrito con antelación cabe considerar que las copias de esa naturaleza que se presentan en el juicio de amparo carecen por sí de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen, pero sin que sean bastantes cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos, de las cuales no se advierte la autenticidad de éstos es necesario que obre en autos otro elemento que relacionado con aquéllas pueda generar convicción en el Juzgador de que realmente existen. Lo expuesto encuentra respaldo en lo que se sostiene en la jurisprudencia 3a. 18 sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." Con base en esas consideraciones es factible sostener que la copia fotostática simple de la cédula profesional que los solicitantes de la tutela constitucional aportaron es insuficiente y no es eficaz para demostrar su interés jurídico, porque no obra en autos un diverso medio de prueba que adminiculado con aquélla perfeccione su contenido. Además, aun valorado ese documento de su contenido no se advierte que los disidentes sean propietarios del inmueble ubicado en la calle Jiménez treinta y ocho, de la colonia Centro, en Huajuapan de León, Oaxaca, con la cuenta catastral 44331, que tiene las medidas y las colindancias siguientes: al Oriente mide cuarenta y siete metros con veinte centímetros y colinda con Agustín Vargas García; al Poniente mide cuarenta y cuatro metros con cincuenta centímetros y colinda con el señor Fidencio Lima; al Sur mide diecisiete metros con diez centímetros y colinda con la calle Cinco de Febrero; y, al Norte mide dieciséis metros con ochenta centímetros y colinda con la calle Jiménez, sino que con esa documental se trata de demostrar la autorización del Estado a una persona para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de ahí que el presupuesto procesal del interés jurídico de los disidentes no esté acreditado en este asunto. En el caso es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 21/98 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, de contenido: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso." Luego, si los quejosos no acreditaron el derecho subjetivo de propiedad sobre el bien raíz ubicado en la calle Jiménez treinta y ocho, de la colonia Centro, en Huajuapan de León, Oaxaca, con la cuenta catastral 44331, que tiene las medidas y las colindancias siguientes: al Oriente mide cuarenta y siete metros con veinte centímetros y colinda con Agustín Vargas García; al Poniente mide cuarenta y cuatro metros con cincuenta centímetros y colinda con el señor Fidencio Lima; al Sur mide diecisiete metros con diez centímetros y colinda con la calle Cinco de Febrero; y, al Norte mide dieciséis metros con ochenta centímetros y colinda con la calle Jiménez, que se alude en la orden contenida en el oficio de trece de agosto de dos mil veintiuno, emitida por el Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa IV de la Fiscalía Local de Huajuapan de León, Oaxaca, adscrito a la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, en la carpeta de investigación 15572/FMIX/HUAJUAPAN/2021, para que el Notario Público Cuarenta y Seis en Oaxaca, con ejercicio en Huajuapan de León, detuviera los trámites de escrituración de la compraventa de ese inmueble, es incuestionable que aun cuando el acto reclamado involucre dicho bien raíz, tal circunstancia no causó afectación alguna en la esfera normativa de los promoventes, porque en el presente juicio constitucional no quedó demostrado que ese inmueble forme parte del haber patrimonial de los justiciables. En ese sentido, no basta que en dicha actuación se aluda al bien raíz descrito, sino que era necesario que los quejosos evidenciaran la existencia del derecho subjetivo público que alegan -su prerrogativa de propiedad sobre tal inmueble- en su universo jurídico, lo que en la especie no aconteció. En adición a lo anterior, debe señalarse que de las diversas constancias de la carpeta de investigación investigación 15572/FMIX/HUAJUAPAN/2021 se advierte que la orden contenida en el oficio impugnado no se materializó, porque no debe perderse de vista que a través del oficio 1374 de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, el Notario Público Cuarenta y Seis en Oaxaca, con sede en Huajuapan de León, informó al Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa IV de la Fiscalía Local de Huajuapan de León, Oaxaca, adscrito a la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, que mediante el instrumento sesenta y un mil doscientos treinta y seis de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, autorizó la escritura de compraventa respecto del terreno urbano con construcción ubicado en la avenida Cinco de Febrero treinta y nueve, de la colonia Centro, en Huajuapan de León, Oaxaca, que celebraron Euclides Reyes Jiménez y Leonydok Felipe Reyes Jiménez, como vendedores, en su calidad de apoderados de su hermana Inocencia Irma Reyes Jiménez y Jessica Lissete Quintero López, quien compró para sí y para su hermana Karen Sofía Quintero López ese inmueble; el referido fedatario público también precisó que tal instrumento público en ese entonces se encontraba en trámites registrales que los gestores de los interesados llevaban a cabo, sin que la notaría a su cargo estuviera realizando esos trámites. En ese contexto, la orden contenida en el oficio de trece de agosto de dos mil veintiuno, emitida por el Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa IV de la Fiscalía Local de Huajuapan de León, Oaxaca, adscrito a la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, en la carpeta de investigación 15572/FMIX/HUAJUAPAN/2021, para que el Notario Público Cuarenta y Seis en Oaxaca, con ejercicio en Huajuapan de León, detuviera los trámites de escrituración de la compraventa del inmueble ubicado en la calle Jiménez treinta y ocho, de la colonia Centro, en Huajuapan de León, en esta entidad federativa, con la cuenta catastral 44331, que tiene las medidas y las colindancias siguientes: al Oriente mide cuarenta y siete metros con veinte centímetros y colinda con Agustín Vargas García; al Poniente mide cuarenta y cuatro metros con cincuenta centímetros y colinda con el señor Fidencio Lima; al Sur mide diecisiete metros con diez centímetros y colinda con la calle Cinco de Febrero; y, al Norte mide dieciséis metros con ochenta centímetros y colinda con la calle Jiménez no se materializó ya que a la data en la que el Notario Público recibió el aludido mandamiento ya había concluido su función y no tenía intervención alguna en los trámites posteriores. Desde esa perspectiva, el acto reclamado no vulneró en sentido negativo las esferas normativas de los inconformes aun cuando se aluda al multicitado inmueble, porque para la procedencia del juicio constitucional los solicitantes del amparo debían demostrar la titularidad del derecho subjetivo tutelado por una norma jurídica y su afectación por el acto reclamado; es decir, los quejosos tenían la obligación de acreditar el interés jurídico en sí y el perjuicio padecido por el acto impugnado, el cual debe ser real, actual, directo y objetivo; además, esos aspectos deben demostrarse en forma plena, innegable y fehaciente, porque no pueden inferirse con base en presunciones, lo cual no sucedió, porque el material probatorio que aportaron resultó insuficiente para justificar el presupuesto del interés jurídico que los legitime para someter a escrutinio constitucional la actuación que combate. Las consideraciones expuestas evidencian que en la especie se actualiza la causal de improcedencia establecida por el arábigo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque los disidentes no atendieron la carga procesal que gravitaba en ellos para acreditar su interés jurídico; de ahí que este medio extraordinario de defensa resulte improcedente respecto de la actuación descrita en los párrafos precedentes atribuido a la autoridad ministerial responsable. VII. DECISIÓN En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia establecida por el ordinal 61, fracción XII, de la Ley de Amparo se determina decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo estatuido por el normativo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto del acto reclamado al Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa IV de la Fiscalía Local de Huajuapan de León, Oaxaca, adscrito a la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, consistente en la orden contenida en el oficio de trece de agosto de dos mil veintiuno, emitida en la carpeta de investigación 15572/FMIX/HUAJUAPAN/2021, para que el Notario Público Cuarenta y Seis en Oaxaca, con ejercicio en Huajuapan de León, detuviera los trámites de escrituración de la compraventa del inmueble ubicado en la calle Jiménez treinta y ocho, de la colonia Centro, en Huajuapan de León, en esta entidad federativa, con la cuenta catastral 44331, que tiene las medidas y las colindancias siguientes: al Oriente mide cuarenta y siete metros con veinte centímetros y colinda con Agustín Vargas García; al Poniente mide cuarenta y cuatro metros con cincuenta centímetros y colinda con el señor Fidencio Lima; al Sur mide diecisiete metros con diez centímetros y colinda con la calle Cinco de Febrero; y, al Norte mide dieciséis metros con ochenta centímetros y colinda con la calle Jiménez. Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por las consideraciones expuestas en el apartado VI de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese la promoción señalada en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el Agente del Ministerio Público titular de la Mesa IV de la Fiscalía Local de Huajuapan de León, Oaxaca, adscrito a la Vicefiscalía Regional de la Mixteca en atención al requerimiento de veintidós de noviembre pasado, remite copias certificadas de diversas constancias que obran en la carpeta de investigación 15572/FMIX/HUAJUAPAN/2021 relacionadas únicamente con el acto que se le reclama. Al respecto, se tiene a la oficiante por cumplida la referida prevención y con fundamento en lo dispuesto por el precepto 119 de la Ley de Amparo téngase a la responsable por anunciadas las documentales que exhibe, sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia constitucional en términos de lo señalado por los normativos 123 y 124 de la citada legislación; en consecuencia, dese vista a las demás partes con el contenido de esos instrumentos para su conocimiento. Por otro lado, para un mejor manejo de los documentos aportados, fórmese por separado el tomo I de pruebas, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este Juzgado Federal, en el entendido de que conforma el expediente relativo a este asunto. Precisa señalar que para la consulta de las constancias indicadas en las instalaciones que albergan a este Tribunal es necesario que las partes obtengan una cita previamente, la cual podrá programarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en particular en el sistema "Agenda OJ", en donde aparecerán las fechas y los horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, que deberán llevarse en términos de lo dispuesto por los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en concordancia con el artículo único del diverso Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia y con las medidas sanitarias respectivas. Notifíquese.
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