Josué Daniel Hernández Amaya

Expediente 1230/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1230/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Josué Daniel Hernández Amaya

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la copia certificada del juicio de amparo indirecto 659/2023 del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, remitida con motivo de la separación de juicios realizada por dicho órgano jurisdiccional, en relación a ese expediente. Por tanto, se precisa que atendiendo a la separación de autos realizada por el homólogo, este Juzgado de Distrito se avocará y continuará con el conocimiento del juicio respecto del quejoso Josué Daniel Hernández Amaya, en relación al acto que reclamó en el procedimiento de ejecución de controversia (PEC) ********************, del índice del Centro de Justicia Penal Federal. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y acorde a lo dispuesto en los artículos 180, 252, 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del citado Consejo; regístrese con el número 1230/2023. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente aportados por las partes, y se formará con los instrumentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las actuaciones y promociones electrónicas no se incorporaran al expediente material; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. Se convalidan las actuaciones realizadas por el titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; asimismo, acúsese de recibo. Incidente de suspensión. Del expediente electrónico relativo al juicio de amparo 659/2023, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, se advierte que dicho juez ordenó la apertura del incidente de suspensión relativo a ese expediente y mediante interlocutoria emitida en audiencia incidental celebrada el catorce de julio de dos mil veintitrés resolvió en definitiva, en tal virtud imprimase sólo las constancias necesarias a fin de formar el incidente de suspensión relativo a este expediente. Notificación a las autoridades señaladas como responsables. En términos de la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª), resuelta por contradicción de tesis, por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, materia común, consultable en la página 1253, de la Décima Época, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquéllas que deben ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán mediante lista que publica este Juzgado. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Antecedentes. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, Josué Daniel Hernández Amaya y otros, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Ejecución adscrito al Centro de Justicia Penal Federal y otro, señalando como acto reclamado lo siguiente: La omisión de dar seguimiento al procedimiento de ejecución de controversia (PEC) ********************, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca. Demanda que por turno correspondió al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, quien lo registró con número de expediente 659/2023, de su índice, y ordenó la sustanciación de dicho juicio, pero con motivo del informe justificado rendido por personal del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca y la información solicitada con motivo de dicho informe, el veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés ordenó la separación de juicios. Con motivo del cual a este juzgado correspondió conocer dicha demanda únicamente respecto del quejoso Josué Daniel Hernández Amaya, contra la omisión de dar seguimiento a la Controversia Judicial (PEC) ******************** del índice del Centro de Justicia Penal Federal, relativa a la solicitud de acceso a educación, trabajo, arte y cultura dentro del Centro Federal de Readaptación Social 13 "CPS Oaxaca". Causal de sobreseimiento. En el caso concreto en contra del acto controvertido, a consideración del suscrito, se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que han cesado sus efectos. Se explica. El artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de aquél, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Ahora bien, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental infringido, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, obteniéndose la teleología del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Conforme al texto legal citado, el juicio de amparo es improcedente en caso de que el acto reclamado, aun siendo existente al momento de la instauración del propio juicio constitucional, cese en sus efectos durante la secuela de éste, pues en tal evento la parte quejosa deja de verse afectada en su esfera jurídica, lo que a la postre hace innecesario examinar la constitucionalidad del acto reclamado, precisamente porque ningún efecto legal produce este último. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto pueda considerarse cabalmente destruidos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. El criterio en mención, se encuentra inmerso en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio constitucional, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, puede consultarse la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Una vez que ha sido entendido lo que la Suprema Corte le ha conferido al concepto "cesación de los efectos del acto reclamado" podemos determinar cómo puede identificarse cuando todos los efectos de un acto han llegado a esa condición de cesación absoluta. En relación con lo anterior, debe decirse que el hecho de que una persona promueva un juicio de amparo en contra de uno o varios actos implica que aquélla considera que éstos le generan una afectación que se traduce en una violación. Esa posible violación constituye el efecto de los actos reclamados. En este sentido, cuando tal efecto cesa, desaparece la violación resentida por el quejoso y, en consecuencia, el juicio de amparo deja de tener razón de ser dado que perseguiría algo que ya estaría logrado, a saber, la reparación de la infracción. Ahora el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, a su vez da la pauta para que los efectos del acto reclamado cesen, en los supuestos en que: a) Los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; hipótesis en la que con tal destrucción el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación); y, b) Se da la sustitución de los actos procesales que conlleva a que uno queda en suspenso hasta en tanto se decide el otro, por la relación que guardan entre sí, en donde la resolución del segundo da firmeza a los actos del proceso dictados previamente; es decir, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). En el primero de los citados supuestos se indica que los efectos de un acto reclamado cesan hasta cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En cuanto a la hipótesis indicada en inciso b) relativa a la sustitución procesal se origina con el ejercicio de los medios de defensa en el proceso, debido a que conllevan un nuevo análisis de la cuestión planteada que puede realizarse por la propia autoridad de origen o bien, por el superior jerárquico o autoridad que cuenta con la jurisdicción originaria para resolver. Al respecto, cabe señalar que la Primera Sala y la otra Tercera Sala del Supremo Tribunal Constitucional de la Nación han establecido -en criterios orientadores- que se actualiza la cesación de efectos por la sustitución procesal de actos. Algunos ejemplos de esos supuestos se precisan en las tesis siguientes: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución, que vino a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la ley que lo reglamenta." Luego, cuando el gobernado opte por combatir en la vía constitucional una determinación de alguna autoridad y ese acto se vea sustituido por otro, porque en razón del trámite del procedimiento se dictó uno nuevo que incidió en la vigencia y en la ejecutividad del acto atacado es indudable que se actualiza la causal de improcedencia invocada. En respaldo de las consideraciones anteriores se invoca, por analogía, la tesis I.3o.C.92 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de contenido: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Así como, la tesis I.3o.C.769 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos". Ahora, de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que en el expediente identificado como procedimiento de ejecución de controversia (PEC) ********************, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, vinculado a este expediente, sucedió lo siguiente: Mediante proveído de siete de diciembre de dos mil veintidós, se admitió el procedimiento de ejecución de controversia (PEC) ********************. En dicho proveído, el juez responsable ordenó remitir el escrito de Josué Daniel Hernández Amaya al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca" en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que inmediatamente le dé el trámite previsto en el numeral 109 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y responda la petición formulada. Mediante proveído de veinte de julio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable requirió a la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social 13 "CPS Oaxaca", para que en el plazo de setenta y dos horas contadas a partir de que reciba el oficio que derive de este acuerdo, informe lo solicitado en el referido acuerdo. El quince de agosto de dos mil veintitrés, la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS Oaxaca" informó que el quejoso Josué Daniel Hernández Amaya, egresó del Centro Federal de Readaptación Social 13 "CPS Oaxaca" el veinticinco de julio del presente año, al habérsele dictado sentencia absolutoria, por lo que declaró sin materia el asunto ordenando el archivo definitivo del procedimiento de ejecución de controversia (PEC) ********************. Circunstancias que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, son un hecho notorio. En ese contexto, este juzgado estima que, en el caso, cesaron los efectos del acto reclamado, puesto que si bien en un inicio la esfera jurídica del promovente del amparo se vulneró con la omisión de la autoridad responsable de dar seguimiento procedimiento de ejecución de controversia (PEC) ********************, del índice del Centro de Justicia Penal Federal; empero, al egresar el quejoso de su centro de reclusión, se emitió el proveído de quince de agosto de dos mil veintitrés, donde declaró sin materia el asunto y ordenó el archivo definitivo el procedimiento de ejecución de controversia (PEC) ********************. Por consiguiente, los efectos de la inactividad han quedado insubsistentes con todas sus consecuencias en forma total e incondicional, justamente con motivo del egreso del quejoso de su centro de reclusión y el archivo de la controversia ya multicitada. Atento a lo anterior, al haber cesado los efectos del acto reclamado, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, y con fundamento en el ordinal 63, fracción V, procede sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Sin que el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, cause agravio a la parte quejosa o la prive de defensa, pues, ni aun celebrándose ésta, el impetrante podría desvirtuar con prueba alguna la causal de improcedencia de mérito, que se torna notoria, manifiesta e indudable, por lo que el resultado del fallo sería en el mismo sentido; por tanto, atendiendo al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional, lo procedente es resolver fuera de audiencia. Sirve de apoyo, por analogía la tesis aislada sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, consultable en la página 4648, libro 69, tomo cuatro, agosto de dos mil diecinueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son el siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado." Audiencia constitucional. Con motivo de lo anterior, no ha lugar a señalar fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia constitucional; ya que ni aun celebrándose ésta, el quejoso podría desvirtuar con prueba alguna la causal de improcedencia de mérito, pues para la resolución de este asunto se tuvo a la vista el expediente electrónico del procedimiento de ejecución de controversia (PEC) ********************, en el que se reclama omisión de dar seguimiento a este, en el cual se reitera es imposible ese seguimiento en virtud de que está concluido; razones por las cuales, el resultado del fallo sería en el mismo sentido, sin prueba en contrario; por tanto, atendiendo al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional, lo procedente es resolver fuera de audiencia. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, con número de registro digital 184572, de rubro y contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notificación al quejoso. Tomando en consideración que el quejoso ya no se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número Trece en Miahuatlán, Oaxaca, con sede en Mengolí, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, con fundamento en el arábigo 27, fracción III, inciso a), de la ley de materia notifíquese por lista esta determinación, así como las determinaciones ulteriores, incluidas las de carácter personal, hasta en tanto el justiciable señale un domicilio procesal. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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