José Trinidad Mendoza Godinez
Expediente 1250/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1250/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/12/2021
Partes del expediente
- José Trinidad Mendoza Godinez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído emitido por este órgano jurisdiccional el nueve de diciembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el expediente como concluido.
- Principal
L.- Toluca, Estado de México, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. OFICIO Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos de su numeral 2°, agréguese a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, los oficios y anexos mediante los cuales el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México, remite diligenciado el despacho 105/2021-VIII, (orden 342/2021-VII, del índice de este juzgado. Atento a lo anterior, dese de baja la comunicación oficial de referencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente y acúsese recibo. En ese contexto, el citado quejoso ********************** al momento de la notificación precisa que el acto que reclama es el acercamiento familiar. Ahora tomando en consideración la manifestación del impetrante de amparo y toda vez que no fue desahogada en sus términos como se indicó en proveído de tres de diciembre de dos mil veintiuno, se hace efectivo el apercibimiento y se tiene como acto reclamado únicamente la orden de traslado ejecutado. DESECHAMIENTO En ese sentido, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo; a continuación se analiza la que se actualiza, es decir, la contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, La fracción transcrita consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, que lo es el de definitividad, el cual impone como obligación a la parte quejosa, antes de acudir al juicio de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tildan de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así, conforme a la fracción invocada, el gobernado podrá ejercer la acción constitucional de amparo hasta después de haber agotado todas las instancias procesales que regule la ley que rija el acto reclamado. En ese sentido, respecto de la orden de traslado se precisa que los artículos 1, 4, 15, fracción VIII, 25, fracciones I y X, 49, 50, 51, 52, 57, párrafo primero, 116, fracción I, 117, fracción III, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen el procedimiento a seguir sobre la figura de los traslados voluntarios e involuntarios ante el juez de control o ejecución, de ***************************** Conforme a lo expuesto con antelación, resulta inconcuso que los traslados involuntarios pueden combatirse ante el juez de control o ejecución, según corresponda, quien está facultado para pronunciarse sobre la suspensión de oficio del acto hasta en tanto resuelve en definitiva. Al respecto conviene puntualizar que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial. Además, deben garantizar los derechos, en lo que interesa, de los indiciados cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho. También les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil -sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones-, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial. En ese tenor, conforme a las consideraciones jurídicas, expuestas anteriormente, es factible arribar a la conclusión que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa, previo acudir a la vía indirecta con su demanda de amparo, debió agotar primero el mecanismo de control (medio de defensa) que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, ante el juez de control o ejecución, contra el acto materia de la presente instancia constitucional, esto es, la orden de traslado, situación que omitió realizar; ya que incluso, si lo considera y de manera optativa, antes de acudir a esta vía constitucional, puede combatir mediante recurso de apelación el traslado involuntario de personas privadas de la libertad, en su carácter de procesadas o sentenciadas, ante el juez de control o de ejecución para que pueda ser sustanciado por el tribunal de alzada. En efecto, ante la orden de traslado involuntario que por esta vía reclama, el peticionario del amparo cuenta con un medio de defensa, mediante la incitación de una controversia ante el juez de control o de ejecución, por la que puede hacer patente que está a punto de cambiar sus condiciones de internamiento, entre éstas, el lugar de su reclusión. ***************************+En similares términos se ha pronunciado la Primera Sala del Tribunal más alto de este país, al resolver la contradicción de tesis 448/2019, en la que determinó que los traslados urgentes o excepcionales, ordenados por autoridad administrativa penitenciaria, en términos del artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del amparo indirecto, el afectado debe agotar los medios ordinarios de defensa que el propio ordenamiento legal prevé para ese supuesto. Por tales motivos, este juzgado estima que al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo, respecto de los actos reclamados consistentes en la orden de traslado del Centro Penitenciario de Reinserción Social de Sultepec, Estado de México, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. EXCEPCIÓN AL DEBER DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. Sobre este tópico, se actualiza una excepción al deber de garantizar el derecho de tutela jurisdiccional efectiva conforme a la jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.), toda vez que como ha quedado precisado en párrafos que anteceden, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el citado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, originó el desechamiento de plano de la demanda de que se trata. Ante ese escenario, es evidente que la condición de defensa garantizada al quejoso en la parte inicial del juicio de amparo, no podría superar la obligatoriedad en la aplicación de la jurisprudencia que define la improcedencia del juicio, en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo (vigente hasta el 7 de junio de 2021). Por ello, esa obligación procedimental de garantizar el derecho de tutela judicial efectiva en el juicio de amparo, únicamente opera en favor del quejoso cuando la procedencia del juicio sea viable, esto es, cuando no encuentra obstáculo en la declaración de improcedencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la jurisprudencia aplicable. Ahora, con apoyo en el artículo 27 de la Ley de Amparo fracción II de la Ley de Amparo, así como en el diverso 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena enviar atento despacho al Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Sultepec, Estado de México, para que en auxilio de las labores de este juzgado, con sustento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, ordene a quien corresponda notifique la presente determinación al quejoso José Trinidad Mendoza Godínez, el presente acuerdo, en el entendido que éste se encuentra privado de su libertad en el Centro Penitenciario de Reinserción Social de Sultepec, Estado de México. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.
- Principal
L.- Toluca, Estado de México, tres de diciembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Visto el escrito de demanda promovido por *****************, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1250/2021-VIII. Con fundamento en los artículos 108, fracción I, 112, 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, realice lo siguiente: ************************* Indique bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado. APERCIBIMIENTO Con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se apercibe al promovente que de no cumplir lo requerido en el plazo y forma indicados dentro del plazo que se le concede, se tendrá como único acto reclamado la orden de traslado ejecutado de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. Ahora, el quejoso José Trinidad Mendoza Godínez, se encuentra privado de su libertad en el Centro Penitenciario de Reinserción Social de Sultepec Estado de México; y el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, se publicó en el Semanario Judicial de la Federación la jurisprudencia número 43/2019 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. DOMICILIO Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso k), practíquense únicamente las notificaciones de manera personal al quejoso en el centro de reclusión donde se encuentra privado de su libertad. Ahora, con apoyo en el artículo 27 de la Ley de Amparo fracción II de la Ley de Amparo, así como en el diverso 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena enviar atento despacho al Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Sultepec, Estado de México, para que en auxilio de las labores de este juzgado, con sustento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, ordene a quien corresponda notifique y prevenga en los términos citados al quejoso José Trinidad Mendoza Godínez, el presente acuerdo, en el entendido que éste se encuentra privado de su libertad en el Centro Penitenciario de Reinserción Social de Sultepec, Estado de México. Notifíquese personalmente en el lugar de reclusión.
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