José Trinidad de la O Flores

Expediente 186/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
186/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
03/03/2023

Partes del expediente

  • José Trinidad de la O Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de marzo de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Vista la certificación que antecede y el estado procesal de los autos, se advierte que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. ARCHIVO En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) del Consejo de la Judicatura Federal. DESTINO En acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 4, del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un expediente en el cual se desechó la demanda de amparo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Por otra parte, de la certificación que antecede y el estado procesal de los autos, se advierte que obran por separado los anexos I, II y III, formados con las constancias que en su momento exhibió la autoridad responsable, y dado el sentido de la presente determinación ya resultan innecesarios; por ende, devuélvanse a su lugar de origen. Sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo respectivo, pues bastará con que conste su recepción en la constancia de entrega correspondiente; por tanto, se instruye al Actuario Judicial de la adscripción para que se cerciore de que se anote esa circunstancia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Laura Gabriela Serrano de la Cruz, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. OFICIO Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena agregar a los autos el oficio procedente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remite el escrito presentado por el apoderado legal de BBVA México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, quien se ostenta como tercera interesada. Sin mayor proveído, en atención a que en auto de trece de febrero de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de amparo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Laura Gabriela Serrano de la Cruz, secretaria que autoriza y da fe.L´LGSC/l´vos

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; trece de febrero de dos mil veintitrés. SE RECIBE TESTIMONIO DE RECURSO DE REVISIÓN Vista lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa de la Ley de Amparo, agréguese el oficio procedente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través del cual adjunta testimonio emitido el ocho de febrero de dos mil veintitrés, en los autos del recurso de revisión 334/2022 de su índice, interpuesto por el quejoso ********************, contra las sentencia de veintinueve de agosto de dos mil veintidós; asimismo remite los autos originales del presente juicio de amparo y anexos. De ahí, se advierte que el órgano colegiado resolvió: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por ********************, contra las autoridades y por los actos precisados en el resultado primero de esta ejecutoria." En consecuencia, agréguense las actuaciones relevantes del cuaderno de antecedentes, acúsese el recibo de estilo correspondiente, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como definitivamente concluido. ARCHIVO Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó en el juicio y carece de relevancia documental. Asimismo, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), el original del incidente de suspensión es depurable, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva, en términos del punto 7.1.1 (2), del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a). DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS AUTORIDAD Devuélvase las constancias que remitió como complemento a su informe justificado el Juez Cuarto Civil de Toluca, Estado de México, consistentes en copias certificadas del expediente ******************** de su índice, sin que sea necesario el acuse por su recibo, en virtud de ser copias certificadas. VISTA BILLETE Por otra parte, a fin de proveer respecto al destino del billete de depósito ******************** expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, que ampara la cantidad de ********************, hágase del conocimiento del tercero interesado que cuenta con un plazo de seis meses para hacer efectiva la garantía referida y transcurrido ese término sin que el tercero interponga el incidente contemplado en el artículo 156 de la Ley de Amparo, se procederá a la devolución del billete de depósito a la parte quejosa, quien transcurrido el plazo mencionado, y con apoyo en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, cuenta con un término de dos años para acudir a este Juzgado a recibir el billete en mención, apercibido que de no hacerlo prescribirá a favor del erario federal. En el entendido que dicho plazo se computará a partir de la legal notificación de este proveído. Notifíquese como legalmente corresponda.

  4. Principal

    En cumplimiento al apercibimiento realizado mediante aviso de quince de febrero de dos mil veintitrés, se notifica por medio de lista a la parte quejosa, la determinación de trece de febrero de dos mil veintidós que dice: Toluca, Estado de México; trece de febrero de dos mil veintitrés. SE RECIBE DEMANDA POR INCOMPETENCIA DE TCC Visto el oficio procedente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, el cual contiene que inserto el acuerdo emitido el ocho de febrero del año en curso, mediante el cual se declara incompetente para conocer de la demanda promovida por José Trinidad de la O Flores, y remite los autos originales del amparo directo 33/2023 de su índice, así tres tomos de copias certificadas, deducidas del expediente ********************del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, México. Acúsese recibo. REGISTRO En consecuencia, se ordena registrar el asunto recibido bajo el amparo indirecto 186/2023-II-A; fórmense los expedientes electrónico y físico respectivos. SE AVOCA AL CONOCIMIENTO En esas condiciones, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto. SE FORMAN ANEXOS Con los anexos remitidos por la autoridad oficiante, fórmense los anexos I, II y III por separado, para su mejor manejo. De la lectura íntegra de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama de: AUTORIDAD RESPONSABLE Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, México. 1 ACTO RECLAMADO La resolución interlocutoria de seis de diciembre de dos mil veintidós, que resuelve el incidente de nulidad de notificaciones, tramitado en el expediente 1116/2016, del índice de la autoridad responsable, el cual fue promovido en etapa de ejecución de sentencia, en contra de las notificaciones practicadas el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno y veinticinco de febrero de dos mil veintidós, que notifican al demandado los autos de requerimientos del cumplimiento al convenio elevado con cosa juzgada. DESECHAMIENTO De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Al respecto, el citado artículo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar la demanda de amparo y, en su caso, el escrito aclaratorio que es parte integrante de ésta; de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. En ese contexto, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, por indudable, aquello que no puede ponerse en duda, esto es, que se tenga certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza; de modo que, aun de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Proceder soportado en el artículo 17 de la Constitución Federal, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda a pesar de tener plena convicción de que a la postre resultará improcedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)" De los preceptos anteriores, se advierte que el amparo indirecto es improcedente cuando se reclaman actos emitidos en procedimiento de ejecución de sentencia dictada en un juicio y no se trata de la última resolución. Además, se prevé que cuando se promueve amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, se pueden reclamar todas las violaciones cometidas en dicho periodo que hubieran dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado del fallo. Asimismo, se establece que por "última resolución" debe entenderse lo siguiente: a) La que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado. b) La que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. c) La que ordena el archivo definitivo del expediente. En ese contexto, tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento. La aludida fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de las fracciones V y VI del mismo numeral, que disponen: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (.)" Lo anterior es así, porque la fracción V trascrita contempla un supuesto de aplicación más amplio y protector, al referirse que procede el amparo contra actos emitidos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, los cuales, deben entenderse como aquéllos que afecten materialmente los derechos sustantivos del quejoso tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. La fracción VI aludida prevé la procedencia del amparo cuando se trata de personas extrañas al juicio del que deriva el procedimiento de ejecución de origen. Por tanto, los supuestos normativos de las fracciones V y VI del artículo 107 de la ley de la materia, configuran la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en un procedimiento de ejecución de sentencia, consistentes en que los actos afecten de manera material derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, o bien, el quejoso sea tercero extraño a la controversia de origen. Sustenta lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, registro 163152, cuyo rubro es: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Sobre lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estableció que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece dos precisiones para comprender el alcance de la expresión "actos de imposible reparación"; la primera de ellas se encuentra ubicada en la fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; la segunda, se observa en su fracción V, cuyo fin es normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales. Indicó que con base en esas disposiciones, los "actos de imposible reparación" necesariamente deben producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, pero no que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Precisó que el significado de actos de imposible reparación previsto en la Ley de Amparo vigente, establece que aquéllos deben recaer sobre derechos, es decir, rebasa lo puramente procesal o procedimental -según se trate-, por lo que es necesario que se lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga de las leyes adjetivas aplicables. Concluyó en la existencia de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, dictados en juicio o en procedimiento seguido como tal, a saber: 1) Se afecten materialmente derechos: lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. 2) Los derechos afectados materialmente tengan la categoría de "sustantivos": expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en estos últimos la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender el resultado del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Estableció que dada la connotación que el legislador aportó respecto a lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", no puede aplicarse la jurisprudencia que determinó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra aspectos formales que producen una afectación en grado predominante o superior, porque esta concepción resulta incompatible con la actual Ley de Amparo. Dicho criterio está contenido en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia Común, página 39, registro 2006589, del título siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En suma, existen cuatro hipótesis de procedencia del juicio de amparo contra actos emitidos por autoridad judicial en ejecución de sentencia, a saber: 1. Se trate de la última resolución del procedimiento respectivo. 2. Los actos gocen de autonomía con relación a la ejecución, es decir, no tengan como finalidad directa e inmediata cumplir la sentencia. 3. Los actos afecten materialmente los derechos sustantivos del quejoso, tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que México sea parte, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural; y, 4. El quejoso sea tercero extraño al juicio de origen. Lo anterior encuentra sustento y evidencia en los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, del cuales, se advierten: -El diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, la institución bancaria tercero interesada, demandó al aquí quejosa el pago de diversas cantidades en pesos, con motivo de la celebración de un contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria. -Seguido el juicio, el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, se aprobó en sus términos el convenio judicial de uno de diciembre de dos mil dieciséis que las partes en Litis exhibieron ante la responsable para dar por concluido el juicio, el cual ratificaron previamente, y en esa fecha tal acto jurídico adquirió la categoría de cosa juzgada. -En ejecución de tal convenio, mediante proveídos de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno y de veintiuno de enero de dos mil veintidós se ordenó requerir al aquí quejoso para que acreditara de manera fehaciente el cumplimiento dado al convenio elevado a categoría de cosa juzgada, de su parte. -El demandado, en contra de las notificaciones de los proveídos aludidos en el parágrafo anterior, de fechas veintidós de diciembre de dos mil veintiuno y veinticinco de febrero de dos mil veintidós, interpuso incidente de nulidad. -Mediante interlocutoria de seis de diciembre de dos mil veintidós, el juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, declaró infundo el incidente de nulidad de actuaciones y subsistentes las actuaciones impugnadas. La anterior determinación constituye el acto reclamado en el presente sumario. -En contra de dicha determinación, el demandado interpuso apelación, la cual, mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil veintidós, no acordó de conformidad, bajo el argumento de que en contra las resoluciones pronunciadas en juicio oral mercantil (sic), no procede recurso ordinario alguno. En ese contexto, en notorio que la resolución controvertida en ésta instancia fue emitida después de concluido el juicio, en cumplimiento al convenio judicial elevado a cosa juzgada y así ratificado por las partes, esto es, en etapa de ejecución del convenio aludido, pero también es cierto que la resolución reclamada no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento ejecución del juicio de origen. En efecto, la interlocutoria que resuelve el incidente de nulidad reclamada, si bien es una resolución que tiende de manera directa e inmediata a hacer efectiva la ejecutoria que se trata; también destaca que, el acto reclamado goza de autonomía con relación a la ejecución del convenio elevado a cosa juzgada; por tanto, para que proceda el juicio de amparo indirecto en su contra, debe acreditarse que se trata de la última resolución dictada en ese procedimiento; sin embargo, la determinación adoptada respecto a la nulidad de notificaciones, nada decide sobre si el convenio elevado a cosa juzgada esta cumplido o no. Además, la resolución reclamada no afecta materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, distintos de la cosa juzgada, porque en modo alguno se le impide el libre ejercicio de algún derecho fundamental, de manera actual y presente. Aunado a ello, la parte quejosa no es tercera extraña al juicio de origen, porque fue el demandado en él y se siguió el procedimiento hasta su conclusión con un convenio ratificado que puso fin al juicio elevándolo a categoría de cosa juzgada. Por tanto, por el momento, la resolución reclamada no tiene sobre las personas o las cosas efectos de imposible reparación, pues -además- se determinó que se volviera a practicar la notificación motivo del incidente de nulidad, sin restringir derecho alguno de la parte quejosa. Entonces, las consecuencias de la resolución reclamada no producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, pues con el dictado de la resolución que decida en definitiva el cumplimiento al convenio elevado a cosa juzgada, pueden desaparecer las violaciones reclamadas de ser favorable la resolución a la parte quejosa; en caso de no ser así, podrá impugnarla a través del medio ordinario correspondiente y, eventualmente, en amparo indirecto, en el cual podrán controvertir las violaciones que trasciendan a su resultado. Es aplicable la tesis I.12o.C.22 K (10a.), con registro digital 2018278, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, página 2163, de título y contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SI LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA (ACTOS INOFENSIVOS) NI SE AJUSTA A NINGUNA HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AUNQUE SURJAN EN LA ETAPA DE JUICIO CONCLUIDO. En términos del artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo el juicio constitucional se tramitará ante el Juez de Distrito cuando se impugnen actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, lo cual significa que antes y después del dictado de la sentencia definitiva que resuelva el asunto en lo principal, las partes tienen a su alcance la posibilidad de impugnar cualquier acto que tenga esas características. De manera que si el juicio de amparo indirecto procede en esas hipótesis, esta disposición debe estimarse que da pauta a la interpretación, de modo que aun tratándose de actos dictados en juicio concluido existe la posibilidad de impugnarlos por las partes cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos, y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a la cosa juzgada, es decir, los distintos que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma insoslayable. En este contexto, si la resolución reclamada fue dictada en etapa de ejecución de sentencia, pues de los antecedentes se advierte que existe sentencia definitiva, la decisión de rechazar un recurso no puede estudiarse aisladamente al acto pretendidamente recurrido, es decir, la resolución que declara infundado el incidente de nulidad de actuaciones que el quejoso inició para impugnar la notificación que se realizó en cuanto a la devolución al archivo judicial del expediente natural y como consecuencia la resolución que niega la admisión del recurso correspondiente no satisface los requisitos para la procedencia del amparo indirecto, pues no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución y como el quejoso compareció al juicio natural y éste se encuentra en la etapa de ejecución, no se afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen. Consecuentemente, aun cuando surjan actos en la etapa de juicio concluido, muchos de ellos son inocuos (inofensivos) para los intereses del quejoso, como sucede en el caso, en tanto que su contenido no lesiona algún derecho ajeno a la cosa juzgada ni se ajusta a alguna de las hipótesis de procedencia reguladas en el artículo 107 citado; de ahí que el juicio de amparo sea improcedente." Asimismo, por identidad de razón, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 94/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 167896, del rubro y texto siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada." Sin que obste a la anterior determinación, ni se desconozca la diversa jurisprudencia 1a./J. 77/2006, con registro digital 173621, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en el Tomo XXV, Enero de 2007, página 111, de título siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA." Lo anterior, en razón de que tal jurisprudencia tiene como supuesto jurídico el incidente en contra de la notificación se la sentencia definitiva y, en el presente caso se está en la etapa de ejecución de un convenio elevado a cosa juzgada, el cual no se ha declarado cumplido o no. En ese contexto, es claro que respecto de la resolución reclamada se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracciones IV, V y VI, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, en atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por José Trinidad de la O Flores. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso, el lugar señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aun las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS En relación con las personas que designa como autorizadas; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, éstas se avalan en los términos solicitados, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICO Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, se exhorta a la parte quejosa para que haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal del Servicio en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES Hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional, será el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. CONSULTA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto, indíquese que para ello, deberá cumplir con lo establecido en los artículos 257, 261 y 262 del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO"; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes, etcétera, para consulta electrónica y no física de éstos). De igual forma, se requiere a la Secretaria y la Oficial Judicial "C" encargadas del expediente, para que agenden los plazos y términos que surjan en la tramitación de este expediente, a fin de que los acuerdos respectivos se propongan a tiempo, y con ello, no se afecte el desarrollo de pronta impartición de justicia. En el mismo orden, se conmina a los Actuarios para que realicen todas y cada una de las notificaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley; además, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo, así como los subsecuentes, se entreguen de manera correcta e inmediata a sus destinatarios. Aunado a lo anterior y de conformidad con los artículos 2°, fracción II y 253 del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO", se requiere a los oficiales Administrativos, Actuarios Judiciales y Secretarios, para que conforme al Manual de puestos y funciones, se cumpla en su integridad con el expediente electrónico que dio origen al sumario en que se actúa. APARTADO ESPECIAL ACTUARIOS Asimismo, de conformidad con el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de siete de noviembre de dos mil veintidós, se comisiona al actuario de la adscripción para que mediante notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, por oficio electrónico o digitalizado con firma electrónica, por lista electrónica según corresponda realicen las notificaciones que se emitan en el presente sumario; asimismo, para que realicen todas y cada una de las comunicaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley. De igual manera, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo y subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Ju dicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Laura Gabriela Serrano de la Cruz, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, encargada del despacho, con fundamento en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistida de Emireth Ayllón Rebollar, secretaria que autoriza y da fe. La Secretaria La Secretaria encargada del despacho

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