José Yasser Ríos Cisneros

Expediente 672/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
672/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
03/05/2021

Partes del expediente

  • José Yasser Ríos Cisneros
  • Director General de Administración del Órgano Desconcentrado Prevención y de Readaptación Social

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de mayo de dos mil veintiuno. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación de cuenta, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el acuerdo que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, catorce de abril de dos mil veintiuno. OFICIO QUE DEVUELVE EXHORTO Agréguese el oficio signado electrónicamente por el Juez y secretario, del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, mediante el cual devuelven sin diligenciar el exhorto 118/2020, orden 193/2020 de esta estadística, remitido a efecto de notificar personalmente al quejoso los autos de veinticinco de septiembre y cuatro de noviembre, ambos de dos mil veinte; lo anterior, debido a que el actuario adscrito a ese órgano jurisdiccional exhibió razón de imposibilidad para realizar la diligencia, en razón a que, al constituirse en el domicilio indicado, una vez corroborado que así fuera, la persona que lo atendió le indicó que ahí no conocen al buscado por lo que no podía recibir documentación alguna. Se ordena dar de baja la comunicación oficial mencionada; háganse las anotaciones correspondientes. NOTIFICACION POR LISTA En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), y el diverso 29, de la Ley de Amparo, se tienen las listas que se publican en los estrados de este juzgado para que la parte quejosa oiga y reciba todo tipo de notificaciones, aun las que ameriten ser personales; sin menoscabo de que posteriormente señale uno diverso dentro del área conurbada de este juzgado, esto es, Toluca o Metepec. En tal sentido, notifíquese a la parte quejosa los autos de veinticinco de septiembre y cuatro de noviembre, ambos de dos mil veinte para su conocimiento. Notifíquese; asimismo, los autos de veinticinco de septiembre y cuatro de noviembre, ambos de dos mil veinte. Toluca, Estado de México, veinticinco de septiembre de dos mil veinte. RECEPCIÓN DE CONSTANCIAS Intégrese el oficio del Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual remite su juicio de amparo indirecto 870/2020, en virtud que el dieciocho de septiembre del año en curso, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo; Acúsese el recibo de estilo. SE ACEPTA COMPETENCIA Y SE AVOCA AL CONOCIMIENTO En términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado de distrito acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto. Por tanto, se ordena hacer del conocimiento a las partes lo anterior, para los efectos legales conducentes. ADMISIÓN Vista la demanda promovida por José Yasser Ríos Cisneros, por propio derecho, admítase y regístrese bajo el número 672/2020-VII. DESECHAMIENTO Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. La parte quejosa reclama la resolución definitiva que da por terminado su nombramiento contenida en el oficio PRS/10999/2020, con motivo de las evaluaciones de control de confianza a que fue sometido en el año 2013, en la Dirección General de Control de Confianza de la entonces Policía Federal; la falta de suscripción autógrafa de esa resolución y la orden de registrarlo en el Sistema Nacional de Seguridad Pública con un resultado de "no apto" y/o "no aprobado". Atento a lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción IV, de la Constitución Federal y los diversos 2, primer párrafo, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y el 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Con objeto de iniciar el análisis de la causal de improcedencia advertida, se toma en consideración que los preceptos legales en cita disponen: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.". ".Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución."; ".ARTÍCULO 2o.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." ".Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:. XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;". El texto de los preceptos transcritos, establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar aquél, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Debe destacarse que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la ley de la materia para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previo a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo anterior a la vigente, así como los criterios jurisprudenciales emitidos por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, ha establecido que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto en distintos casos, como cuando se reclaman normas generales, con motivo del primer acto de aplicación. Tal criterio se contiene en la tesis 2a. LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 156, Tomo XII, Julio de 2000, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que se cita en seguida: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia.". De lo antes expuesto se tiene que para actualizar la causa de improcedencia en estudio es necesario: a) Que el acto reclamado sea emitido por una autoridad distinta de los tribunales administrativos, judiciales o del trabajo. b) Que contra ese acto proceda un medio ordinario de defensa previsto en la ley formal y material, que pueda tener por objeto, revocar, modificar o confirmar el acto reclamado. c) Que el medio ordinario de defensa prevea la suspensión de la ejecución del acto impugnado y que para su concesión no se prevean mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. d) No habrá obligación de agotar el medio ordinario de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación o se reclamen violaciones directas a la Constitución. Ahora bien, el primero de los requisitos se encuentra satisfecho, ya que el acto reclamado fue emitido -de conformidad por las manifestaciones bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa- por el Comisionado de Prevención y Readaptación Social; autoridad que evidentemente no forma parte de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo. En relación con el segundo requisito, consistente en que contra el acto reclamado proceda un medio ordinario de defensa previsto en la ley formal y material, que pueda tener por objeto, revocar, modificar o confirmar el acto reclamado, éste también se encuentra satisfecho, tal y como lo establecen los artículos 2, primer párrafo, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y el 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, transcritos parágrafos que anteceden, procede el juicio contencioso administrativo federal contra las resoluciones administrativas definitivas dictadas por las autoridades en esa materia que pongan fin a un procedimiento de la misma índole. En el caso, el quejoso reclama la resolución definitiva que determinó la finalización de su nombramiento como servidor público federal, plasmada en el oficio PRS/10999/2020, signado por el Comisionado de Prevención y Readaptación Social y su contenido. Por consiguiente, es evidente que contra el acto reclamado procede el aludido medio de defensa, toda vez que fue emitido por una autoridad diversa a los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, pues con dicho medio ordinario está en condiciones de obtener la modificación, revocación o nulificación del acto que combate; de ahí que se colme el segundo requisito consistente en que exista un juicio, recurso o medio de defensa ordinario susceptible de nulificar, revocar o modificar el acto reclamado. Además, dicho medio de impugnación se encuentra contenido en una ley formal y material, ya que la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, fueron emitidas por el Congreso de la Unión. Ahora bien, respecto al tercer requisito, que consiste en que el recurso, juicio o medio de defensa ordinario, no exija mayores requisitos para conceder la suspensión a los establecidos en la ley de la materia, también se actualiza, pues el artículo 28 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, así lo prevé y no establece mayores requisitos que los exigidos en la Ley de Amparo. El anterior aserto, no obstante que el quejoso no solicita la suspensión del acto reclamado, sin embargo está en aptitud legal de así hacerlo en tanto no se dicte sentencia en el juicio. Sustenta lo dicho, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2011289, tesis 2ª./J. 27/2016 (10ª.), visible en la página 1194, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria.". En el mismo sentido, de la copia del oficio que contiene el acto reclamado que adjunta a su demanda, no se advierte que carezca de fundamentación y motivación al contener los preceptos normativos correspondientes y la explicación pertinente, por lo que no se actualiza la excepción al principio de definitividad en lo atinente a esa carencia. Asimismo, tampoco se advierte la excepción referente a la alegación exclusiva de violaciones directas a los preceptos constitucionales, ya que es evidente que el quejoso se duele de actos de legalidad cuando reclama la falta de suscripción autógrafa del oficio PRS/10999/2020, que contiene el acto reclamado. En consecuencia, se determina que no se actualiza ninguna excepción al principio de definitividad de las que se encuentran establecidas en la normatividad correspondiente. Luego, debe concluirse que la parte interesada se encuentra obligada a observar el principio de definitividad consagrado en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, agotando el juicio contencioso administrativo federal, dado que en la legislación que rige el medio de defensa no se prevén mayores requisitos para conceder la suspensión de los efectos de los actos impugnados en esa instancia contenciosa, que los enunciados en la ley de la materia, como se explicó en los párrafos anteriores, máxime que tiene por efecto nulificar el acto reclamado. Además, no se puede dejar al arbitrio del quejoso determinar la procedencia del juicio constitucional, con sólo invocar violaciones directas a la Ley Suprema, lo que no puede permitirse en aras de preservar el carácter de medio extraordinario de defensa del juicio de amparo. Sobre esa base, se concluye que la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa procedente antes de acudir a la vía constitucional, dado que no se actualizó el supuesto de excepción de la causa de improcedencia anunciada. Resulta ilustrativa la jurisprudencia IX.1o. J/9 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, página 1031, Tomo XIV, Julio de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que se cita enseguida: "RECURSOS ORDINARIOS, CASOS EN LOS QUE DEBEN AGOTARSE, ANTES DE ACUDIR A LA VÍA CONSTITUCIONAL. El juicio de amparo puede promoverse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; sin embargo, tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia, presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Carta Magna y no cuestiones de legalidad, pues entonces la parte quejosa debe agotar el recurso ordinario procedente antes de acudir a la vía constitucional". Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia referida, lo procedente es desechar la demanda de amparo de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sustenta tal determinación, a contrario sensu, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el registro 186605, tesis 2ª. LXXI/2002, visible en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.". CONSULTA DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DOMICILIO Conforme lo establecido por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso las listas que se publican en los estrados de este juzgado, en razón de que el domicilio que indica se encuentra fuera de la jurisdicción del mismo; sin menoscabo de que durante la substanciación del juicio señale uno diverso dentro del área conurbada de este órgano de control constitucional, esto es, Toluca y Metepec. CORREO ELECTRÓNICO Ahora, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo del a Judicatura Federal, se tiene el correo electrónico que señala a efecto de mejorar las comunicaciones no procesales y se hará uso cuando este juzgado lo estime pertinente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. GRATUIDAD DEL SERVICIO Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 constitucional, todos los servicios que presta este juzgado de distrito son gratuitos. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. SE EXHORTA A LAS PARTES Enseguida, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina la reanudación de plazos y el regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, para mejorar la comunicación con las partes, mientras no atiendan la sugerencia, se les invita a que: a) de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, b) propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO Finalmente, a efecto de observar el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 Constitucional y, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que la presente determinación se notifique al quejoso mediante el correo electrónico que señala en su escrito de demanda, debiendo obtener el actuario de la adscripción el acuse de recibo correspondiente y la certeza de que efectivamente se está notificando al promovente. INSTRUCCIÓN AL ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Instrúyase al funcionario público respectivo a efecto de que atienda lo ordenado en el párrafo que antecede. Notifíquese; y por única ocasión al quejoso por medio del correo electrónico que indica en su escrito de demanda. Toluca, Estado de México, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Agréguese el oficio signado electrónicamente por la Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al que adjunta acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veinte, en donde determinó devolver sin diligenciar el exhorto 100/2020, orden 162/2020 de esta estadística, en razón de que la evidencia criptográfica del secretario respectivo, no coincide con el nombre del secretario que firmó el acuerdo en donde se ordenó su remisión. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, con apoyo en el artículo 2981 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral segundo, así como en el diverso 1582 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena enviar atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, a efecto de que, en auxilio de las 1"Artículo 298. Las diligencias que no puedan practicarse en el lugar de la residencia del tribunal en que se siga el juicio, deberán encomendarse al Juez de Distrito o de Primera Instancia para asuntos de mayor cuantía del lugar en que deban practicarse." 2"Artículo 158. Las diligencias que hayan de practicarse fuera de las oficinas de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito podrán practicarse por los propios magistrados o jueces o por los secretarios o actuarios que comisionen al efecto. [.] Fuera de la residencia de los juzgados de distrito, las diligencias podrán practicarse por el mismo juez de distrito, por el del fuero común comisionado al efecto, o por el Secretario o actuario del juzgado de distrito." labores de este juzgado, tenga a bien comisionar a quien corresponda para que se constituya en el domicilio ubicado en la finca marcada con el número cuatrocientos veintisiete, calle trescientos cinco, colonia Atzacoalco, Alcaldía Gustavo A. Madero, código postal 07420, Ciudad de México y le notifique al quejoso José Yasser Ríos Cisneros, el presente proveído y el diverso de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, de los cuales se anexa copia para tal efecto; esto, en términos de los numerales 26, fracción I, inciso b) y 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Conforme a lo establecido en el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, se pide al juzgado federal exhortado la devolución de la presente comunicación oficial a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, o bien, vía correo electrónico institucional - 7jdomajf2ctop@correo.cjf.gob.mx-, en cumplimiento a la expedita impartición de justicia que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, previo escaneo de las constancias conducentes, conforme al artículo 12, incisos b), f) y g), del Acuerdo General Conjunto 1/2013, se aprueba que el exhorto que para tal efecto se envía, sea remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, sin que haya necesidad de requerir al juzgado exhortado el acuse de recibo respectivo, en razón de que el mismo es generado una vez enviada la comunicación oficial respectiva por la vía referida (SISE). De conformidad con lo estipulado en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para el desahogo de la diligencia encomendada. En consecuencia, requiérase mediante oficio la boleta de turno a la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a efecto de que este órgano jurisdiccional este en aptitud de remitir el exhorto correspondiente, al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México que corresponda. Notifíquese; y por oficio a la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Agréguese el oficio signado electrónicamente por la Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al que adjunta acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veinte, en donde determinó devolver sin diligenciar el exhorto 100/2020, orden 162/2020 de esta estadística, en razón de que la evidencia criptográfica del secretario respectivo, no coincide con el nombre del secretario que firmó el acuerdo en donde se ordenó su remisión. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, con apoyo en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral segundo, así como en el diverso 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena enviar atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, a efecto de que, en auxilio de las labores de este juzgado, tenga a bien comisionar a quien corresponda para que se constituya en el domicilio ubicado en la finca marcada con el número cuatrocientos veintisiete, calle trescientos cinco, colonia Atzacoalco, Alcaldía Gustavo A. Madero, código postal 07420, Ciudad de México y le notifique al quejoso *****, el presente proveído y el diverso de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, de los cuales se anexa copia para tal efecto; esto, en términos de los numerales 26, fracción I, inciso b) y 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Conforme a lo establecido en el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, se pide al juzgado federal exhortado la devolución de la presente comunicación oficial a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, o bien, vía correo electrónico institucional -7jdomajf2ctop@correo.cjf.gob.mx-, en cumplimiento a la expedita impartición de justicia que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, previo escaneo de las constancias conducentes, conforme al artículo 12, incisos b), f) y g), del Acuerdo General Conjunto 1/2013, se aprueba que el exhorto que para tal efecto se envía, sea remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, sin que haya necesidad de requerir al juzgado exhortado el acuse de recibo respectivo, en razón de que el mismo es generado una vez enviada la comunicación oficial respectiva por la vía referida (SISE). De conformidad con lo estipulado en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para el desahogo de la diligencia encomendada. En consecuencia, requiérase mediante oficio la boleta de turno a la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a efecto de que este órgano jurisdiccional este en aptitud de remitir el exhorto correspondiente, al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México que corresponda. Notifíquese; y por oficio a la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

  4. Principal

    Intégrese la razón actuarial signada por el funcionario de la adscripción en donde hace constar su imposibilidad para realizar lo ordenado en auto de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, esto es, notificar al quejoso vía el correo electrónico que señaló en su escrito de demanda; sin embargo, al momento de intentarlo, el sistema electrónico le rechazó el envío. En consecuencia, con apoyo en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral segundo, así como en el diverso 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena enviar atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, a efecto de que, en auxilio de las labores de este juzgado, tenga a bien comisionar a quien corresponda para que se constituya en el domicilio ubicado en la finca marcada con el número cuatrocientos veintisiete, calle trescientos cinco, colonia Atzacoalco, Alcaldía Gustavo A. Madero, código postal 07420, Ciudad de México y le notifique el presente proveído y el diverso de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, de los cuales se anexa copia para tal efecto; esto, en términos de los numerales 26, fracción I, inciso b) y 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.

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