José Tapia Sánchez

Expediente 1017/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1017/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
05/11/2021

Partes del expediente

  • José Tapia Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Se hace de conocimiento que por oficio SEADS/1080/2021, que suscribe el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, acordó la adscripción a este Juzgado Federal de la Jueza Tania Rosalinda Méndez López, quien a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, será Titular del mismo; por lo que, a efecto de evitar alguna reposición de procedimiento, con fundamento en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "IMPEDIMENTOS. LAS CAUSALES QUE LOS ACTUALIZAN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS Y EN LOS RECURSOS EN ÉL PREVISTOS, SON LAS CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE AMPARO Y NO EN EL NUMERAL 146 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN", por lo anterior, se ordena dar vista a las partes por el término de tres días, según el artículo 297, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda que promueve José Tapia Sánchez, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, radíquese y regístrese bajo el número 1017/2021-VII. ACTO RECLAMADO Convenio de buenos ciudadanos de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, con número de acta DIF/001/2021, que se llevó a cabo entre la Procuraduría del Desarrollo Integral para la Familia Municipal de Villa Guerrero, Estado de México, por medio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de los Municipios del Estado de México, también llamado SMDIF, representado por el Encargado de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, y María del Carmen Guadarrama García, en la cual la autoridad responsable le otorga de manera provisional la custodia del menor José Julián Tapia Popoca. AUTORIDAD RESPONSABLE Procuraduría del Desarrollo Integral para la Familia, Municipal de Villa Guerrero, Estado de México, por medio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de los Municipios del Estado de México, también llamado SMDIF, representado por el Encargado de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación, se realiza el pronunciamiento correspondiente. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". DESECHAMIENTO Previamente deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 113, de la Ley de Amparo. En ese tenor, respecto al acto reclamado, se estima que el presente juicio es improcedente, en atención a que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, 17 y 18 de la citada Ley de Amparo. Con objeto de iniciar el análisis de la causal de improcedencia advertida, se toma en consideración que los preceptos legales en cita disponen: "Artículo 61. "El juicio de amparo es improcedente: .XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "Artículo 17. "El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo": Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; y, Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo; y, (.) Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De lo anterior se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente cuando sea promovido contra normas generales o actos que fueron consentidos tácitamente al no haberse interpuesto la demanda de amparo dentro de los plazos previsto. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para que un acto de autoridad sea considerado consentido tácitamente, deben actualizarse los requisitos siguientes: 1. Que el acto reclamado exista y que el agraviado lo conozca, pues no podría consentirse de manera tácita, un acto que no se conoce y que por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que pueden derivar de eso; 2. Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque dicho impetrante se hubiere conformado con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo, que desde luego, no sería intentado; y, 3. Que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal previsto. En el caso particular, se colma el primer y segundo requisito para ser un acto consentido, pues la parte quejosa considera que le causa agravio el convenio celebrado el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, llevado a cabo entre la Procuraduría del Desarrollo Integral para la Familia Municipal de Villa Guerrero, Estado de México, por medio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de los Municipios del Estado de México, también llamado SMDIF, representado por el Encargado de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, y María del Carmen Guadarrama García, en la cual se le otorgó de manera provisional la custodia del menor José Julián Tapia Popoca. Ahora, por lo que hace al tercer requisito precisado, que establece que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, de igual manera se encuentra acreditado por las razones que se exponen a continuación: El referido artículo 17, señala que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, en tanto que el numeral 18 de la propia ley, establece que los plazos se computarán a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto que reclama; al en que haya tenido conocimiento de ello o de su ejecución, o bien, al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. La primera de ellas, relativa a que el término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. La segunda hipótesis consiste en que el término para presentación de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que la parte quejosa haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. La tercera y última, estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el inconforme se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado. Sirve de apoyo la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 232527, visible en la página 13, Volumen 139-144. Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación que contiene el criterio siguiente: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." Cabe aclarar que en relación con los tres criterios que deben tomarse en cuenta para comenzar a computar el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que son excluyentes, por lo que no debe seguirse un orden de prelación para tomar cualquiera de ellos como referencia para empezar a contar dicho término. De igual forma, se advierte con claridad que la intención del legislador fue que el término para demandar la protección constitucional empezará a contarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquieras de las tres hipótesis establecidas. Lo expuesto se corrobora con el contenido de la jurisprudencia P./J. 115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, materia común, Novena Época (registro 163172), consultable en la página 5, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En el caso, el quejoso se duele del Convenio de buenos ciudadanos de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, con número de acta DIF/001/2021, que se llevó a cabo entre la Procuraduría del Desarrollo Integral para la Familia Municipal de Villa Guerrero, Estado de México, por medio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de los Municipios del Estado de México, también llamado SMDIF, representado por el Encargado de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, y María del Carmen Guadarrama García, en la cual la autoridad responsable le otorga de manera provisional la custodia del menor José Julián Tapia Popoca. Sin embargo, de lo relatado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad señala que el dieciocho de agosto de la presente anualidad, tuvo conocimiento de los hechos relatados como acto reclamado. Esa fecha de conocimiento, además de lo manifestado por el quejoso que sería suficiente, se corrobora con la información que obra en el diverso expediente 865/2021 promovido por el mismo quejoso, lo cual constituye un hecho notorio, proporcionada por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género de Tenancingo, Estado de México, en donde hizo del conocimiento que el dieciocho de agosto de año en curso, a las doce horas con treinta minutos, el aquí quejoso, en su calidad de imputado, compareció, acompañado de su defensor privado a efecto de conocer la denuncia que existe en su contra por la probable constitución del delito de lesiones en agravio de su menor hijo de iniciales J.J.T.P., y, en esa diligencia se le hicieron saber los hechos que se le imputan, se le permitió el acceso a los registros de investigación que obra en la carpeta de investigación respectiva, entre ellos, el convenio de buenos cuidados de cuatro de agosto de dos mil veintiuno - acto reclamado en esta instancia -. En consecuencia, es evidente que la fecha en que el quejoso tuvo pleno conocimiento del acto que reclama, fue el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Y considerando que los quince días para inconformase por medio del juicio de amparo comienzan a transcurrir al día siguiente de que el gobernado tenga pleno conocimiento del acto que considera violatorio, en el caso, tal término comenzó a partir del diecinueve de agosto del año en curso. Lo anterior, de conformidad con lo expuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias P./J. 11/2017 y P./J. 10/2017, registros 2014199 y 2014200, visibles en las páginas 7 y 8, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En relación con el primer supuesto, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado. En esas condiciones, con frecuencia los preceptos en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, lo que permite concluir que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sobre todo si se toma en cuenta que -por regla general- surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; de ahí que en términos del precepto indicado, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas.". "NOTIFICACIONES. POR REGLA GENERAL SURTEN SUS EFECTOS EN EL MOMENTO EN EL QUE SE PRACTICAN, SALVO DISPOSICIÓN LEGAL EXPRESA. La notificación es el acto procesal mediante el cual el órgano jurisdiccional da a conocer a las partes algún acontecimiento dentro del procedimiento y se materializa a través de la diligencia practicada por un funcionario con fe pública, por lo que goza de presunción de legalidad y es eficaz desde su emisión; de ahí que como acto público con fecha cierta, válidamente produce sus efectos desde que se practica, por lo que para generar consecuencias distintas, es necesario que la ley disponga la forma en que deben producirse sus efectos. En ese sentido, el surtimiento de efectos de la notificación se entiende como la posibilidad de que dicha diligencia pueda incidir en la esfera de alguna de las partes, con la finalidad de que conozca lo que acontece en el juicio y, en su caso, empiecen a correr los plazos para hacer valer algún derecho. Así, aun cuando las normas no señalen expresamente en el capítulo de notificaciones el momento en que surtirán sus efectos, debe entenderse que es aplicable la regla general relativa a que ello acontece en el momento en el que se practican, de manera que los cómputos inician a partir del día siguiente de haberse realizado, salvo disposición legal expresa.". En el contexto supracitado, si el plazo para interponer el juicio de amparo indirecto comenzó, para la parte quejosa, a transcurrir el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, feneció el ocho de septiembre anterior, excluyendo los días inhábiles presentados en ese lapso de tiempo. En el mismo sentido, del sello impreso en su escrito por la Oficina de Partes Común, se advierte que lo presentó el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, siendo turnado a este juzgado el veinte siguiente. Por lo que, resulta evidente que, al haberse presentado en el día cuarenta después de que la parte quejosa tuvo pleno conocimiento de los actos que se duele, la demanda que se analiza resulta extemporánea. Es aplicable al caso, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, ppublicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Julio de 1991, materia común, Octava Época (registro 222253), en la página 150, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. COMPUTO DEL TERMINO PARA PRESENTARLA, CUANDO EXISTE FECHA CIERTA DE LA NOTIFICACION DEL ACTO RECLAMADO. Cuando existe constancia de la notificación del acto reclamado al quejoso, el término para la presentación de la demanda de amparo empieza a contar a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo sin que pueda empezar a contar dicho término a partir de la fecha en que el quejoso se haga sabedor del acto reclamado, precisamente por existir fecha cierta de su notificación.". De ahí que es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista en la fracción XIV en el artículo 61, de la Ley de Amparo, concatenado con lo dispuesto en los diversos 17 y 18 de esa normatividad, lo procede es desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente, en lo atinente al acto reclamado analizado y por los motivos expuestos anteriormente. CONSULTA DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 29 de la Ley de Amparo, y como lo solicita la parte quejosa, se señalan las listas que se publican en los estrados de este órgano jurisdiccional para que oiga y reciba notificaciones, aun las de carácter personal. AUTORIZADOS Con relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando cuenten con su registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. GRATUIDAD DEL SERVICIO Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 constitucional, todos los servicios que presta este juzgado de distrito son gratuitos. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. SE EXHORTA A LAS PARTES Finalmente, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina la reanudación de plazos y el regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, para mejorar la comunicación con las partes, mientras no atiendan la sugerencia, se les invita a que: a) de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, b) propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese.

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