José Salamanca Peña

Expediente 1815/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1815/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
15/04/2016

Partes del expediente

  • Jesús Israel De los Reyes Gutiérrez
  • José Salamanca Peña
  • Jesús Israel De los Reyes Gutiérrez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la secretaria adscrita al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por medio del cual remite los autos originales del juicio de amparo indirecto 1815/2015 del índice de este juzgado federal, así como transcripción del acuerdo emitido el cinco de los cursantes dentro del recurso de revisión 498/2015 de su índice, del cual se colige que desechó el recurso de revisión interpuesto por los quejosos en contra del auto de o**de noviembre de dos mil quince; asimismo, causó estado en diverso de tres de diciembre de dos mil quince. Acúsese de recibo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, atendiendo a la certificación de cuenta se determina lo siguiente: De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como de la certificación de cuenta, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo. c) Asimismo, de conformidad con el punto décimo séptimo del acuerdo en cita, se atendió la digitalización de las constancias, las cuales coinciden con su original d) Transcurrido el término de tres años, deberán transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. e) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. f) Después de haber realizado una revisión integra del expediente en que se actúa, no se advierte la existencia de documentos originales. En el Libro de Gobierno háganse las anotaciones pertinentes, en el Sistema de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del juicio en que se actúa; asimismo, sólo glósense las actuaciones originales que obren en el cuaderno de antecedentes.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2º, agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el oficio de cuenta signado por el Secretario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en el que transcribe el acuerdo de presidencia de tres del presente mes y año, del que se advierte que acusa recibo de las constancias remitidas, e informa que desechó el medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa, el cual quedó registrado con el número de recurso de revisión 498/2015; circunstancia de la cual queda debidamente enterado este órgano de control constitucional, para los efectos legales conducentes, por lo que estese en espera de la devolución del cuaderno de amparo.

  3. Principal

    Visto el estado procesal de los autos se advierte que la ejecutoria emitida en el presente juicio constitucional, no ha sido cumplida, no obstante los requerimientos efectuados en autos mediante proveídos de veintidós de septiembre y cinco de noviembre actual, en tal virtud, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse con base en los elementos que obran en el expediente. En primer lugar, se precisa: 1. El treinta y uno de agosto de dos mil quince, se emitió sentencia, en la cual, se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión. (Foja 59 a 69). 2. Sentencia que se declaró ejecutoriada por auto de veintidós de septiembre de dos mil quince y, en esa data fue requerido su cumplimiento a la Jefa de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene dependiente de la Subdelegación de Prestaciones en la Delegación Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como al Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. (Folio 75 y 76). Actuación que les fue notificada el veinticuatro de septiembre de dos mil quince, tal como se advierte de los acuses de recibo correspondientes. 3. Luego, ante la omisión de las responsables para dar cumplimiento al fallo protector, este órgano de control requirió nuevamente el mismo, el cinco de noviembre actual. Proveído notificado a la totalidad de las responsables el diez siguiente, como se corrobora del acuse de recibo que antecede al que se emite. Así, el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO (10ª Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 12, Noviembre de 2014, Materia Común). I. Alcances del estudio. La materia de la presente determinación, conforme a lo previsto por los artículos 196, párrafo tercero, 213 y 214, todos de la Ley de Amparo, consiste en examinar si la ejecutoria se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, supliendo, en su caso, la deficiencia de la vía y/o de los argumentos hechos valer por las partes; de modo tal que se concluya si existe o no materia para la ejecución; todo ello de manera fundada y motivada. Los preceptos antes citados disponen: "Artículo 196. ... La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos." "Artículo 213. En el recurso e incidentes a que se refiere este título, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente." "Artículo 214. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada." II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. La sentencia dictada por este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales no se ha dado cumplimiento, ya que las autoridades denominadas Jefa de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene dependiente de la Subdelegación de Prestaciones en la Delegación Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como al Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no obstante de estar debidamente notificadas del proveído de veintidós de septiembre de dos mil quince, han omitido cumplir con la ejecutoria de amparo, tampoco han informado lo conducente a este órgano de control constitucional. Por ello que se precisa, los efectos de la concesión de amparo son. [.] En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, respecto del artículo 51, fracción II, inciso c), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el numeral 12, párrafo segundo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para el efecto de que: 1. Deje insubsistente el oficio DPSH/MAMG/1401/2015, de diecisiete de marzo de dos mil quince; 2. Ordene la reanudación del pago a la quejosa, relativo a la pensión por viudez número 1402239, por concepto de viudez, de la que es titular, y se ordene la devolución de las cantidades que a éste le correspondan desde la fecha en que le hayan sido retenidas, a fin de restituirla en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. Resulta aplicable al caso el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 112/99 , que dispone: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." Finalmente, no se hacer mayor pronunciamiento respecto de los restantes conceptos de violación, en virtud de que como ya se dijo al realizar un análisis de manera íntegra de la demanda se ponderaron las violaciones que traerían como consecuencia mayor beneficio para la quejosa, lo anterior en respeto al derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia y, en particular, al principio de completitud que éste encierra. [.] No obstante que desde la ejecutoria de amparo existe un requerimiento para el cumplimiento de ésta, lo cierto es que el núcleo esencial del amparo otorgado no fue realizado con la precisión necesaria y, por el momento, no se encuentra justificado imponer la multa a que alude el artículo 192 de la Ley de Amparo. En ese orden, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase por TERCERA ocasión a la Jefa de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene dependiente de la Subdelegación de Prestaciones en la Delegación Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como al Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro del IMPRORROGABLE plazo de tres días, informen y en su caso, cumplan con la ejecutoria de amparo. Con base en lo anterior, los tribunales colegiados de circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben resolver los recursos de inconformidad y determinar si la resolución respectiva cumple sin exceso o defecto el fallo protector en términos de los artículos 192, 196 y 201 de la Ley de Amparo. Justifica la actual determinación la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: RECURSO DE INCONFORMIDAD. PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SÓLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. [10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I; Pág. 627]. También resulta, por las consideraciones que contiene, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la voz: RECURSO DE INCONFORMIDAD. LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN CONCEDIDA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA CUMPLIR LAS SENTENCIAS DE AMPARO, ENCUENTRA SU LÍMITE EN EL CONTENIDO DE LOS DERECHOS HUMANOS AL DEBIDO PROCESO Y DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. [10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 5, Abril de 2014, Tomo I; página 811]. Se apercibe a las autoridades responsables Jefa de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene dependiente de la Subdelegación de Prestaciones en la Delegación Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como al Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que de no hacerlo en el tiempo concedido, o de no informar lo conducente conforme a la legislación de la materia, a cada una se le impondrá una multa de trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual se duplicará hasta llegar a mil días de salario, conforme a lo dispuesto en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo vigente. En el mismo orden, se ordena notificar y requerir a los superiores jerárquicos de la Jefa de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene dependiente de la Subdelegación de Prestaciones en la Delegación Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como al Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es decir al Titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como al Delegado Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que, de conformidad con sus facultades y atribuciones, les ordenen cumplir con la ejecutoria, BAJO EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO DEMOSTRAR QUE DIERON LA ORDEN, A CADA UNO SE LE IMPONDRÁ UNA MULTA EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN LA LEGISLACIÓN DE LA MATERIA, ADEMÁS DE QUE INCURRIRÁ EN LAS MISMAS RESPONSABILIDADES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Además, en caso de omisión al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, su conducta podría encuadrar en alguno de los delitos que establece el artículo 267 de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior, se dará vista a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano de control constitucional dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Si no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de ley de la materia. Tiene aplicación la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10ª Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, visible en la página 5, cuyo rubro dice: CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Así como la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). [10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I; Pág. 7.]

  4. Principal

    SE NOTIFICA AL QUEJOSO LA SENTENCIA DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE QUE EN LO CONDUCENTE RESOLVIÓ: "ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO" POR MEDIO DE LISTA (CITATORIO)

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