José Salvador Zamora Niño de Rivera

Expediente 236/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
236/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
20/04/2021

Partes del expediente

  • José Salvador Zamora Niño de Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veinte de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, ocho de abril de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Y REGISTRO. Vista la demanda con la que se da cuenta promovida por **** con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, admítase y regístrese bajo el número 236/2021-II-C. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS La parte quejosa señala como autoridades responsables las siguientes: Como promulgadoras. Presidente Municipal Juan Rodolfo Sánchez Gómez del 106 Ayuntamiento Constitucional de Toluca de Lerdo, Estado de México Dirección General de Gobierno del Ayuntamiento de Toluca de Lerdo, Estado de México Secretario Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Toluca de Lerdo, Estado de México Como emisoras. Primera Síndico Municipal del Ayuntamiento de Toluca de Lerdo, Estado de México Segundo Síndico Municipal del Ayuntamiento de Toluca de Lerdo, Estado de México Tercera Síndico Municipal del Ayuntamiento de Toluca de Lerdo, Estado de México Primera Regidor Municipal del Ayuntamiento de Toluca de Lerdo, Estado de México Segundo Regidor Municipal del Ayuntamiento de Toluca de Lerdo, Estado de México Tercera Regidor Municipal del Ayuntamiento de Toluca de Lerdo, Estado de México Cuarto Regidor Municipal del Ayuntamiento de Toluca de Lerdo, Estado de México Quinta Regidor Municipal del Ayuntamiento de Toluca de Lerdo, Estado de México Sexto Regidor Municipal del Ayuntamiento de Toluca de Lerdo, Estado de México Séptima Regidor Municipal del Ayuntamiento de Toluca de Lerdo, Estado de México Octavo Regidor Municipal del Ayuntamiento de Toluca de Lerdo, Estado de México Novena Regidor Municipal del Ayuntamiento de Toluca de Lerdo, Estado de México Décima Regidor Municipal del Ayuntamiento de Toluca de Lerdo, Estado de México Décimo primer Regidor Municipal del Ayuntamiento de Toluca de Lerdo, Estado de México Décima segunda Regidor Municipal del Ayuntamiento de Toluca de Lerdo, Estado de México Décima tercera Regidor Municipal del Ayuntamiento de Toluca de Lerdo, Estado de México Décimo cuarto Regidor Municipal del Ayuntamiento de Toluca de Lerdo, Estado de México Décimo quinta Regidor Municipal del Ayuntamiento de Toluca de Lerdo, Estado de México Décimo sexto Regidor Municipal del Ayuntamiento de Toluca de Lerdo, Estado de México Como ejecutoras. Dirección de Verificación y Control de Comercio en Vía Pública del Ayuntamiento de Toluca de Lerdo, Estado de México Dirección General de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Toluca de Lerdo, Estado de México Dirección Operativa del Ayuntamiento de Toluca de Lerdo, Estado de México Dirección de Sustentabilidad Vial del Ayuntamiento de Toluca de Lerdo, Estado de México Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de Toluca de Lerdo, Estado de México De las cuales reclama: La inconstitucionalidad del artículo 93 párrafo segundo, del Bando Municipal de Toluca, Estado de México, cuyo texto refiere: Artículo 93. El ejercicio del comercio en la vía pública requiere de la autorización municipal y podrá otorgarse a los vecinos con más de tres años de residencia efectiva e ininterrumpida en territorio municipal, que además acrediten fehacientemente encontrarse en estado de necesidad y carecer de otros medios para allegarse de sustento: para el otorgamiento de autorizaciones se tomarán en cuenta los factores económicos, ambientales y sociales que prevalezcan n el municipio. Las personas adultas mayores tendrán prioridad para la expedición de la autorización correspondiente. Se prohíbe el comercio ambulante, semifijo y móvil del polígono que delimita al centro histórico, previsto en este ordenamiento. Se incluyen dentro de estas restricciones ambas aceras de la vialidad perimetral o edificio que se trate, así como sus respectivos camellones y pasajes, según sea el caso. También se prohíbe el comercio en la vía pública en un radio menor a 200 metros de los edificios públicos, escuelas, hospitales, oficinas de gobierno, terminales de servicio de transporte colectivo, puentes peatonales, parques y zonas industriales, templos e instalaciones similares. Asimismo, de la Directora de Atención al Comercio del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, reclama la emisión del oficio de ocho de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual informa al peticionario de amparo, la prohibición de actividades comerciales en un radio menor de 200 metros de los edificios públicos, escuelas, hospitales, oficinas de gobierno, terminales de servicio de transporte colectivo, puentes peatonales, parques y zonas industriales e instalaciones similares. DESECHAMIENTO Sentado lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". De la interpretación del precepto legal parcialmente descrito, permite establecer que el motivo de improcedencia descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo, relativo a la presentación de la demanda de amparo, ya que al no promoverse dentro del plazo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, conlleva a su extemporaneidad. Por su parte, los artículos 17, primer párrafo y 18 de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél, en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Del primer precepto se desprenden que la presentación de la demanda de amparo deberá sujetarse al término de quince días, salvo las diversas hipótesis que contempla dicho numeral como son: (1) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, será de treinta días; (2) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; (3) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; (4) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo; excepciones que no se actualizan en el presente caso, ya que según los antecedentes que constituyen los actos u omisiones del acto reclamado. Asimismo, en el diverso precepto legal citado se establecen diversas reglas para computar el término de los quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla como oportuna, pues en este último se indica que el término deberá computarse: a) A partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; b) Al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías, debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable de las tres hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo. La primera de las hipótesis de las señaladas por el numeral 17 de la materia, es la que se actualiza en el caso concreto, en razón de que el impetrante de amparo en relación al acto reclamado que aquí se analiza, promovió la demanda de amparo en forma extemporánea, por las siguientes razones: El quejoso manifiesta que tuvo conocimiento del acto reclamado el ocho de marzo del año en curso, fecha en que se le notificó. Manifestaciones que deben considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe". Ahora bien, según el escrito de demanda en la determinación reclamada se aplicó el Código de Procedimientos Administrativos en el Estado de México, ordenamiento que según lo concerniente a las notificaciones establece: "Artículo 108.- Las leyes, reglamentos y demás disposiciones administrativas de observancia general, obligan y surten sus efectos al día siguiente de su publicación en la «Gaceta del Gobierno» o en la del municipio respectivo cuando se trate de normas municipales, excepto que en estos medios se señale expresamente el día en que entren en vigencia.". En consecuencia, se hace constar que el aquí promovente tuvo pleno conocimiento del acto que ahora pretende reclamar, sus consideraciones y consecuencias, desde el ocho de marzo de dos mil veintiuno. Por lo anterior, el plazo para promover el juicio intentado transcurrió del diez de marzo al cinco de abril del año en curso previo descuento de días inhábiles que mediaron en dicho lapso. En ese contexto, si la demanda de cuenta, fue presentada el seis de abril del año en curso, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues se promovió en forma extemporánea. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 14, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.". Por los motivos precisados, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 17 y 18 de dicha legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por José Salvador Zamora Niño de Rivera. No se soslaya a lo anterior, la justificación que el quejoso señala en su escrito de demanda en relación a que intentó presentarla en tiempo y forma, ya que son simples manifestaciones que ni siquiera formula "bajo protesta de decir verdad"; máxime que sí así hubiera acontecido, el quejoso estuvo en posibilidad de presentar su escrito de demanda a primera hora del día siguiente hábil, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, para que fuera turnado dentro del horario correspondiente al turno normal de día de su presentación; lo cual no ocurrió, ya que de la boleta de turnó se advierte que se presentó hasta las 18:06 horas en el Buzón Judicial, por lo que dicha demanda fue turnada hasta el día siguiente a este órgano jurisdiccional. Máxime a lo anterior, que el quejoso se ostenta como pasante de derecho, por lo que se presume que es una persona que no desconoce de leyes y que el mismo refiere que se dedica a prestar servicios de tal naturaleza, por ello no se le deja en estado de indefensión ya que no es una persona ajena que desconozca horarios de juzgados, que pese a la pandemia, se ha hecho de conocimiento público a través de diversos acuerdos públicos. Además se le hace de su conocimiento que el instrumento que rige las actividades de este órgano de control constitucional hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno, o hasta que el Pleno del Consejo dela Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 1/2021, por lo que en el caso no es aplicable a su justificación el criterio expuesto de rubro "SUSPENSIÓN DE PLAZOS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS JUICIOS DE AMPARO, PREVISTA EN EL ACUERDO GENERAL 8/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). OPERA EN FAVOR DE LOS QUEJOSOS EN TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA URGENTE DEL ASUNTO.", ya que dicho criterio ya no es aplicable a la vigencia del acto reclamado, y en el caso también se precisa que no es el supuesto toda vez que las actividades jurisdiccionales no se encuentran suspendidas, lo cual también es de conocimiento público. De ahí que el quejoso no tiene justificación para haber presentado su demanda fuera del término que establece la Ley de Amparo. Finalmente, del estudio de demanda no se advierte que el quejoso sea objeto de un acto de imposible reparación, con lo que esta determinación lo deje en estado de indefensión, ya que reclama un oficio en el que se le notifica las reglas para que pueda seguir prestando sus servicios profesionales, no así un desalojo que le impida continuar trabajando. DOMICILIO Toda vez que señala la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado, conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tienen éstas últimas para tal efecto. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020). Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, en este acto se requiere a la parte quejosa para que proporcione un número telefónico y/o correo electrónico a efecto de poder establecer comunicación. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE. Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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