José Rubio Monroy

Expediente 135/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2015.

Datos del expediente

Expediente
135/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
24/02/2015

Partes del expediente

  • José Rubio Monroy

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta, mediante el cual el quejoso ***; autorizan en términos amplios a **,***, ***, ***; asimismo, solicitan copia simple de la resolución emitida el cuatro de febrero de dos mil quince, dentro del expediente en que se actúa. En atención a lo anterior, ténganse como autorizados de los promoventes, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, a quien a la fecha del dictado del presente acuerdo tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito; y a los restantes únicamente en términos restringidos, hasta en tanto realicen dicho trámite. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a su costa la copia simple que solicita, previa identificación y razón que se asiente para constancia legal.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, y dado que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el auto emitido el cuatro de febrero de dos mil quince (fojas 6 a 10); en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación por la se desechó la demanda de garantías que promovió ***, ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y, en su oportunidad, cuando se encuentre digitalizado, archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otro lado, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que, en su oportunidad es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, considerando vigésimo primero, fracción I, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de garantías.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta enviado vía fax, por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, por medio del cual solicita se le informe el estado procesal que guarda el presente asunto. Atento a lo anterior, hágase del conocimiento por la misma vía a la autoridad oficiante que mediante proveído de veintisiete de enero de dos mil quince, se señalaron las diez horas con veinte minutos del veintiséis de febrero de la mima anualidad, para el verificativo de la audiencia constitucional, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE: "Visto el escrito de demanda de amparo que promueve , contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia de El Oro, Estado de México, anótese su ingreso en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) e intégrese expediente bajo el número que le corresponda. Ahora, de un análisis del ocurso de cuenta, se aprecia que el juicio de amparo que se promueve deviene improcedente, por las siguientes razones y fundamentos legales siguientes. El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: Artículo 113: El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En efecto, de conformidad con el artículo antes mencionado, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el entendido que lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda de amparo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que en su caso se hayan anexado a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ello es así, toda vez que el quejoso, reclama de la autoridad que señaló como responsable, "el acuerdo emitido el veintiocho de enero de dos mil quince, dentro del juicio ordinario civil 884/2013, del índice del juez responsable, por el cual no admitió a trámite el recurso de revocación que interpuso contra el diverso proveído de veintitrés de enero de dos mil quince, en el que el juez responsable ordenó entregar la servidumbre de paso a que había sido condenado, en favor de Víctor Nicolás Plata Mondragón.", esto es, se trata de un acto dictado en etapa de ejecución de sentencia. Por otra parte, del escrito inicial de demanda, en el capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado, se advierte que el quejoso José Rubio Monroy, es parte procesal en el juicio del cual deriva el acto reclamado (juicio ordinario civil 884/2013), del índice del Juez que señala como responsable, por lo que no se encuentra dentro de los supuestos de ser extraño al juicio de origen. El artículo 107, fracción IV y el diverso 61 fracción, XXIII, ambos de la Ley de Amparo, disponen: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Así las cosas, se aprecia se surte la causa de improcedencia que establece el numeral en cita, en relación con el diverso transcrito en primer término, respecto de los actos que el peticionario de garantías hace consistir en el acuerdo emitido el veintiocho de enero de dos mil quince, dentro del juicio ordinario civil 884/2013, del índice del juez responsable, por el cual no admitió a trámite el recurso de revocación que interpuso contra el diverso proveído de veintitrés de enero de dos mil quince, en el que el juez responsable ordenó entregar la servidumbre de paso a que había sido condenado, en favor de Víctor Nicolás Plata Mondragón., sin que se trate de la última resolución mediante la cual se haya resuelto el juicio ordinario civil; sino que por el contrario, son actos tendientes a llevar a cabo el cumplimiento del fallo emitido en la sentencia definitiva en el juicio de origen, por lo que no se encuentra totalmente cumplida la misma, lo que hace improcedente el juicio de amparo. Ahora bien, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto para la procedencia del amparo en la vía indirecta, es necesario que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento de ejecución, con la finalidad de que no se entorpezca la ejecución de una sentencia que ha causado estado, evitando así, el abuso del juicio de amparo, y en la cual, se podrán reclamar todas las violaciones procesales que en su caso se hubieren cometido durante la fase de ejecución. Bajo esa premisa, la determinación reclamada, de ninguna manera tiene el carácter de ser la última resolución en ese procedimiento para los efectos de la procedencia de la acción constitucional; por lo que será hasta que se agote en su totalidad y se dé por concluido el recurso planteado y se dicte la última resolución en éste, cuando sea procedente la acción de amparo donde podrán atacarse las violaciones que dentro de ese procedimiento consideren le hayan dejado sin defensa; y el hecho de que en esa ocasión puedan reclamarse las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, implica que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituya cosa juzgada, y por la naturaleza propia del procedimiento, es posible que las violaciones cometidas durante éste puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción legal y por ello se dejó sin defensa a la impetrante, deberá reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento del contrato elevado a categoría de cosa juzgada, lo cual equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de garantías, que no permite ser utilizado como instrumento dilatorio de la administración de justicia. En efecto, es importante señalar que, por última resolución debe entenderse, en forma genérica, la que declara cumplida la sentencia o convenio, o en su caso, la que establece la imposibilidad jurídica o material para cumplirla u ordenar el archivo del expediente, conforme a la naturaleza propia de las sentencias dictadas en los procedimientos del orden civil, en los que pueden distinguirse en forma específica, las resoluciones o autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena realizada en la sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada; resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan la ejecución; interlocutorias que resuelven una nulidad de actuaciones o que resuelven una cuestión que guarda autonomía con la ejecución, y otros actos que se traducen en medidas de apremio, tendientes a lograr la ejecución de lo resuelto o una determinación judicial tendiente a preparar o a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia que es cosa juzgada, lo que en la especie no acontece, ya que la parte quejosa, se duele en esencia de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia y que no constituye como ya se dijo la última resolución dictada en esa fase lo que hace improcedente la acción constitucional, en términos del artículo 107 fracción IV, de la Ley de Amparo. En ese sentido, como la última resolución en el procedimiento de ejecución para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto ante los jueces de distrito, será aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Asimismo, en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Es aplicable, por identidad de razón, lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis consultable en la página 16, tesis P.LVII/97, Tomo V, Abril de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada bajo el tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ULTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.- El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Asimismo, es aplicable por identidad de razón, lo sustentado por la jurisprudencia por contradicción de tesis, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 31, tesis P./J. 32/2001, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada bajo el literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Po tanto, toda vez que el acto de que se duele el quejoso, está encaminado a que de cumplimiento voluntario a la sentencia, esto es, entregue la servidumbre de paso a que fue condenado, y lo que se encuentra encaminado a lograr la eficacia de la cosa juzgada, por tanto, en el caso sólo procederá el juicio de garantías contra la última resolución que se dicte dentro del mismo, entendida ésta, como la resolución que declare cumplida o incumplida la sentencia definitiva; siendo que la referida resolución reclamada no constituye la referida determinación conclusiva y, por ende, no puede ser estudiada a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria que resuelva el juicio en comento, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la tramitación del referido juicio; por lo que el solicitante de garantías, debe ceñirse a las reglas de procedencia previstas en la Ley de Amparo. Así como el criterio emitido por el Primer Tribunal colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto indican: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. VIOLACIONES COMETIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DE. El juez federal en la sentencia recurrida dictaminó sobreseer el juicio de garantías por considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73, en relación con la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, lo que es correcto, pues el quejoso señaló como acto reclamado del Magistrado responsable, la resolución relativa al recurso de apelación interpuesto en contra del auto dictado en la audiencia incidental relacionada con la ejecución de un convenio celebrado por la quejosa, y la parte actora (tercero perjudicado), en la que el juez natural admitió las pruebas ofrecidas por esta última, de lo que se infiere que las violaciones procesales reclamadas, fueron cometidas en el incidente de liquidación y ejecución de sentencia y que de conformidad a lo establecido en el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo sólo puede combatirse al promoverse el amparo indirecto en contra de la última resolución emitida en el incidente señalado, ya que es el momento en que se actualizan las violaciones cometidas en el procedimiento de ejecución, dejando sin defensa al quejoso y, ocasionándole perjuicio o agravio y no en el de la admisión o remisión de pruebas. (8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo XIV, Octubre de 1994; Pág. 301.) Y la diversa sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que reza: ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. PROCEDE EL AMPARO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE PONEN FIN A INCIDENTES Y PROCEDIMIENTOS AUTÓNOMOS TRAMITADOS CON POSTERIORIDAD A LA SENTENCIA DEFINITIVA. El procedimiento de ejecución de sentencia inicia una vez que el juicio ha concluido por sentencia definitiva y se integra por el mandamiento en el que el Juez ordena requerir al demandado que cumpla con la obligación establecida en la condena; en el caso de obligaciones de dar, la negativa de efectuar el pago motiva el embargo de bienes, su avalúo, la publicación de edictos para convocar postores y las audiencias de almoneda para concluir con la sentencia que aprueba el remate; de conformidad con lo anotado, la intelección del artículo 114, fracción III, último párrafo, de la Ley de Amparo, es en el sentido de que el juicio biinstancial de garantías sólo procede contra esa resolución; en cambio, el párrafo anterior de dicho dispositivo se refiere en términos más generales a todos los actos de ejecución de sentencia, respecto de los cuales se restringe la procedencia del juicio hasta el momento en que se dicte la última resolución y, junto con ella, podrán plantearse las violaciones cometidas durante ese procedimiento; esta disposición busca armonizar los principios de celeridad, concentración y economía procesal, que también rigen en la etapa de ejecución de los juicios, con el derecho de los gobernados de someter al análisis constitucional todo acto de autoridad. Por esta razón, conviene distinguir los procedimientos que se tramitan en la etapa de ejecución, entre los que destacan el procedimiento de remate, identificado con la ejecución forzosa, que sólo pueden impugnarse en amparo cuando se dicta sentencia que lo aprueba o desaprueba; el incidente de liquidación de la condena, que tiene la finalidad de traducir a un importe en dinero la condena establecida en términos generales y abstractos o cualquier otro incidente o procedimiento suscitado después de la sentencia definitiva, que pueden impugnarse en el juicio de amparo con motivo de la resolución que les ponga fin, una vez agotado el principio de definitividad, los cuales no guardan vinculación entre sí, aun y cuando se tramiten y resuelvan todos ellos durante la etapa de ejecución de sentencia; por lo que la procedencia del amparo en su contra, se rige siempre por la regla de que se promueva contra la última resolución dictada en cada uno de esos procedimientos, pues dada su eventualidad y su autonomía, no existe razón para relacionarlos unos con otros, si bien en la misma demanda de amparo es factible impugnar las violaciones suscitadas durante la secuela procesal que los rige. (9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XV, Febrero de 2002; Pág. 953) Cabe destacar que la finalidad que se persigue con este criterio, es el de evitar que se promuevan tantos amparos como violaciones en el procedimiento de ejecución se estime cometan las autoridades que conozcan de las controversias respectivas; pues de considerar lo contrario, se harían interminables los procedimientos relativos a cumplimentar las sentencias que constituyan la verdad legal. Así las cosas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que se surte de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, es oportuno con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, desechar de plano la demanda que dio origen al presente asunto, por ser notoriamente improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890, Tomo: VII, Mayo de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en el proemio de su demanda; asimismo, se autoriza en términos restringuidos del artículo 12 de Ley de Amparo, a las personas que se mencionan en el escrito de cuenta, por así haberlo solicitado. De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en cita, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. En atención a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las constancias por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno impreso como el electrónico del presente asunto. Finalmente, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuesto de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros"; atendiendo a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de Distrito, en relación con el artículo 5 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; se hace del conocimiento de las partes vinculadas con el presente asunto, el derecho que les asiste a oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 8, en relación con el diverso 3 de la Ley Federal en comento, en la inteligencia de que solamente se omitirán sus datos personales cuando manifiesten su oposición de manera expresa" POR MEDIO DE LISTA (CITATORIO)

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