José Román Miranda Malanco

Expediente 324/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 23 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
324/2015
Año
2015
Actuaciones
23
Última actuación
12/05/2016

Partes del expediente

  • Juan José Trevilla Rebollar
  • José Román Miranda Malanco y Otros.
  • José Román Miranda Malanco
  • Legislatura del Estado Libre y Soberano de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, intégrese a los autos el oficio de cuenta 3303, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a través del cual acusa recibo de la misiva 4794/2016, de veintinueve de abril de dos mil dieciséis y anexos; asimismo, comunica que el seis de los actuales, los medios de impugnación interpuestos por los quejosos fueron radicados con el número de amparo en de revisión 161/2016, los cuales desechó por extemporáneos. Información de la que toma conocimiento este juzgado federal, para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, intégrense a los autos los escritos de cuenta, signados por los quejosos ********************y********************, a través de los cuales interponen recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación de referencia. En ese orden, con copia de las constancias necesarias, así como de los escritos de expresión de agravios, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente; distribúyase entre las partes copia del ocurso referido. Cuando el presente expediente esté debidamente integrado, es decir, que estén agregadas las constancias de notificación de la sentencia impugnada, así como las relativas a este proveído, realizadas a las partes, sin necesidad de ulterior acuerdo remítase el original del juicio en que se actúa, así como anexos que en su caso existan, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno; de igual forma, envíense los originales de los ocursos de expresión de agravios y copia de éstos para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese órgano colegiado, a fin de substanciar el aludido medio de impugnación.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 324/2015, promovido por José Ramón Miranda Malanco y Juan José Trevilla Rebollar, contra los actos de la Legislatura del Estado de México y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el tres de marzo de dos mil quince (fojas 2 a 49), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, turnado el cuatro siguiente a este Juzgado Quinto de Distrito, José Ramón Miranda Malanco y Juan José Trevilla Rebollar solicitaron amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y actos que a continuación se precisan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. - - - ORDENADORAS: - - - 1. H. LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO. LERDO ESQUINA RIVA PALACIO, COLONIA CENTRO, TOLUCA, MÉXICO. - - - 2. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO. AV. LERDO PTE. 300 COLONIA CENTRO, TOLUCA, MÉXICO. - - - 3. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, CON DOMICILIO EN INDEPENDENCIA PONIENTE 207, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. - - - EJECUTORAS. - - - 1. ENCARGADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA, CON DOMICILIO EN AV. INDEPENDENCIA NÚMERO 207, COLONIA CENTRO, CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. - - - 2. PRESIDENTE INTERINO DEL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA, MÉXICO, CON DOMICILIO EN LA AV. INDEPEDENCIA NÚMERO 207, COLONIA CENTRO, CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO. - - - 3. JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL PERIÓDICO OFICIAL "GACETA DEL GOBIERNO" DEL ESTADO DE MÉXICO. MATAMOROS 308 SUR, COLONIA CENTRO, TOLUCA, MÉXICO." "IV. ACTOS RECLAMADOS. - - - 1. DE LA AUTORIDAD SEÑALADA EN EL INCISO 1) DEL APARTADO TRES DE LA PRESENTE, LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO SE RECLAMA: - - - A.- LA APROBACIÓN, PUBLICACIÓN, VIGENCIA Y APLICACIÓN DEL DECRETO 164 APROBADO POR LA "LI" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, QUE CONTIENE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL "GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO DE FECHA 2 DE MARZO DE 1993, EN CUANTO A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 40 Y 41 DE LA MISMA. - - - B. EL DECRETO POR EL CUAL SE NOMBRA PRESIDENTE SUSTITUTO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO Y SU PROCEDIMIENTO. - - - 2. DE LA AUTORIDAD SEÑALADA EN EL INCISO B) DEL APARTADO TRES DEL PRESENTE, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, SE RECLAMA: - - - A) LA PROMULGACIÓN Y EL ACUERDO QUE ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL DECRETO EXPEDIDO POR LA LEGISLATURA DEL ESTADO CON NÚMERO 164 APROBADO POR LA "LI" LEGISLATURA REFERENTE A LA APROBACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. - - - B) EL PEDIMENTO A LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO PARA QUE SE DESIGNE PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO DEL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA MÉXICO DE LA TERNA QUE PROPONE: - - - 3. DE LA AUTORIDAD SEÑALADA EN EL INCISO C) DEL APARTADO DOS DE LA PRESENTE, SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO SE RECLAMA: - - - A.- EL REFRENDO DE LOS ACUERDOS DEL EJECUTIVO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACIÓN DEL DECRETO NÚMERO 164 DEL H. "LI" LEGISLATURA DEL ESTADO; Y DEL ACUERDO QUE CONTIENE LA SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. - - - 4.- DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO SE RECLAMA: - - - A.- LA XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO EN LA QUE SE OTORGA LICENCIA TEMPORAL A LA PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUTAMIENTO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO Y SE DESIGNA AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO COMO ENCARGADO DEL DESPACHO EN AUSENCIA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO Y LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 40 Y 41 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE EN EL ESTADO DE MÉXICO, EN LO REFERENTE AL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA TEMPORAL PEDIDA Y SOLICITADA POR EL PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA. - - - B.- LA SESIÓN EXTRAORIDNARIA DE CABILDO EN LA QUE SE OTORGA LICENCIA DEFINITIVA A LA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO Y SE DESIGNA COMO PRESIDENTE INTERINO AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO; Y SE ACEPTA LA NEGATIVA DE LA SUPLENTE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PARA NO ACEPTAR EL CARGO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40 PARTE TERCERA INCISO C) DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. - - - C.- TODOS Y CADA UNO DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA TEMPORAL Y DE LICENCIA DEFINITIVA OTORGADA A LA PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, AHORA TERCERA INTERESADA. - - - D. TODOS LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO PARA DESIGNAR AL SECRETARIO DEL MUNICIPIO COMO ENCARGADO DEL DESPACHO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DURANTE LA LICENCIA TEMPORAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESE AYUNTAMIENTO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. - - - E. TODOS LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO PARA DESIGNAR COMO PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO DEL AYUTAMIENTO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. - - - F. TODOS LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO PARA DESIGNAR LA ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. - - -G. TODOS LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO PARA ACORDAR FAVORABLEMENTE LA ABSTENCIÓN DE EJERCER EL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE A LA SUPLENTE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. - - - H. LA FALTA DE TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE INTERINO DEL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. - - 6. (sic) DEL ENCARGADO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, SE RECLAMA. - - - A. LA EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS QUE SE RECLAMAN AL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. - - - B. LA CONVOCATORIA Y CITATORIO A LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA, PARA DESAHOGAR LA PETICIÓN DE LICENCIA DEFINITIVA SOLICITADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE TOLUCA, MÉXICO Y DESIGNAR LA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO COMO PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO. - - - C. LA OMISIÓN DE PUBLICAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN LAS SESIONES XXXIV Y XXXV DEL CABILDO DE TOLUCA ESTADO DE MÉXICO. - - - 7. DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DEL PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, SE RECLAMA: - - - LA PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL "GACETA DEL GOBIERNO" DEL ESTADO DE MÉXICO DEL DECRETO NÚMEROS 164 APROBADO POR LA "LI" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO. - - - 8. DEL PRESIDENTE INTERINO DEL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO SE RECLAMA: - - - A) LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL BANDO MUNICIPAL DE TOLUCA MÉXICO. - - - B) LA CONVOCATORIA Y CITATORIO PARA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE "CABILDO" NÚMERO XXXV. - - -C) LA FIRMA DEL ACUERDO DIRIGIDO AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO, SOLICITANDO SE REMITA A LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO PROPUESTA DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN SER ELEGIDOS PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOLUCA, MÉXICO. - - -DE TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIDADES AQUÍ ENLISTADAS COMO RESPONSABLES, SE RECLAMAN LAS CONSECUENCIAS QUE DE HECHO O DE DERECHO SE GENEREN COMO DERIVACIÓN DE SU PRETENSIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ACTOS QUE SE LES RECLAMAN.". Actos que estimaron violatorios de las garantías individuales previstas en los preceptos 1, 5, 14, 16, 39, 40, 41, 115, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante proveído de cinco de marzo de dos mil quince (fojas 51 y 52), se admitió a trámite la demanda, se requirió su informe justificado a las autoridades responsables, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante escrito presentado el seis de abril de dos mil quince, la parte quejosa intentó ampliar su de demanda de amparo respecto de diversas autoridades, sin embargo, por auto de siete siguiente, no se proveyó de conformidad, al estimarse que los actos por los que pretendía ampliarla eran diversos a los inicialmente planteados. Por acuerdo de ocho de mayo del año próximo pasado, se tuvo al Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, informando que no existía acta de cabildo que acreditara a Braulio Antonio Álvarez Jasso como Presidente Municipal Sustituto, pues el cargo fue designado por la Legislatura del Estado de México, publicado en la Gaceta de Gobierno número cuarenta y siete, en el decreto número cuatrocientos nueve, el cual remitió en copia certificada. El diecinueve de agosto de dos mil quince tuvo verificativo la audiencia constitucional y el treinta de septiembre siguiente terminó de engrosarse la sentencia correspondiente, en la cual se resolvió de la siguiente manera: "ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por José Román Miranda Malanco y Juan José Trevilla Rebollar, contra los actos, autoridades y por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia." Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa, a través de su autorizada, interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien en los autos de la revisión principal 453/2015, en sesión de veintiuno de enero del año en curso, resolvió: "PRIMERO. Se REVOCA la resolución impugnada en el presente recurso. - - - SEGUNDO. Se ordena REPONER EL PROCEDIMIENTO en el juicio de amparo de origen, en términos de lo establecido en el último considerando de esta ejecutoria." El Tribunal de Alzada llegó a la anterior consideración, al advertir que del acta en que consta la audiencia constitucional celebrada el diecinueve de agosto de dos mil quince en el presente juicio de amparo, se apreciaba que carecía de la firma del juez de Distrito ante quien se celebró, y que la sentencia no fue dictada en forma continuada, sino hasta el treinta de septiembre de dicha anualidad, lo cual invalidaba la audiencia constitucional respectiva, trascendiendo a la sentencia. Por auto de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, en estricto cumplimiento a la ejecutoria de alzada, se dejó sin efecto la audiencia constitucional de diecinueve de agosto de dos mil quince, así como, la sentencia respectiva, y en su lugar se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, lo cual aconteció al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 constitucionales, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción de este juzgado federal. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, el titular de este órgano jurisdiccional procede a la precisión del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo vigente, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo resuelto. Así las cosas de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que lo que reclama la parte quejosa es: 1. De la Legislatura del Estado Libre y Soberano de México: A. La aprobación, publicación, vigencia y aplicación del decreto 164 aprobado por la "LI" Legislatura del Estado de México, que contiene la Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de México, publicada en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México de fecha dos de marzo de mil novecientos noventa y tres, precisamente en cuanto a sus artículos 40 y 41. B. El decreto de doce de marzo de dos mil quince, por el cual se nombra Presidente Sustituto del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Toluca, Estado de México de la terna que se le propone por el Ejecutivo Estatal, para concluir el periodo constitucional 2013-2015. 2. Del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México: A. La promulgación y el acuerdo que ordena la publicación del decreto expedido por la "LI" Legislatura del Estado con número 164, referente a la aprobación de la Ley Orgánica Municipal. B. El pedimento a la Legislatura del Estado de México para que se designe Presidente Municipal Sustituto del Ayuntamiento de Toluca, México de la terna que propone. 3. Del Secretario General del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México: A. El refrendo de los acuerdos del Ejecutivo del Estado correspondiente a la publicación del decreto número 164 de la "LI" Legislatura del Estado. B. El refrendo del acuerdo que contiene la solicitud de nombramiento de Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Toluca, Estado de México. 4. Del Ayuntamiento del Municipio de Toluca, Estado de México: A. La Trigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo en la que se otorga licencia temporal a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México y se designa al Secretario del Ayuntamiento como Encargado del Despacho en ausencia de la Presidenta Municipal de Toluca, Estado de México y la aplicación de los artículos 40 y 41 de la Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado de México, en lo referente al otorgamiento de la licencia temporal solicitada por el Presidente del Ayuntamiento del Municipio de Toluca. B. La Trigésima Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo en la que se otorga licencia definitiva a la Presidenta del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México y se designa como Presidente Interino al Secretario del Ayuntamiento; y se acepta la negativa de la suplente de la Presidenta Municipal Constitucional para no aceptar el cargo, en términos del artículo 40, parte tercera, inciso c, de la Ley Orgánica Municipal. C. Todos y cada uno de los actos del procedimiento de otorgamiento de la licencia temporal y de licencia definitiva otorgada a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, ahora tercera interesada. D. Todos los actos del procedimiento para designar al Secretario del Municipio como Encargado del Despacho de Presidente Municipal durante la licencia temporal de la Presidenta Municipal de Ayuntamiento de Toluca, Estado de México. E. Todos los actos del procedimiento para designar como Presidente Municipal interino del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México al Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Toluca, Estado de México. F. Todos los actos del procedimiento para designar al Encargado del Despacho de la Secretaría del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México. G. Todos los actos del procedimiento para acordar favorablemente la abstención de ejercer el cargo de Presidente Municipal que le corresponde a la suplente de la Presidenta Municipal de Toluca, Estado de México. H. La falta de toma de protesta del Presidente Interino del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México. 5. Del Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México: A. La ejecución de los acuerdos que se reclaman al Ayuntamiento de Toluca, Estado de México. B. La convocatoria y citatorio a los integrantes del Ayuntamiento de Toluca, para desahogar la petición de licencia definitiva solicitada por la Presidenta Municipal de Toluca, México y designar al Secretario del Ayuntamiento como Presidente Municipal Interino. C. La omisión de publicar los acuerdos tomados en la Trigésima Cuarta y Trigésima Quinta Sesión Extraordinaria del Cabildo de Toluca, Estado de México. 6. Del Jefe de Departamento del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México: La publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno del Estado de México" del decreto número 164 aprobado por la "LI" Legislatura del Estado de México. 7. Del Presidente interino del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México: A. La promulgación y publicación del Bando Municipal de Toluca, México. B. La convocatoria y citatorio para la Sesión Extraordinaria de Cabildo número Trigésima Quinta. C. La firma del acuerdo dirigido al Gobernador Constitucional del Estado de México, solicitando se remita a la Legislatura del Estado de México propuesta de las personas que pueden ser elegidos Presidente Municipal de Toluca, México. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Legislatura (foja 80), al Gobernador Constitucional (foja 61), al Secretario General (foja 67) y a la Jefa de Departamento del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" (foja 74), todos del Estado de México, como lo expresaron al rendir sus respectivos informes justificados. Luego, no obstante la aceptación de los actos reclamados, debe decirse que la ley no es objeto de prueba, atento al contenido de la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación; Tomo XV-1, Febrero de mil novecientos noventa y cinco, página doscientos cinco, cuyo rubro y texto son: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas.". De igual manera, los actos que se reclaman de la Legislatura y del Gobernador Constitucional, ambos del Estado de México, y que se hicieron consistir en el "decreto por el cual se nombra Presidente Sustituto del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Toluca, Estado de México", así como el "pedimento a la Legislatura del Estado de México para que se designe Presidente Municipal Sustituto del Ayuntamiento de Toluca, México de la terna que propone", son ciertos, pues de sus informes con justificación se advierte su aceptación. Al respecto, el Secretario General del Gobierno del Estado de México, al rendir su informe con justificación (foja 70), negó la existencia del acto que se le reclama, consistente en "el refrendo del acuerdo que contiene la solicitud de nombramiento de Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Toluca, Estado de México"; sin embargo, dicha negativa debe tenerse por desvirtuada, pues del Decreto 409 de trece de marzo de dos mil quince, publicado en la "Gaceta del Gobierno", Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, por el que el Gobernador Constitucional del Estado de México hizo saber a los habitantes de la entidad que la Legislatura Local, de entre la terna que le propuso, designó Presidente Municipal Sustituto del Ayuntamiento de Toluca, México, a Braulio Antonio Álvarez Jasso, se advierte que previo a dicha propuesta, el seis de marzo de la anualidad pasada, el referido gobernador, una vez que ese instrumento se encontró debidamente refrendado por el Secretario General de Gobierno del Estado de México, sometió a consideración de la "LVIII" Legislatura de la Entidad, la terna de ciudadanos que propuso para que de ellos se designara al aludido Presidente Municipal Sustituto; de ahí, que deban tenerse por ciertos los actos que de esta autoridad se reclaman. Así también, son ciertos los actos que se reclaman del Ayuntamiento de Toluca (foja 103), del Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento de Toluca (foja 98) y del Presidente interino del Ayuntamiento de Toluca (foja 103), todos del Estado de México, y que se traducen en todos y cada uno de los actos tendentes a llevar a cabo la Trigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo en la que se otorgó licencia temporal a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México y se designó al Secretario del Ayuntamiento como Encargado del Despacho; así como, la diversa Trigésima Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo en la que se otorgó licencia definitiva a la Presidenta del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, se designó como Presidente Interino al Secretario del Ayuntamiento y se aceptó la abstención de la suplente de la Presidenta Municipal Constitucional para no ocupar el cargo, todo ello, en términos de los artículos 40 y 41 de la Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado de México. Aunado a lo anterior, de las constancias que acompañaron a su informe (fojas 114 a la 164, 329 a la 364, 407 a la 542, 545 a la 610, 628 a la 727), documentales a las que se les confiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a lo dispuesto en su numeral 2°, se advierte la certeza de los mismos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, primera parte, página ciento cincuenta y tres, la cual es del siguiente tenor: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente hacen prueba plena.". QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la controversia constitucional que nos ocupa, se deben analizar las causales de improcedencia, sea que lo hagan valer las partes o de oficio se adviertan, por ser cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de amparo, de conformidad, con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, en esencia, se reclaman la inconstitucionalidad de "la aprobación, refrendo, promulgación y publicación del decreto 164 aprobado por la "LI" Legislatura del Estado de México, que contiene la Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de México, publicada en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México de fecha dos de marzo de mil novecientos noventa y tres, precisamente en cuanto a sus artículos 40 y 41"; de "el procedimiento y consecuente decreto de la LVIII Legislatura del Estado de México, de doce de marzo de dos mil quince, por el que se designa Presidente Municipal Sustituto del Ayuntamiento de Toluca, México de la terna que se le propone por el Ejecutivo Estatal, para concluir el periodo constitucional 2013-2015"; así como, las resoluciones contenidas en las "actas correspondiente a la Trigésima Cuarta y Trigésima Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Toluca de Lerdo, Estado de México," de seis y veintiuno de enero de dos mil quince, en las cuales, con la primera aprueban la solicitud de licencia temporal presentada por Martha Hilda González Calderón para separarse del cargo de Presidente Municipal Constitucional de Toluca por el periodo comprendido del seis al veinte de enero de dos mil quince, y la segunda, aprueban la solicitud de licencia definitiva presentada por la misma persona, a partir del veintiuno de enero de dos mil quince, y designan como Presidente Municipal Interino de Toluca, a Braulio Antonio Álvarez Jasso. Precisado lo anterior, por técnica jurídica, en primer término se analizará si el juicio de amparo es procedente en relación con los actos señalados como de aplicación de las disposiciones controvertidas (artículos 40 y 41 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México), ya que de no darse dicho supuesto ocasionaría el sobreseimiento en el juicio respecto de los preceptos señalados de inconstitucionales. En el mismo sentido, de resultar procedente el juicio en cuanto a los actos de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas determinando lo conducente y, únicamente, en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a éstas, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en contra del acto de aplicación. Resulta aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y cinco, Tomo XII, del mes de agosto de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: 'LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.', cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada.". En relación a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido el concepto de individualización incondicionada de la norma jurídica, que distingue las autoaplicativas de las heteroaplicativas; así, las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, por vincular al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, serán las autoaplicativas, en cuyo caso, el agraviado contará con el plazo de treinta días para impugnarlas o, de quince siguientes al acto de su aplicación; en tanto que las heteroaplicativas requieren de un acto concreto de aplicación de la norma y el agraviado tendrá un plazo de quince días para impugnarlas. El concepto de individualización incondicionada de la norma se consagra en la jurisprudencia número P./J. 55/97, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cinco, Tomo VI, julio de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido son: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.". En ese orden de ideas, para la procedencia del juicio de amparo tratándose de leyes de naturaleza heteroaplicativa o de individualización condicionada, o autoaplicativas reclamadas con ese carácter de heteroaplicativas, debe acreditarse la existencia del acto concreto de aplicación, que será aquel que haya trascendido a los derechos subjetivos públicos del gobernado generándole un perjuicio, lo que corresponde demostrar a la parte quejosa a través de los medios de prueba conducentes, pues no basta que asevere la actualización de esa aplicación. Apoya a lo anterior, lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis publicada bajo el número 2a. CLXXV/2000, publicada en la página cuatrocientos cuarenta y siete, del tomo XII, diciembre de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS EN AMPARO ES AQUEL QUE TRASCIENDE A LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO, CAUSÁNDOLE UN PERJUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SEA O NO CORRECTA. Conforme a la interpretación jurisprudencial que ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación de lo dispuesto en los artículos 4o., 73, fracciones V y VI, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, el primer acto de aplicación que permite controvertir, a través del juicio de garantías, la constitucionalidad de una disposición de observancia general, es aquel que trasciende a la esfera jurídica del gobernado generándole un perjuicio que se traduce en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Ahora bien, en caso de que el citado acto de aplicación carezca de la fundamentación y motivación debidas, que provoquen la interrogante sobre si el peticionario de garantías realmente resintió la individualización de la norma controvertida, como puede ser el caso en que la situación de hecho del quejoso no se ubique en el supuesto de la norma o que la autoridad haya realizado una cita equivocada de la disposición aplicable, el juzgador de garantías deberá analizar el acto de aplicación y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso, para determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en el dispositivo impugnado, lo que le permitirá concluir que éste sí afecta su interés jurídico y, por tanto, resulta procedente su impugnación. La anterior conclusión encuentra apoyo, inclusive, en la jurisprudencia 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro es: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", de la cual deriva que cuando se reclaman en amparo indirecto disposiciones de observancia general, con motivo de su primer acto de aplicación, una vez determinada la procedencia del juicio, debe estudiarse la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, en su caso, la legalidad del acto concreto de individualización, sin que ésta constituya impedimento alguno para que se aborde el estudio de constitucionalidad de las normas impugnadas.". Ahora, en la especie, los peticionarios de amparo reclaman la inconstitucionalidad de los artículos 40 y 41 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y los actos de aplicación consistentes en la declaratoria contenida en las "actas correspondiente a la Trigésima Cuarta y Trigésima Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Toluca de Lerdo, Estado de México", de seis y veintiuno de enero de dos mil quince, en las que, con la primera aprueban la solicitud de licencia temporal presentada por Martha Hilda González Calderón para separarse del cargo de Presidente Municipal Constitucional de Toluca por el periodo comprendido del seis al veinte de enero de dos mil quince y, en la segunda, aprueban la solicitud de licencia definitiva presentada por Martha Hilda González Calderón a partir del veintiuno de enero de dos mil quince y designan como Presidente Municipal Interino de Toluca a Braulio Antonio Álvarez Jasso; así como, en "el procedimiento y consecuente decreto de la LVIII Legislatura del Estado de México, de doce de marzo de dos mil quince, por el que se designa Presidente Municipal Sustituto del Ayuntamiento de Toluca, México de la terna que se le propone por el Ejecutivo Estatal, para concluir el periodo constitucional 2013-2015". En el caso, en relación a las "actas correspondiente a la Trigésima Cuarta y Trigésima Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Toluca de Lerdo, Estado de México", de seis y veintiuno de enero de dos mil quince, las autoridades responsables consideran que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa no acreditó tener un interés legítimo, respecto de la conducta de la autoridad, al no ser susceptible de que ésta le causara un perjuicio o generara un beneficio en la situación fáctica del interesado, tutelada por el Derecho, al no tener un derecho subjetivo para impedir esa conducta o imponer una distinta. Así, la causal de improcedencia hecha valer por las autoridades responsables se actualiza, pues los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.].". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.].". Los citados precepto constitucional y legal, revelan que el interés jurídico, o en su caso, interés legítimo, para acudir al juicio constitucional representa el derecho derivado de alguna norma en particular, que se concreta en forma individual y otorga a su titular la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad, cuando ésta le ha ocasionado algún perjuicio, incluso por su especial situación frente al orden jurídico; por lo que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que toda persona que lo instaure, acredite fehacientemente ser el titular del derecho que desea se respete con motivo del acto de autoridad reclamado; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de garantías resulta improcedente. Importa destacar que, atendiendo a las consideraciones expuestas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 236/2013, es procedente efectuar el estudio atinente al interés jurídico y su diferencia con el interés legítimo a que se refiere la segunda parte de la fracción I, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales son del tenor siguiente: Así, se han definido los conceptos de interés jurídico e interés legítimo al emitir las sentencias en los amparos en revisión 553/2012 y 663/2012, así como la solicitud de modificación de jurisprudencia 14/2012, resoluciones de las que se deriva, en la parte que interesa, las consideraciones que a continuación se sintetizan: Interés jurídico: Las normas que tutelan al interés jurídico, son susceptibles de generar derechos subjetivos en beneficio de personas determinadas; pueden ser individualizadas de tal manera que se afecte inmediata y directamente el status jurídico de la persona. El interés jurídico, supone la existencia de un derecho dentro de la esfera jurídica particular de un individuo (derecho subjetivo), que se encuentra dentro de su status jurídico. Por tanto, se está en presencia de un agravio al interés jurídico cuando la afectación que se aduce se refiere a un derecho subjetivo y aquélla es susceptible de individualizarse en una persona concreta, independientemente de su pertenencia o no a un grupo. Interés legítimo: Las normas que se refieren al interés legítimo no tienen la capacidad de generar derechos subjetivos, son las que establecen los llamados intereses difusos y que se encuentran encaminadas a producir ciertos resultados en la sociedad o en algunos núcleos o grupos que la integran y que, como ella, carecen de personalidad jurídica. Las normas que prevén un interés legítimo tienden a regular o a proteger a entidades sociales más o menos amplias que tutelan intereses de una colectividad que carecen de personalidad jurídica sin otorgar derechos subjetivos de manera directa. El interés legítimo no supone una afectación directa al status jurídico, sino una indirecta, en la medida en que la persona sufre una afectación no en sí misma, sino por encontrarse ubicada en una especial situación frente al orden jurídico, que le permite accionar para obtener el respecto a su interés jurídicamente tutelado, aunque no goce de un derecho subjetivo reflejo individual. En este tenor, se está en presencia de un agravio al interés legítimo, cuando la afectación que se aduce atañe a un interés difuso y se actualiza aquélla en la medida en que se pertenece a un grupo. Atento a lo anterior, lo previsto en el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo" se traduce en que el promovente debe: a) Ser titular de un derecho jurídicamente reconocido a su favor en la Constitución Federal, que sufre una afectación directa por el acto reclamado (interés jurídico); o bien, b) Ser titular de un interés jurídicamente reconocido a su favor en la Constitución Federal, que por encontrarse ubicado en una especial situación frente al orden jurídico sufre una afectación (interés legítimo). Desde esa óptica, se puede decir que lo previsto en el artículo 107, fracción I, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuye consecuencias de derecho desde el punto de vista de legitimación del promovente del amparo indirecto tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al interés legítimo, puesto que en ambos supuestos al promovente que se ubique dentro de ellos se les otorga legitimación para instar la acción de amparo. Sobre el particular es menester destacar que la introducción del concepto de interés legítimo como eventual elemento de la acción de amparo no convierte a éste en acción colectiva, en la medida en que subsiste el principio de relatividad de la sentencia, también conocido como fórmula Otero, en términos de la fracción II del artículo 107 constitucional vigente; así, el juicio de amparo no ha perdido su carácter individualista, en tanto que mediante su promoción no se pretende, desde un punto de vista estrictamente jurídico, que una sentencia afecte de manera directa a grupos sociales carentes de personalidad jurídica. Por otra parte, se debe tener presente el segundo párrafo de la fracción I del artículo 107 multicitado, de cuya lectura se advierte la afirmación consistente en que, cuando en el juicio de amparo se combatan "actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo", el quejoso, de manera inexcusable "deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa", lo que significa que, tratándose de esos actos, no es viable aducir un interés legítimo, sino que en esos casos únicamente puede promover el juicio la persona que aduzca tener interés jurídico. En tal virtud, de acuerdo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso del juicio de amparo le corresponde acreditar el interés, jurídico o legítimo, que le asiste cuando promueve la acción, de la siguiente manera: 1. Tratándose del interés jurídico: es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. 2. Por lo que respecta al interés legítimo: se debe acreditar la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y, la pertenencia del quejoso a dicha colectividad. A lo anterior, sirve de apoyo la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de dos mil trece, Tomo 3, página mil ochocientos cincuenta y cuatro, que precisa: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente.". Es oportuno subrayar que de la exposición de motivos de la reforma en materia de amparo, respecto de la fracción I, párrafo primero del artículo 107 constitucional, se advierte el énfasis que hizo el Poder Reformador de la Constitución al resaltar como requisito del interés legítimo la existencia de una afectación indirecta en la esfera jurídica del individuo, para lo cual empleó la frase "especial situación frente al orden jurídico", con un sentido de racionalidad, esto es, refiriéndose a situaciones concretas o excepcionales que guarden características diferentes a las generales en que puedan encontrarse los gobernados frente al orden jurídico. De esta guisa, el interés legítimo exige como requisito mínimo, que el particular resienta un perjuicio real y actual en sus derechos, aun cuando no exista norma que le dé un derecho subjetivo o la potestad para reclamarlo directamente (interés jurídico); así, ello descarta los supuestos en los que el gobernado únicamente busque lograr controles de constitucionalidad, convencionalidad o de legalidad de carácter abstracto, sobre actos de autoridad y sin pretender un beneficio directo o indirecto en su esfera jurídica individual. Luego, es carga procesal del particular crear en la convicción del juzgador, la noción de qué beneficios le producirá la impugnación en el juicio de amparo del acto de autoridad, así como justificar de qué manera la eventual concesión del amparo lo restituirá en el goce del derecho violado; por tanto, carece de interés legítimo el gobernado que basa su reclamo en aseveraciones hipotéticas y no en una afectación real y actual en su esfera jurídica. Para explicar tal aserto, es menester dejar establecido que la reforma constitucional que se comenta, no tiene el alcance de proteger y salvaguardar a todos los individuos que les interese la constitucionalidad de los actos realizados por el poder público, pues ello es insuficiente per se, para acudir al juicio de amparo. En este sentido, el derecho en el que se sustente una demanda planteada con base en el reclamo de derechos abstractos y en un mero interés de control de constitucionalidad y legalidad, equivale a un interés simple, que no puede conducir a una declaratoria de inconstitucionalidad, pues, de ser así, todas las personas estarían legitimadas para impugnar cualquier tipo de acto de autoridad y se llegaría al absurdo de permitir un número indeterminable de procedimientos. Así, terminológicamente debe entenderse que el interés legítimo es el interés cualificado que ciertos gobernados pueden tener respecto de la constitucionalidad y legalidad de determinados actos u omisiones; y esta cualificación de interés se centra en que puede haber personas para las que la observancia o inobservancia de las normas por parte de las autoridades, redunde en una ventaja o desventaja de modo particular respecto de los demás, como resultado de la particular posición de hecho en que se encuentren esos gobernados frente al orden jurídico, que los haga más "sensibles" que otras personas frente a un determinado acto u omisión de autoridad. En esta perspectiva, no debe perderse de vista, que la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once, no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, en tanto que la modificación constitucional de que se trata, introdujo un concepto jurídico (interés legítimo), que exige al quejoso que acredite algo más que un interés simple o jurídicamente relevante. Sobre el problema jurídico tratado, también es pertinente acudir a la definición que da la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que hace al interés legítimo: "Es aquel interés personal, individual o colectivo, actual y jurídicamente relevante que puede traducirse, en caso de concederse el amparo en un beneficio jurídico a favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole profesional, económico, de salud pública y de cualquier otra". Para mayor ilustración, conviene reproducir la parte que interesa de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 366/2012: "El interés legítimo se traduce en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple. El primero de ellos ha sido desarrollado de manera abundante por la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como muestra representativa, se cita a continuación un pasaje del Amparo en Revisión 315/2010, resuelto por el Tribunal Pleno el veintiocho de marzo de dos mil once, en donde se recupera el concepto de interés jurídico a partir de su evolución desde la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación: - - - [.] Luego de la reforma del artículo 107 constitucional, del 6 de junio de 2011, el concepto de interés jurídico fue sustituido por el de interés legítimo, para quedar de la siguiente manera: - - - "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: - - - I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. - - - [.] - - - Naturalmente, este cambio cualitativo abre el abanico de posibilidades para acudir al juicio de amparo, pues han quedado proscritas exigencias tales como la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho objetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico, o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. - - - No obstante lo anterior, la reforma constitucional señalada no puede ser traducida en una apertura absoluta para que cualquier persona por cualquier motivo que se le ocurra acuda al juicio de amparo. Dicho en otras palabras, el constituyente permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o, si se quiere, mantuvo la prohibición de que tan solo con este tipo de interés pueda acudirse al juicio de amparo. - - - El interés legítimo puede definirse, pues, como aquél interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. - - - Por su parte, el interés simple o jurídicamente irrelevante, es aquél que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado. Por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido.". (El énfasis es de este juzgado) Sobre el tema, la Segunda Sala del Máximo Tribunal de país ha establecido que en virtud de la reforma constitucional, por parte quejosa debe entenderse, quien cumpla con las siguientes condiciones: 1. Aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo; 2. Alegue que el acto u omisión reclamados viola los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 3. Demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La Segunda Sala para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", señaló que: "tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente", a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, porque el acto u omisión reclamados no le causa un agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Y concluyó: "Al igual que el interés jurídico el interés legítimo debe quedar plenamente acreditado para que la acción de amparo resulte procedente.". (Amparo en revisión 553/2012, resuelto el catorce de noviembre de dos mil doce) Argumentos que aparecen recogidos en la tesis de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Libro XVIII, Marzo de dos mil trece, Tomo 2, página mil setecientos treinta y seis, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto 'interés legítimo individual o colectivo', ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su 'especial situación frente al orden jurídico', lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." Y en la diversa tesis de la Primera Sala de Tribunal más alto de la Nación, publicada en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Libro XVII, Febrero de dos mil trece, Tomo 1, página ochocientos veintidós, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Acotado lo anterior, en el presente asunto se reclama una actuación materialmente administrativa como acto de ejecución de una disposición de observancia general; de ahí que lo menos se debe exigir que los quejosos también prueben su interés legítimo de manera fehaciente. Así pues, la parte quejosa señala como actos reclamados las resoluciones contenidas en las "actas correspondiente a la Trigésima Cuarta y Trigésima Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Toluca de Lerdo, Estado de México," de seis y veintiuno de enero de dos mil quince, en las cuales, con la primera aprueban la solicitud de licencia temporal presentada por Martha Hilda González Calderón para separarse del cargo de Presidente Municipal Constitucional de Toluca por el periodo comprendido del seis al veinte de enero de dos mil quince, y la segunda, aprueban la solicitud de licencia definitiva presentada por la misma persona, a partir del veintiuno de enero de dos mil quince, y designan como Presidente Municipal Interino de Toluca, a Braulio Antonio Álvarez Jasso; sin embargo, en relación a los mismos, no acreditó tener por lo menos un interés legítimo, sino por el contrario, sólo se advierte uno de naturaleza simple. Así es, los quejosos carecen de interés legítimo porque al instar en la presente vía constitucional, lo que pretenden es defender un derecho abstracto respecto del otorgamiento de la licencia por tiempo determinado y posteriormente de manera definitiva concedida a la Presidenta Municipal Martha Hilda González Calderón, a efecto de que ésta se separe del cargo y de la designación del Presidente Municipal Interino; y es que la situación fáctica concreta que aducen los peticionarios del amparo como origen y fundamento de dicho interés (ciudadanos toluquenses residentes en esta ciudad) no cumple con los requisitos y características necesarias para considerar actualizado al menos su interés legítimo. Esto es así, pues para acreditar el interés legítimo no es suficiente ser ciudadanos toluquenses con domicilio en este municipio, y contar con copia simple de su credencial de elector; y tampoco constituye un argumento jurídico del derecho fundamental que alegan tener (consistente en los derechos que les asisten por ser ciudadanos, toralmente la privación de la democracia), sino además se debe de acreditar una afectación a su esfera jurídica de manera directa o, bien, encontrarse en una especial situación frente al orden jurídico. Cierto, los solicitantes del amparo no evidenciaron ni señalaron en forma alguna cómo ese hecho les irroga un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual o en relación con su especial situación frente al orden jurídico, sino que en función de lo expuesto en su demanda y las documentales que aportan a su favor, pretenden controvertir en esta instancia actos de autoridad tan solo con base en el hecho de que supuestamente residen en esta ciudad; de ahí que en realidad se limitan a basar su pretensión en un interés simple derivado de su condición de ciudadanos toluquenses residentes en este municipio, al referir que eligieron a la Presidenta Municipal democráticamente para que los representara y que es una obligación que ella adquirió, esto es, aducen un interés igual al de la generalidad de los gobernados que ostentan la calidad de toluquenses residentes en este municipio, y no refieren las características especiales que guarda su situación frente al orden jurídico, que los coloque en un punto diferenciado de la situación general y que los autorice para solicitar la protección constitucional respecto de los actos reclamados en suma, no evidencian de qué manera por lo menos los actos de cabildo y demás actos administrativos cuestionados les perjudican o les benefician en algún aspecto de su vida; de ahí que es incuestionable que no acreditan su interés legítimo para que, en su caso, resulte procedente instar en la presente vía constitucional. No está demás destacar que el hecho consistente en que la tercero perjudicada del procedimiento de origen Martha Hilda González Calderón, considerada en lo personal, no sea quien realice los actos de gobierno propios al cargo de Presidente Municipal de Toluca, no significa que el cargo público, en sí mismo considerado, quede acéfalo dada la designación de Presidente Municipal interino en ese cargo, y no existe una necesidad imperiosa de que sea la tercero perjudicada quien gobierne el municipio de Toluca, habida cuenta que en un sistema democrático como el nuestro, la sustitución de funcionarios está permitida por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Acogiendo dichos postulados, es de concluirse que ninguna afectación se ve inmersa con el otorgamiento de la licencia temporal y definitiva otorgada a la Presidente Municipal, y tampoco por la designación del interino o suplente que cubrió su encargo, respecto de la esfera de derechos de los quejosos, pues como ciudadanos que puedan resultar, no se constata que los cargos de elección popular, se vean afectados por quedar acéfalos; máxime que se designó un suplente y, por lo tanto, no se les priva de alguna circunstancia particular o concreta en su favor o beneficio, ya sea por reconocimiento de dicho derecho previsto en una norma, o por su especial situación, pues la elección de ser gobernados por un suplente de la anotada Martha Hilda González Calderón, no les irroga un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual o en relación con su especial situación frente al orden jurídico, sino que se limitan a basar su pretensión en un interés simple derivado de su condición de ciudadanos toluquenses residentes en este municipio, lo que se traduce en un interés igual al de la generalidad de los gobernados que ostentan la calidad de toluquenses residentes en esta municipalidad. Consecuentemente, se advierte que los quejosos no se ven afectados en modo alguno en su esfera de derecho, por los actos reclamados, pues la circunstancia por la que se ubican frente al orden jurídico, no arroja cuestión que limite o restrinja la permanencia del goce de las prerrogativas que como ciudadanos les asisten, al permanecer intocada la existencia de la figura de Presidente Municipal, aun y cuando ello sea por un suplente o interino, y siendo así la carencia de esa afectación, es notoria la improcedencia advertida. Máxime que dicha causal de improcedencia, también se ve robustecida en la medida que los quejosos no exhibieron documento alguno fehaciente con el que justificaran su especial situación frente al orden jurídico, pues no demostraron plenamente que fueran ciudadanos, pues al efecto, sólo exhibieron copias certificadas de sus actas de nacimiento, así como las constancias de vecindad expedidas por el Secretario de Ayuntamiento de Toluca, México (fojas 619 a 622) y una copia simple de cierta credencial de elector (foja 50), con las cuales lo único que acreditan es que son originarios y vecinos de dicha municipalidad, pues no obstante que Juan José Trevilla Rebollar, al presentar su escrito inicial de demanda, anexó copia simple de su credencial de elector y, en la constancia de vecindad que le fue expedida, se hace referencia a que su residencia se acreditaba con la credencial para votar con fotografía con número de clave TRRBJN83060615H100, de la cual obraba copia simple en el archivo de la referida secretaría, dicho peticionario de amparo en momento alguno presentó ante este órgano jurisdiccional, el original o copia certificada de dicha documental pública. Por tanto, a criterio de quien resuelve, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, las documentales exhibidas por los quejosos, no tienen fuerza convictiva alguna, porque no se encuentran robustecidas con algún otro medio de prueba, para denotar que en lo particular resultaron afectados en su interés legítimo. No pasa desapercibido para este Órgano de Control Constitucional que de las actuaciones allegadas al presente sumario se advierte que la parte quejosa señaló como domicilio para recibir notificaciones de las autoridades responsables el ubicado en avenida Lerdo de Tejada, número cuatrocientos tres, en esta ciudad, corroborándose así la existencia y localización del agraviado en éste, lo cual sólo podría justificar que sí se le puede localizar en el mismo, empero no que sea el de su residencia, pues si bien es cierto que fue el mismo que señaló en su escrito de demanda para oír y recibir notificaciones, éste se contrapone al que aparece en su credencial de elector, el cual se localiza en calle Instituto Literario poniente número trescientos dos, colonia Centro, en esta ciudad. Siguiendo esa línea de pensamiento, tampoco la sola promoción del juicio de amparo, puede arrojar indiciariamente su calidad de ciudadano, ni tiene el alcance de corroborarla la copia simple de la credencial de elector del agraviado, pues la calidad de ciudadano, no puede presumirse, sino justificarse plenamente, al demostrarse su mayoría de edad, lo que no fue así. Por ende, como ya quedó establecido que los quejosos no tienen interés legítimo para intentar la acción de amparo, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Federal, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se sobresee en el juicio de amparo, respecto de los actos de aplicación reclamados a las autoridades señaladas como responsables, consistentes en las resoluciones contenidas en las "actas correspondiente a la Trigésima Cuarta y Trigésima Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Toluca de Lerdo, Estado de México," de seis y veintiuno de enero de dos mil quince. Por otra parte, en relación al diverso acto de aplicación, consistente en "el procedimiento y consecuente decreto de la LVIII Legislatura del Estado de México, de doce de marzo de dos mil quince, por el que se designa Presidente Municipal Sustituto del Ayuntamiento de Toluca, México de la terna que se le propone por el Ejecutivo Estatal, para concluir el periodo constitucional 2013-2015", el suscrito estima se actualiza la causal de enejersatividad prevista en la fracción VII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente; [.].". De la fracción transcrita se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen resoluciones de las legislaturas, federales o estatales, actuando en pleno, comisiones o diputaciones permanentes, relativas a la elección, suspensión o remoción de funcionarios, cuando las constituciones respectivas les confieran las facultades de resolver sobre el tema, soberana o discrecionalmente. Tal causal de improcedencia atiende al principio de división de poderes, pues precisamente su finalidad es evitar que otro poder, en este caso el judicial, a virtud de un procedimiento de amparo, intervenga sobre decisiones que atañen a su potestad soberana, en el caso concreto sobre la designación o remoción (temporal o definitiva) de un funcionario. Por supuesto, para ello es necesario que la legislatura tenga la facultad de resolver sobre este punto a discreción o soberanamente, pero, además, dicha potestad debe estar expresamente reconocida en la Constitución respectiva, sin que puede substituirse por la disposición de algún ordenamiento secundario. Así entonces, si en la constitución de una entidad federativa, se contempla la posibilidad de la legislatura designe o remueva de su cargo soberanamente, por ejemplo, a un presidente municipal, el juicio de garantías en este supuesto sería improcedente por actualizarse la causa de inejersatividad que ahora se analiza. La impugnabilidad de dichos actos, deviene de las facultades y atribuciones que les confiere la Constitución Federal o Local, para resolver en ese sentido, dada la connotación política; lo que hace improcedente la demanda de amparo en contra de éstos. Al respecto conviene traer a contexto el contenido del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual en su fracción I, párrafo segundo, señala: "Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado. Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los Ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electas para el periodo inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electos para el periodo inmediato como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio. [...].". Del precepto constitucional federal transcrito se advierte que, a fin de preservar la regularidad en el funcionamiento del Ayuntamiento, como órgano de Gobierno del Municipio, existe la posibilidad de que los presidentes municipales puedan ser suplidos y, por ende, se les pueda otorgar licencia para separarse del cargo, lo cual impide que el órgano quede acéfalo. Lo anterior, con independencia de que el suplente de un presidente municipal no sea electo popularmente mediante elección directa, toda vez que el citado artículo contempla la posibilidad de que los presidentes municipales puedan ser designados de forma indirecta o por conducto de otras autoridades, a fin de preservar el funcionamiento regular del órgano, por lo que la designación del suplente, se encuentra contemplada dentro del marco constitucional. En ese orden de ideas, en preciso citar el artículo 61, fracción XXIX, inciso C, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, el cual establece: "SECCIÓN SEGUNDA De las Facultades y Obligaciones de la Legislatura Artículo 61.- Son facultades y obligaciones de la Legislatura: [.] XXIX. Designar, de entre los vecinos del municipio que corresponda, a propuesta en terna del Gobernador del Estado: [.] C). A los miembros sustitutos de los ayuntamientos para cubrir las faltas absolutas de los propietarios y suplentes. Los integrantes de los concejos municipales y de los ayuntamientos provisionales, así como los miembros sustitutos de los ayuntamientos, deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los miembros de los ayuntamientos; [.].". Del artículo de la constitución local transcrito, se aprecia como facultad de la Legislatura del Estado de México, el designar de entre los vecinos del municipio que corresponda, a propuesta en terna del Gobernador de la entidad, a los miembros sustitutos de los ayuntamientos para cubrir las faltas absolutas de los propietarios y suplentes, lo cual revela que tal actuar le es conferido constitucionalmente como una facultad soberana. Esto es, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, en la constitución local, se prevén los mecanismos para que cualquier funcionario designado pueda ejercer la representación. Ahora, si en el caso, la parte quejosa señala como actos reclamados, "el procedimiento y consecuente decreto de la LVIII Legislatura del Estado de México, de doce de marzo de dos mil quince, por el que se designa Presidente Municipal Sustituto del Ayuntamiento de Toluca, México de la terna que se le propone por el Ejecutivo Estatal, para concluir el periodo constitucional 2013-2015", es incuestionable que respecto a éstos, el juicio de amparo es improcedente. Se realiza tal afirmación, pues tales actos constituyen una determinación de la Legislatura del Estado de México, la cual emitió actuando en pleno, relativa a la designación de un funcionario. Además, tal resolución la emitió, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo, de la fracción I, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de preservar la regularidad en el funcionamiento del Ayuntamiento, como órgano de Gobierno del Municipio, pues existe la posibilidad de que los presidentes municipales puedan ser suplidos y, por ende, se les pueda otorgar licencia para separarse del cargo. Situación que también llevó a cabo, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la cual en su artículo 61, fracción XXIX, inciso C, establece como facultad de la Legislatura local el designar de entre los vecinos del municipio que corresponda, a propuesta en terna del Gobernador de la entidad, a los miembros sustitutos de los ayuntamientos para cubrir las faltas absolutas de los propietarios y suplentes. Por tanto, es incuestionable que en la especie, se actualiza la referida causal de improcedencia, dado que se reclama una resolución de la Legislatura del Estado de México, actuando en pleno, relativa a la designación del Presidente Municipal Sustituto de Toluca, México, para concluir el periodo constitucional 2013-2015, misma que emitió en ejercicio de la facultad soberana que le otorga la Constitución Local. Máxime que, la causal de inejersatividad atiende al principio de división de poderes, pues precisamente su finalidad es evitar que otro poder, en este caso el judicial, a virtud de un juicio de amparo, intervenga sobre decisiones que atañen a su potestad soberana, en el caso concreto sobre la designación del Presidente Municipal Sustituto del Ayuntamiento de Toluca, México. En las relatadas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción VII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se sobresee en el juicio de garantías, respecto de los actos de aplicación reclamados a las autoridades señaladas como responsables, consistentes en "el procedimiento y consecuente decreto de la LVIII Legislatura del Estado de México, de doce de marzo de dos mil quince, por el que se designa Presidente Municipal Sustituto del Ayuntamiento de Toluca, México de la terna que se le propone por el Ejecutivo Estatal, para concluir el periodo constitucional 2013-2015". Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 133/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos setenta, Tomo XXX, Septiembre de dos mil nueve, Materia Administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "CONSEJEROS DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO. EN EL PROCEDIMIENTO PARA SU ELECCIÓN EL CONGRESO ESTATAL EMITE ACTOS SOBERANOS, RESPECTO DE LOS CUALES SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La referida causal de improcedencia se actualiza cuando la Constitución Política de alguna entidad federativa (o la General de la República, en su caso), confiere al órgano legislativo la facultad de resolver soberana o discrecionalmente sobre la elección, remoción o suspensión de funcionarios. Ahora bien, si se tiene en cuenta que la atribución conferida por los artículos 35, fracción IX, y 64, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, al Congreso de la entidad para elegir a los Consejeros de la Judicatura local, reviste características que permiten clasificarla como soberana -aun cuando el texto normativo no le atribuya tal adjetivo- en la medida en que no exige que la decisión sea avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo alguno. No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que los artículos 219 y 220 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas de ese Estado establezcan diversos requisitos a cumplir por la Legislatura Local para la elección correspondiente, como que se alcance una votación de las dos terceras partes de los diputados presentes y la consulta ciudadana, pues ello no menoscaba la soberanía de la facultad del órgano legislativo, dado que no condiciona su fallo a la aprobación, sanción o ratificación de persona, asociación u organismo alguno, pues no atribuye fuerza vinculatoria a la opinión vertida por los sectores consultados. Por tanto, cuando se reclame la decisión final o cualquier acto emitido en el procedimiento de elección de los indicados Consejeros, el juicio de garantías será improcedente con fundamento en el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo.". Sin que sea necesario atender a las restantes causales de improcedencia hechas valer por las autoridades responsables, pues dado el sentido del presente fallo, a nada práctico llevaría su estudio, al no poderse variar el sobreseimiento decretado. En esa tesitura, toda vez que, por cuanto hace a los actos de aplicación, se surten de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia que se derivan de lo dispuesto en el artículo 61, fracciones VII y XII, del cuerpo de leyes en cita, las mismas se actualizan como consecuencia respecto de la aprobación, refrendo, promulgación y publicación del decreto 164 aprobado por la "LI" Legislatura del Estado de México, que contiene la Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de México, publicada en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México de fecha dos de marzo de mil novecientos noventa y tres, precisamente en cuanto a sus artículos 40 y 41. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de dos mil, página doscientos treinta y cinco, de epígrafe: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.". En consecuencia, como en el caso concreto se actualizan las referidas causales de improcedencia previstas en las fracciones VII y XII del artículo 61, de la Ley de Amparo, por los razonamientos antes expuestos, lo procedente es sobreseer el presente juicio de garantías en términos del precepto 63, fracción V, de la legislación invocada. Apoya este razonamiento, la jurisprudencia II.3o.J/58, del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, página cincuenta y siete, octubre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente.". Finalmente, es conveniente dejar definido que para su emisión se tomó como directriz el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dirimir el amparo directo en revisión 3103/2012, el veintiocho de noviembre de dos mil doce, en tanto que en la ejecutoria de que se trata, se sostuvo, en líneas generales, que incluso con la existencia de la reforma al artículo 1º de la Constitución Federal, de junio de dos mil once, no es dable asumir que a través del juicio de amparo sea posible dolerse de cualquier acto o ley, sin que se verifiquen ciertos supuestos que permitan el inicio de un medio de defensa, como lo es el hecho de que la demanda de amparo se formule atendiendo a las formalidades procesales, las cuales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución; así, concluyó la Primera Sala, que estimar lo contrario significaría modificar el régimen establecido por la Constitución, respecto de los aspectos de procedencia del juicio de amparo, declarando procedente lo improcedente. De la ejecutoria en cuestión derivó la tesis 1ª LXXXIV/2013 (10ª), consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de dos mil trece, Tomo 1, página ochocientos novengta, que es del tenor siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente.". Asimismo, es aplicable a lo anteriormente expuesto la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, consultable en la página novecientos seis, Libro XXV, Octubre de dos mil trece, Tomo 2, materia Constitucional, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes.". En el mismo sentido, se tomó en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros), contra Perú, adujo: "Consideraciones de la Corte - - - 102. El artículo 1.1 de la Convención dispone:- - - 1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. - - - 103. El artículo 2 de la Convención establece que: - - - Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionadas en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. - - - 104. El artículo 8 de la Convención dispone que: - - - 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral fiscal o de cualquier otro carácter. - - - 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: - - - a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o interprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; - - - b. comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; - - - c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; - - - d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; - - - e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el culpable no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; - - - f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; - - - g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable; - - - h. derecho de recurrir de falo ante juez o tribunal superior. - - - 105. El artículo 25 de la Convención señala que: - - - 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. - - - 2. Los Estados se comprometen: - - - a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; - - - b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y - - - c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. - - - 106. La Corte ha sostenido que, según la Convención Americana, los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1) , todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1) 64. [64 Cfr. Caso Goiburú y otros, supra nota 8, párr. 110; Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 127, y Caso Ximenes López, supra nota 9, párr. 175.] - - - 107. El Tribunal recuerda que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos tiene por fin proporcionar al individuo medios de protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente frente al Estado. En la jurisdicción internacional las partes y la materia de la controversia son, por definición, distintas de las de la jurisdicción interna65. [65 Cfr. Caso de las Masacres de Ituango. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 365; Caso de la 'Masacre de Mapiripán', Sentencia del 15 de Septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 211, y Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 56.] Al establecer si el Estado es responsable internacionalmente por la alegada violación a los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, el aspecto sustancial de la controversia ante la Corte no es si en el ámbito interno no se emitieron sentencias o resoluciones administrativas, o si se aplicaron o no determinadas disposiciones de derecho interno, en relación con las violaciones que se alega fueron cometidas en perjuicio de las presuntas víctimas de los hechos, sino si los procesos internos permitieron que se les garantizara un verdadero acceso a la justicia, conforme a los estándares previstos en la Convención Americana, para determinar los derechos que estaban en controversia66. [66 Cfr. Caso de las Masacres de Ituango, supra nota 65, párr 339; Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 6, párr. 206, y Caso de la 'Masacre de Mapiripán', supra nota 65, párr. 211.] - - - [.] - - - 122. La Corte ha interpretado que los términos del artículo 25.1 de la Convención Americana implican la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales [. y] que la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también de aquéllos que esté reconocidos por la Constitución o por la ley. - - - 123. Asimismo, este Tribunal ha considerado que los procedimientos de hábeas corpus y de amparo son aquellas garantías judiciales indispensables para la protección de varios derechos cuya suspensión está vedada por el artículo 27.2 [de la Convención] y sirven, además, para preservar la legalidad en una sociedad democrática. - - - 124. Además de cuestionar los fundamentos de la decisión del Tribunal Constitucional que declaró la improcedencia del amparo, la Comisión alegó, basándose en sus precedentes, que las presuntas víctimas tenían el derecho de que las autoridades judiciales entraran a resolver sobre el fondo del asunto. Por su parte, el Estado citó otros informes de fondo dictados por la Comisión Interamericana y alegó que aunque en esos otros casos los tribunales de justicia no llegaron a pronunciarse sobre el fondo del asunto por razones de procedimiento, aquélla no consideró que el Estado hubiese vulnerado el derecho a un recurso efectivo. - - - 125. En ese sentido, la Corte ha entendido que para que exista un recurso efectivo no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. No obstante, el hecho de que determinado recurso sea resuelto en contra de quien lo intenta, no conlleva necesariamente una violación del derecho a la protección judicial. - - - 126. La Corte considera que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estado deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran también las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a las mismas. Por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole. De tal manera, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto plateado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. - - - [.] - - - 128. Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también 'de convencionalidad' ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones. - - - [.].". Como se ve en los parágrafos señalados con los arábigos 126 y 128 del referido fallo, la Corte Interamericana reconoció que los Estados parte cumplen con establecer un recurso judicial efectivo, cuando el recurso interno está disponible para el interesado, sin embargo, esto no lleva a "considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado". Asimismo, la Corte Interamericana dejó establecido que si bien los poderes judiciales de los Estados que ratificaron la Convención Americana de Derechos Humanos, están obligados no sólo a ejercer un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex-officio, "esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones." Criterio que si bien emanó de un conflicto de índole laboral, lo cierto es que, por lo que hace a la verificación de los presupuestos formales de procedencia de los medios impugnativos internos de cada Estado, se erige en una tesis temática en materia común, jurídicamente apta para justificar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, precisamente que los tribunales internos no deben resolver invariablemente los asuntos en cuanto al fondo, cuando no se superen los requisitos internos de procedencia y/o indivisibilidad. Por consiguiente, queda demostrado que no se ignoró al sobreseer en el presente juicio, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de dos mil once. Finalmente, con el objeto de dotar de certeza a esta decisión, por cuanto a la aplicabilidad de los diversos criterios jurisprudenciales citados en la misma, debe decirse que con fundamento en el artículo Sexto transitorio del Decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, al estar integradas conforme a la ley anterior y no oponerse a la Ley de Amparo en vigor, las tesis invocadas en esta ejecutoria tienen eficacia jurídica. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 1°, fracción I, 61, fracción XII y 63, fracción V y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U EL V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por José Román Miranda Malanco y Juan José Trevilla Rebollar, contra los actos y autoridades que precisados quedaron en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso último de esta sentencia.

  4. Principal

    Visto el estado procesal de los autos, se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/463/2016, que suscribe el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión celebrada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, acordó la readscripción del suscrito Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, quien a partir del uno de marzo de dos mil dieciséis, es Titular del mismo; por lo que con fundamento en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese vista a las partes para los efectos legales procedentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." (9ª Época, S.J.F. y su Gaceta, tomo XXXII, julio de 2010, página 312) Para dar margen a la realización de las notificaciones respectivas, la audiencia constitucional se difiere y en su lugar se fijas las doce horas con treinta y cinco minutos del veintinueve de marzo de dos mil dieciséis. En otro asunto, de conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2º, intégrese a los autos el escrito de cuenta, signado por la autorizada del quejoso, por medio del cual ofrece pruebas. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas referidas por la ocursante, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de dar nueva cuenta con ella en la audiencia constitucional.

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