Jose Ramon Carbajal
Expediente 693/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 693/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 30/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jose Ramon Carbajal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Ciudad Juárez Chihuahua; treinta de noviembre de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de garantías en que se actúa; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.
- Incidental
Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de noviembre de dos mil quince. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 693/2015-I-2, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el siete de octubre de dos mil quince del presente año, ***************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República, Titular de la Unidad Especializada en investigación de terrorismo, acopio y tráfico de armas de la Procuraduría General de la República, Fiscal General del Estado de Chihuahua, Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte y Secretario de Seguridad Pública Municipal, a quienes les reclamó la orden de detención, así como su ejecución. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Mediante auto de ocho de octubre pasado, se ordenó abrir el incidente de suspensión, se solicitaron los informes previos a las autoridades y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la que se difirió respecto de los actos reclamados al Subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República, Titular de la Unidad Especializada en investigación de terrorismo, acopio y tráfico de armas de la Procuraduría General de la República, Fiscal General del Estado de Chihuahua, Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte y Secretario de Seguridad Pública Municipal. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Inexistencia de los actos reclamados. El Subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de al Republica, Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de al Republica y Titular de la Unidad Especializada en investigación de terrorismo, acopio y tráfico de armas de la Procuraduría General de al Republica y Subdelegado de Procedimientos Penales "B" y "C", ambos de la Procuraduría General de la República, al rendir sus informes previos, negaron la existencia de los actos que se les atribuyen, por lo que con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva que solicitó el quejoso respecto de tal autoridad. Sirve de apoyo a lo antes considerado, la tesis de Jurisprudencia 286, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237, del Tomo VI, Materia Común, último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que textualmente dice: INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva que solicitó ***************, contra los actos y autoridades que quedaron precisados en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de noviembre de dos mil quince. Glósese a sus autos únicamente como constancia, el pedimento del Agente del Ministerio Público adscrito, toda vez que la audiencia constitucional se llevó a cabo el nueve de noviembre pasado. Sin perjuicio de lo anterior, tal como lo solicita el Agente, expídasele copia autorizada de la resolución que se dictó en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y los artículos 2 y 3 de la citada ley. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.*
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de noviembre de dos mil quince. Visto para resolver el juicio de amparo 693/2015-I-2, promovido por ***************; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el siete de octubre de dos mil quince, turnado a este Juzgado en la propia fecha, *************** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado de las autoridades responsables que señaló en la demanda: III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Tienen ese carácter las siguientes: Subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo, de la Procuraduría General de la República; con domicilio en Avenida Pase de la Reforma No. 211-213 Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México Distrito Federal. Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República; con domicilio ubicado en Paseo de la Reforma No. 75, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc en el Distrito Federal. Titular de la Unidad Especializada en investigación de terrorismo acopio y tráfico de armas, de la Procuraduría General de la República; con domicilio ubicado en Paso de la Reforma No. 75, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc en el Distrito Federal. Delegado Estatal en Chihuahua de la Procuraduría General de la República, con domicilio en Abraham Lincoln No. 820, Fracc. Playa, Ciudad Juárez, Chihuahua. Subdelegado de Procedimientos Penales "A";con domicilio ubicado Abraham Lincoln No. 820, Fracc. Playa, Ciudad Juárez, Chihuahua. Subdelegado de Procedimientos Penales "B" con domicilio ubicado Abraham Lincoln No. 820, Fracc. Playa, Ciudad Juárez, Chihuahua. Subdelegado de Procedimientos Penales "C" con domicilio ubicado en Abraham Lincoln No. 820, Fracc. Playa, Ciudad Juárez, Chihuahua. Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Chihuahua con domicilio ubicado en Prolongación Hermanos Escobar No. 7181 en el Parque Industrial Omega en esta ciudad Fiscal General del Estado de Chihuahua, con domicilio ubicado en Calle Vicente Guerrero N. 616 Col. Centro CP. 31000 en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, con domicilio en Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos s/n Col. San Antonio en Ciudad Juárez Chihuahua. Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División Investigación de la Zona Norte, con domicilio en Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos s/n Col. San Antonio en Ciudad Juárez Chihuahua. Secretario de Seguridad Pública Municipal, con domicilio en Calle Valle del Cedro Número 578, Colonia Morelos III, de esta Ciudad. Todas estas autoridades en SU DOBLE CARÁCTER DE ORDENADORAS Y EJECUTORAS, las cuales tienen sus domicilios en sus respectivos recintos oficiales. IV.- LEY O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: Los actos que se reclaman a cada una de las Autoridades señaladas como responsables en particular son los siguientes: De Todas y cada una de las autoridades mencionadas, reclamo la detención arbitraria de que pretenden hacer objeto al suscrito, y los actos de violencia física o moral de que aparentemente pretenden inferirme, con el objeto de que me declare responsable de delitos que no he cometido. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se consideran transgredidos. La parte quejosa señaló como derechos humanos vulnerados los contenidos en los numerales 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de ocho de octubre de dos mil quince, el suscrito juez de distrito radicó la demanda, ordenó su registro en el libro de gobierno correspondiente como juicio de amparo 693/2015-I-2, admitiéndola a trámite, solicitó el informe justificado de las autoridades responsables, dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas legislaciones vigentes al dos de abril de dos mil trece, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo reforman y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que es un asunto en materia penal en el que se reclaman actos de autoridad residente dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama en esencia: La orden de detención, así como su ejecución. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en el párrafo precedente de los que se procederá a su estudio. De igual forma es aplicable el diverso criterio emitido por la instancia antes citada, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Subdelegado de Procedimientos Penales A de la Procuraduría General de la República, Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, Coordinador Estatal en Chihuahua de la Policía Federal, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación; denominación correcta de la autoridad señalada como Coordinador Estatal de la Policía Federal del Estado de Chihuahua, Secretario de Seguridad Pública Municipal, Director de Policía de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal; denominación correcta de la señalada como Director Operativo de Seguridad Pública Municipal, Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, Coordinador Regional de la División de Investigación de la Policía Estatal Única en la Zona Norte; denominación correcta de la señalada como Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División de Investigación, Fiscal General del Estado de Chihuahua, Subdelegada de Procedimientos Penales C, de la Procuraduría General de la República en el municipio de Delicias, en el Estado de Chihuahua, Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República, Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Procuraduría General de la República, Subdelegado de Procedimientos Penales B, de la Procuraduría General de la República delegación Estatal Chihuahua, al rendir sus informes manifestaron que no son ciertos los actos de que se duele el quejoso. Ante la negativa de las autoridades responsables corresponde al quejoso aportar las pruebas necesarias para desvirtuarla, esto es, para acreditar la existencia de la orden de detención que reclama y su ejecución. Lo anterior queda sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por analogía en la tesis aislada VI.2o.A.4 K, de la Novena Época, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, registro 187728: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. En la especie, el quejoso omitió ofrecer medios de convicción, por tanto, dado que no se desvirtuó lo manifestado por las autoridades responsables, los actos de orden de detención y su ejecución se tienen como inexistentes. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria, que textualmente establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. [.] Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***************, contra el acto y las autoridades precisados en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.
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