José Ramón Márquez Almazán
Expediente 383/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 383/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 15/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- José Ramón Márquez Almazán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra del auto de veintitrés de junio del año en curso, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Por último, toda vez que la autoridad responsable acompañó a su informe el original del juicio laboral del que derivaron los actos reclamados dentro del presente asunto, hágase la devolución de dicho expediente, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintitrés de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el sobre que remite la Agente del Ministerio Público de Buenaventura, Chihuahua, el cual contiene copia certificada de la carpeta de Investigación *******; de la que se advierte que el veinte de junio de dos mil dieciséis, presentó ante el Juez de Garantía del Distrito Judicial Galeana, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, la solicitud de librar orden de aprehensión en contra de *******, derivado de los hechos materia de la investigación en los que el aquí quejoso fungió como denunciante, lo cual tiene por efecto que el acto reclamado haya cesado en sus efectos, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido por la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el nueve de mayo de dos mil dieciséis y turnado a este órgano el mismo día, ******* demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la omisión de la Titular de la Agencia del Ministerio Público y de la agente del Ministerio Público, Elvira Baldenegro Ramírez, ambas de la ciudad de Buenaventura, Chihuahua, a quienes le reclamó la omisión de investigar los hechos denunciados en la aludida carpeta de investigación (*******). En las copias certificadas de la mencionada averiguación previa con que se da cuenta, se advierte que mediante oficio *******, de catorce de junio del año en curso, la licenciada *******, en su carácter de Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada contra la Comisión de los Delitos, en Buenaventura, Chihuahua, solicitó al Juez de Garantía del Distrito Judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, el libramiento de la orden de aprehensión en contra de *******, por su probable participación en los hechos materia de investigación en la carpeta *******, en el que el aquí quejoso figura como víctima del delito y denunciante. Lo anterior revela que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que procede el sobreseimiento del juicio de control constitucional, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos a que se refiere este supuesto consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque, o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales, y por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado. En el particular, la copia certificada de la solicitud de orden de aprehensión, que el representante social, concluyó lo siguiente: [.] Por lo expuesto y fundado, al encontrarse debidamente reunidos los requisitos que exige el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 161 adjetivo, solicito a Usted C. Juez de Garantías: ÚNICO. Tenga a bien su señoría librar orden de aprehensión solicitada en contra de *******, por el delito de robo de ganado previsto y sancionado por los artículos 215 y 216, fracción III, ambos del Código Penal, cometido en perjuicio de *******, ******* y J*******. [.] Esa documental adquiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; la cual resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesó en sus efectos la omisión atribuida a la autoridad responsable, todo lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues la Responsable veinte de junio del actual, presentó ante el Juez de Garantía que librara una orden de aprehensión en contra de *******, por la comisión de hechos constitutivos del delito de robo de ganado previsto y sancionado por los artículos 215 y 216, fracción III, ambos del Código Penal, cometido en perjuicio de ******* (quejoso) y otros, cuya omisión de investigar los hechos le atribuyó el quejoso; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia de mérito, pues el actuar de la responsable implica la restitución de los derechos que se estimaron transgredidos en este juicio. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley en cita. Apoya esta conclusión la jurisprudencia, por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las diez horas del siete de julio de dos mil dieciséis. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE FECHA VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua, veintitrés de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el sobre que remite la Agente del Ministerio Público de Buenaventura, Chihuahua, el cual contiene copia certificada de la carpeta de Investigación *******; de la que se advierte que el veinte de junio de dos mil dieciséis, presentó ante el Juez de Garantía del Distrito Judicial Galeana, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, la solicitud de librar orden de aprehensión en contra de *******, derivado de los hechos materia de la investigación en los que el aquí quejoso fungió como denunciante, lo cual tiene por efecto que el acto reclamado haya cesado en sus efectos, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido por la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el nueve de mayo de dos mil dieciséis y turnado a este órgano el mismo día, ******* demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la omisión de la Titular de la Agencia del Ministerio Público y de la agente del Ministerio Público, Elvira Baldenegro Ramírez, ambas de la ciudad de Buenaventura, Chihuahua, a quienes le reclamó la omisión de investigar los hechos denunciados en la aludida carpeta de investigación (*******). En las copias certificadas de la mencionada averiguación previa con que se da cuenta, se advierte que mediante oficio *******, de catorce de junio del año en curso, la licenciada *******, en su carácter de Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada contra la Comisión de los Delitos, en Buenaventura, Chihuahua, solicitó al Juez de Garantía del Distrito Judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, el libramiento de la orden de aprehensión en contra de *******, por su probable participación en los hechos materia de investigación en la carpeta *******, en el que el aquí quejoso figura como víctima del delito y denunciante. Lo anterior revela que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que procede el sobreseimiento del juicio de control constitucional, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos a que se refiere este supuesto consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque, o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales, y por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado. En el particular, la copia certificada de la solicitud de orden de aprehensión, que el representante social, concluyó lo siguiente: [.] Por lo expuesto y fundado, al encontrarse debidamente reunidos los requisitos que exige el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 161 adjetivo, solicito a Usted C. Juez de Garantías: ÚNICO. Tenga a bien su señoría librar orden de aprehensión solicitada en contra de *******, por el delito de robo de ganado previsto y sancionado por los artículos 215 y 216, fracción III, ambos del Código Penal, cometido en perjuicio de *******, ******* y J*******. [.] Esa documental adquiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; la cual resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesó en sus efectos la omisión atribuida a la autoridad responsable, todo lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues la Responsable veinte de junio del actual, presentó ante el Juez de Garantía que librara una orden de aprehensión en contra de *******, por la comisión de hechos constitutivos del delito de robo de ganado previsto y sancionado por los artículos 215 y 216, fracción III, ambos del Código Penal, cometido en perjuicio de ******* (quejoso) y otros, cuya omisión de investigar los hechos le atribuyó el quejoso; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia de mérito, pues el actuar de la responsable implica la restitución de los derechos que se estimaron transgredidos en este juicio. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley en cita. Apoya esta conclusión la jurisprudencia, por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las diez horas del siete de julio de dos mil dieciséis. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que, al rendir su informe justificado, las autoridades responsables no remitieron las constancias que integran la carpeta de investigación ***************; no obstante que les fueron solicitadas, las cuales son necesarias para resolver el presente asunto; por lo que, con fundamento en el artículo 64 y 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades señaladas como responsables, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación de este acuerdo envíen a este juzgado, la totalidad de las constancias que integran la citada carpeta de investigación, o en caso de existir alguna imposibilidad para ello lo comuniquen. Apercibidas que de no dar cumplimiento al auto inserto se les impondrá como sanción una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de lo estatuido en el artículo 258 de la ley en consulta, en relación con el 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, existe imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS DEL SIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido de los informes en mención y esté en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen pertinentes para desvirtuarlos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Emiliano López Pedraza, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Armando Guadarrama Bautista. Doy fe.
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