José Ramón Ibarra Rodríguez
Expediente 465/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 17 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 465/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 09/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- José Ramón Ibarra Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de agosto de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2°. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se sobreseyó en el juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se negó tanto la suspensión provisional como definitiva, el incidente de suspensión original es destruible, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con el inciso a) y c), del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 465/2020-I-2, promovido por *******, y; Resultando Primero. Presentación de la demanda. El veinticuatro de agosto de dos mil veinte, en el buzón de la Oficialía Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en la ciudad del mismo nombre, se recibió la demanda promovida por *******, misma que, por razón de turno, tocó conocer al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en la ciudad del mismo nombre. En el escrito inicial la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y Gobernador del Estado de Chihuahua, ambos residentes en la ciudad del mismo nombre, a quienes reclamó lo siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO.- A. Del H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA reclamo: 1. La totalidad de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, por ser de carácter privativa y retroactiva, al regular aspectos de concesiones otorgadas con anterioridad a su entrada en vigor en perjuicio de los concesionarios del transporte OMITIENDO un régimen transitorio de aplicación de la Ley Abrogada, conforme a lo señalado en el decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. el cual se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 24 el 21 de marzo de 2020. 2. Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua aprobada mediante decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. el cual se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 24 el 21 de marzo de 2020, que establece lo siguiente: [...] B. DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, reclamo lo siguiente: 1. La publicación del Decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. el cual se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 24 el 21 de marzo de 2020, relativo Ley de Transporte del Estado de Chihuahua y su aplicación. Segundo. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1°, 13, 14, 16 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Incompetencia. Por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, la entonces Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en la ciudad del mismo nombre, tuvo por recibida la demanda de amparo, la cual se registró con el consecutivo *******, y se decretó legalmente incompetente para seguir conociendo de dicho asunto por razón de territorio, ordenando su remisión al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en Ciudad Juárez, en turno, por ser dicho juzgador el competente para seguir conociendo del mismo. Cuarto. Tramitación de la demanda en este órgano jurisdiccional. Mediante proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el juicio de amparo *******, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en la ciudad del mismo nombre, y en atención a los razonamientos expuestos por la jueza declinante se aceptó la competencia planteada. En el mismo auto, se registró el juicio bajo el consecutivo 465/2020-I-2 y dadas las inconsistencias decretadas en el escrito inicial se previno a la parte quejosa a efecto de que las subsanara. En acuerdo de seis de octubre de dos mil veinte, se determinó que no estaba desahogada la prevención efectuada, por lo que, se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Inconforme con la anterior determinación, el quejoso interpuso recurso de queja, del que tocó conocer, por razón de turno, al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, residente en esta ciudad, órgano que lo radicó como recurso de queja administrativa *******. En auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se tuvieron por recibidos los autos del juicio de amparo, así como el testimonio de la resolución emitida en sesión ordinaria virtual de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, por la que declaró fundado dicho recurso y ordenó a esta juzgadora reponer el procedimiento a efecto de proveer respecto a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. En ese mismo acuerdo, se tuvo por admitida la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Quinto. Impedimento. Por auto de dos de marzo de dos mil veintiuno, esta juzgadora se excusó para seguir conociendo del presente asunto al considerar la actualización de una hipótesis de impedimento, por lo que, se ordenó la remisión del juicio al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, residente en esta ciudad, en turno, para su calificación. Del impedimento en cuestión tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, residente en esta ciudad, órgano pluripersonal que en sesión ordinaria virtual celebrada el tres de junio de dos mil veintiuno, en los autos del impedimento administrativo *******, resolvió lo siguiente: UNICO. No se califica de legal el impedimento planteado por la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, para resolver el juicio de amparo indirecto 465/2020, presentado por *******. [.] Dada la determinación a la que arribó el tribunal de alzada, este juzgado, en proveído de once de junio de dos mil veintiuno, reanudó el procedimiento y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad de Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud de que es un asunto en materia administrativa en el que se reclaman normas generales que la parte quejosa indica le causan agravio dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo reforman, modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclamó lo siguiente: a) Del Congreso del Estado de Chihuahua, con sede en ciudad capital, la aprobación del Decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O., por el que se expide la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, publicada en Periódico Oficial del Estado el veintiuno de marzo de dos mil veinte; en lo particular, los artículos 77, 83, 108, fracción IX, 109 y 120, así como el transitorio quinto. b) Del Gobernador del Estado de Chihuahua, la publicación del ordenamiento legal descrito en el inciso que antecede. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes, que serán estudiados enseguida. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Tercero. Existencia de los actos reclamados. La Titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos en representación del Congreso y el director general de Normatividad de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Gobernador Constitucional, aceptaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, consistentes, respectivamente, en la aprobación y publicación del Decreto que dio origen a la Ley de Transporte, publicado en el Periódico Oficial el veintiuno de marzo de dos mil veinte. Por lo que se tienen por ciertos los actos que se les atribuyeron. Además, la existencia del ordenamiento legal reclamado, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del mismo, por tratarse de una norma general, abstracta e impersonal que no está sujeta a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. Cuarto. Estudio de la causa de improcedencia. La improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no, la cual motiva que el juzgador federal no dirima la controversia planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, esta juzgadora examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. En consecuencia, se procederá al estudio de las causas de improcedencia que se estiman actualizadas en el caso. I. Improcedencia del juicio respecto de la publicación del Decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O., por el que se expide la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua. En relación con el acto reclamado al Gobernador del Estado de Chihuahua, consistente en la publicación del Decreto tildado de inconstitucional, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [...] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [...] Del primero de los preceptos invocados, se deduce que el juicio de amparo será improcedente cuando así resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, diversa de las descritas en su numeral 61; mientras que, del segundo precepto, se advierte que cuando se reclamen normas generales, las autoridades que hayan intervenido en la publicación del decreto promulgatorio, únicamente tendrán el carácter de responsables en el juicio de amparo, cuando la parte quejosa impugne tales actos por vicios propios. En el caso, la parte quejosa reclama de la citada autoridad la publicación del Decreto que tilda de inconstitucional; sin embargo, su impugnación no se realizó por vicios propios, es decir, con motivo de la intervención individual de tales autoridades en el proceso legislativo que permitió el refrendo y publicación de tal ordenamiento legal. De ahí que, en relación con la publicación de los Decretos reclamados, actos atribuidos al Gobernador del Estado de Chihuahua, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la tesis aislada I.7o.A.374 A, que sustentó Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXI, mayo de 2005, materia administrativa, página 1411, del tenor siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. SI SE ATRIBUYE A UNA AUTORIDAD LA FALTA DE REFRENDO DE UNA LEY, Y NO SE HACEN VALER CONCEPTOS DE VIOLACIÓN TENDENTES A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DICHA CONDUCTA OMISIVA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO. Si la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del decreto por el que se creó o reformó una ley, señalando como autoridad responsable a una secretaría de Estado, a la cual atribuyó la falta de refrendo respectivo, pero no esboza razonamiento alguno para demostrar por qué tal conducta omisiva vulnera algún precepto constitucional; o en su defecto, que el decreto respectivo debió ser refrendado por el órgano del Estado al que se le imputa la omisión, y no por autoridad diversa, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y con fundamento en el diverso numeral 74, fracción III, del ordenamiento legal en cita, debe declararse el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto en lo que a tal acto y autoridad se refiere, sin que tengan aplicación los diversos criterios sustentados por el Poder Judicial Federal, en el sentido que de proceder los argumentos de inconstitucionalidad de fondo de una ley, también debe concederse el amparo contra su promulgación, refrendo y publicación; lo anterior tomando en consideración que si el acto reclamado se hizo consistir en la no participación del procedimiento legislativo, consecuentemente, se debieron formular conceptos de violación específicos e independientes de las cuestiones de fondo propuestas. II. Causa de improcedencia relativa al interés jurídico, dado que no se acredita que norma general impugnada con motivo de su entrada en vigor trascienda en la esfera jurídica del gobernado. A fin de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia en comento, es pertinente la cita del artículo 61, fracción XII, y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. [.] De los anteriores preceptos se advierte que las disposiciones de carácter general pueden ser impugnadas a través del juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma, es decir, si por su sola entrada en vigor irroga un perjuicio al gobernado (autoaplicativas), o bien, si requiere un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete sus efectos jurídicos (heteroaplicativas). Lo expresado pone de manifiesto que para impugnar una ley en el juicio de amparo, requiere acreditar que sus normas afectan la esfera jurídica de la persona que solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque los efectos se causen con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad o del particular, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos. Se asevera lo anterior, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que, para impugnar una ley en virtud de un acto concreto de aplicación, es menester que se cumpla con ciertas premisas, a saber: 1. La existencia de ese acto concreto de aplicación de la ley controvertida. 2. Que el acto concreto de aplicación cause perjuicio directo y actual a la esfera jurídica del gobernado. 3. Que ese acto de aplicación sea el primero, no ulteriores. 4. Que dicho acto de aplicación de la norma sea anterior a la presentación de la demanda de garantías. En esa tesitura, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, si el gobernado reclama una ley en virtud de un acto de aplicación deberá ser el primero, en el que de manera expresa o tácita se actualicen las hipótesis normativas relativas, de manera que se generen en relación con el gobernado los efectos de la norma, regulando o sancionando una situación jurídica concreta. Asimismo, debe considerarse que, para combatir una norma general con motivo de su entrada en vigor, el gobernado debe acreditar que ésta trasciende a su esfera jurídica generándole un menoscabo al respecto. Para acreditar que una norma general autoaplicativa afecta el interés jurídico del quejoso es necesario analizar, en principio, en qué situación de hecho debe ubicarse para sufrir un perjuicio con la entrada en vigor de aquélla, para que en su caso pueda evidenciarse si las pruebas ofrecidas coinciden con el supuesto de hecho que genera la consecuencia jurídica que prevé la norma controvertida, pues de lo contrario, podría demostrarse un hecho irrelevante que no lo legitimaría para impugnar el respectivo acto legislativo. Bajo esta perspectiva, resulta evidente que la impugnación de una norma general desde su sola vigencia o en virtud de un acto de aplicación precisa de que trascienda a la esfera jurídica del quejoso, generándole un menoscabo al respecto, puesto que de no demostrarse que se han concretado los efectos jurídicos de la norma, es incontrovertible la falta de legitimación de aquél para impugnar la disposición general en la que no se ubica. Con base en lo expuesto, conviene puntualizar que la parte quejosa reclama en su carácter de autoaplicativo el Decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O., por el que se expide la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, publicada en Periódico Oficial del Estado el veintiuno de marzo de dos mil veinte, específicamente, los artículos 77, 83, 108, fracción IX, 109 y 120, así como el transitorio quinto. En este sentido, los ordinales impugnados son del tenor literal siguiente: LEY DE TRANSPORTE 77. Las personas físicas podrán tener hasta diez concesiones o permisos de Transporte. En ningún caso la suma de ambos podrá exceder de este número. Las personas morales que se constituyan para agrupar concesionarios podrán tener, en un primer momento, las concesiones que reúnan sus socios conforme a este precepto. Las personas morales podrán ser titulares de cuantas concesiones de Transporte Público puedan operar, en cumplimiento de las disposiciones aplicables. Sin perjuicio de lo anterior, el interés que represente un concesionario o permisionario en cualquier tipo de modalidad en particular, no podrá exceder, directa o indirectamente de más del veinte por ciento de los vehículos afectos a dicha modalidad en la misma ciudad o zona conurbada; se exceptúa del límite anterior a quienes tengan concesiones o permisos en una sola ciudad o centro poblacional con un número inferior a cincuenta mil habitantes, o cuando las concesiones, permisos o flota vehicular de la modalidad en cuestión sea menor a diez en una ciudad o zona conurbada. Para efectos del cómputo del límite establecido en el párrafo anterior, si una persona física fuere titular de concesiones en lo individual, y al mismo tiempo fuere accionista de una persona moral concesionaria, se sumarán los vehículos incluidos en las Concesiones tanto de la persona física, como de la persona moral. Tratándose del servicio de transporte de taxi, únicamente se podrá ser titular de hasta tres concesiones de dicha modalidad, las cuales serán otorgadas exclusivamente a personas físicas. Tratándose de Transporte Especial de Personal, los vehículos afectos a dichos servicios y los permisos de dicha modalidad en ningún caso podrán superar los de Transporte Público Colectivo. Ninguna persona física o moral podrá ser titular de más del diez por ciento de los vehículos destinados a dicha modalidad de transporte. 83. En caso del fallecimiento o declaración de ausencia de una persona física, titular de una concesión de transporte público colectivo, la Concesión o concesiones en cuestión deberán ser sometidas a Concurso en los términos de este Capítulo. No obstante lo anterior, el fallo del proceso deberá dar preferencia, en igualdad de circunstancias derivado de la evaluación de las propuestas, a las personas beneficiarias que designe el Concesionario por virtud de lista previamente inscritas ante la Dirección, la cual se deberá limitar a las personas sujetas a sucesión legítima, en los términos de la legislación civil aplicable. Para la continuidad en la prestación del servicio objeto de las Concesiones en cuestión la Dirección expedirá los Permisos Temporales necesarios para desempeñar el servicio durante el proceso de Concurso descrito en el párrafo anterior. 108. Las Concesiones y Permisos se extinguirán por las causas siguientes: [.] IX. Por muerte, incapacidad permanente que impida el cumplimiento de sus obligaciones o ausencia declarada judicialmente del titular, con excepción de las Concesiones sujetas a lo establecido en el Capítulo IX del presente Título. [.] 109. La Secretaría podrá decretar la suspensión de la concesión o permiso hasta por un lapso de noventa días naturales por las siguientes causas o en casos de infracciones de tracto sucesivo, por el plazo que duren los siguientes: I. Caso fortuito o fuerza mayor, por el tiempo que subsista la causa que originó la suspensión. II. No contar con póliza de seguro vehicular vigente con la cobertura exigida en el Reglamento. III. Cuando se demuestre que el conductor conduzca un vehículo sujeto a una Concesión o Permiso, bajo la influencia de bebidas alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicos. IV. Cuando la unidad en la que se presta el servicio de transporte no reúna las condiciones físicas, interiores y exteriores, mecánicas y eléctricas, o exista cualquier anomalía imputable a su responsabilidad que evite prestar un servicio eficiente al usuario, a juicio de la Dirección. V. En casos de declaratoria de intervención en términos de esta ley. 120. Únicamente los derechos y obligaciones inherentes a una Concesión en modalidad de taxi, cuyo titular sea una persona física, podrán ser sujetos de transmisión por sucesión. TRANSITORIOS [.] QUINTO. Las Autorizaciones, Concesiones, Licencias y Permisos otorgados durante la vigencia de la Ley que se abroga, continuarán operando por el plazo que fueron otorgados, siempre y cuando se cumpla con los requisitos y las condiciones de organización y funcionamiento previstos en el presente Decreto. Para los efectos del párrafo anterior, las personas titulares de las autorizaciones, concesiones, licencias y permisos, en un plazo que no exceda de doce meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán adecuarse a las disposiciones de esta Ley. Así, dichos preceptos guardan una íntima relación entre sí, en cuanto a su sentido, alcance o aplicación, pues dichas normas regulan el núcleo de la unidad normativa que rige las modalidades que comprende el servicio de transporte, específicamente la clasificación del transporte de pasajeros masivo y colectivo; el establecimiento de que las personas físicas puedan tener hasta diez concesiones o permisos de transporte; mientras que las personas morales que se constituyan para agrupar concesionarios podrán tener, en un primer momento, las concesiones que reúnan sus socios; que tratándose del servicio de transporte de taxi, únicamente se podrá ser titular de hasta tres concesiones de dicha modalidad, las cuales serán otorgadas exclusivamente a personas físicas; y por lo que hace al transporte especial de personal, los vehículos afectos a dichos servicios y los permisos de dicha modalidad en ningún caso podrán superar los de transporte público colectivo, por lo que, ninguna persona física o moral podrá ser titular de más del diez por ciento de los vehículos destinados a dicha modalidad de transporte. Asimismo, que los titulares de concesión o permiso deberán ser de nacionalidad mexicana y con domicilio fiscal en el Estado de Chihuahua, demostrando la capacidad técnica, jurídica y financiera para poder explotar el servicio de transporte de forma eficiente; mientras que las personas morales titulares de concesión o permiso deberán estar constituidas conforme a las leyes del país y contener en sus estatutos cláusula de exclusión de extranjeros, debiendo incluir en su objeto social una actividad preponderantemente relacionada con el transporte de personas o bienes. Por otra parte, que en caso del fallecimiento o declaración de ausencia de una persona física, titular de una concesión de transporte público colectivo, la concesión o concesiones en cuestión deberán ser sometidas a concurso, dando preferencia, en igualdad de circunstancias derivado de la evaluación de las propuestas, a las personas beneficiarias que designe el concesionario por virtud de lista previamente inscritas ante la Dirección, la cual se deberá limitar a las personas sujetas a sucesión legítima, en los términos de la legislación civil aplicable. Además, que los permisos para desempeñar el servicio serán otorgados por la Secretaría, previa comprobación de la necesidad del servicio público, y en ningún caso se podrán otorgar permisos a una persona concesionaria de transporte público colectivo, cuando como resultado de ello resulte que se tenga una flota de vehículos destinados al transporte especial de trabajadores mayor al de transporte público. Igualmente, que el fallo del concurso para la asignación de concesiones deberá incluir la lista con el orden de prelación que se obtuvo de los solicitantes, conforme a la evaluación que se hizo de los mismos; y emitido el fallo de la concesión, a quien se otorgue, tendrá un plazo máximo de treinta días naturales para acreditar los requisitos previstos en la citada legislación; por lo que una vez otorgada la concesión o permiso, su validez y vigencia estará sujeta a la verificación y revalidación anual, la cual incluye los requisitos ya precisados. Del mismo modo, que las concesiones y permisos otorgados a personas físicas o morales tendrán una vigencia de hasta diez años contados a partir de su expedición, en el entendido de que la vigencia de estas estará ligada al año modelo del vehículo que se afectará a la prestación del servicio; mientras que las concesiones de transporte urbano masivo que se encuentren integradas al sistema integrado de transporte, podrán tener una vigencia de hasta quince años. Tales concesiones y permisos podrán renovarse por una ocasión hasta por el mismo periodo que fueron otorgados; siempre y cuando estén al corriente con las obligaciones impuestas por esta Ley, y no hayan violado reiteradamente los preceptos de esta. La renovación se realizará en los términos que se establezcan en el Reglamento y en cumplimiento de los mismos requisitos que se señalen para su otorgamiento. Una vez agotado el periodo de renovación se procederá, en su caso, a un nuevo concurso en el cual podrá participar quien haya sido titular de la concesión extinta. La solicitud de renovación de concesiones y permisos deberá presentarse a la Dirección por escrito al menos un año previo a su vencimiento de lo contrario esta se cancelará de manera definitiva quedando dicho acto asentado en el Registro. Para el otorgamiento de una concesión o permiso a personas jurídicas, además de cumplir con los requisitos de la Ley y sus reglamentos, estas deberán estar constituidas conforme a los lineamientos de los estatutos y actas constitutivas que al efecto se establezcan en el Reglamento. Las personas morales titulares de Concesiones o Permisos deberán autorizar previamente y registrar ante la Dirección cualquier modificación de accionistas, apoderados y de sus estatutos, en el entendido que no podrán realizar modificaciones a sus estatutos que contravengan lo dispuesto por la normatividad aplicable o que no estén autorizadas por la Dirección. Incluso, que las concesiones y permisos se extinguirán por la muerte, incapacidad permanente que impida el cumplimiento de sus obligaciones o ausencia declarada judicialmente del titular, con las excepciones previstas. Asimismo, que únicamente los derechos y obligaciones inherentes a una concesión en modalidad de taxi, cuyo titular sea una persona física, podrán ser sujetos de transmisión por sucesión; que los concesionarios y permisionarios no podrán instalar publicidad en el exterior de las unidades del servicio de transporte; sin embargo, deberán reservar un área específica del vehículo para la instalación de publicidad relativa a campañas informativas de interés social en los rubros de salud, seguridad pública o protección civil que desarrollen las autoridades competentes. Que los vehículos que sean utilizados para el Transporte de pasajeros deberán sujetarse a una antigüedad que no exceda de diez años. A su vez, los transitorios establecen que el Poder Ejecutivo del Estado expedirá las disposiciones reglamentarias de la Ley en un plazo no mayor a noventa días naturales contados a partir del día siguiente en que entre en vigor el Decreto. Las disposiciones administrativas y reglamentarias expedidas en esa materia, vigentes al momento de la publicación del Decreto, se seguirán aplicando en todo lo que no se opongan a la Ley, en tanto se expiden las que deban sustituirlas. Las autorizaciones, concesiones, licencias y permisos otorgados durante la vigencia de la Ley que se abroga, continuarán operando por el plazo que fueron otorgados, siempre y cuando se cumpla con los requisitos y las condiciones de organización y funcionamiento previstos en el Decreto. Para los efectos del párrafo anterior, las personas titulares de las autorizaciones, concesiones, licencias y permisos, en un plazo que no exceda de doce meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán adecuarse a las disposiciones de la Ley. Los trámites para el otorgamiento de concesiones y permisos que se encuentren en proceso deberán concluirse con apego a la Ley que se abroga; sin embargo, habrá de procederse en los términos del artículo anterior. Las concesiones y permisos otorgados conforme a la Ley que se abroga fenecerán al término señalado en su otorgamiento. Al concluir la vigencia de estos, el titular deberá adecuarse a los términos y condiciones de la nueva ley para su revalidación, siempre que esta sea procedente. Como se dijo, respecto del Decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O., por el que se expide la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, publicada en Periódico Oficial del Estado el veintiuno de marzo de dos mil veinte, específicamente, los artículos 77, 83, 108, fracción IX, 109 y 120, así como el transitorio quinto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no tiene interés jurídico o legítimo para promover el sumario constitucional en que se actúa. La causa de improcedencia en análisis, señala la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo, una ley que, aunque vigente, no cause perjuicio a la parte quejosa por el sólo hecho de encontrarse en vigor, pues para originar tal perjuicio, como presupuesto de legitimación para ejercer la acción constitucional en concreto, se necesita un acto posterior de aplicación, para entonces irrumpir en la esfera jurídica concreta del gobernado, siendo esto lo que lo legitima para acudir a la presente instancia constitucional. Así es, la figura del interés prevista en el numeral transcrito, se relaciona íntimamente con el principio de instancia de parte agraviada que establece el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, según el cual, el acto que se reclama de la autoridad responsable debe causar un perjuicio a la persona que solicita la protección constitucional; precepto en que se dispone lo siguiente: 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. De la fracción transcrita, se advierte que, para la procedencia del juicio constitucional, se requiere previamente que los gobernados tengan un interés jurídico o legítimo para reclamar sus derechos y que éste resulte afectado por el acto reclamado. El numeral en análisis, en comunión con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción I, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dejan de manifiesto que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame, lo que significa que el ejercicio de la acción constitucional se encuentra reservada para quien resiente un perjuicio actual, o en su caso, para quien demuestre la afectación a la esfera jurídica pudiendo ser directa, o en razón de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. De ahí la importancia de uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, en cuanto a que éste únicamente puede promoverse si el acto que se reclama afecta la esfera jurídica del promovente, de manera que es condición ineludible para el examen de la controversia constitucional, la causación de un perjuicio contra el particular, que afecte sus intereses jurídicos o legítimos. Acorde con ello, el primer presupuesto para la procedencia del juicio, está determinado por la legitimación procesal del accionante de amparo que le confiere, a su vez, la posibilidad de acreditar un interés jurídico sustantivo, el cual, de resultar afectado con el acto autoritario, es necesario acreditar que dicha conducta afecte su esfera de derechos subjetivos públicos. Establecido lo anterior, es menester precisar, que en tratándose de leyes, el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales leyes, sino que debe demostrarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio personal y directo en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. En efecto, las normas de carácter general pueden ser impugnadas, mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma, es decir, si son de naturaleza autoaplicativa o hetoroaplicativa. En relación con la distinción entre leyes autoaplicativas y hetoroaplicativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en jurisprudencia reiterada que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. Por lo que hace al segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; dicho de otra manera, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia. En este orden de ideas, es dable afirmar que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de los particulares o de un tercero que actúa como auxiliar de la administración pública, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Lo anterior, tiene su apoyo, en el criterio que contiene en la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 5, registro digital 198200, cuyo rubro y texto es el siguiente: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Como se ha establecido, la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional, el decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. por el cual se aprobó la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintiuno de marzo de dos mil veinte, con motivo de su entrada en vigor. De esta manera, la aplicación de dicha norma se encuentra dirigida a los concesionarios que prestan el servicio de transporte público dentro del Estado de Chihuahua. Luego, el inconforme acompañó como medios de convicción a la demanda de amparo, las documentales consistentes en copia certificada de lo siguiente: a) copia certificada del acuerdo *******, para la regularización y revalidación de un permiso para prestar el Servicio Público de Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros, en Ciudad Juárez, Chihuahua, de dieciocho de noviembre de dos mil catorce. b) copia simple de la credencial para votar, emitida por el Instituto Nacional Electoral a nombre del quejoso *******. c) copia simple de los recibos de servicios de suministro de energía eléctrica y agua, contratados por el accionante del amparo. En términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente según lo estipulado por el numeral 2, de la Ley de Amparo, esta juzgadora goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas y para determinar su valor. Al documento enlistado en primer término, se le reconoce el carácter de documento público en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, ya que por éstos se entiende, aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe y los expedidos por funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones, la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de los sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes; en esa virtud, se les reconoce eficacia demostrativa plena atento a lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del código procesal supletorio invocado. Sin embargo, la documental aportada por la parte accionante resulta insuficiente para acreditar la afectación en su esfera jurídica dado que no es idónea para comprobar que el decreto que reclama afecta su interés jurídico o legítimo. Ello, en virtud de que, únicamente sirve para llegar a la convicción que el Secretario General de Gobierno y el Director de Transporte, emitieron un acuerdo relativo a la regularización y revalidación de un permiso a favor del parte accionante para prestar el servicio público colectivo urbano de pasajeros en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis aislada VI.2o.C.289 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de dos mil nueve, Materia Común, que se localiza en la página 2689, con registro 168143, del tenor siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS. SU VALOR Y EFICACIA PROBATORIOS EN RELACIÓN CON SU PRESENTANTE. Si bien es cierto que los documentos públicos tienen valor probatorio pleno, también lo es que ello no necesariamente les otorga alcance o eficacia demostrativa para acreditar el hecho o hechos que se pretenden comprobar, de manera que aunque su valor sea pleno, puede no ser suficiente para crear convicción sobre el punto o cuestiones que están sujetas a prueba. Esto es así, porque un documento público hace fe de la certeza de su contenido, pero si éste pretende desvirtuarse, debe objetarse el documento y probarse la objeción, para así destruir la certeza que recae sobre lo asentado en esa documental. Asimismo, es cierto que los documentos presentados en juicio por las partes prueban plenamente en su contra, aunque no los reconozcan, pero esto no implica que no acepten prueba en contrario y que, por tanto, indefectiblemente deba concedérseles plena eficacia demostrativa contra quien los presentó, ya que sus alcances demostrativos quedan a expensas de la ponderación de todo el material probatorio, pudiéndose llegar a la convicción de que aunque inicialmente probaban plenamente en contra de su presentante, al final su contenido quedó desvirtuado total o parcialmente con otras probanzas aportadas al juicio. Luego, por lo que hace a las documentales que en copia fotostática simple presentó carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su autenticidad, toda vez que al faltar la firma autógrafa y no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 193, sustentada por la entonces, Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Parte SCJN, visible en la página 132, registro 394149, del rubro y texto siguiente: COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. Asimismo, resulta aplicable al caso, la tesis sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se publicó en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, agosto de dos mil dos, Materia Común, que se consulta en la página 1269, con registro 186304, del tenor literal: COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, si la oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas. Además, los documentos en copia simple solo generan indicio de la contratación de servicios de suministro de energía y agua; mientras que la documental en copia certificada sirve para corroborar que, efectivamente, el quejoso presta el servicio público de transporte colectivo urbano de pasajeros en esta ciudad, motivo por el cual consideró que le afecta la entrada en vigor del decreto LXVI/EXLEY/0708/2020/II P.O. por el cual se aprobó la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, al imponer diversas obligaciones con las que no contaba al momento de empezar su concesión. No obstante, como se adelantó, se considera que la parte quejosa, aun siendo concesionaria para la prestación del servicio público de transporte especial para trabajadores en esta ciudad, no le asiste el interés jurídico para combatir el decreto por el que se aprobó la entrada en vigor de la Ley de Transporte por los motivos que a continuación se expondrán. Lo anterior es así, toda vez que el artículo quinto transitorio de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua establece: QUINTO. Las Autorizaciones, Concesiones, Licencias y Permisos otorgados durante la vigencia de la Ley que se abroga, continuarán operando por el plazo que fueron otorgados, siempre y cuando se cumpla con los requisitos y las condiciones de organización y funcionamiento previstos en el presente Decreto. Para los efectos del párrafo anterior, las personas titulares de las autorizaciones, concesiones, licencias y permisos, en un plazo que no exceda de doce meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán adecuarse a las disposiciones de esta Ley. De tal artículo se obtiene que las autorizaciones, concesiones, licencias y permisos preexistentes a la nueva Ley de Transporte, continuarán operando por el plazo que fueron otorgados, siempre que se cumpla con los requisitos y las condiciones de organización y funcionamiento establecidos en el decreto reclamado, concediendo al titular de las mismas un plazo de doce meses para esos efectos, esto es, para adecuarse a las disposiciones de esa ley, contado a partir de la entrada en vigor de ese decreto (vacatio legis). Precisado lo cual, por concepto de "vacatio legis", debe entenderse el lapso que debe existir entre la publicación de una norma legal y su entrada en vigor, con el objeto de que la ley pueda ser conocida suficientemente, antes de que adquiera fuerza obligatoria. En efecto, tratándose del inicio de la vigencia de una ley, debe destacarse que este es el momento a partir del cual resulta exigible la observancia de las normas, es decir, la fecha desde la que se comienzan a desplegar los efectos jurídicos para los cuales fueron creadas en un ámbito espacial y temporal de validez determinado, plazo que regularmente se precisa en el propio cuerpo normativo. Sin embargo, hay ocasiones en que la obligatoriedad de una ley no surge desde el momento de su publicación, sino con posterioridad a ese evento, fijando el legislador un período entre la fecha de publicación y el inicio de la vigencia conocido como vacatio legis, dentro del cual los gobernados tienen la oportunidad de conocer plena y completamente dicha normatividad. Así, respecto de la promoción del amparo contra normas jurídicas en el periodo denominado vacatio legis, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 2a./J. 81/95, de rubro AMPARO CONTRA LEYES. VACATIO LEGIS. CARENCIA DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY DURANTE ESE PERIODO, ha sostenido que cuando para la iniciación de vigencia de un dispositivo exista el período que la doctrina denomina vacatio legis, durante él, los particulares no pueden ejercitar la acción de amparo por carecer de interés jurídico para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y que por lo mismo no puede obligarlos a cumplirla, debido a que durante dicho período la ley no puede ser obligatoria. En su parte considerativa, el amparo en revisión que dio origen a la citada jurisprudencia se consideró lo siguiente: Debe señalarse que contrariamente a lo apuntado por el recurrente en el agravio que se analiza, si se atribuye en la demanda de amparo al secretario de Hacienda y Crédito Público el "...cobro del impuesto al valor agregado...", cuando se señala, en el apartado quinto del capítulo relativo que "...De todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables, se reclaman los efectos y consecuencias que de hecho y de derecho se ocasionen con la aplicación de las normas de la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de las Leyes sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado..."; reclamo con el que, evidentemente, se atribuye a la autoridad señalada el cobro del impuesto ya que este hecho jurídico constituye un posible efecto o consecuencia de la Ley impugnada. No se surte la aplicabilidad de la tesis "SOBRESEIMIENTO. ES INDEBIDO DECRETARLO RESPECTO DE UN REGLAMENTO, ADUCIENDO QUE NO SE DEMOSTRÓ NINGÚN ACTO DE APLICACIÓN, SI FUE RECLAMADO COMO AUTOAPLICATIVO.", ya que el sobreseimiento que en la especie se actualiza obedece no a que las normas impugnadas tengan el carácter de autoaplicativas, sino a que, a la fecha de presentación de la demanda, éstas no habían iniciado su vigencia. Contrariamente a lo sostenido en el argumento de agravio sintetizado en el apartado segundo, el juez de Distrito, en su sentencia, no señala que la peticionaria de garantías no se encuentre dentro del supuesto de causación de la norma, ni niega que las disposiciones impugnadas tengan el carácter de autoaplicativas; las consideraciones que sustentan el fallo recurrido se hacen consistir en que, ante la postergación del inicio de vigencia de la reforma impugnada, en virtud de la norma transitoria contenida en el artículo quinto del Decreto tildado de inconstitucional, a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el día veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y cinco, ésta no tenía ningún efecto en el estatus jurídico de la persona que acudió al amparo; en efecto, señala el juzgador en su sentencia que en la fecha en que se presentó la demanda el artículo quinto del Decreto impugnado establecía que las reformas surtirían efectos a partir del primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco; en esa virtud, en forma correcta se aplica la fracción III del artículo 74, en relación con la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo para sobreseer en el juicio por falta de interés jurídico del accionante, en tanto no iniciara la vigencia de la Ley cuestionada atendiendo a que éste no puede ser obligado a cumplirla. Si bien las pruebas aportadas por la peticionaria de garantías, consistentes en copia de su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, como persona dedicada a la compraventa de productos farmacéuticos; copia certificada de factura en la que se consigna la compraventa de medicinas de patente; y la declaración, en copia certificada, del pago provisional del impuesto sobre la renta, efectuado el diecisiete de enero de mil novecientos noventa y cinco, acreditan que se encuentra obligada al pago del impuesto al valor agregado, estas documentales públicas no le atribuyen interés jurídico para impugnar la reforma que aun cuando ha sido publicada como se ha señalado, está suspendida su obligatoriedad, conjuntamente con el inicio de vigencia, hasta el primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Aun cuando es evidente la existencia del acto reclamado, consistente en la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y cinco, no resulta aplicable al caso la tesis invocada por la recurrente en el agravio contenido en el apartado segundo, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama debe tenerse éste plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad de ese acto.", ya que no procede examinar la constitucionalidad del acto legislativo impugnado al haberse decretado el sobreseimiento del juicio respecto de él, ante la falta de interés jurídico del quejoso para reclamarlo en amparo. Aun cuando el juzgador incurre en los errores que se le atribuyen en el apartado tercero, como la confusión en el nombre de la negociación mercantil o el señalar que el quejoso aceptó en su demanda que la norma impugnada surtiría efectos hasta el primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, estas imprecisiones no desvirtúan la actualización de la improcedencia que afecta la acción de garantías intentada, consistente en la falta de interés jurídico para reclamar en amparo el Decreto de Reformas cuestionado. Es importante señalar que de conformidad con la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República y artículo 4o. de la Ley de Amparo, para que proceda la acción de garantías es menester que el quejoso sufra un agravio personal y directo en sus intereses jurídicamente tutelados, por ello el amparo interpuesto por el gobernado que no resiente tal agravio resulta improcedente. La falta de agravio personal y directo se desprende de las reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicadas el veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y cinco, las que establecen, en la fracción I del artículo 5o., relativo a las disposiciones transitorias, lo siguiente: "ARTICULO QUINTO.- Para los efectos de lo dispuesto en el ARTICULO CUARTO de esta Ley, se aplicarán las siguientes disposiciones: "I.- Se deroga a partir del 1o. de septiembre de 1995, el ARTICULO OCTAVO de la Ley que Reforma, Deroga y Adiciona Diversas Disposiciones Fiscales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1994." El artículo OCTAVO TRANSITORIO, cuya derogación dispone la norma transcrita a partir del primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, a la letra dice: "ARTICULO OCTAVO.- Durante el año de 1995 se aplicará la tasa 0% para calcular el impuesto al valor agregado por la enajenación e importación de medicinas de patente y de productos destinados a la alimentación, con excepción de los mencionados en los artículos 2o. A, fracción I, último párrafo y 2o. B, fracción I, incisos a), b), d) y último párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado." Si el quejoso endereza su acción de garantías en contra del impuesto al valor agregado que causa la enajenación de medicinas en las etapas previas al consumo final, no le asiste interés jurídico para impugnar el decreto de reformas ya que de los preceptos transcritos se desprende que la reforma operará a partir del primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Consecuentemente, aun cuando se incurre en imprecisiones en el fallo recurrido, éste es acertado en cuanto a que evidencia la falta de interés en el accionante ya que en la fecha de presentación de la demanda de amparo, no podía actualizarse un acto de autoridad que pretendiera obligarlo a acatar las reformas impugnadas, pues, como se precisó, la fecha de entrada en vigor de dichas disposiciones sería hasta el primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Se incurre en una inexacta apreciación de la sentencia que se revisa cuando se señala, en el agravio sintetizado en el apartado cuarto, que el juzgador sobreseyó en el juicio de garantías por considerar que no se actualizaba un acto concreto de aplicación; el sobreseimiento cuestionado obedeció a que la ley, aun cuando fue publicada, en la fecha de presentación de la demanda de garantías, no había entrado en vigor, por lo que no existía ninguna obligación, en los destinatarios del precepto, de cumplirlo. Así lo considera el juez de Distrito cuando señala que "...las reformas al artículo 2o.B, que se reclaman, en relación con los párrafos transitorios, del diverso Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y cinco, surtirán efectos a partir del primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, como se colige de su lectura y, así lo admite la quejosa como ya se mencionó con antelación, en consecuencia, si a la fecha aún goza la quejosa de la exención del cobro de la tasa 0% del impuesto al valor agregado, es obvio que no existe por el momento autoaplicabilidad de los preceptos impugnados ya que es a partir del primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco que se acabará de hecho el beneficio y se cobrará el 15% de tal impuesto; por lo que, el decreto de que se duele la quejosa en sus artículos que estima como inconstitucionales, aún no le para perjuicio, por ende, si la parte quejosa no se encuentra bajo los supuestos de las normas que impugna, es claro que no le afecta a su interés jurídico." Contrariamente a lo sostenido en el agravio contenido en el apartado quinto, la norma tildada de inconstitucional no entró en vigor el primero de abril de mil novecientos noventa y cinco, sino que, de conformidad con la disposición transitoria contenida en la fracción I del artículo QUINTO del decreto de reformas, ésta debió iniciar su vigencia a partir del primero de septiembre siguiente, sin que fuera necesario otra reforma a la ley, como lo señala la recurrente, ya que se encuentra ajustado a derecho el que en las disposiciones transitorias se contenga el inicio de vigencia de un impuesto; estas disposiciones transitorias constituyen parte integral de la ley a que pertenecen, con la misma fuerza obligatoria que cualquier otro de los artículos en ella contenidos. Ilustra lo anterior las tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno visible en la página 165, del Volumen 205-216 del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente tenor literal: "IMPUESTO ESTABLECIDO EN ARTICULO TRANSITORIO DE UNA LEY, NO DETERMINA SU INCONSTITUCIONALIDAD.- Si bien los artículos transitorios en ocasiones sirven para precisar el alcance de la ley con la cual se relacionan, ya sea mediante la fijación del período de su vigencia o la determinación de los casos en los cuales será aplicada, también lo es que el incluir en un artículo transitorio un impuesto específico no determina la inconstitucionalidad de la ley pues dicha disposición forma parte integrante del ordenamiento legal. Además, la violación al artículo 72, inciso f), de la Constitución sólo podría darse si no se cumplieran los requisitos, pasos o trámites, a que aluden los incisos del a) al e) del propio artículo; es decir, si no se observara el trámite para la iniciativa, discusión y aprobación de la ley; de tal manera que si no está acreditado que al aprobarse la ley se dejaron de observar esos trámites, tampoco puede estimarse que los artículos transitorios adolezcan de ese vicio, pues, como ya se dijo, forman parte integrante de la ley. Podría, en todo caso, constituir un defecto de técnica legislativa el incluir en los artículos transitorios un impuesto específico, pero ello no determina la inconstitucionalidad de la ley." También resulta aplicable la tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno visible en la página 35, del Volumen VI, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente tenor literal: IMPUESTO. NO ES INCONSTITUCIONAL LA LEY QUE LO ESTABLECE POR INCLUIR EN LOS ARTICULOS TRANSITORIOS ALGUNO DE SUS ELEMENTOS.- El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene establecida jurisprudencia en el sentido de que no es inconstitucional la ley por el hecho de incluir en los artículos transitorios un impuesto específico, la cual aparece con el número 8 en las páginas 646 y siguientes de la Primera Parte del Informe correspondiente al año de 1986. Así, tomando en cuenta esa tesis, resulta irrelevante la circunstancia de que al establecerse un impuesto, sus elementos o varios de ellos se encuentren previstos en alguno de los artículos transitorios de la ley que lo crea, pues si no es inconstitucional el hecho de que el mismo impuesto esté incluido en un precepto transitorio de la ley, tampoco puede serlo que sus elementos o algunos de ellos se encuentren en la misma norma, ya que los artículos transitorios forman parte integrante de la ley." Por otra parte, no es exacto que sea por virtud de un decreto del Ejecutivo que se postergue el inicio de vigencia de la ley, sino que lo anterior obedece a una disposición contenida en el propio decreto de reformas; en efecto, es el artículo quinto relativo a las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto al Valor Agregado el que difiere la iniciación de vigencia hasta el primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Resulta igualmente infundado el agravio contenido en el apartado sexto, ya que no era suficiente con acreditar que se encontraba en el supuesto de causación del impuesto al valor agregado para que le asistiera interés jurídico al accionante para reclamar en el juicio de amparo el decreto de reformas, las que en la fecha en que hizo valer su demanda de garantías aún no iniciaban su vigencia. También resulta infundado el agravio contenido en el apartado séptimo; si bien el Decreto de Reformas impugnado tiene el carácter de autoaplicativo, esto es, que una vez iniciada su vigencia puede ser impugnado en amparo por tratarse de disposiciones de observancia general, que al cobrar vigencia obligan a los gobernados destinatarios imponiéndoles una carga u obligación, en el caso, será hasta el primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco que inicia tal vigencia, por lo que no le asistía interés jurídico al quejoso, en la fecha de presentación de su demanda, para impugnar las mencionadas reformas; por tal consideración, no resulta aplicable la tesis que se invoca: "LEYES DE INMEDIATA EJECUCION, PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LAS", ya que se refiere a leyes autoaplicativas vigentes. Por último, es infundado el argumento de agravio extractado en el apartado octavo, dado que contrariamente a lo aducido por la parte recurrente, el juez de Distrito no invoca en la sentencia que se revisa la tesis "VACATIO LEGIS", supuestamente mal aplicada al caso; criterio que, por otra parte, sostuvo esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de trece de octubre de mil novecientos noventa y cinco, al resolver por unanimidad de votos el amparo en revisión 1116/95, promovido por Jerónimo, Sociedad Anónima de Capital Variable; la tesis que se sustentó es la CVI/95, del siguiente texto: "VACATIO LEGIS. CARENCIA DE INTERES JURIDICO PARA RECLAMAR UNA LEY DURANTE ESE PERIODO.- Cuando para la iniciación de vigencia de un dispositivo existe el período que la doctrina denomina vacatio legis, durante él los particulares no pueden ejercitar la acción de amparo por carecer de interés jurídico para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y que por lo mismo no puede obligar a los particulares a cumplirla, en razón de que durante dicho período la ley no puede ser obligatoria. En consecuencia, si un particular se dice afectado por los efectos autoaplicativos de la norma, carece de interés jurídico para reclamarla en amparo antes de su entrada en vigor." Aun cuando el transitorio único del decreto de reformas señale que la ley entrará en vigor el primero de abril de mil novecientos noventa y cinco, esta disposición se refiere, en general, a todo el cuerpo normativo contenido en el Decreto impugnado, el que no sólo comprende el impuesto al valor agregado sino también reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta; respecto del primer impuesto mencionado en el artículo quinto se establecen disposiciones transitorias relativas al inicio de su vigencia, de las reformas al impuesto al valor agregado, las que rigen de manera especial a dicho tributo. Es por ello que el término oportuno para la presentación de la demanda no se debe computar a partir de la publicación del decreto, sino del inicio de vigencia de las normas impugnadas. Por otra parte, las tesis con las que ilustra su último agravio la parte recurrente, de rubros: "LEYES AUTOAPLICATIVAS CONDICIONADAS A ACUERDOS GENERALES. OPORTUNIDAD PARA EL AMPARO", "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE UN REGLAMENTO POR INAPLICACIÓN DEL MISMO. NO PROCEDE SI SE TIENEN POR PRESUNTIVAMENTE CIERTOS LOS ACTOS DE APLICACIÓN", "LEYES, AMPARO CONTRA LA EXPEDICIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS" y "...LA SENTENCIA DICTADA EN LA, NO CONLLEVA EL REENVÍO ANTE EL JUEZ DE DISTRITO", no desvirtúan la falta de interés jurídico en el accionante, dado que se refieren, respectivamente, a la oportunidad para hacer valer la acción de garantías tratándose de leyes autoaplicativas; a la improcedencia del sobreseimiento cuando se reclame un reglamento si se surte la presunción de certeza respecto de los actos de ejecución; a la improcedencia del sobreseimiento respecto de los actos legislativos consistentes en la expedición, promulgación y publicación de las leyes, dado que no tienen el carácter de consumados; y a la imposibilidad para que el tribunal ad quem remita al a quo la jurisdicción para que resuelva sobre cuestiones omitidas, de lo contrario, se sigue que las tesis invocadas por la recurrente no son aptas para modificar o revocar el sobreseimiento decretado por el juzgador de primer grado ya que atribuyen interés jurídico en el accionante para impugnar el Decreto de Reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ni desvirtúan esa falta de interés." Como se precisó, la Sala del Alto Tribunal, si bien analiza legislación diversa, sostiene, en lo que interesa, que eran infundados los agravios vertidos por el recurrente, dado que resultaba acertado lo resuelto por el Juez de Distrito, pues el sobreseimiento en el juicio de origen se debió a que las normas impugnadas, si bien tienen el carácter de autoaplicativas y el disconforme acreditó encontrarse en el supuesto, aquellas, a la fecha de presentación de la demanda, no se encontraban vigentes, dado que a través de un artículo transitorio, su vigencia iniciaba con posterioridad (vacatio legis), por lo que éstas no tenían ningún efecto en el estatus jurídico del inconforme. Adicionalmente, señaló que las pruebas aportadas, si bien colocaron al quejoso en el supuesto previsto por la norma, no le atribuían interés jurídico para impugnarlas aun cuando aquella haya sido publicada, pues se encontraba suspendida su obligatoriedad, juntamente con el inicio de vigencia. Dicha circunstancia la sostuvo dado que el quejoso no sufrió un agravio personal y directo en sus intereses jurídicamente tutelados, por ello el amparo resultaba improcedente. Expuso también, que el decreto de reformas impugnado tenía el carácter de autoaplicativo, esto es, que una vez iniciada su vigencia podía ser impugnado en amparo por tratarse de disposiciones de observancia general, que al cobrar vigencia obligan a los gobernados destinatarios imponiéndoles una carga u obligación, en el caso que analizó, sería hasta el primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco que inicia su vigencia, por lo que no le asistía interés jurídico al quejoso, en la fecha de presentación de su demanda. Entonces, concluyó que si un particular se dice afectado por los efectos autoaplicativos de la norma, carece de interés jurídico para reclamarla en amparo antes de su entrada en vigor, es decir durante el periodo denominado por la doctrina "vacatio legis". Explicado lo anterior, en el caso particular, como se asentó, el disconforme acude al juicio de amparo por considerar inconstitucional el decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. por el cual se aprobó la nueva Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, debido a que es concesionario para la prestación del servicio público de transporte especial para trabajadores en esta ciudad. No obstante, el artículo quinto transitorio de la ley que tilda de inconstitucional (que ya fue transcrito), señala que las autorizaciones, concesiones, licencias y permisos preexistentes a la nueva Ley de Transporte, continuarán operando por el plazo que fueron otorgados, siempre que cumplan con los requisitos y las condiciones de organización y funcionamiento establecidos en ésta, concediendo al titular de las mismas un plazo de doce meses para esos efectos, esto es, para adecuarse a las disposiciones de esa ley, contado a partir de la entrada en vigor de ese decreto, lapso de tiempo denominado "vacatio legis". Espacio en el cual, como señaló la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a./J. 81/95, no es procedente el juicio de amparo por carecer de interés jurídico para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y que por lo mismo no se puede obligar a cumplirla, porque durante dicho período, la ley no puede ser obligatoria. Sirve de apoyo a lo anteriormente señalado, la jurisprudencia 2a./J. 81/95, de la Novena Época, registro 200656, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, de diciembre de 1995, Materia Común, página 289, del epígrafe y texto: AMPARO CONTRA LEYES. VACATIO LEGIS. CARENCIA DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY DURANTE ESE PERIODO. Cuando para la iniciación de vigencia de un dispositivo existe el período que la doctrina denomina vacatio legis, durante él los particulares no pueden ejercitar la acción de amparo por carecer de interés jurídico para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y que por lo mismo no puede obligar a los particulares a cumplirla, en razón de que durante dicho período la ley no puede ser obligatoria. En consecuencia, si un particular se dice afectado por los efectos autoaplicativos de la norma, carece de interés jurídico para reclamarla en amparo antes de su entrada en vigor. Así como la jurisprudencia 1a./J. 2/96, de la Primera Sala del Alto Tribunal del país, de la Novena Época, registro 200434, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, de enero de 1996, Materia Común, página 25, que a la letra dice: VACATIO LEGIS. CARENCIA DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY DURANTE ESE PERIODO. Cuando para la iniciación de vigencia de un dispositivo existe el período que la doctrina denomina vacatio legis, durante él los particulares no pueden ejercitar la acción de amparo por carecer de interés jurídico suficiente para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y que por lo mismo no puede obligar a los particulares a cumplirla, en razón de que durante dicho período la ley no puede ser obligatoria. En consecuencia, si un particular se dice afectado por los efectos autoaplicativos de la norma, carece de interés jurídico para reclamarla en amparo antes de su entrada en vigor. Así, al haberse pronunciado en dicho sentido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y haber determinado la improcedencia del juicio de amparo, por falta de interés jurídico al impugnar una norma que se encuentra bajo el periodo denominado por la doctrina como "vacatio legis", es decir, que no se encuentra vigente, como en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, conforme a lo dispuesto en el diverso numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento, se decreta el sobreseimiento en este juicio, en el cual se señaló como acto reclamado la aprobación, promulgación, refrendo y publicación del Decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. por el cual se aprobó la Ley de Transportes del Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintiuno de marzo de dos mil veinte, en lo particular, los artículos 77, 83, 108, fracción IX, 109 y 120, así como el transitorio quinto, que se reclama del Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua. Dado el sentido que rige el presente fallo, esta juzgadora está jurídicamente imposibilitada para abordar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos atacados en este juicio, pues la principal consecuencia del sobreseimiento es, justamente, dar por concluido el juicio sin entrar al fondo del asunto. Por su aplicación, es de citarse la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 187-192, Primera Parte, página 88, con registro 232302 que a continuación se transcribe: SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan. En este contexto, resulta innecesario abordar el estudio de las diversas causas de improcedencia propuestas por las autoridades responsables, pues no modificarían el sentido de la presente resolución. Resulta aplicable al presente caso, la jurisprudencia número 2a./J. 54/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, de agosto de 1998, página 414, que señala: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Sólo resta precisar que esta determinación no prejuzga sobre la legalidad de las normas reclamadas, ni limita la posibilidad de que la parte quejosa acuda ante las instancias competentes para deducir sus derechos, pues la conclusión a que arribó este Juzgado no involucra el estudio de fondo de aquéllas, pues el sobreseimiento decretado en el juicio constituye un impedimento legal para abordar ese tipo de análisis. Es aplicable a esta consideración, la tesis II.3o. J/58 del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 70, de octubre de 1993, página 57, que estatuye: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, fracciones XII y XXIII, 63, fracciones IV y V, 73, primer párrafo, 74, 75, 78, 108, fracción III, y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 465/2021-I-2, promovido por *******, contra normas del Congreso del Estado de Chihuahua y otras autoridades, dados los argumentos expuestos en el considerando cuarto de la presente sentencia. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa; así como por oficio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; once de junio de dos mil veintiuno. Testimonio del impedimento Agréguese a los autos el oficio de cuenta para que consten como legalmente correspondan; atento a su contenido se tiene al Secretario del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en esta ciudad, remitiendo testimonio del impedimento dictado en sesión virtual de tres de junio de dos mil veintiuno, en los autos del impedimento administrativo **********/2021, de su índice, en la que se resolvió lo siguiente: [.] UNICO. No se califica de legal el impedimento planteado por la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, para resolver el juicio de amparo indirecto **********/2020, presentado por **********z. [.] Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, notifíquese a las partes la ejecutoria de referencia y con transcripción del presente proveído acúsese el recibo de estilo. En consecuencia, se reanuda el presente asunto y se provee lo conducente para su debida integración. Audiencia constitucional Ahora, del estado de autos, se advierte que el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo promovida por ********** contra actos de Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua y Congreso del Estado de Chihuahua. En consecuencia, se señalan las diez horas con diez minutos del nueve de julio de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. Vista a las partes con informes justificados Por otra parte, se tienen por rendidos los informes justificados de las responsables, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua y Congreso del Estado de Chihuahua; con su contenido dese vista a las partes a fin de que realicen las manifestaciones que a su interés legal convenga, en términos del artículo 117, de Ley de Amparo. Considérense dichos informes en la celebración de la audiencia constitucional en este asunto, de conformidad con el artículo 124 de la ley de la materia. Domicilio y delegados De conformidad con los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tiene a las autoridades oficiantes designando como delegados a las personas que nombran en sus informes y, a la segunda de ellas, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Informa cambio de titular Finalmente, visto lo de cuenta, se tiene que a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional, se recibió el oficio SEADS/654/2020 fechado el veintiuno de octubre del presente año, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informa que, se acordó la readscripción de la Juez **********, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veinte. Lo anterior se hace del conocimiento de las partes, a efecto de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Informe justificado se reserva Súmese a los autos el informe justificado rendido por el Director General de Normatividad de la Secretaria General de Gobierno en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, con sede en esa ciudad, para que conste como legalmente corresponda, del cual se reserva proveer hasta en tanto se tenga conocimiento de la resolución que emita el tribunal de alzada respecto al impedimento planteado en el juicio de amparo 465/2020-I-2, en términos del artículo 51 de la Ley de Amparo. Acuse del Tribunal Colegiado Por otra parte, atento al contenido del diverso oficio, el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, hace partícipe de este juzgado el proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, a través del cual, el tribunal de alzada acusa recibo de la comunicación oficial con la que se le remitió el juicio de amparo 465/2020-I-2, debido al impedimento hecho valer, y lo admitió a trámite bajo el consecutivo 6/2021, en términos de los artículos 51, fracción VII, 52, 54, 58 y 60, de la Ley de Amparo, así como 37, fracción VIII, 41, fracción III, y 14********************, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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