José Quezada Macías
Expediente 518/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 518/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- José Quezada Macías
- José Quezada Macías y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se desprende que en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de veintidós de julio del año en curso, a través del cual se tuvo por no presentada, sin que se haya presentado promoción al respecto; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En atención a la certificación, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos de los cuales se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa en auto de quince de junio del año en curso, ya que transcurrió del ocho al catorce de julio del presente año, sin que la parte quejosa cumpliera correctamente con la prevención recaída a su escrito inicial de demanda. Lo anterior en el entendido que el auto de fecha quince de junio del año en curso, fue notificado mediante aviso que fue dejado por el actuario en el domicilio señalado en la demanda de amparo, en fecha veinte de junio, el cual se publicó en listas en fecha veintitrés del mismo mes, cuyo término corrió a partir del día veintisiete, fecha en que la parte quejosa presentó escrito mediante el cual intentó cumplir con la prevención realizada, utilizando un día de los cinco concedidos para tal efecto, sin embargo mediante auto de fecha veintiocho de junio de mismo año, se tuvo por no cumplida tal prevención, y continuó corriendo el plazo concedido, circunstancia de la cual la parte quejosa quedo debidamente notificada, según se desprende del aviso que fue dejado por el actuario en el domicilio señalado en la demanda de amparo, en fecha uno de julio, el cual se publicó en listas en fecha seis de julio, por lo que el cómputo del plazo de los cuatro días restantes, corrió del ocho al trece de julio del año en curso, sin contar los días nueve y diez de julio por ser inhábiles, de conformidad con los numerales 19 y 22 de la Ley de Amparo, todas las fechas anteriores del año dos mil veintidós. Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de quince de junio del año en curso, se tiene por no presentada la demanda de amparo de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado únicamente por ******* y *******, mediante el cual realizan diversas manifestaciones. Ahora, respecto a ******* dígasele que se esté a lo acordado en auto de quince de los actuales, en el que se desechó la demanda de amparo en razón de que no se encontraba firmada por la misma. Por otro lado, en lo referente a *******, dígasele que la prevención que pretende cumplir, fue para el efecto siguiente: I. Señale específicamente, de forma clara y concreta, qué acto u actos reclama de la autoridad responsable, en lo individual, de acuerdo al ámbito respectivo de sus competencias. II. En caso de cumplir la presente prevención a través de escrito exhibido de manera física, exhiba copias suficientes del escrito aclaratorio, a efecto de distribuirlos entre las partes en este asunto. En razón de que manifestó en su escrito inicial que: IV.- ACTO RECLAMADO. - Le reclamo la falta de cumplimiento al artículo 8° y 17 Constitucional, relativo al escrito de fecha 21 de mayo del 2022, y que a la letra dice: *******:*******: ******* AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGAClON DE DELITOS EN ELMUNICIPIO DEAHUMADA, CHIHUAHUA PRESENTE. *******, en mi carácter de Padre de mi finado hijo *******, con domicilio conocido en esta localidad, para oír y recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en *******, de la Ciudad de Ahumada, Chihuahua, por medio del presente escrito y con el debido respeto, acudo para exponer: Que en vista de que, a petición nuestra, tanto mía, como la de su esposa *******, con domicilio en *******, del MUNIPIO DE AHUMADA, CHIHUAHUA, solicitamos a esta Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en esta localidad de Ahumada, Chihuahua, las pertenencias de mi Hijo, y que me fueron entregadas el jueves 19 de mayo del presente año, hago de su conocimiento que falto ******* Y LA CANTIDAD DE $******* Y que su esposa tenía pleno conocimiento de ello, al momento de irse a Villa Ahumada, llevando una batería de mano con la cual se iba aluzando en el camino rumbo a Villa Ahumada. Por otra parte, pido y solicito, con fundamento en el artículo 8º. Constitucional, Copia certificada de todo lo actuado en el expediente de investigación levantado por este Ministerio, derivado del accidente en el que fue atropellado mi hijo *******, cuando venía rumbo a VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, así como el VIDEO que ofreció el CHOFER DE LA UNIDAD DE CARGA, su nombre y características de la Unidad de transporte, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente PIDO. UNICO. - Acordar de conformidad. PROTESTOLO NECESARIO Ciudad de Ahumada, Chihuahua, a 21 de mayo de 2022 *******. Ahora, en el escrito de cuenta refiere nuevas autoridades y nuevos actos, sin cumplir la prevención realizada por este juzgado federal, es decir, no específica de forma clara y concreta, qué acto u actos reclama de la autoridad responsable, en lo individual, de acuerdo al ámbito respectivo de sus competencias. Por lo anterior, dígasele que prevalece la prevención realizada en auto de quince de los actuales y sigue corriendo el termino otorgado en el mismo. Notifíquese personalmente.
- Principal
VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE QUINCE DE JUNIO DDE DOS MIL VEINTIDÓS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de junio de dos mil veintidós. Registro de la demanda de amparo Vista la cuenta secretarial, se tiene por recibida la demanda promovida por *******, ******* y *******, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos en el Municipio de Ahumada, Chihuahua, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con Sede en la ciudad de Ahumada, Chihuahua, a quien reclama diversos actos. En consecuencia, se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anotar en el Libro de Gobierno de este juzgado su registro bajo el consecutivo 518/2022-III. Se desecha demanda A efecto de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, se toma en cuenta que ésta debe ser interpretada en forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos sus elementos es lo que permite la correcta resolución de los asuntos. Como cuestión previa, es menester precisar que para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, estatuye: 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, ya que no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Este lineamiento constitucional impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales resolver los asuntos de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso, se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5º, fracción I, primer párrafo y 6º de la propia Ley y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen lo siguiente: LEY DE AMPARO Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.) Del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra norma de la propia Ley, o bien, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, los artículos 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, Constitucional, prevén el principio de parte agraviada, esto es, que el juicio solo podrá promoverlo la persona física o moral a la cual le afecte el acto o norma reclamada, en términos del citado artículo 5, fracción I, de la propia Ley, esto es, por quien se ostente titular de un derecho subjetivo vulnerado por el acto de autoridad o norma general; mientras que, la demanda puede ser promovida, por el propio agraviado, por su representante legal o por su apoderado, por su defensor en el proceso penal, incluso por cualquier persona en su nombre, en los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo. En el caso, se advierte que la demanda de amparo, solo se encuentra signada por ******* y no así por las diversas personas enunciadas en el proemio de dicha demanda, por lo que no se entiende que ******* y *******, tengan la voluntad de promover demanda de amparo, esto es, no se cumple con el principio de instancia de parte agraviada, pues en la misma no se encuentra plasmada su firma. De tal manera que no hay forma de vincular la voluntad del promovente a la demanda que no cuenta con firma alguna, como en el caso. Por lo tanto, la demanda amparo promovida resulta improcedente acorde con lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 107, fracción V y 172, fracción V, todos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario; consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo, por lo que respecta a ******* y *******. Ya que se trata de hechos análogos a los que aquí nos ocupan, en apoyo a lo anterior, en tanto se refieren a la falta de firma en la demanda, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis J/3 K (11a.), emitida por el Pleno de Circuito del Decimoséptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo III, página 2537, materia Común, con registro digital 2023740, del contenido siguiente: DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron de manera diferente sobre la procedencia de un recurso presentado a través del correo institucional en forma digital con firma autógrafa digitalizada en formato PDF, pero sin Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), pues para uno de ellos es procedente, porque con motivo de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, se ha reconocido tácitamente la presentación de promociones en tales términos y las partes todavía no se encuentran en posibilidad de presentar físicamente -en forma impresa- las promociones y recursos, no obstante que cuentan con la opción del esquema de "juicio en línea", por lo que deben evitarse en lo posible los contagios en aras de salvaguardar la salud, máxime que tales documentos digitalizados pueden objetarse, o bien, cuando se carezca de seguridad respecto a la coincidencia con el documento fuente, el juzgado puede requerir lo conducente; mientras que para el diverso tribunal es improcedente el recurso porque carece del signo que demuestre que es voluntad de su autor interponerlo y, por tanto, debe desecharse. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoséptimo Circuito determina que procede desechar las demandas, promociones y recursos en el juicio de amparo que se presentan por correo electrónico institucional en forma digitalizada, si no cuenta con la evidencia de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), con la que pueda solventarse el requisito de legitimidad del autor para suscribirlo. Justificación: Lo anterior, porque de la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO." deriva que debe desecharse la demanda de amparo, cuando falta la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), porque no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención prevista en el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento del principio de instancia de parte agraviada; asimismo, atento a que en los artículos 10, 11 y 12 del indicado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, vigentes a partir del 3 de agosto de 2020, se establecen lineamientos sobre los cuales deben funcionar las Oficinas de Correspondencia Común (OCC), los buzones judiciales y las Oficialías de Partes Comunes (OPC), para la recepción de las promociones presentadas físicamente, se propicia la extensión del criterio de jurisprudencia para aplicarlo en relación con las promociones y recursos, además de que se justifica la desaparición de las permisiones de hecho -uso del correo institucional para la presentación de demandas, promociones y recursos en el juicio de amparo en forma digitalizada- que en diversas etapas de reactivación institucional fueron útiles para lograr la comunicación y acceso a la justicia de las personas; máxime que tales oficinas son accesibles al público en general, cuidando que las personas que carecen de cita transiten hacia las áreas cerradas en las que se podría generar su mayor concentración, por lo que no se restringe a las partes sus derechos de acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo, contrario a ello, garantiza el cumplimiento del citado Acuerdo General 21/2020, así como los principios de igualdad y seguridad jurídica en el juicio de amparo. De igual forma, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 8/2019, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 79, materia Común, Décima Época, con registro digital 2019715, del rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Prevención Por otra parte, del escrito de demanda de cuenta se advierte que la parte quejosa señala como presunto acto reclamado el no ejercicio de la acción penal y además de la falta de contestación a su escrito de veintiuno de mayo del presente año, el cual se encuentra dirigido al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos en el Municipio de Ahumada, Chihuahua, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con Sede en la ciudad de Ahumada, Chihuahua, por lo que una vez que se provea sobre la admisión de la demanda, se acordará lo conducente. Ahora, a efecto de proveer respecto a la admisión de la demanda, es importante transcribir lo establecido en el numeral 114, fracción I, II y IV de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura. La finalidad de la disposición anterior consiste en esclarecer o aclarar demandas que adolecen de irregularidades de carácter formal. Por medio de ella, el legislador busca que el Juez pueda conocer con certeza la pretensión del quejoso y, así, que esté en posibilidad de resolver lo que en derecho proceda acerca de la misma; irregularidades, como podrían ser: b) Omisión en alguno de los requisitos establecidos en el artículo 108 de la ley de la materia, o, c) Imprecisión del acto reclamado, así como la omisión de exhibir las copias que señala el numeral 110 de la ley reglamentaria. En la especie, quien esto acuerda, estima que la demanda que nos ocupa es irregular y se omiten los requisitos establecidos en las fracciones III y IV, del artículo 108, de la Ley de Amparo, como a continuación se verá: El cardinal 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, textualmente establece: 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; (.) En el caso, de la lectura de la demanda de amparo, se colige que el quejoso señala como actos reclamados el no ejercicio de la acción penal y además de la falta de contestación a su escrito de veintiuno de mayo del presente año, el cual se encuentra dirigido al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos en el Municipio de Ahumada, Chihuahua, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con Sede en la ciudad de Ahumada. Empero, dentro del cuerpo de la demanda, en el apartado de denominado "acto reclamado" manifiesta que no se ha dado contestación a su escrito de veintiuno de mayo del presente año, no así el supuesto no ejercicio de la acción penal, por ende no resulta claro para quien resuelve, cual es el acto que reclama la parte quejosa ya que no señala de -forma clara y precisa- qué acto u actos combate de la autoridad que señala con la calidad de responsable -de forma específica- en el ámbito respectivo de sus competencias. De los numerales inicialmente transcritos se deduce que el juicio de amparo tiene por objeto proteger los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y que es preciso señalar con puntualidad la autoridad o autoridades responsables, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. Ahora, como se dijo con antelación, en primer lugar, en la especie, del análisis de la demanda de amparo que nos ocupa, del capítulo relativo a "ACTOS RECLAMADOS2, el quejoso señala lo siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO. - Le reclamo la falta de cumplimiento al artículo 8° y 17 Constitucional, relativo al escrito de fecha 21 de mayo del 2022, y que a la letra dice: ******* ******* ******* AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGAClON DE DELITOS EN ELMUNICIPIO DEAHUMADA, CHIHUAHUA PRESENTE. *******, en mi carácter de Padre de mi finado hijo *******, con domicilio conocido en esta localidad, para oír y recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en *******, de la Ciudad de Ahumada, Chihuahua, por medio del presente escrito y con el debido respeto, acudo para exponer: Que en vista de que, a petición nuestra, tanto mía, como la de su esposa *******, con domicilio en el EJIDO OJO CALIENTE, del MUNIPIO DE AHUMADA, CHIHUAHUA, solicitamos a esta Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en esta localidad de Ahumada, Chihuahua, las pertenencias de mi Hijo, y que me fueron entregadas el jueves 19 de mayo del presente año, hago de su conocimiento que falto UNA ARGOLLA DE MATRIMONIO Y LA CANTIDAD DE $300.00 PESOS,Y que su esposa tenía pleno conocimiento de ello, al momento de irse a Villa Ahumada, llevando una batería de mano con la cual se iba aluzando en el camino rumbo a Villa Ahumada. Por otra parte, pido y solicito, con fundamento en el artículo 8º. Constitucional, Copia certificada de todo lo actuado en el expediente de investigación levantado por este Ministerio, derivado del accidente en el que fue atropellado mi hijo *******, cuando venía rumbo a VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, así como el VIDEO que ofreció el CHOFER DE LA UNIDAD DE CARGA, su nombre y características de la Unidad de transporte, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente PIDO. UNICO. - Acordar de conformidad. PROTESTOLO NECESARIO Ciudad de Ahumada, Chihuahua, a 21 de mayo de 2022 *******. Por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracciones I, IV y V y 114, fracciones I, II y IV, ambos de la ley de la materia, se requiere al quejoso, para que, dentro del término de cinco días, computado legalmente: I. Señale específicamente, de forma clara y concreta, qué acto u actos reclama de la autoridad responsable, en lo individual, de acuerdo al ámbito respectivo de sus competencias. II. En caso de cumplir la presente prevención a través de escrito exhibido de manera física, exhiba copias suficientes del escrito aclaratorio, a efecto de distribuirlos entre las partes en este asunto. Lo previo, bajo el apercibimiento que, de no cumplir con las prevenciones que en este acuerdo se formulan, o hacerlo de forma incompleta, se tendrá por no presentada la demanda, ello, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114, de la ley de la materia.. Trabajo presencial en el órgano jurisdiccional En el entendido, que el artículo 15 del citado Acuerdo General 21/2020, y modificado por el diverso numeral 15 del Acuerdo General 25/2020 que establece los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial en todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, determina que las jornadas presenciales serán de seis horas; por tanto, el horario de labores de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, comprende de las siete horas con cuarenta y cinco minutos hasta las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes (horario matutino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna. Medidas relativas a la etapa de contingencia El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de e-Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Dado lo anotado, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación de este incidente en forma electrónica, bajo el esquema de juicio Amparo indirecto 716/2021 en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). En esa medida, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción I, y 35 de la Ley de Amparo, así como de conformidad con el capítulo sexto del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las notificaciones que este juzgado realice a las partes quejosa, tercera interesada y/o autoridad, en las que se precise tengan pleno conocimiento, se efectuaran por cualquier medio electrónico que resulte eficaz. Así, primeramente, se privilegiará la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros deberán indicar el "nombre de usuario" con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico; mientras que, a las autoridades se les hará la notificación por intercomunicación o interconexión, siempre que exista el convenio que así lo establezca. De no ser posible esa comunicación electrónica que genera acuses automáticos de la recepción de las determinaciones que este juzgado envía, entonces, la notificación se realizará por medio del correo y/o teléfono de las partes, para lo cual, se requiere a las partes en este juicio para que en la primera promoción que dirijan a este juzgado manifiesten tanto el correo en el cual recibirán las notificaciones que este juzgado les dirija, así como el número telefónico, incluyendo en su caso la extensión en el que se les podrá contactar, ello de conformidad con la fracción XIX del artículo 2, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Dado que este tipo de notificación no genera acuses en automático, las partes deberán confirmar la recepción del correo, especificando los archivos que se les enviaron, lo cual será certificado por la fedataria judicial, contarán con un plazo máximo de dos días a partir del envío de la determinación para indicar que quedaron notificados; apercibidos que, transcurrido ese términos este órgano jurisdiccional tendrá por hecha la notificación y será a partir del tercer día en que sus términos comenzarán a correr; lo cual encuentra sustento, por analogía, en el contenido de los artículos 27, fracción I, incisos b) y c), así como 30, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Habilitación de días, horas y domicilio De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Domicilio En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el referido en la demanda de amparo. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones En general por lista Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, mediante la publicación en internet consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. Adicionalmente, se instruye a la Actuaria Judicial para que el asunto se incluya en la lista que deberá ser remitida a la administración regional de esta demarcación, para que ésta las coloque en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. A la autoridad responsable Por medio de oficio De conformidad con el numeral 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente acuerdo a las autoridades responsables mediante oficio que al efecto se gire, el cual deberá entregarse de forma física en las instalaciones que ocupe cada una de ellas. Por lista electrónica Los acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, ya que este resolutor, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el presente juicio de amparo, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Se hace conocimiento de las responsables en este expediente que las comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 7jdo17cto@correo.cjf.gob.mx. Expedición de copias y acceso al expediente. En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos, cuya entrega se realizará una vez que la parte interesada agende cita y se obtenga un Código QR que permita su acceso a las instalaciones de este juzgado, dentro del horario establecido. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve, acceso que se permitirá una vez que se reanuden las labores normales del juzgado. Coincidencia del expediente físico y electrónico. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Analista Jurídico adscrito dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese personalmente.
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