Jose Rafael Nuñez Ramirez
Expediente 326/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 326/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 19/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jueza de Oralidad Penal Y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, Con Sede En Puebla (Adriana de Lourdes Martínez Jiménez)
- Enrique Flores Ortega (Apoderado)
- Jose Rafael Nuñez Ramirez
- JOSE RAFAEL NUÑEZ RAMIREZ y Otros.
- ENRIQUE FLORES ORTEGA (APODERADO) y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. I. CAUSA EJECUTORIA. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de treinta de abril de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión; y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. II. INCIDENTE DE SUSPENSION En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica].
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de abril de dos mil veintiuno. .I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 326/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Enrique Flores Ortega, apoderado legal de José Rafael Núñez Ramírez; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de quince de abril de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Enrique Flores Ortega, apoderado legal de José Rafael Núñez Ramírez, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previa reserva, tuvo verificativo en sus dos primeras etapas que se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución del acto reclamado es atribuido a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de la autoridad señalada como responsable, los actos reclamados en el presente asunto son: -La orden de aprehensión, detención y presentación, así como su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión del acto reclamado, primeramente se deben analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo - a las autoridades responsables siguientes: No. de orden Autoridades responsables Sentido del informe 1. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, por su representación. Negó 2. Enrique López Criollo, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, por su representación Negó 4. Aaron Hernández Chino, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, por su representación. Negó 5. Rosalba Elena Zárate Herrera, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, por su representación. Negó 6. Javier Vázquez Fernández, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, por su representación. Negó 7. Idalia Arciniega Arias, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, por su representación. Negó 8. Rosa Aurora Espejel Prado, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, por su representación. Negó 9. María Guadalupe Muñoz Pérez, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, por su representación. Negó 10. Mirian Huerta Lechuga, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, por su representación. Negó 11. Magally Escamilla Rodríguez, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, por su representación. Negó 12. Ana Alicia Ponce Frías, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, por su representación. Negó 13. José Alvarado Sarmiento Márquez, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Negó 14. Karla Patricia Ambrosio Vargas, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula Negó 15. David Rodríguez González, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula. Negó 16. Director General de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla. Negó CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. De lo anterior se advierte que las autoridades responsables señaladas, al rendir su informe previo negaron la existencia del acto que se les reclama, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtúe dichas negativas. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. Además, en el acta que antecede se dejó de tener como autoridad responsable al 3. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Carlos Guillermo Ramírez Rodríguez, pues le fue informado a esta autoridad que falleció, por lo que tampoco pudo emitir el acto reclamado. Por tanto, al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa. Por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Enrique Flores Ortega, apoderado legal de José Rafael Núñez Ramírez, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables citadas en el considerando tercero. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, y por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 326/2021-D, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Enrique Flores Ortega, apoderado legal del quejoso José Rafael Núñez Ramírez; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito recibido electrónicamente el doce de abril de dos mil veintiuno, ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, Enrique Flores Ortega, apoderado legal de José Rafael Núñez Ramírez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de la 1. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Adriana de Lourdes Martínez Jiménez y, otras autoridades. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violadas, las contenidas en los artículos 14, 16, 20 y 23, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Prevención, desechamiento parcial, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de trece de abril del presente año, la demanda promovida por Enrique Flores Ortega, apoderado legal de José Rafael Núñez Ramírez, se registró con el número de juicio de amparo indirecto 326/2021-D; en el que se previno al quejoso en los siguientes términos: "PRIMERO. Precise qué jueces de control señala como autoridades responsables, pues la parte quejosa en su demanda de amparo únicamente refirió lo siguiente: III. AUTORIDADES RESPONSABLES: A.- ORDENADORAS: 1.- JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DE ORALIDAD Y EJECUCIÓN PENAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO CON SEDE EN PUEBLA. 2.- JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DE ORALIDAD Y EJECUCIÓN PENAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO PONIENTE CON SEDE EN PUEBLA. (.)". SEGUNDO. Precise la denominación actual y correcta de las autoridades responsables que señaló como: "B.- Ejecutoras: AL TITULAR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, por sí o a través de los servidores públicos que le estén adscritos a sus órdenes, dependientes de la fiscalía general de la república." Una vez que el quejoso desahogó la vista, en proveído de quince de abril de dos mil veintiuno, de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de la Materia, se desechó parcialmente la demanda de amparo, por lo que se refiere al acto reclamado consistente en la cita de comparecencia, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo y, 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mientras que, por lo que ve al resto de los actos de autoridad reclamados: órdenes de aprehensión, detención o comparecencia, se admitió a trámite la demanda de amparo; formándose por separado y duplicado el incidente de suspensión; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En auto de quince de abril de dos mil veintiuno, se señalaron las once horas con veinte minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que, en el caso, Enrique Flores Ortega, apoderado legal de José Rafael Núñez Ramírez, en esta instancia constitucional, reclama: a) Las órdenes de aprehensión, detención o presentación; y b) Su ejecución. TERCERO. Existencia o Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número Autoridades Responsables Sentido del informe. JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGION JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. ADRIANA DE LOURDES MARTÍNEZ JIMÉNEZ; POR CONDUCTO DEL 13. JUEZ DE CONTROL JOSÉ ALVARADO SARMIENTO MÁRQUEZ. Niega (foja 44) JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGION JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. ENRIQUE LÓPEZ CRIOLLO; POR CONDUCTO DEL 13. JUEZ DE CONTROL JOSÉ ALVARADO SARMIENTO MÁRQUEZ. Niega (foja 44) JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGION JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. CARLOS GUILLERMO RAMÍREZ RODRÍGUEZ; POR CONDUCTO DEL 13. JUEZ DE CONTROL JOSÉ ALVARADO SARMIENTO MÁRQUEZ. Niega (foja 44) JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGION JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. AARON HERNÁNDEZ CHINO; POR CONDUCTO DEL 13. JUEZ DE CONTROL JOSÉ ALVARADO SARMIENTO MÁRQUEZ. Niega (foja 44) JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGION JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. ROSALBA ELENA ZÁRATE HERRERA; POR CONDUCTO DEL 13. JUEZ DE CONTROL JOSÉ ALVARADO SARMIENTO MÁRQUEZ. Niega (foja 44) JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGION JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. JAVIER VÁZQUEZ FERNÁNDEZ; POR CONDUCTO DEL 13. JUEZ DE CONTROL JOSÉ ALVARADO SARMIENTO MÁRQUEZ. Niega (foja 44) JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGION JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. IDALIA ARCINIEGA ARIAS; POR CONDUCTO DEL 13. JUEZ DE CONTROL JOSÉ ALVARADO SARMIENTO MÁRQUEZ. Niega (foja 44) JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGION JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. ROSA AURORA ESPEJEL PRADO; POR CONDUCTO DEL 13. JUEZ DE CONTROL JOSÉ ALVARADO SARMIENTO MÁRQUEZ. Niega (foja 44) JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGION JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. MARÍA GUADALUPE MUÑOZ PÉREZ; POR CONDUCTO DEL 13. JUEZ DE CONTROL JOSÉ ALVARADO SARMIENTO MÁRQUEZ. Niega (foja 44) JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGION JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. MIRIAM HUERTA LECHUGA; POR CONDUCTO DEL 13. JUEZ DE CONTROL JOSÉ ALVARADO SARMIENTO MÁRQUEZ. Niega (foja 44) JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGION JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. MAGALLY ESCAMILLA RODRÍGUEZ; POR CONDUCTO DEL 13. JUEZ DE CONTROL JOSÉ ALVARADO SARMIENTO MÁRQUEZ. Niega (foja 44) JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGION JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. ANA ALICIA PONCE FRIAS; POR CONDUCTO DEL 13. JUEZ DE CONTROL JOSÉ ALVARADO SARMIENTO MÁRQUEZ. Niega (foja 44) JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGION JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. JOSÉ ALVARADO SARMIENTO MÁRQUEZ. Niega (foja 44) JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGION JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, CON SEDE EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. KARLA PATRICIA AMBROSIO VARGAS. Niega (foja 54) JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGION JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, CON SEDE EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. SALVADOR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A NOMBRE DEL JUEZ DE CONTROL DAVID RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. Niega (foja 48) DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA. Niega (foja 45) Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia del acto que a cada una les fue atribuido, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna para desvirtuar esa negativa; de ahí que no exista el acto reclamado. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio de garantías respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuyen. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, como lo solicitó el quejoso en su escrito de demanda, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por ENRIQUE FLORES ORTEGA, APODERADO LEGAL DE JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indica en el considerando último de este fallo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Vistos, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe previo rendido por la autoridad responsable 14. Karla Patricia Ambrosio Vargas, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula (por duplicado); en consecuencia, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase por rendido dicho informe, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia incidental. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.
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