Jose Pedro Morales Paz

Expediente 594/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 24 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
594/2022
Año
2022
Actuaciones
24
Última actuación
09/01/2023

Partes del expediente

  • Jose Pedro Morales Paz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de enero de dos mil veintitrés.********************FIRME CUMPLIMIENTO.********************Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran contra el acuerdo dictado el siete de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del diecinueve de diciembre de dos mil veintidós al seis de enero de dos mil veintitrés, sin que lo hayan hecho.********************En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme.********************ARCHIVO.********************Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido.********************Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, en cumplimiento a los artículos 15 y artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que, se resolvió conceder el amparo y protección de la justicia federal, a ********************o ********************, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos tres años, debiéndose conservar la demanda, la sentencia, la ejecutoria y el presente proveído que ordena el archivo del asunto, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos.********************DESTINO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN.********************En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años.********************Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción.********************Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General.********************DEVOLUCIÓN DE ANEXO.********************En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable, se ordena devolver a la Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla, copia certificada de las constancias que integran la causa penal ********************de su índice, con las cuales se formó el anexo I del presente juicio de amparo; así como diez discos versátiles digitales que contienen los registros de audio y video de diversas audiencias celebradas en la causa penal de referencia (fojas 88 y 186)********************No ha lugar a solicitarle el acuse de recibo respecto de las constancias a devolver, toda vez que la citada responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita.********************Notifíquese personalmente al quejoso -en el lugar señalado en auto de trece de diciembre de dos mil veintidós-; por oficio a las autoridades responsables, a la diversa tercera interesada, así como al agente del Ministerio Público Federal adscrito; y por lista a las demás partes.Así lo resolvió y firma Horacio Oscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante el (la) secretario(a) Zeus Islas González, que autoriza y da fe. Doy fe.******************** [Firma electrónica]. [Firma electrónica].******************** Acv*****************************************En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste.********************[Firma electrónica].********************El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe.********************[Firma electrón) AUTO DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. San Andrés Cholula, Puebla, trece de diciembre de dos mil veintidós. Intégrense a las presentes actuaciones, la razón asentada por la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, de la que se aprecia que después de haberse constituido en el Centro Penitenciario de la Ciudad de Puebla, a fin de cumplir con lo ordenado en auto de siete de diciembre pasado, fue atendida por ********************, oficial del área de control de dicho centro penitenciario, quien le informó que el aquí quejoso ********************, fue trasladado al Centro de Adultos Mayores, ubicado en el C.I.E.P.A., el día veintiocho de noviembre pasado. Atento a lo anterior, se instruye al actuario judicial de la adscripción que corresponda, que se constituya en las instalaciones del Centro de Adultos Mayores, ubicado en el C.I.E.P.A., con la finalidad de localizar al quejoso ********************; y, en su caso, practique la notificación en términos de lo dispuesto en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al quejoso ******************** el presente acuerdo, así como el diverso de siete de diciembre de dos mil veintidós. ACUERDO DE SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEITIDÓS San Andrés Cholula, Puebla, siete de diciembre de dos mil veintidós. FALLO CUMPLIDO. Vista certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, de lo que se advierte que feneció el término de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada en proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera, respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que se hubiese desahogado dicha vista. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional resolverá si de acuerdo con las constancias que existen en autos, dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida. Por sentencia firmada y autorizada el diecinueve de julio de dos mil veintidós, se concedió al quejoso *** o ***, el amparo y protección de la justicia de la unión, respecto de los actos atribuidos a Rosalva Elena Zárate Herrera, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla. En ese sentido, la autoridad tercera interesada agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, así como el quejoso, a través de su autorizado, interpusieron recursos de revisión y revisión adhesiva, respecto del fallo protector, de los que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en ejecutoria de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, emitida en el toca R-193/2022, determinó: "PRIMERO.- Se confirma la sentencia que se revisa. SEGUNDO.- La justicia de la unión ampara y protege a ***, para los efectos precisados por el juez de Distrito. TERCERO. Queda sin materia la revisión adhesiva" La mencionada ejecutoria se tuvo por recibida en acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, donde, entre otras cosas, se requirió a la autoridad responsable Rosalva Elena Zárate Herrera Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, cumpliera con la ejecutoria de amparo, cuyos efectos fueron: "OCTAVO. Efectos de la protección constitucional. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y protección constitucional a ***o ***, para que Rosalva Elena Zárate Herrera, Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla una vez que quede firme la sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice lo siguiente: 1. Deje sin efectos el acuerdo de uno de junio de dos mil veintidós, emitido en la causa penal 997/2020/PUEBLA, donde determinó prorrogar por cuatro meses de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta en contra de *** o ***. 2. En su lugar, dicte un nuevo proveído en donde con citación de las partes, fije -dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes- día y hora para celebrar audiencia oral, en la que deberá de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida cautelar, que incluya tanto la duración o vigencia de la referida medida originalmente decretada al hoy quejoso, como el planteamiento formulado por el fiscal de mérito (relativo a su solicitud de prorrogar la prisión preventiva impuesta a *** o ***.), y derivado de lo anterior, resuelva con libertad de jurisdicción al respecto; lo que desde luego deberá ser notificado al imputado de marras y a su defensa. 3. Enviará a este jugado federal las constancias que acrediten el cumplimiento de cada uno de los efectos en cita. En la inteligencia que, para cumplir con el fallo protector, la autoridad responsable debe observar las consideraciones expuestas y lineamientos establecidos en esta y no únicamente a sus efectos. En la inteligencia que, para cumplir con el fallo protector, la autoridad responsable debe observar las consideraciones expuestas y lineamientos establecidos en esta y no únicamente a sus efectos (.)" En proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se tuvieron por recibidos los oficios 46439/2022/JC y 46513/2022/JC, signados por Celestino Martínez Bones, Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla, mediante los cuales, informó gestiones de cumplimiento y remitió el registro de audio y video de la audiencia oral y pública celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil veintidós, en la carpeta judicial 997/2020/PUEBLA. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197, 202, 210-A y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2°, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En cuanto a la valoración de la videograbación de la audiencia celebrada en el procedimiento penal, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Ahora, del contenido de dichas documentales y videograbaciones se obtiene que el Juez de Oralidad Penal y Ejecución, de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, realizó lo siguiente: 1. En acuerdo emitido el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dentro de la carpeta judicial 997/2020/PUEBLA: a) Informó que la otrora jueza de control y autoridad responsable en este juicio Rosalva Elena Zárate Herrera, fue designada como Consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, por un período de dos años a partir del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, por lo que la aludida causa penal le fue turnada al oficiante y ahora Juez de Control de la Región Judicial Centro, Celestino Martínez Bones, quien fue readscrito a dicha región judicial a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. b) Así, tal juzgador dejó insubsistente el acuerdo de uno de junio de dos mil veintidós, donde se determinó prorrogar por cuatro meses la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta en contra del aquí quejoso José Pedro Morales Paz o Pedro Morales Paz; y, c) Con citación de las partes, señaló las quince horas del día diecinueve de noviembre de dos mil veintidós, a efecto de celebrar la audiencia de revisión de medida cautelar respecto al citado quejoso, en el proceso penal 997/2020/PUEBLA. 2. En dicha audiencia, previo debate de las partes en relación con la necesidad o no de la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida cautelar, con libertad de jurisdicción resolvió procedente la prórroga de la medida cautelar solicitada por la representación social por cuatro meses, pero precisó que la misma concluyó el dos de octubre de dos mil veintidós. En consecuencia, es inconcuso que de la simple comparación de los efectos contenidos en la ejecutoria de amparo con el cumplimiento que realizó la responsable, se tiene que se cumplió en su totalidad con dicha ejecutoria sin excesos ni defectos. No es obstáculo a lo anterior, que quien resolvió fue un juez de control distinto a la primigeniamente señalada como responsable, cuenta habida que es quien actualmente conoce del proceso penal de origen y llevó a cabo todos los actos que corresponden a la audiencia cuya celebración se ordenó, presenciando de manera completa la actuación de los participantes, que fue precisamente la base para pronunciar la determinación respectiva. Y, desde luego sin soslayar que la audiencia oral celebrada en cumplimiento al fallo protector no sustituyó ni dejó sin efectos alguna otra, como para considerar violado el principio de inmediación. Por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso en su lugar de reclusión, así como a los terceros interesados ******************** ********************, por lista a los autorizados del quejoso y a los diversos terceros interesados ********************y por oficio a las autoridades responsables, terceras interesadas, así como al agente del Ministerio Público Federal adscrito.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de diciembre de dos mil veintidós. Intégrense a las presentes actuaciones, la razón asentada por la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, de la que se aprecia que después de haberse constituido en el Centro Penitenciario de la Ciudad de Puebla, a fin de cumplir con lo ordenado en auto de siete de diciembre pasado, fue atendida por ********************, oficial del área de control de dicho centro penitenciario, quien le informó que el aquí quejoso ********************, fue trasladado al Centro de Adultos Mayores, ubicado en el C.I.E.P.A., el día veintiocho de noviembre pasado. Atento a lo anterior, se instruye al actuario judicial de la adscripción que corresponda, que se constituya en las instalaciones del Centro de Adultos Mayores, ubicado en el C.I.E.P.A., con la finalidad de localizar al quejoso ********************; y, en su caso, practique la notificación en términos de lo dispuesto en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al quejoso ******************** el presente acuerdo, así como el diverso de siete de diciembre de dos mil veintidós. ACUERDO DE SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEITIDÓS San Andrés Cholula, Puebla, siete de diciembre de dos mil veintidós. FALLO CUMPLIDO. Vista certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, de lo que se advierte que feneció el término de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada en proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera, respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que se hubiese desahogado dicha vista. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional resolverá si de acuerdo con las constancias que existen en autos, dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida. Por sentencia firmada y autorizada el diecinueve de julio de dos mil veintidós, se concedió al quejoso *** o ***, el amparo y protección de la justicia de la unión, respecto de los actos atribuidos a Rosalva Elena Zárate Herrera, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla. En ese sentido, la autoridad tercera interesada agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, así como el quejoso, a través de su autorizado, interpusieron recursos de revisión y revisión adhesiva, respecto del fallo protector, de los que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en ejecutoria de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, emitida en el toca R-193/2022, determinó: "PRIMERO.- Se confirma la sentencia que se revisa. SEGUNDO.- La justicia de la unión ampara y protege a ***, para los efectos precisados por el juez de Distrito. TERCERO. Queda sin materia la revisión adhesiva" La mencionada ejecutoria se tuvo por recibida en acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, donde, entre otras cosas, se requirió a la autoridad responsable Rosalva Elena Zárate Herrera Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, cumpliera con la ejecutoria de amparo, cuyos efectos fueron: "OCTAVO. Efectos de la protección constitucional. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y protección constitucional a ***o ***, para que Rosalva Elena Zárate Herrera, Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla una vez que quede firme la sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice lo siguiente: 1. Deje sin efectos el acuerdo de uno de junio de dos mil veintidós, emitido en la causa penal 997/2020/PUEBLA, donde determinó prorrogar por cuatro meses de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta en contra de *** o ***. 2. En su lugar, dicte un nuevo proveído en donde con citación de las partes, fije -dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes- día y hora para celebrar audiencia oral, en la que deberá de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida cautelar, que incluya tanto la duración o vigencia de la referida medida originalmente decretada al hoy quejoso, como el planteamiento formulado por el fiscal de mérito (relativo a su solicitud de prorrogar la prisión preventiva impuesta a *** o ***.), y derivado de lo anterior, resuelva con libertad de jurisdicción al respecto; lo que desde luego deberá ser notificado al imputado de marras y a su defensa. 3. Enviará a este jugado federal las constancias que acrediten el cumplimiento de cada uno de los efectos en cita. En la inteligencia que, para cumplir con el fallo protector, la autoridad responsable debe observar las consideraciones expuestas y lineamientos establecidos en esta y no únicamente a sus efectos. En la inteligencia que, para cumplir con el fallo protector, la autoridad responsable debe observar las consideraciones expuestas y lineamientos establecidos en esta y no únicamente a sus efectos (.)" En proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se tuvieron por recibidos los oficios 46439/2022/JC y 46513/2022/JC, signados por Celestino Martínez Bones, Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla, mediante los cuales, informó gestiones de cumplimiento y remitió el registro de audio y video de la audiencia oral y pública celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil veintidós, en la carpeta judicial 997/2020/PUEBLA. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197, 202, 210-A y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2°, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En cuanto a la valoración de la videograbación de la audiencia celebrada en el procedimiento penal, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Ahora, del contenido de dichas documentales y videograbaciones se obtiene que el Juez de Oralidad Penal y Ejecución, de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, realizó lo siguiente: 1. En acuerdo emitido el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dentro de la carpeta judicial 997/2020/PUEBLA: a) Informó que la otrora jueza de control y autoridad responsable en este juicio Rosalva Elena Zárate Herrera, fue designada como Consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, por un período de dos años a partir del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, por lo que la aludida causa penal le fue turnada al oficiante y ahora Juez de Control de la Región Judicial Centro, Celestino Martínez Bones, quien fue readscrito a dicha región judicial a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. b) Así, tal juzgador dejó insubsistente el acuerdo de uno de junio de dos mil veintidós, donde se determinó prorrogar por cuatro meses la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta en contra del aquí quejoso José Pedro Morales Paz o Pedro Morales Paz; y, c) Con citación de las partes, señaló las quince horas del día diecinueve de noviembre de dos mil veintidós, a efecto de celebrar la audiencia de revisión de medida cautelar respecto al citado quejoso, en el proceso penal 997/2020/PUEBLA. 2. En dicha audiencia, previo debate de las partes en relación con la necesidad o no de la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida cautelar, con libertad de jurisdicción resolvió procedente la prórroga de la medida cautelar solicitada por la representación social por cuatro meses, pero precisó que la misma concluyó el dos de octubre de dos mil veintidós. En consecuencia, es inconcuso que de la simple comparación de los efectos contenidos en la ejecutoria de amparo con el cumplimiento que realizó la responsable, se tiene que se cumplió en su totalidad con dicha ejecutoria sin excesos ni defectos. No es obstáculo a lo anterior, que quien resolvió fue un juez de control distinto a la primigeniamente señalada como responsable, cuenta habida que es quien actualmente conoce del proceso penal de origen y llevó a cabo todos los actos que corresponden a la audiencia cuya celebración se ordenó, presenciando de manera completa la actuación de los participantes, que fue precisamente la base para pronunciar la determinación respectiva. Y, desde luego sin soslayar que la audiencia oral celebrada en cumplimiento al fallo protector no sustituyó ni dejó sin efectos alguna otra, como para considerar violado el principio de inmediación. Por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso en su lugar de reclusión, así como a los terceros interesados ******************** ********************, por lista a los autorizados del quejoso y a los diversos terceros interesados ********************y por oficio a las autoridades responsables, terceras interesadas, así como al agente del Ministerio Público Federal adscrito.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de diciembre de dos mil veintidós. FALLO CUMPLIDO. Vista certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, de lo que se advierte que feneció el término de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada en proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera, respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que se hubiese desahogado dicha vista. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional resolverá si de acuerdo con las constancias que existen en autos, dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida. Por sentencia firmada y autorizada el diecinueve de julio de dos mil veintidós, se concedió al quejoso *** o ***, el amparo y protección de la justicia de la unión, respecto de los actos atribuidos a Rosalva Elena Zárate Herrera, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla. En ese sentido, la autoridad tercera interesada agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, así como el quejoso, a través de su autorizado, interpusieron recursos de revisión y revisión adhesiva, respecto del fallo protector, de los que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en ejecutoria de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, emitida en el toca R-193/2022, determinó: "PRIMERO.- Se confirma la sentencia que se revisa. SEGUNDO.- La justicia de la unión ampara y protege a ***, para los efectos precisados por el juez de Distrito. TERCERO. Queda sin materia la revisión adhesiva" La mencionada ejecutoria se tuvo por recibida en acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, donde, entre otras cosas, se requirió a la autoridad responsable Rosalva Elena Zárate Herrera Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, cumpliera con la ejecutoria de amparo, cuyos efectos fueron: "OCTAVO. Efectos de la protección constitucional. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y protección constitucional a ***o ***, para que Rosalva Elena Zárate Herrera, Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla una vez que quede firme la sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice lo siguiente: 1. Deje sin efectos el acuerdo de uno de junio de dos mil veintidós, emitido en la causa penal 997/2020/PUEBLA, donde determinó prorrogar por cuatro meses de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta en contra de *** o ***. 2. En su lugar, dicte un nuevo proveído en donde con citación de las partes, fije -dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes- día y hora para celebrar audiencia oral, en la que deberá de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida cautelar, que incluya tanto la duración o vigencia de la referida medida originalmente decretada al hoy quejoso, como el planteamiento formulado por el fiscal de mérito (relativo a su solicitud de prorrogar la prisión preventiva impuesta a *** o ***.), y derivado de lo anterior, resuelva con libertad de jurisdicción al respecto; lo que desde luego deberá ser notificado al imputado de marras y a su defensa. 3. Enviará a este jugado federal las constancias que acrediten el cumplimiento de cada uno de los efectos en cita. En la inteligencia que, para cumplir con el fallo protector, la autoridad responsable debe observar las consideraciones expuestas y lineamientos establecidos en esta y no únicamente a sus efectos. En la inteligencia que, para cumplir con el fallo protector, la autoridad responsable debe observar las consideraciones expuestas y lineamientos establecidos en esta y no únicamente a sus efectos (.)" En proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se tuvieron por recibidos los oficios 46439/2022/JC y 46513/2022/JC, signados por Celestino Martínez Bones, Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla, mediante los cuales, informó gestiones de cumplimiento y remitió el registro de audio y video de la audiencia oral y pública celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil veintidós, en la carpeta judicial 997/2020/PUEBLA. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197, 202, 210-A y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2°, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En cuanto a la valoración de la videograbación de la audiencia celebrada en el procedimiento penal, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Ahora, del contenido de dichas documentales y videograbaciones se obtiene que el Juez de Oralidad Penal y Ejecución, de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, realizó lo siguiente: 1. En acuerdo emitido el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dentro de la carpeta judicial 997/2020/PUEBLA: a) Informó que la otrora jueza de control y autoridad responsable en este juicio Rosalva Elena Zárate Herrera, fue designada como Consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, por un período de dos años a partir del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, por lo que la aludida causa penal le fue turnada al oficiante y ahora Juez de Control de la Región Judicial Centro, Celestino Martínez Bones, quien fue readscrito a dicha región judicial a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. b) Así, tal juzgador dejó insubsistente el acuerdo de uno de junio de dos mil veintidós, donde se determinó prorrogar por cuatro meses la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta en contra del aquí quejoso José Pedro Morales Paz o Pedro Morales Paz; y, c) Con citación de las partes, señaló las quince horas del día diecinueve de noviembre de dos mil veintidós, a efecto de celebrar la audiencia de revisión de medida cautelar respecto al citado quejoso, en el proceso penal 997/2020/PUEBLA. 2. En dicha audiencia, previo debate de las partes en relación con la necesidad o no de la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida cautelar, con libertad de jurisdicción resolvió procedente la prórroga de la medida cautelar solicitada por la representación social por cuatro meses, pero precisó que la misma concluyó el dos de octubre de dos mil veintidós. En consecuencia, es inconcuso que de la simple comparación de los efectos contenidos en la ejecutoria de amparo con el cumplimiento que realizó la responsable, se tiene que se cumplió en su totalidad con dicha ejecutoria sin excesos ni defectos. No es obstáculo a lo anterior, que quien resolvió fue un juez de control distinto a la primigeniamente señalada como responsable, cuenta habida que es quien actualmente conoce del proceso penal de origen y llevó a cabo todos los actos que corresponden a la audiencia cuya celebración se ordenó, presenciando de manera completa la actuación de los participantes, que fue precisamente la base para pronunciar la determinación respectiva. Y, desde luego sin soslayar que la audiencia oral celebrada en cumplimiento al fallo protector no sustituyó ni dejó sin efectos alguna otra, como para considerar violado el principio de inmediación. Por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso en su lugar de reclusión, así como a los terceros interesados ******************** ********************, por lista a los autorizados del quejoso y a los diversos terceros interesados ********************y por oficio a las autoridades responsables, terceras interesadas, así como al agente del Ministerio Público Federal adscrito.

  4. Principal

    (AVISO) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA EL ACUERDO DE 07 DE DICIEMBRE DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, siete de diciembre de dos mil veintidós. FALLO CUMPLIDO. Vista certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, de lo que se advierte que feneció el término de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada en proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera, respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que se hubiese desahogado dicha vista. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional resolverá si de acuerdo con las constancias que existen en autos, dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida. Por sentencia firmada y autorizada el diecinueve de julio de dos mil veintidós, se concedió al quejoso *** o ***, el amparo y protección de la justicia de la unión, respecto de los actos atribuidos a Rosalva Elena Zárate Herrera, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla. En ese sentido, la autoridad tercera interesada agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, así como el quejoso, a través de su autorizado, interpusieron recursos de revisión y revisión adhesiva, respecto del fallo protector, de los que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en ejecutoria de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, emitida en el toca R-193/2022, determinó: "PRIMERO.- Se confirma la sentencia que se revisa. SEGUNDO.- La justicia de la unión ampara y protege a ***, para los efectos precisados por el juez de Distrito. TERCERO. Queda sin materia la revisión adhesiva" La mencionada ejecutoria se tuvo por recibida en acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, donde, entre otras cosas, se requirió a la autoridad responsable Rosalva Elena Zárate Herrera Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, cumpliera con la ejecutoria de amparo, cuyos efectos fueron: "OCTAVO. Efectos de la protección constitucional. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y protección constitucional a ***o ***, para que Rosalva Elena Zárate Herrera, Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla una vez que quede firme la sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice lo siguiente: 1. Deje sin efectos el acuerdo de uno de junio de dos mil veintidós, emitido en la causa penal 997/2020/PUEBLA, donde determinó prorrogar por cuatro meses de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta en contra de *** o ***. 2. En su lugar, dicte un nuevo proveído en donde con citación de las partes, fije -dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes- día y hora para celebrar audiencia oral, en la que deberá de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida cautelar, que incluya tanto la duración o vigencia de la referida medida originalmente decretada al hoy quejoso, como el planteamiento formulado por el fiscal de mérito (relativo a su solicitud de prorrogar la prisión preventiva impuesta a *** o ***.), y derivado de lo anterior, resuelva con libertad de jurisdicción al respecto; lo que desde luego deberá ser notificado al imputado de marras y a su defensa. 3. Enviará a este jugado federal las constancias que acrediten el cumplimiento de cada uno de los efectos en cita. En la inteligencia que, para cumplir con el fallo protector, la autoridad responsable debe observar las consideraciones expuestas y lineamientos establecidos en esta y no únicamente a sus efectos. En la inteligencia que, para cumplir con el fallo protector, la autoridad responsable debe observar las consideraciones expuestas y lineamientos establecidos en esta y no únicamente a sus efectos (.)" En proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se tuvieron por recibidos los oficios 46439/2022/JC y 46513/2022/JC, signados por Celestino Martínez Bones, Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla, mediante los cuales, informó gestiones de cumplimiento y remitió el registro de audio y video de la audiencia oral y pública celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil veintidós, en la carpeta judicial 997/2020/PUEBLA. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197, 202, 210-A y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2°, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En cuanto a la valoración de la videograbación de la audiencia celebrada en el procedimiento penal, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Ahora, del contenido de dichas documentales y videograbaciones se obtiene que el Juez de Oralidad Penal y Ejecución, de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, realizó lo siguiente: 1. En acuerdo emitido el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dentro de la carpeta judicial 997/2020/PUEBLA: a) Informó que la otrora jueza de control y autoridad responsable en este juicio Rosalva Elena Zárate Herrera, fue designada como Consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, por un período de dos años a partir del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, por lo que la aludida causa penal le fue turnada al oficiante y ahora Juez de Control de la Región Judicial Centro, Celestino Martínez Bones, quien fue readscrito a dicha región judicial a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. b) Así, tal juzgador dejó insubsistente el acuerdo de uno de junio de dos mil veintidós, donde se determinó prorrogar por cuatro meses la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta en contra del aquí quejoso José Pedro Morales Paz o Pedro Morales Paz; y, c) Con citación de las partes, señaló las quince horas del día diecinueve de noviembre de dos mil veintidós, a efecto de celebrar la audiencia de revisión de medida cautelar respecto al citado quejoso, en el proceso penal 997/2020/PUEBLA. 2. En dicha audiencia, previo debate de las partes en relación con la necesidad o no de la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida cautelar, con libertad de jurisdicción resolvió procedente la prórroga de la medida cautelar solicitada por la representación social por cuatro meses, pero precisó que la misma concluyó el dos de octubre de dos mil veintidós. En consecuencia, es inconcuso que de la simple comparación de los efectos contenidos en la ejecutoria de amparo con el cumplimiento que realizó la responsable, se tiene que se cumplió en su totalidad con dicha ejecutoria sin excesos ni defectos. No es obstáculo a lo anterior, que quien resolvió fue un juez de control distinto a la primigeniamente señalada como responsable, cuenta habida que es quien actualmente conoce del proceso penal de origen y llevó a cabo todos los actos que corresponden a la audiencia cuya celebración se ordenó, presenciando de manera completa la actuación de los participantes, que fue precisamente la base para pronunciar la determinación respectiva. Y, desde luego sin soslayar que la audiencia oral celebrada en cumplimiento al fallo protector no sustituyó ni dejó sin efectos alguna otra, como para considerar violado el principio de inmediación. Por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso en su lugar de reclusión, así como a los terceros interesados ******************** ********************, por lista a los autorizados del quejoso y a los diversos terceros interesados ********************y por oficio a las autoridades responsables, terceras interesadas, así como al agente del Ministerio Público Federal adscrito.

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