José Prospero Loeza Muñoz
Expediente 1287/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 15 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1287/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 15/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- José Prospero Loeza Muñoz
Actuaciones
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: San Andrés Cholula, Puebla, trece de julio de dos mil dieciséis. Visto, el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de cinco de julio de dos mil dieciséis, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, desahogando la misma en relación a éste, únicamente la parte quejosa, tal como se advierte del escrito con el que se da cuenta; por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el ocho de febrero de dos mil dieciséis (fojas 102 a 111), por una parte se sobreseyó el amparo y por otra se concedió el mismo a la parte quejosa José Próspero Loeza Muñoz, para el efecto de que el fiscal responsable realizara lo siguiente: "I. Deje insubsistente el acuerdo dictado el veinticinco de septiembre de dos mil quince, dentro de la averiguación previa 1224/2010/RVPUE, en el que negó levantar el aseguramiento del inmueble solicitado por el aquí quejoso; y II. En su lugar, dicte una nueva resolución en la que, siguiendo los lineamientos de esta sentencia, funde y motive correctamente su determinación, que bien puede ser en el mismo sentido que la aquí reclamada o en uno diverso, pero si decide lo primero, no deberá incurrir en las deficiencias que quedaron señaladas en esta sentencia y que motivaron la concesión de amparo; esto es, deberá fundar y motivar: II.1. Qué delito podría ser el que se cometió, o el que se está investigando, a efecto de poder determinar si por su propia naturaleza el inmueble es, o no, instrumento del delito; II.2. Derivado de lo anterior, por qué considera que el inmueble en cuestión es un instrumento del delito; II.3. Cuál es la finalidad de mantener asegurado el inmueble, qué es lo que persigue con esa medida precautoria, y justifique plenamente su determinación; y, II.4. Por qué es necesario continuar asegurando el bien a pesar de que el aquí quejoso no es considerado indiciado en la indagatoria; fundando y motivando por qué, a pesar de esa circunstancia, el inmueble podría ser decomisado o serviría para reparar el daño; debiendo en ese punto valorar las pruebas ofrecidas por el aludido peticionario de amparo tendentes a acreditar que el predio lo tenía dado en arrendamiento y desconocía las actividades que ahí se llevaban, sin dejar de observar el principio de presunción de inocencia que opera en su favor. II.5. Si, como medida sumamente excepcional, indispensable y justificada, considera que debe continuar con el aseguramiento del inmueble, observe lo dispuesto por el artículo 56 Decies, del Código Penal para el Estado de Puebla." (fojas 110 vuelta y 111). Inconforme con dicha resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión, por lo que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el toca R-102/2016, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma en la materia la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados en la sentencia recurrida, la Justicia de la Unión ampara y protege a José Próspero Loeza Muñoz, contra el acto reclamado consistente en el acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil quince, dictado en la averiguación previa 1224/2010/PVPUE, por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Investigación de Robo de Vehículos, Segunda Mesa de Trámite Non, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, mediante el cual niega levantar el aseguramiento decretado sobre el bien inmuebles ubicado en calle Insurgentes número 1308, de la colonia Guadalupe Hidalgo de la ciudad de Puebla, Puebla ." (fojas 235 a 261). Atento lo anterior, mediante proveído de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, esta autoridad solicitó a la autoridad responsable el cumplimiento de la sentencia amparadora (fojas 262 a 265). Ahora bien, mediante oficio 1875/2016 de uno de julio de dos mil dieciséis (fojas 314 a 338), la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Investigación de Robo de Vehículos Segunda Mesa de Trámite Non, remitió copia certificada de la resolución dictada el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, dictada en la averiguación previa 1224/2010/RVPUE, de la que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente la resolución reclamada de veinticinco de septiembre de dos mil quince (foja 318). - Con la libertad de jurisdicción que le fue otorgada, dictó una nueva resolución, en la cual, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 21 y 22, párrafo segundo Constitucionales, 52, 83 y 108 del Código Penal del Estado de Puebla, 6 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, 3 y 7 de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Puebla, especificó lo siguiente: I. Estableció el delito que se cometió en el inmueble afecto, determinando que por su propia naturaleza el inmueble es instrumento del delito, y el por qué considera que el inmueble en cuestión es un instrumento del delito, así como la finalidad de mantener asegurado el inmueble; al referir: "Atento a lo anterior es por eso que esta autoridad ministerial considera pertinente continuar con el aseguramiento del inmueble reclamado por la promovente puesto que éste es viable de la acción de extinción de dominio tal y como lo establece el artículo 22 Constitucional en su párrafo segundo fracción II que dice: procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes asegurados: A).- Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determina la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió. B).- Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior, lo que en la especie acontece, puesto que se reúnen todos y cada uno de los requisitos que establece tal numeral en atención a lo siguiente: el delito por el cual se inició la averiguación previa es el de robo de vehículos, puesto que en el mismo fueron localizados diversos vehículos con reporte de robo y mercancía denunciados como robados, que se acreditó principalmente con la documental pública que recabó esta autoridad respecto de los reportes de robo que emitiera el encargado del centro de información, y más aun con la inspección ministerial a cada uno de los automotores localizados al interior de éste; que esta acción de extinción de dominio es autónoma del de materia penal; y más aún el inciso B) del citado artículo 22 Constitucional establece claramente que la acción de extinción de dominio procederá en aquellos casos en que sin que sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que se hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, como se ha acreditado plenamente puesto que el bien inmueble que fue asegurado por esta autoridad es precisamente por el hecho de que en el mismo se encontraban ocultando bienes producto del delito como de la misma diligencia de inspección ministerial que fue practicada por la autoridad ministerial al interior del mismo en donde fueron localizadas unidades motoras denunciadas como robadas con mercancía, así como vehículos alterados en sus medios de identificación, es por ello que existe la necesidad del mantener el aseguramiento de dicho bien inmueble a fin de que esta autoridad ministerial proceda en forma inmediata a promover la acción de extinción de dominio respecto del bien inmueble que reclama." (fojas 327 y 327 vuelta). Asimismo, estableció los diversos delitos que se encuentra investigando, el por qué es necesario continuar asegurando el bien a pesar de que el aquí quejoso no es considerado indiciado en la indagatoria; y el por qué a pesar de esa circunstancia, el inmueble podría ser decomisado o serviría para reparar el daño; valorando las pruebas ofrecidas por el aludido peticionario de amparo tendentes a acreditar que el predio lo tenía dado en arrendamiento y desconocía las actividades que ahí se llevaban, observando el principio de presunción de inocencia que opera en su favor; al establecer lo siguiente: "Lo anterior se afirma en virtud de que al interior del inmueble reclamado se localizaron diversos vehículos alterados en sus medios de identificación y otros con reporte de robo, por lo cual se decretó su aseguramiento virtud de ser el objeto material del delito, de igual manera se decretó el aseguramiento del inmueble antes referido ya que en el interior de éste como se ha mencionado se almacenaron tanto vehículos alterados en sus medios de identificación así como con reporte de robo, siendo por estas circunstancias que los delitos que se investigan son de robo de vehículo, robo de mercancía, delincuencia organizada, siendo además este inmueble susceptible de la acción de extinción de dominio que establece el numeral 7 de la Ley de Extinción de Dominio en el Estado de Puebla, toda vez que existe vinculación de los hechos denunciados en la presente indagatoria con el aseguramiento del inmueble de referencia, por otra parte es menester señalar que si bien es cierto el promovente señala que el bien inmueble que reclama lo arrendó a un tercero, esta circunstancia no es motivo para levantar el aseguramiento del inmueble, puesto que puede establecerse que recae de manera directa sobre ésta la relación con la conducta directa de almacenamiento de vehículo robado tipificado en el artículo 375 fracción IX del Código Penal para el Estado de Puebla, aunado a lo anterior debe señalarse que de acuerdo a lo que establece el numeral 21 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla son responsables de la comisión de un delito, así mismo es necesario continuar con el aseguramiento del inmueble ya que las huellas que esta representación social pretende investigar es que el inmueble de referencia podría tener relación con otros eventos delictivos por la cantidad de vehículos que se encontraron en el interior del mismo y que cuenta con reporte de robo, y que pudieran identificar incluso algunos choferes como el mismo en donde los tuvieron privados de su libertad cuando los desapoderaron de éstos." (fojas 329 y 330). "Además como se ha mencionado en líneas anteriores la necesidad de continuar con el aseguramiento del inmueble es con la finalidad de evitar se pierdan las huellas o vestigios del hecho puesto que en el interior del mismo se encuentran todos y cada uno de los vehículos que fueron asegurados por esta representación social y los cuales cuentan con reporte de robo, que el inmueble pueda ser identificado por los denunciantes de las averiguaciones como el mismo en que los hayan privado de su libertad de acuerdo a las diferentes modalidades en que fueron cometidos los robos; además de que también pudiera ser efecto de delito puesto que efectos desgina (sic) sobre todo objetos o bienes que deriven o proceden de un delito. Se trata de objetos dotados de entidad material y no otras posibles realidades inmateriales vinculadas al delito, en dicho concepto amplio se incluyen así tanto el objeto material del delito como otros empleados de forma dedial (sic) vinculados a la conducta típica, pero no los instrumentos de la comisión del delito ya que se diferencia al afirmar que los efectos son todos los bienes o cosas que se encuentran, mediata o inmediatamente en poder del delincuente como consecuencia de la infracción, los instrumentos son, en cambio los útiles o medios empleados para la ejecución del acto criminal. Dicha diferenciación tan estricta choca con la amplitud de la legislación procesal. La legislación procesal penal emplea también el término para designar objetos que pueden probar la existencia o circunstancias de un delito, los efectos junto con los instrumentos que sirven para la ejecución del delito y las ganancias derivadas de éste, son objeto de decomiso, que se prevé con carácter general para la comisión de cualquier delito, y con carácter específico, es por esta circunstancia que esta autoridad considera que también dicho inmueble es efecto de delito y como se ha explicado anteriormente existente huellas que pudieran tener relación con la comisión de los delitos que se investigan, por otro lado con el hecho de que la promovente haya señalado que el inmueble se encontraba arrendado a un tercero, hasta este momento no ha sido reconocido el contrato de arrendamiento por el arrendatario, por lo que además es necesario continuar con la investigación de la presente indagatoria, ya que es necesario conocer si la promovente no tenía relación con los autores materiales del delito. Por otra parte respecto de las documentales que exhibió el aquí promovente las mismas han sido valoradas en términos de lo establecido por el artículo 196 del Código Procesal de la materia, sin embargo respecto de la copia certificada en original de la escritura deducida del volumen número 3 tres, instrumento número 52 cincuenta y dos, expedida ante la fe del Notario Público número 52 de los del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, Licenciada María Judith Espejel González, Notario Suplente del titular Licenciado Fidel René Meza Cabrera, documento que contiene el contrato de compra venta celebrado por una parte y como vendedora la comisión reguladora para la tenencia de la tierra "CORETT", representada por el ciudadano licenciado Ezequiel Álvarez Cornejo y por la otra, José Próspero Loeza Muñoz, como comprador, respecto del inmueble identificado como número 18 dieciocho de la manzana ciento diecisiete de la zona uno que correspondió al ejido denominado "Colonia Guadalupe" del Municipio de Puebla, y el original de un contrato de arrendamiento compuesto de 5 cinco fojas utilizadas sólo por el anverso, fechado el 1 uno de febrero del 2006 dos mil seis, celebrado ente el señor Juan Gabriel Luna Mora en su carácter de arrendatario y José Próspero Loeza Muñoz como arrendador, respecto del inmueble ubicado en avenida Insurgentes número 12,108 doce mil ciento ocho de la colonia Guadalupe Hidalgo de esta ciudad de Puebla, que han sido valorados en términos de lo que establecen los numerales 196,. 197, 201 y 204 de la ley adjetiva penal, resultan insuficientes para levantar el aseguramiento del inmueble que reclama la promovente, puesto que con el primero acredita ser el propietario del bien inmueble que reclama, con el contrato de arrendamiento que hasta la fecha no ha sido reconocido por las partes para que tenga valor probatorio pleno, la promovente intenta acreditar que el bien inmueble se encontraba en posesión de ella, sin embargo los contratos de arrendamiento no han sido reconocidos por las partes por lo cual resulta insuficiente para levantar el aseguramiento del bien que reclama." (fojas 334 y 334 vuelta). Por otro lado, estableció que el inmueble afecto no puede quedar en posesión de su propietario, poseedor o de alguno de sus ocupantes, como lo establece el artículo 56 Decies del Código Penal para el Estado de Puebla, al establecer: "No debe pasar por desapercibido que la restitución de este bien inmueble y la posesión material podrá impedir que el Estado al momento de ejercitar acción constitucional de la ley de extinción de dominio pudiera estar en una imposibilidad de retomar el dominio, que en este momento goza el dominio y posesión a través de la medida cautelar el aseguramiento del inmueble decretado por el propio Agente del Estado es decir la institución del Ministerio Público, que tiene entre otras funciones la investigación y persecución de los delitos, ahora bien, debe sostenerse que esta acción civil es de interés público y que no viola ningún tipo de garantía de derecho humano, ya que si esto ocurriera el artículo 22 Constitucional no prevería y facultaría a los Estados para los bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia, ordenando dicho dispositivo constitucional que establece un procedimiento que se regirá con diversas reglas en las que debe resaltarse que será jurisdiccional y autónomo a la materia penal, esto es la responsabilidad penal, pero para el caso del contenido de actuaciones ministeriales, existen elementos suficientes en el que se puede determinar que el hecho ilícito sucedió y que aun así continua el bien inmueble del que se pretende restituir, sigue reuniendo los requisitos del ordenamiento legal antes en cita, es decir el 22 Constitucional, porque este bien fue utilizado para ocultar o mezclar bienes producto del delito como ya se ha sostenido, por lo que el propio estudio de los incisos c) y d) así como la fracción III del artículo 22 Constitucional la acción penal debe seguirse sosteniendo, como ya se dijo la institución del Ministerio Público ejercerá esta acción en términos de ley y que es aplicable para el delito que se investiga, puesto que estamos en la hipótesis del delito de robo de vehículos y que debe sostenerse que el bien inmueble ubicado en calle Insurgentes número 130, de la colonia Guadalupe Hidalgo de esta ciudad de Puebla, Puebla, el cual hoy se pretende restituir a la quejosa, se aseguramiento es en razón a que es un instrumento de delito y posiblemente producto de aquel y que si bien es cierto no se ha ejercitado acción penal, respecto al delito de robo de vehículo, lo cierto es que el inciso a) fracción II del artículo 22 Constitucional, no exige o condiciona que se determine que es viable para el aseguramiento de este bien inmueble y ante la posibilidad de que se pueda tratar de delincuencia organizada; es así que no es dable el llegar a ordenar la posesión del mismo." (foja 328). Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Por otro lado, agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa con el que se da cuenta, por medio del cual refiere que no se tiene por cumplida la sentencia amparadora, ya que la fiscal responsable no da cumplimiento a los lineamientos por los cuales le fue concedido el amparo, al referir que dicha autoridad al dictar el acuerdo con el que refiere dar cumplimiento, no lo hizo conforme a las constancias que obran en la averiguación previa 1224/2010/RVPUE, pues en esta nunca se ejercitó acción penal contra persona alguna, ni existe persona alguna detenida por los hechos que se investigan, tampoco existe sentencia en la cual, en su caso, se condene a la reparación del daño, que hiciera necesario el aseguramiento del bien inmueble afecto. Además de que la autoridad responsable no especifica cuántas averiguaciones previas se encuentran pendientes por integrar con motivo de los hechos en que se encuentra asegurado el bien inmueble afecto, así como tampoco especifica qué diligencias tiene pendientes por desahogar, cuantos tráiler se encontraban en el interior del inmueble afecto, entre otras diligencias; además de indicar que, en su caso, no puede establecer que se actualice el delito de delincuencia organizada y por ende la extinción de dominio del inmueble afecto. Dígase a la parte quejosa que sus manifestaciones son infundadas, ya que como se indicó anteriormente, la fiscal responsable sí ha dado cabal cumplimiento a los lineamientos para los cuales fue concedido el amparo por vicios formales (falta de fundamentación y motivación), por las consideraciones antes precisadas. Aunado a que, las manifestaciones que realiza la parte quejosa se refieren a cuestiones de fondo del acto reclamado, para lo cual no le fue concedida la protección constitucional; por lo que deberá estar a lo acordado anteriormente. Finalmente, téngase a la parte quejosa denunciando formalmente en términos del artículo 199 de la Ley de Amparo, la repetición del acto reclamado por parte de la autoridad señalada como responsable, bajo el argumento de que dicha autoridad persiste en violar sus garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, al insistir mantener asegurado el bien inmueble de su propiedad. Atento lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que resulta improcedente el incidente relativo a la repetición del acto reclamado a que hace referencia, pues dicho incidente consiste en que la responsable emita otra resolución con la que repita el acto reclamado (reitere las mismas violaciones y motivos por los que se otorgó la protección constitucional), lo que no se evidencia de actuaciones. Aunado a que del análisis sistemático de los artículos 199 y 200 de la Ley de Amparo se advierte que, para promover dicho incidente es indispensable que previamente el órgano de control constitucional realice el pronunciamiento correspondiente en el que califique si está o no cumplida su ejecutoria de amparo, y en caso de que la parte quejosa esté en desacuerdo con ese pronunciamiento, es que, es su caso, puede promover dicha incidencia, de no hacerlo hasta ese momento, la denuncia respectiva es improcedente. Lo que en el caso acontece. Norma el anterior criterio la siguiente tesis número Tesis: I.5o.P.11 K (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, del tenor literal siguiente: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PARA PROMOVER EL INCIDENTE RELATIVO, ES INDISPENSABLE QUE PREVIAMENTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL REALICE EL PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDIENTE EN EL QUE CALIFIQUE SI ESTÁ O NO CUMPLIDA SU EJECUTORIA DE AMPARO, DE LO CONTRARIO, LA DENUNCIA RESPECTIVA ES IMPROCEDENTE. Del análisis sistemático de los artículos 199 y 200 de la Ley de Amparo se advierte que, para promover el incidente de repetición del acto reclamado, es indispensable que previamente el órgano de control constitucional realice el pronunciamiento correspondiente en el que califique si está o no cumplida su ejecutoria de amparo; de manera que, hasta entonces, el quejoso estará en aptitud de promoverlo, en caso de estar en desacuerdo con ese pronunciamiento, por estimar que la autoridad responsable, si bien formalmente cumplimentó la sentencia que otorgó la protección constitucional, al emitir la nueva resolución, ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado; de no hacerlo hasta ese momento, la denuncia respectiva es improcedente."
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