Jose Prospero Loeza Muñoz

Expediente 1095/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1095/2016
Año
2016
Actuaciones
16
Última actuación
12/05/2017

Partes del expediente

  • Jose Prospero Loeza Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del once de abril al ocho de mayo de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el Agente del Ministerio Público de la Mesa Uno de Investigación de Robo de Vehículos del Sistema tradicional, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el anexo I, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar de recibo. Apercibidas que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    (CAPTURA CITATOTIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LA RESOLUCIÓN DE 31 DE MARZO DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de catorce de marzo de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, lo cual realizó mediante escrito presentado ante esta autoridad el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete (fojas 304 y 305); en consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 92 a 103), se negó el amparo a la parte quejosa; por lo que inconforme con dicha determinación, interpuso recurso de revisión, del cual le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en el toca R-375/2016, resolvió lo siguiente: "PRIMERO- Se revoca la sentencia recurrida SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a José Próspero Loeza Muñoz, en contra del acto reclamado del Agente del Ministerio Público en funciones de Titular de la Agencia del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Investigación de Robo de Vehículos Segunda Mesa de Trámite Non, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, que hizo consistir en el acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, dictado en la averiguación previa 1224/2010/RVPUE, en el que se negó la devolución del inmueble asegurado ubicado en calle Insurgentes número 1308, colonia Guadalupe Hidalgo, de la ciudad de Puebla." Entre los argumentos torales que culminaron con el otorgamiento del amparo y protección de la Justicia Federal de manera lisa y llana, encontramos los siguientes: "(.) Ahora bien, este Tribunal Colegiado estima que el aseguramiento reclamado por el quejoso hoy recurrente, consistente en el acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, dictado en la averiguación previa 1224/2010/RVPUE, en el que se negó la devolución del inmueble asegurado ubicado en calle Insurgentes número 1308, colonia Guadalupe Hidalgo, de la ciudad de Puebla, es violatorio de las garantías previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales porque como se ha visto de la citada indagatoria, el predio asegurado es propiedad de José Próspero Loeza Muñoz, lo que acreditó con el instrumento notarial número 52, de fecha treinta de marzo de mil novecientos noventa y ocho, emitido ante la fe de la Notario Público número cincuenta y dos, de la ciudad de Puebla (foja 40 a 46 cuaderno de amparo) y dictamen de topografía y agrimensura número 387 emitido por el perito Ingeniero Alberto Beltrán Castillo, en el que se concluyó que existe identidad plena del inmueble reclamado por el quejoso hoy recurrente y el inmueble descrito en dicha escritura pública (foja 1145 Anexo 1); persona que no tiene la calidad de inculpado y por ende, es extraña a la citada averiguación previa. Asimismo, debe decirse que si bien es cierto que el artículo 52 del código sustantivo de la materia autoriza el aseguramiento de los instrumentos del delito, así como las cosas que sean objeto o producto de él y que la Representación Social sí puede llevar a cabo el aseguramiento de aquellos bienes, sin embargo, para que ello sea factible es necesario que el bien objeto del aseguramiento sea instrumento, objeto del delito o producto de él, sin que en el caso se encuentre acreditada alguna de esas circunstancias, en virtud de que lo único que se desprende del acuerdo de aseguramiento decretado dentro de la averiguación previa es que en el interior del bien inmueble ubicado en calle Insurgentes número 1308 de la colonia Guadalupe Hidalgo de la ciudad de Puebla, Puebla, fueron encontrados diversos vehículos con reporte de robo y mercancía que fue robada, además se utilizó para ocultar los objetos del delito como son unidades motoras, mercancía robada, vehículos alterados en su identificación, pero no que se haya demostrado fehacientemente que el quejoso hoy recurrente y el inmueble tuvieran relación con los Ilícitos de robo de vehículo, robo de mercancía y delincuencia organizada, o con las personas contra las que se instruye la citada averiguación por lo que en ese aspecto el aseguramiento reclamado resulta inconstitucional. [.] Circunstancia que denota, por un lado la falta de intención del representante social de integrar la averiguación previa a efecto de ejercer acción penal por los ilícitos indicados, y por otro, que existe un retardo injustificado de más de seis años, respecto al aseguramiento del inmueble propiedad del quejoso, hoy recurrente, sin que haya demostrado fehacientemente que dicho inmueble tiene relación o es considerado instrumento del delito, lo que resulta en perjuicio de su propietario, pues mientras mantenga el aseguramiento respectivo, se encontrará impedido para hacer uso y disfrute del bien que es de su propiedad, porque no debe de perderse de vista que una medida precautoria tiene la característica de ser transitoria y excepcional, es decir, debe durar el tiempo estrictamente necesario para lograr el fin que con ella se pretende y en ese cometido la autoridad ministerial está obligada a actuar con prontitud y celeridad, para no vulnerar el derecho fundamental de legalidad contenido en el artículo 16 constitucional: facultad ministerial que se debe limitar a un plazo breve e indispensable: lo que en la especie no ocurrió, dado que se tradujo en un aseguramiento prolongado e injustificado. [Lo subrayado y resaltado no es de origen] Ahora bien, en auto de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete (fojas 273 a 275), se tuvo al fiscal responsable remitiendo copia certificada del acuerdo dictado el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, dentro de la averiguación previa AP-1224/2010/RVPUE, del que se advertía que la autoridad responsable en acatamiento a la ejecutoria de amparo, dejó sin efectos el acuerdo reclamado de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis; asimismo, estableció que el inmueble afecto ubicado en calle Insurgentes número 1308, colonia Guadalupe Hidalgo, de la ciudad de Puebla, no resultaba necesario para realizar alguna diligencia, por lo que ordenó retirar la custodia del mismo y su entrega en posesión al quejoso José Prospero Loeza Muñoz, para su uso y disfrute. Sin embargo, con fundamento en el artículo 15 del Código Penal del Estado de Puebla, le hizo del conocimiento al quejoso que debía abstenerse de realizar actos de enajenación, limitándose sólo al uso, goce y disfrute del bien inmueble, con el fin de preservar el objeto de investigación, hasta que se resuelva en definitiva la indagatoria de mérito. De lo anterior se evidenciaba que la autoridad responsable no daba cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ello es así, porque como se dijo, el amparo y protección de la justicia federal se concedió de forma lisa y llana, al considerar -el Tribunal de Alzada- que el aseguramiento prolongado del inmueble es injustificado, ya que el amparista demostró ser el propietario del inmueble en cuestión, y el mismo no tiene la calidad de inculpado en la indagatoria de que se trata, por ser extraño a la misma. Además de que, respecto del inmueble no se había acreditado que fuera instrumento, objeto del delito o producto de éste, ya que lo único que se advertía es que en su interior se encontraron diversos vehículos con reporte de robo y mercancía robada, y que se utilizó para ocultar los objetos del delito, pero no que se encontraba demostrado fehacientemente que el quejoso y el inmueble tuvieran relación con los ilícitos de robo de vehículo, robo de mercancía, y delincuencia organizada o con las personas contra las que se instruyó la citada averiguación. Aunado a que el Tribunal de Alzada, abundó en que existe un retardo injustificado por más de seis años respecto del aseguramiento del inmueble afecto, tiempo más que suficiente para que el representante social llevara a cabo las diligencias necesarias con el fin de recabar indicios que demostraran que el multicitado inmueble guardaba relación con algún ilícito, así como para en su caso, ejercer la acción de extinción de dominio. Agregando que, mientras subsista dicho aseguramiento, el amparista se encuentra impedido para hacer uso y disfrute del inmueble, ya que no debe perderse de vista que una medida precautoria tiene la característica de ser transitoria y excepcional; es decir, la facultad ministerial debe limitarse a un plazo breve e indispensable, lo que en la especie no aconteció, ya que el aseguramiento del inmueble ha sido prolongado e injustificado. Por lo anterior, se requirió nuevamente a la Agente del Ministerio Público responsable, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, consistente en dejar insubsistente el acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis (acto reclamado), dictado en la averiguación previa 1224/2010/RVPUE; así como la diversa resolución de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, con la que pretendía dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; y, emitiera una nueva determinación, en la que acatara plenamente los efectos concesorios de la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, tomando en consideración las omisiones antes destacadas. Así las cosas, mediante oficio 388/2017 de siete de marzo de dos mil diecisiete (fojas 279 a 289), la Agente del Ministerio Público responsable remitió copia certificada de la resolución de seis de marzo del mismo año, dictada en la averiguación previa 1224/2010/RVPUE, de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente el acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis (acto reclamado), así como la diversa resolución de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, acorde a lo requerido en proveído de veintiocho de febrero pasado. - Resolvió levantar el aseguramiento decretado al inmueble afecto ubicado en calle Insurgentes número mil trescientos ocho, colonia Guadalupe Hidalgo, de la ciudad de Puebla, y restituir en definitiva la propiedad sobre el mismo al quejoso José Próspero Loeza Muñoz, a fin de que pueda ejercer su derecho a disponer del mismo de manera libre y exclusiva. Asimismo, mediante oficio 391/2017 la fiscal responsable remitió copia certificada de diversas constancias emitidas en la averiguación previa 1224/2010/RVPUE (fojas 288 a 299); de las que se advierte que hizo entrega definitiva del inmueble afecto (materia del acto reclamado) al aquí quejoso José Próspero Loeza Muñoz, el seis de marzo de dos mil diecisiete; quien incluso firmó dicha diligencia. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Por otra parte, respecto del escrito del quejoso presentado ante esta autoridad el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete (fojas 304 y 305), agréguese únicamente para que obre como corresponda en virtud de que a través del mismo refiere estar conforme con el cumplimento dado por la autoridad responsable. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por oficio a la autoridad responsables a la autoridad tercero interesada y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.Así lo proveyó y firma María Eugenia Gómez Villanueva, Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante la Secretaria Javier Galvez Delgado, quien autoriza y da fe

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito presentado por el quejoso José Prospero Loeza Muñoz, y sus asesores jurídicos; visto su contenido, ténganseles por hechas sus manifestaciones respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria del presente juicio de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de la materia, las cuales se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno.

  4. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, catorce de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público de la Mesa Uno de Investigación de Robo de Vehículos del Sistema Tradicional y anexo, a través del cual manifiesta haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues remite copia certificada de la diligencia ministerial de entrega definitiva del inmueble (materia del acto reclamado), al aquí quejoso José Prospero Loeza Muñoz, de fecha seis de marzo de dos mil diecisiete. En consecuencia, con el contenido del oficio de mérito y documental anexa, así como el diverso recibido el ocho de marzo pasado (fojas 279 a 284), dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad responsable oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente cuyo rubro, texto y datos de localización en seguida se anuncian: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Época: Décima Época, Registro: 2007918, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 54/2014 (10a.), Página: 19).

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