José Pedro Quezada Gamboa

Expediente 58/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
58/2017
Año
2017
Actuaciones
13
Última actuación
22/06/2017

Partes del expediente

  • José Pedro Quezada Gamboa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de cinco de junio de dos mil diecisiete, por la que se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de destrucción por haberse negado la media cautelar solicitada. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua, cinco de junio de dos mil diecisiete. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo *******, promovido por *******, contra actos del Presidente Municipal del Municipio de Buenaventura, Chihuahua y otras autoridades. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, ******* demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que a continuación se indican: 3. AUTORIDADES RESPONSABLES: Con el carácter de Ordenadoras y Ejecutoras: I.- H. Cabildo Municipal de Buenaventura, Chih., II.- C. Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Buenaventura, Chih. Ambos con domicilio en el Palacio Municipal, con domicilio en la esquina que forman la Avenida Juárez y la Calle Anáhuac sin número en la Población de Buenaventura, Chih. Sólo con el carácter de Ejecutora: III.- C. Encargada de la Oficina del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Galeana, con domicilio en la esquina Poniente que forman la Avenida Constitución número Local y la Calle Emilio Carranza, en la zona Centro de la Ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chih. 4. ACTO RECLAMADO: 1. De las Autoridades mencionadas en los incisos (I) y (II), reclamo: a).- LA PRIVACIÓN DE MIS DERECHOS DE PROPIEDAD, FUERA DE TODO PROCEDIMIENTO, mediante la cancelación de mi título de propiedad número *******, expedido a mi nombre, por el H. Ayuntamiento de Buenaventura, del Estado de Chihuahua, con fecha de diciembre del año de 1985; inscrito en la Oficina del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Galeana, con residencia en la Ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chih., bajo el Número *******, del Folio *******, del Libro ******* de la Sección *******. b).- La DESPOSESIÓN FUERA DE TODO PROCEDIMIENTO, ordenada y ejecutada, respecto del Lote de Terreno de mi propiedad, ubicado en la manzana ******* de la Colonia *******, con superficie de ******* metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, se miden ******* metros y linda con la ******* se miden ******* metros y linda con propiedad del señor *******; AL ORIENTE se miden ******* metros y linda con propiedad del señor *******, y; AL PONIENTE se miden ******* metros y linda con propiedad del señor *******, dentro del Fundo Legal de Buenaventura, Chih. c).- La expedición con fecha 27 de septiembre del año 2010, de un nuevo Título de Propiedad, respecto del mismo lote de terreno, a favor del señor *******. De la Autoridad mencionada en el inciso (III), reclamo: a´).- La cancelación de la inscripción Número *******, a Folios ******* del Libro *******, de la Sección *******, que correspondía a mi Título Propiedad y; b´).- La inscripción bajo el Número *******, a Folios *******, del Libro ******* de la Sección *******, del Título de Propiedad, expedido a favor del señor *******. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó violadas. La parte quejosa considera que con la emisión de los actos reclamados se violaron en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El treinta de enero de dos mil diecisiete, se radicó la demanda como amparo indirecto ******* y se admitió a trámite, se solicitó a las responsables su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, por último, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, Constitucionales, 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de actos que son susceptibles de ejecutarse por autoridades con sede dentro del territorio en el que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizado en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: 1. Del Ayuntamiento Municipal y del Presidente Municipal, ambos del Municipio de Buenaventura, Chihuahua: a) La orden de cancelación del título de propiedad *******, expedido a nombre del quejoso, por el Ayuntamiento de Buenaventura, del Estado de Chihuahua, el seis de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco. b) La orden de desposesión del lote de terreno ubicado en la manzana ******* de la colonia *******, dentro del Fundo Legal de Buenaventura, Chihuahua, con superficie de ******* metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, ******* metros y linda con *******; AL SUR, ******* metros y linda con propiedad de *******; AL ORIENTE, ******* metros y linda con propiedad de *******; y, AL PONIENTE, ******* metros y linda con propiedad de *******. c) La expedición de un nuevo título de propiedad, respecto del mismo lote de terreno, a favor del señor *******, realizada el veintisiete de septiembre de dos mil diez. 2. De la Encargada de la Oficina del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Galeana: a) La cancelación de la inscripción Número *******, a Folios ******* del Libro *******, de la Sección *******, que correspondía al título de propiedad del que la quejosa adujo ser titular. b) La inscripción bajo el Número *******, a Folios *******, del Libro ******* de la Sección *******, del Título de Propiedad, expedido a favor del señor *******. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente y del cual se procederá a su estudio. Se cita, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, de Abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, la Encargada de la Oficina del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Galeana aceptó la existencia de los actos de ejecución que se le atribuyeron, consistentes en la cancelación de la inscripción número *******, a folios ******* del libro *******, de la sección *******, que correspondía al título de propiedad del que la quejosa adujo ser titular; así como la inscripción bajo el número *******, a folios *******, del libro ******* de la sección *******, del título de propiedad, expedido a favor de *******. Por su parte, al rendir su informe justificado, el Presidente Municipal del Municipio de Buenaventura, Chihuahua por sí y en representación de ese Ayuntamiento, negó la existencia de los actos que se le atribuyeron; sin embargo, al hacerlo justificó la legalidad de su proceder, afirmando diversas circunstancias relacionadas con el abandono del inmueble que el quejoso adujo era de su propiedad, entre otras cosas, con lo que implícitamente aceptó la existencia de los actos que se le atribuyeron. Para corroborar sus afirmaciones, las citadas autoridades remitieron copia certificada de las constancias que obran en sus archivos, respecto de los contratos de compraventa e inscripciones registrales de los predios a los que ha hecho mención, documentales a las que se les reconoce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por autoridades en ejercicio de sus funciones; de ahí que debe tenerse por cierta la existencia del acto reclamado. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. No serán materia de análisis la constitucionalidad del acto reclamado, ni los motivos de inconformidad vertidos para desvirtuarla, en atención a que este órgano jurisdiccional advierte la actualización de una causa de improcedencia, cuyo análisis es preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En la especie, el presente juicio deviene improcedente en atención a que la parte quejosa no justificó contar con un derecho jurídicamente tutelado, que fuera lesionado por el actuar de la autoridad responsable, es decir, no demostró que gozara de interés jurídico para promover el juicio de control constitucional. Para evidenciar este aserto, es menester citar el contenido de los artículos 61, fracción XII, y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo que, respectivamente, estatuyen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.] De la interpretación conjunta de los preceptos transcritos se deduce que la acción constitucional de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que quien acuda en ejercicio de la acción de amparo, debe cumplir las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Tanto el interés jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Desde esta perspectiva, al referirse la Ley de Amparo a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho humano del que sea titular la parte quejosa en lo individual, es decir, tenga interés jurídico. Sobre este aspecto, es oportuno precisar que la figura del interés jurídico se encuentra íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada, conforme al cual, el acto que se reclama debe causar un perjuicio a la persona que se estime afectada. Así, no toda afectación puede ser considerada suficiente para acreditar el interés jurídico, pues sólo tiene legitimación para promover el juicio de amparo el titular del derecho afectado y no terceras personas, aun cuando éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata alguna lesión o afectación por el acto de autoridad, por grave que aquélla pudiera parecer. Lo anterior se concibe de esa manera, ya que el interés jurídico para los efectos del juicio de amparo se identifica con el derecho humano, que es el derivado de la norma objetiva que se concreta en alguna persona determinada otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible frente al resto de los gobernados e, incluso, de la propia autoridad. Como la tutela del derecho sólo comprende bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones a ese derecho deben ser igualmente susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, de modo que la naturaleza intrínseca del acto reclamado es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera jurídica del particular, sin que pueda existir entonces agravio cuando las afectaciones que una persona pueda sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados, ante lo cual es estrictamente necesario acreditar verse afectado por el acto que se tilda de inconstitucional. Ilustra lo anterior, analógicamente al nuevo sistema constitucional, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo II, de julio a diciembre de 1988, página 224, del siguiente tenor: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO QUÉ LO CONSTITUYE. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. De manera reiterada la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el interés jurídico, para efectos del juicio de amparo, debe acreditarse fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, por su naturaleza excepcional y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad, según se desprende de las jurisprudencias 16/97 y 21/98, emitidas por la Segunda Sala, así como la tesis XXV/89 de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros y textos, respectivamente, señalan: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso. INTERÉS JURÍDICO. DEBE ACREDITARSE PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Al establecer los artículos 4o, 76 y 80 de la ley de Amparo, respectivamente, el principio de instancia de parte agraviada, el de particularidad de la sentencia de amparo que prohíbe hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el caso concreto, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existe la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que, en principio, no les causen ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos de la Ley de Amparo. A partir de esas bases, se concluye que la afectación al interés jurídico como condición para la procedencia del amparo tiene como sustento la titularidad de un derecho humano que puede ser de carácter subjetivo, o bien de carácter objetivo o erga omnes. Así, este último lo tiene cualquier eventual afectado que resienta un daño concreto por su situación frente al orden jurídico, cuando se vea afectado por el hecho de que las autoridades no se conduzcan dentro del margen de la ley, y pueda ser remediado a través de una medida individualizada por parte de las autoridades. Cabe señalar que esta hipótesis debe distinguirse claramente de aquella situación en que simplemente se aduzca la pérdida del beneficio o ventaja, ya sea fáctica o material, y no derive de una actuación irregular de la autoridad, pues tal supuesto equivale a un interés simple, que no faculta al particular para exigir una determinada prestación, de manera que no es susceptible de tutela judicial. Por ende, la comprobación del referido interés tiene que vincularse directamente con el bien jurídico que se aduce afectado, esto es, con el carácter con que acude el quejoso al juicio, por lo que debe acreditar fehacientemente ser el titular del derecho que se estima vulnerado, ya que de no ser de esa forma la acción constitucional resulta improcedente. En el caso, el peticionario de amparo formuló la demanda de amparo, ostentándose como propietario original del predio ubicado en la manzana ******* de la colonia *******, dentro del ******* de *******, Chihuahua, con superficie de ******* metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, ******* metros y linda con *******; AL SUR, ******* metros y linda con propiedad de *******; AL ORIENTE, ******* metros y linda con propiedad de *******; y, AL PONIENTE, ******* metros y linda con propiedad de *******. Con tal carácter, reclamó, sustancialmente, la orden de cancelación de su título de propiedad *******, que le expidió el Ayuntamiento de Buenaventura, Chihuahua, el seis de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, así como la posterior expedición de un nuevo título de propiedad, respecto del mismo lote de terreno, a favor de *******, realizada el veintisiete de septiembre de dos mil diez y las correspondientes consecuencias jurídicas de ello, materializadas en la desposesión del inmueble y las anotaciones registrales respectivas. Para acreditar que goza de un derecho protegido constitucionalmente, la parte quejosa ofreció copia certificada del título de propiedad expedido por el Presidente Municipal de Buenaventura, Chihuahua, el seis de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, respecto del predio ubicado en la manzana ******* de la colonia *******, dentro del ******* de *******, Chihuahua, con la superficie, medidas y colindancias ya precisadas. Por las particularidades del caso, esa documental no confiere a la quejosa el interés jurídico necesario para defender su propiedad en esta instancia constitucional. En efecto, la autoridad municipal exhibió copia certificada del contrato privado de compraventa, ratificado ante la Fe del Notario Público por ministerio de ley, del Municipio de Buenaventura, Chihuahua, licenciado *******, Juez Menor Mixto de ese municipio, celebrado el treinta y uno de octubre de dos mil cinco, entre el aquí quejoso, *******, en su carácter de vendedor y la tercero interesada, *******, en su carácter de parte compradora, respecto del predio ubicado en la manzana ******* de la colonia *******, dentro del ******* de *******, Chihuahua, con superficie de ******* metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, ******* metros y linda con *******; AL SUR, ******* metros y linda con propiedad de *******; AL ORIENTE, ******* metros y linda con propiedad de *******; y, AL PONIENTE, ******* metros y linda con propiedad de *******. Ahora, debe traerse a colación que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional ostentándose como propietario del bien inmueble de referencia y, bajo protesta de decir verdad, refirió -en lo sustancial- que la autoridad municipal lo privó de su propiedad sin haber instaurado algún procedimiento, con motivo de la expedición de un nuevo título de propiedad, respecto de lo que el quejoso señala se trata del mismo lote de terreno, a favor de *******, realizada el veintisiete de septiembre de dos mil diez. Bajo esas premisas, del examen de los presentes autos se advierte que al momento de promover la demanda de amparo, la parte quejosa no comprobó tener un derecho jurídicamente tutelado respecto del mencionado inmueble, toda vez que de acuerdo con las constancias que se allegaron al expediente, el citado inmueble salió de su patrimonio el treinta y uno de octubre de dos mil cinco, con motivo del contrato de compraventa que celebró con la tercero interesada, *******. Así se sostiene, pues la copia certificada del citado acto traslativo de dominio, aun cuando se trata de un contrato privado de compraventa, es de fecha cierta por haberse ratificado ante la Fe del Notario Público por ministerio de ley, del Municipio de Buenaventura, Chihuahua, licenciado *******, Juez Menor Mixto de ese municipio, el mismo treinta y uno de octubre de dos mil cinco. De esta manera, el referido contrato de compraventa evidencia que a la fecha en que el quejoso promovió la demanda de amparo, el bien inmueble ubicado en la manzana ******* de la colonia *******, dentro del ******* de *******, Chihuahua, con superficie de ******* metros cuadrados, con las medidas y colindancias ya especificadas, ya había salido de su patrimonio, pues no se exhibió prueba diversa que evidencia que con posterioridad a la fecha de su venta, nuevamente hubiera sido adquirido por el impetrante del amparo. En este orden de ideas, el título de propiedad que exhibió el quejoso que data del seis de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, sólo acredita que el quejoso fue propietario del referido inmueble, pero obran constancias de que salió de su patrimonio, antes de que las autoridades responsables emitieran los actos que tilda de inconstitucionales (expedición del nuevo título de propiedad a favor de *******, realizada el veintisiete de septiembre de dos mil diez). Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 1/2002, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XV, de Febrero de 2002, materia civil, página 5, del siguiente tenor: POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Asimismo, es aplicable por analogía, la tesis aislada de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXIII, materia común, página 3770, del siguiente rubro y texto: PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. Una correcta interpretación de la fracción VI del artículo 63 de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que éste debe ser solicitado precisamente por la persona que estima se le causa molestia por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, porque el interés jurídico de que habla dicha fracción, no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados, y aunque la lesión de tales derechos, es natural que traiga repercusiones mediatas o inmediatas en el patrimonio de otras personas, no son éstas quienes tienen el interés jurídico para promover amparo. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo cuerpo normativo, se impone sobreseer en el presente juicio. Este sobreseimiento se debe hacer extensivo a los actos de ejecución atribuidos a la autoridad ejecutora que se señaló en la demanda, pues la ejecución que se les imputa no se reclamó por vicios propios, sino como una consecuencia de la orden dictada por las ordenadoras. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 516, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, materia común, página 339, del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Atento el sentido que rige el presente fallo, existe un impedimento legal para abordar el estudio del fondo de la cuestión planteada por la impetrante de amparo. Es aplicable a esta consideración, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo 70, de octubre de 1993, página 57, que estatuye: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75 y 78 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo *******, promovido por *******. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que conste como legalmente corresponda, el oficio que remite el Juez Menor Mixto, con residencia en Buenaventura, Chihuahua, por medio del cual devuelve debidamente diligenciada la requisitoria *******, del índice de este juzgado, acúsese recibo de estilo. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 298 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otra parte, en virtud de que la tercero interesada *******, no dio cumplimiento a la prevención que se le formuló mediante proveído de veintinueve de marzo del año en curso, en el sentido de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; consecuentemente, a fin de no dejarla en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, efectúese la presente notificación, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de la lista de acuerdos que se publica en los estrados de este Juzgado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte que para el día de hoy se encuentra prevista la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no ha sido posible emplazar al presente juicio a la tercera interesada *******. Consecuentemente, a fin de dar margen a que se cumplimente lo anterior procede diferir la audiencia constitucional prevista para esta data y para su verificativo se señalan las diez horas con veinte minutos del cinco de junio de dos mil diecisiete, en términos de lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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