José Octavio Vargas Camarillo
Expediente 514/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 514/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 20/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- José Octavio Vargas Camarillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de enero de dos mil veintiuno. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, emitido el dieciséis de octubre de dos mil veinte. En consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión provisional y se negó la definitiva el incidente de suspensión original es destruible, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con el inciso a) y c), del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de diciembre de dos mil veinte. Reanudación de procedimiento En razón a que ha fenecido la suspensión de plazos y términos decretada mediante la circular SECNO/24/2020 y ampliada por la diversa SECNO/STCCNO/543/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, y se deben reanudar todos los asuntos que se hayan tramitado con anterioridad al periodo del treinta de octubre al veintisiete de noviembre de dos mil veinte, a partir del punto en que se suspendieron. En consecuencia, se reanuda este asunto y se provee lo conducente para su debida tramitación. Plazo para interponer recurso de revisión A fin de evitar una violación al procedimiento, se decreta que a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación a la parte quejosa del presente acuerdo, volverá a correr el plazo que le fue concedido a fin de que esté en posibilidad de interponer recurso de revisión en contra del auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte, en el que sobreseyó fuera de audiencia este asunto, según se establece en el artículo 86, de la Ley de Amparo. Dado que, el auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte, se notificó a la quejosa el veintiséis de octubre de este año, dicha notificación surtió efectos el veintisiete y comenzó a correr el veintiocho del mismo mes y año; entonces tiene siete de los diez días que se le confirieron para recurrir. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones Finalmente, a excepción de la parte quejosa, notifíquese por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese, por lista al agente del Ministerio Público adscrito y a las autoridades responsables; así como, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN D ELA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de diciembre de dos mil veinte. Reanudación de procedimiento En razón a que ha fenecido la suspensión de plazos y términos decretada mediante la circular SECNO/24/2020 y ampliada por la diversa SECNO/STCCNO/543/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, y se deben reanudar todos los asuntos que se hayan tramitado con anterioridad al periodo del treinta de octubre al veintisiete de noviembre de dos mil veinte, a partir del punto en que se suspendieron. En consecuencia, se reanuda este asunto y se provee lo conducente para su debida tramitación. Plazo para interponer recurso de revisión A fin de evitar una violación al procedimiento, se decreta que a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación a la parte quejosa del presente acuerdo, volverá a correr el plazo que le fue concedido a fin de que esté en posibilidad de interponer recurso de revisión en contra del auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte, en el que sobreseyó fuera de audiencia este asunto, según se establece en el artículo 86, de la Ley de Amparo. Dado que, el auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte, se notificó a la quejosa el veintiséis de octubre de este año, dicha notificación surtió efectos el veintisiete y comenzó a correr el veintiocho del mismo mes y año; entonces tiene siete de los diez días que se le confirieron para recurrir. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones Finalmente, a excepción de la parte quejosa, notifíquese por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese, por lista al agente del Ministerio Público adscrito y a las autoridades responsables; así como, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de octubre de dos mil veinte. Informe justificado Agréguese a los autos informe justificado rendido por la agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, en ausencia del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos con Personas Detenidas y del Fiscal de Distrito Zona Norte, y anexos que acompaña. Luego, en atención a su contenido se le tiene informando que a las dos horas con cincuenta y ocho minutos del ocho de octubre de dos mil veinte, dentro del plazo constitucional, el quejoso ******* fue puesto en libertad en términos del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que, se advierte de manera manifiesta e indudable que, en el caso, han cesado los efectos del acto reclamado. Así, se resuelve: Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el siete de octubre de la presente anualidad, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, turnado a este juzgado, por razón de turno, el mismo día, ******* en su calidad de defensor particular de *******, promovió juicio de amparo contra el agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos con Detenidos, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Zona Norte y Fiscal General del Estado de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Zona Norte, a quienes reclamó la prolongación ilegal de la detención del directo agraviado y la negación de ponerlo en libertad. SEGUNDO. Derechos constitucionales reclamados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite al escrito inicial. Mediante auto de ocho de octubre de dos mil veinte, se ordenó formar expediente y registrar el asunto como juicio indirecto 514/2020-I-1; se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Considerando PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad de Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud de que es un asunto en materia penal administrativa en el que se reclaman actos de autoridades que tienen su domicilio dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo reforman, modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Causa de improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del último párrafo del artículo 73 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada de forma manifiesta e indudable. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el particular, este juzgado federal estima que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Del precepto legal invocado, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Igualmente, resulta aplicable sobre el particular, por identidad de razón, el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 71, tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 197367, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Con el propósito de fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, por regla general, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, derivado de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, cuyo objeto es reparar la violación a esos derechos que un determinado acto de Autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, tanto el legislador ordinario ha establecido, como la jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial de la Federación han interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Del precepto legal, se infiere que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el acto reclamado deja de incidir en la esfera jurídica del peticionario de garantías, de modo que ya no puede producir efecto alguno. En la especie, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional de ocho de octubre de dos mil veinte, ******* en su calidad de defensor particular de *******, promovió juicio de amparo contra actos del agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos con Detenidos, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Zona Norte y Fiscal General del Estado de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Zona Norte, a quienes reclamó la prolongación ilegal de la detención del directo agraviado y la negación de ponerlo en libertad. Ahora, de las constancias remitidas por la Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, en ausencia del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos con Personas Detenidas y del Fiscal de Distrito Zona Norte, todos con residencia en esa ciudad, se advierte que en la carpeta de investigación ******* el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Delitos con Detenido dictó acuerdo de libertad de persona retenida ante el Ministerio Público, por lo que, se ordenó su inmediata libertad en términos del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, queda claro de las constancias que se reciben que a las dos horas con cincuenta y seis minutos del ocho de octubre de dos mil veinte, el quejoso ******* fue puesto en libertad durante la investigación. Lo anterior se corrobora con la copia certificada que remitió la autoridad responsable; documental a la que se le reconoce valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. Así, lo informado por las autoridades responsables resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesaron los efectos del acto reclamado, lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Delitos con Detenido dejó en inmediata libertad al aquí quejoso ******* a las dos horas con cincuenta y seis minutos del ocho de octubre de dos mil veinte; por ende, los actos reclamados consistentes en su detención y omisión de dejarlo en libertad, cesaron en sus efectos; en esa medida, se actualiza la causa de improcedencia de mérito. En las apuntadas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XXI; con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Esto, conforme al criterio 10/2003, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese orden, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional que se programó a las nueve horas con cincuenta minutos del nueve de noviembre de dos mil veinte, por actualizarse la causal anotada en líneas precedentes. Notifíquese, por lista al representante social de la adscripción, personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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