José Nolazco AZ
Expediente 1060/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 31 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1060/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 17/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- José Nolazco AZ
- Secretario de Gobernación
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de veintiocho de julio del presente año, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es conservable una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que aunque se sobreseyó respecto de los actos reclamados, se concedió la suspensión de plano, de conformidad con lo establecido en el numeral 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados Por Los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, aplicado por analogíaEn atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Finalmente, las constancias que integran el expediente electrónico coinciden en su totalidad con el expediente impreso del juicio de amparo indirecto ********************, ello, en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como simple antecedente el oficio signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-1 de la Unidad de Investigación y Litigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la República; en virtud de que el veintiuno de julio del año en curso, se tuvieron por recibidas las constancias que refiere. Lo anterior, de conformidad con el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1060/2022-V. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, se recibió la demanda promovida por ********************a favor de ********************, en la que demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se precisan: (.) 1. SECRETARIO DE GOBERNACIÓN (.) 2. SUBSECRETARIO DE POBLACIÓN, MIGRACIÓN Y ASUNTOS RELIGIOSOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (.) 3. COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN (.) 4. COORDINADOR DE REGULACIÓN MIGRATORIA (.) 5. COORDINADOR GENERAL DE LA COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS (.) 6. DELEGADO DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN CIUDAD JUÁREZ (.) 7. SUBDELEGADO DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN CIUDAD JUÁREZ (.) a) LA INCOMUNICACIÓN, MALOS TRATOS Y OMISIÓN DE PRESTAR LA ASISTENCIA Y PROTECCIÓN NECESARIA PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FÍSICA del quejoso ********************, quien con alto grado de probabilidad se encuentra en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad fronteriza. b) EL ILEGAL E INCONSTITUCIONAL ASEGURAMIENTO del quejoso ********************, de nacionalidad ********************, quien con alto grado de probabilidad se encuentra en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad fronteriza. c) La falta de información o motivos del aseguramiento y permanencia dentro de las Estaciones Migratorias o Estación Migratoria donde se encuentren. d) La omisión de las responsables de emitir tarjeta de visitantes por razones humanitarias al quejoso. e) La ORDEN DE DEPORTACIÓN a su país de origen. f) La omisión de fijarle una fianza en términos de numeral 102, de la Ley de Migración. g) La negativa de las responsables de permitirle comunicarse con sus abogados, así como la negativa del acceso de sus abogados al lugar en el que se encuentra recluído. (.) SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 11, 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, el secretario de guardia de este órgano jurisdiccional recibió el escrito de demanda de amparo, radicándola bajo el expediente 1060/2022-V y proveyendo sobre la suspensión de plano; así, el dieciocho del citado mes y año, al haber sido ratificada por ********************, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama del (1) Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua y el (2) Subrepresentante de la Oficina de Representación en Chihuahua, ambos del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad; (3) Secretario de Gobernación, (4) Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y (5) Comisionado del Instituto Nacional de Migración. La privación de la libertad en calidad de alojados y retenidos; deportación a su país de origen en ******************** la incomunicación y malos tratos; el impedirles realizar su trámite ante la Comisión Mexicana de Ayuda Refugiados a efecto de que se les conceda tarjeta de visitante por razones humanitarias. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, que consta del rubro ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Director General de Procedimientos Constitucionales, en representación del Secretario de Gobernación , Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración en su carácter de representante del Comisionado, Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, en representación del Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, todos residentes en la Ciudad de México; y el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, (fojas 70, 79, 85 y 106), al rendir sus respectivos informes justificados negaron categóricamente los actos que les atribuye el accionante del amparo. II. Por lo que hace a la incomunicación, deportación a su país de origen; la negativa de su registro ante la Comisión Mexicana de Ayuda Refugiados a efecto de otorgarles visa humanitaria, del informe sobre la suspensión de plano y constancias que allegó el Titular y el Subrepresentante Local Encargado de la Estancia Provisional Juárez, ambos del Instituto Nacional de Migración adscritos a la Oficina de Representación en Chihuahua, en esta ciudad, se desprende su inexistencia. Se dice lo anterior, pues remitió el certificado médico de ingreso de catorce de noviembre de dos mil veintidós, en el que se concluyó que se encuentra sano y la prueba rápida de covid-19, arrojó un resultado negativo; así como solicitud de retorno asistido bajo el expediente ********************de ocho del citado mes y año, en el que consta su manifestación expresa de no ser su deseo de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, además de no haber sufrido daño alguno, maltrato o humillación. Además, se toma en consideración la constancia realizada el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, por la Actuaria Judicial de la adscripción, en la que asentó, que una vez que se entrevistó con ********************, a simple vista observó que se encontraba en buen estado físico. Razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, respecto de las autoridades y actos que quedaron precisados en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 804176, de rubro: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe justificado; por lo que acorde a lo establecido en los ordinales 115 en relación con el 117, de la Ley de la Materia, se presume su existencia, a saber, la privación de la libertad en calidad de alojado y retenido del quejoso. Lo anterior es así, pues de las constancias recabadas por este Juzgado, se desprende que el catorce de noviembre de dos mil veintidós, el quejoso fue detectado en el punto de revisión carretero denominado Precos, situado en el kilómetro 311+341 de la carretera Chihuahua-Juárez, en esta ciudad, y en la misma data fue puesto a disposición del Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, quien dictó el acuerdo de presentación y ordenó alojar de manera temporal al justiciable en esa estación migratoria. Por tanto, se tienen por ciertos los actos que se endilgan a la autoridad responsable, siendo aplicable al caso la tesis con registro digital 21100, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de la Octava Época, Materias Común, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, de julio de 1994, página 391, que a la letra dice: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Así, Esta Juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] El numeral es claro al establecer que el juicio de garantías deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda de garantías, cesan los efectos del acto que se haya reclamado. Para que se actualice la indicada causal de improcedencia, las consecuencias que fueron generadas con el acto reclamado, según sea de carácter positivo o negativo, deben ser destruidas en forma total e incondicional a fin de considerar que opera la causa de improcedencia aludida. Lo anterior, toda vez que del sumario se desprenden los siguientes datos relevantes: 1. El diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda presentada por ********************a favor de ********************, se concedió la suspensión de plano a efecto de que obtuviera su libertad, fijando las medidas de seguridad que debía observar. 2. El veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, el Representante Local adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, dictó el acuerdo de salida de la estancia provisional por mandato judicial a favor de ********************. De lo que se tiene, que el justiciable se encuentra gozando de su libertad, de ahí que cesó la privación de la libertad con motivo de haber sido puesto a disposición de la autoridad migratoria. En efecto, y toda vez que para la actualización de la causal de improcedencia que se analiza no se requiere obligadamente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Encuentra apoyo lo anterior en la jurisprudencia III.2o.C J/22, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página número mil quinientos setenta y nueve, Tomo XXIII, de febrero de dos mil seis, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos diez, Tomo VII, de febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido establece lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Y, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, de junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no obstante que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese orden de ideas, es evidente que, en el caso, sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de dicho Ordenamiento Legal, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de los actos materia de estudio en este considerando. Así, toda vez que el sobreseimiento decretado impide el estudio de las cuestiones de fondo de la litis constitucional, resulta innecesario el análisis de los conceptos de violación respectivos; lo anterior con fundamento en la jurisprudencia 509 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1060/2022-V, promovido por ********************. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio que remite el Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, al cual adjunto copia certificada del expediente 7741/2022, instaurado en contra de **********; con lo anterior se le tiene dando cumplimiento al requerimiento formulado en auto veintiocho de junio del presente año. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.IRS
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