José Pascual León Martínez.

Expediente 433/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 19 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
433/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
27/06/2022

Partes del expediente

  • José Pascual León Martínez.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de tres de junio de dos mil veintidós, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por **************, no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho de que no obren en autos la totalidad de los acuses de notificación a las autoridades responsables, del auto de sobreseimiento decretado en el presente asunto, toda vez que de conformidad con el artículo 87, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éstas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión en contra de dicha determinación. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se decretó el sobreseimiento, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por lo que ve al original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso a), del artículo 18, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión provisional del acto reclamado, por lo se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. En virtud, de que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de un análisis realizado a las constancias remitidas por la Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Primera Región del Estado de Guanajuato, con sede en San Miguel de Allende y base en Comonfort, a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, y con la cual se demuestra lo informado por dicha autoridad oficiante, de conformidad con lo dispuesto en el criterio cuyo rubro es el siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.", se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción en la fracción XI del numeral 61 de la Ley de Amparo, puesto que los actos que se reclaman en esta instancia constitucional ya fueron materia de un diverso juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, radicado bajo el número ********************, del índice de este juzgado.********************El artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo dispone:******************** "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:******************** "(.)"********************"XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior."********************Como se puede advertir del numeral transcrito, el juicio constitucional es improcedente cuando los actos reclamados hayan sido materia de un diverso juicio de amparo promovido por el mismo quejoso y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas.********************Sobre el particular, Carlos Arellano García en su obra titulada el Juicio de Amparo, editorial Porrúa, primera edición, explica que la causal de improcedencia de que se trata se encuentra totalmente justificada, por las siguientes razones:********************a) La expresión "ejecutoria" cuyo significado procesal equivale a que ya no cabe medio de impugnación alguno, es decir, es la verdad legal;********************b) Que impera la institución de la cosa juzgada, que es absolutamente indispensable para evitar que se afecte la seguridad jurídica, o sea, se satisface la necesidad de saber a qué atenerse; y,********************c) Además de que los juicios de amparo serían interminables, por lo que resulta poner fin a ellos.********************Por su parte, el ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo" (séptima edición, México 1999, página 219), refiere que para su actualización: ".es necesario que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado aunque las violaciones constitucionales sea diversas. Con esto se consigue la finalidad que tiende a evitar que se pronuncien sentencias contradictorias y la promoción de nuevos amparos enderezados con idéntico objeto."********************De lo expresado por los juristas y del precepto en análisis se desprenden como elementos para que se actualice la cosa juzgada, los siguientes:********************1. Que necesariamente ambos juicios de amparo estén promovidos:********************Por el mismo quejoso o quejosos. ********************Contra las mismas autoridades.********************Por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas.********************2. Que tales actos hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Ahora bien, de las constancias que integran el referido juicio de amparo 238/2020-VII del índice de este Juzgado, las que se encuentran en el módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cual para el suscrito constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y además, con apoyo en las razones jurídicas que cita la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", se desprenden los siguientes antecedentes:********************Mediante escrito recibido el veintitrés de junio de dos mil veinte, por el Secretario de guardia de este órgano jurisdiccional, ******************** por su propio derecho, promovió demanda de amparo en contra de las autoridades y actos siguientes:********************AUTORIDADES RESPONSABLES:********************JUEZ DE ORALIDAD PENAL DE LA PRIMERA REGIÓN SEDE COMONFORT, GUANAJUATO. ********************JUEZ DE ORALIDAD PENAL DE LA PRIMERA REGIÓN SEDE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO.********************JUEZ DE ORALIDAD PENAL DE LA TERCERA REGIÓN SEDE CELAYA, GUANAJUATO. ********************JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL, GUANAJUATO, GUANAJUATO. ********************JEFE DE CÉDULA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA REGIÓN "C" DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, EN CELAYA. ********************JEFE DE CÉDULA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA REGIÓN "D" DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, SEDE CELAYA, EN SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO. ********************COORDINADOR DE INVESTIGACIONES REGIÓN "C" DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO EN CELAYA, GUANAJUATO. ********************COORDINADOR DE INVESTIGACIONES REGIÓN "D" DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO EN SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO. ********************JEFE DE CÉDULA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA REGIÓN "D" DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, SEDE CELAYA, EN COMONFORT, GUANAJUATO. ********************ACTO RECLAMADO:********************"Toda orden de aprehensión, detención, mandato judicial, orden de comparecencia, orden de cateo, medida cautelar o cualquier otra orden de privación."********************b) La que en proveído de veinticuatro de junio de dos mil veinte, se admitió a trámite bajo el número ********************.********************c) Seguidos los trámites, mediante sentencia de treinta de septiembre de dos mil veinte, se sobreseyó respecto del acto reclamado a algunas autoridades y negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso por la orden de aprehensión de dos de octubre de dos mil dieciocho, dictada en su contra por el Juez de Control en Materia Penal de la Región I, en Comonfort, Guanajuato, en la causa penal ******************** de su índice, así como su ejecución que imputó al Coordinador Regional "D" de la Dirección General de Investigaciones, en San Miguel de Allende, Guanajuato; y mediante proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, causó ejecutoria.********************Ahora, de las constancias que integran el presente juicio de amparo se advierte que:********************a) Mediante escrito depositado en el buzón oficial el dieciocho de abril de dos mil veintidós, y recibido el diecinueve siguiente, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado con residencia en esta ciudad, ******************** por su propio derecho, promovió demanda de amparo en contra del Juez de Oralidad Penal de la Primera Región, sede Comonfort, Guanajuato y otras autoridades, reclamando:********************ACTO RECLAMADO:********************"Toda orden de aprehensión, detención, mandato judicial, orden de comparecencia o cualquier otra orden de privación de la libertad emitida por las responsables y que pudiera ser cumplimentada por las ejecutoras en perjuicio del suscrito."********************b) Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de mérito a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, la que en proveído de veinte de abril del año en curso, admitió a trámite bajo el número 433/2022-II; ********************Luego, si el solicitante del amparo, acude a esta instancia constitucional reclamando nuevamente la orden de aprehensión de dos de octubre de dos mil dieciocho, dictada en su contra por la Jueza de Control del Juzgado Penal de Oralidad de la Primera Región en el Estado de Guanajuato, sede San Miguel de Allende, con base en Comonfort, por el delito que la ley señala contra la salud en su modalidad de posesión simple, en agravio de la Salud Pública, dentro de la causa penal ********************, lo cual ya fue objeto del diverso juicio de amparo ******************** del índice de este Juzgado, en el que, respecto de dicho acto, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal; es incuestionable que ya no es dable jurídicamente examinarlo, por cuanto hacerlo implicaría volver a analizar su constitucionalidad; de ahí que el acto reclamado de que se trata constituya cosa juzgada, al haberse declarado su firmeza.* Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, en particular los informes rendidos por las autoridades responsables, y las constancias allegadas por las mismas como sustento de su informe justificado, se obtiene que: La Juez de Control del juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Primera Región del Estado de Guanajuato, con sede en San Miguel de Allende y base en Comonfort, giró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, dentro de las causas penales: a) **************, por la comisión del delito contra la salud, en su modalidad de posesión simple; y, b) ***********, por la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de **********************. Ahora bien, el párrafo segundo del artículo 17 de la Carta Magna establece: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Numeral que reconoce como derecho fundamental de las personas, la impartición de justicia de manera pronta, completa e imparcial, atendiendo a los plazos y términos que fijen las leyes. En ese sentido, si bien es cierto la separación de juicios no está regulada en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, atendiendo al precepto constitucional citado, así como a la interpretación armónica de la legislación de amparo citada, el suscrito juzgador considera que es procedente dicha separación, cuando se advierta que en un mismo juicio de amparo se reclamen actos provenientes de diversos juicios, siempre y cuando éstos tengan existencia autónoma y no dependan entre sí, para evitar el dictado de una sentencia incongruente consigo misma, con la consecuente problemática que implicaría su cumplimiento, así como la tramitación y resolución de una eventual revisión. Por tanto, de los datos expuestos se desprende que los actos reclamados, emanan de diversas causas penales que están completamente desvinculadas entre sí, ya que provienen de diversos hechos delictuosos, por lo que el acto reclamado no se aprecia como consecuencia uno de otro o que emerjan de un mismo procedimiento o actuación, lo que los hace ser autónomos e independientes. En tales circunstancias al resultar necesaria la tramitación y estudio en forma separada del acto reclamado, se decreta la separación de los mandatos de captura que reclama la parte quejosa respecto de las causas penales *******************, respectivamente del índice del Juzgado de Control de Oralidad en Material Penal de la Primera Región del Estado de Guanajuato, con Sede en San Miguel de Allende y base en Comonfort, para que se tramiten por cuerda separada. En esas condiciones, se ordena: Obtener copia certificada de la demanda presentada por la parte quejosa y del informe justificado rendido por la Jueza de Control del Juzgado Penal de Oralidad de la Primera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en San Miguel de Allende y base en Comonfort, así como desglosar el disco en formato DVD, que remitió en apoyo a su informe justificado, para la formación del nuevo juicio de amparo. Una vez hecho lo anterior, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, para los efectos del registro correspondiente de la demanda de que se trata, únicamente en lo relativo al acto reclamado respecto de la causa penal 1P0821-26. En tales condiciones, en el presente expediente se conocerá del juicio de amparo promovido por el quejoso y por lo que ve a la orden de aprehensión de dos de octubre de dos mil dieciocho, emitida en la causa penal *******************, instruida en su contra, por la comisión del delito contra la salud, en su modalidad de posesión simple.

  4. Incidental

    Único. Se declara sin materia el presente incidente de suspensión, derivado del juicio de amparo 433/2022-II, promovido por **************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que precisadas quedaron en el considerando tercero y cuarto del presente fallo, por las razones ahí expuestas.

Quedan 15 actuaciones en este expediente

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