José Mauel Rodríguez Rivera y Otros.
Expediente 751/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 751/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Mauel Rodríguez Rivera y Otros.
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, once de agosto de dos mil veintidós. 1. Devuelve exhorto. Visto el oficio del actuario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan; mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 105/2022 (orden 324) del índice de este juzgado. Acúsese el recibo de estilo. Dese de baja la comunicación que se recibe y háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno. 2. Causa estado. En virtud de que ninguno de los quejosos impugnó el auto de once de julio de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho desechamiento HA CAUSADO ESTADO, en relación a los quejosos1) Luis Enrique Cárdenas Villanueva, 2) José Manuel Rodríguez Rivera, 3) Gerardo Israel Mendoza Ortiz y 4) Juan Zambrano González; asimismo que se reitera la diversa determinación de tres de los actuales, en la que se precisó que causaba ejecutoria el desechamiento por el quejoso Luis Fernando Amezcua Corona. 2. Archivo. Asimismo que se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área del edificio habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de agosto de dos mil veintidós. 1. Despacho devuelto. Visto el oficio de la secretaria de acuerdos del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del distrito judicial de Zamora, Michoacán; mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 184/2022 (orden 325) del índice de este juzgado. Acúsese el recibo de estilo. Dese de baja la comunicación que se recibe y háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno. 2. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto de once de julio de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 3. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área del edificio habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. 1.1. Registro. Vista la demanda de amparo promovida por 1) Luis Enrique Cárdenas Villanueva, 2) José Manuel Rodríguez Rivera, 3) Gerardo Israel Mendoza Ortiz, 4) Juan Zambrano González y 5) Luis Fernando Amezcua Corona, por su propio derecho; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 751/2022. 1.2. Actos reclamados: Del análisis íntegro de la demanda se obtiene que los primeros cuatro quejosos anotados se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social de Sahuayo, Michoacán, en tanto que el último de ellos, en el diverso de Zamora, Michoacán, y que señalan como acto reclamado: ? La orden de traslado a otro Centro de Readaptación Social fuera de su residencia en los Centros de Readaptación Social de Sahuayo y Zamora, Michoacán, sin causa justificada; así como la ejecución de la orden de traslado al Centro de Reinserción Social de la ciudad de Apatzingán, Michoacán. 1.3. Improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización.1 Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." 1. 4. Causa de improcedencia y desechamiento. La demanda de amparo deviene improcedente, lo que impone desecharla de plano, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo.3 Dicho numeral dispone que, contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, éstos deben promoverse antes de acudir a la instancia de amparo. La hipótesis es de interpretación restrictiva y tiene cuatro excepciones contempladas en el aludido artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, exclusivamente los siguientes supuestos: a) Cuando el acto reclamado carece de fundamentación. b) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. c) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. d) Que la suspensión tenga los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Como se observa, previo al ejercicio de la acción constitucional, se deben agotar los medios ordinarios de defensa que la ley del acto prevea, por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado, pues de no ser así, el amparo indirecto será improcedente, en razón de que el juicio biinstancial constituye un medio de defensa extraordinario. Sobre el tema, es menester enfatizar que con la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se introdujo el modelo penitenciario con características de reinserción social y de judicialización, por lo que, conforme con el nuevo sistema, se asignó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones y se confirió a las autoridades judiciales el régimen de reinserción social y judicialización de modificación y duración de las penas; en consecuencia, el Poder Judicial es el encargado de vigilar el estricto cumplimiento de la pena dictada, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que surjan durante la ejecución de la pena, queden bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal. El conjunto de esas reformas, puso de manifiesto que la facultad de administrar las prisiones correspondería al Poder Ejecutivo, y confiriendo al Poder Judicial la potestad de ejecutar lo juzgado, a través de la creación de la figura de los "jueces de ejecución de sentencias". Entonces, correspondía a las autoridades judiciales en materia penal, en especial a los jueces de ejecución, tanto en el ámbito federal como local, asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que se podían producir dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de aquéllas, así como las decisiones que sobre dicha ejecución podía adoptar la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen. Es conveniente señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, contempla los siguientes tipos de traslados: a) voluntarios; b) involuntarios; y, c) urgentes. Los primeros, se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor- de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino, o en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación; en ese sentido, la petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificará que se cumplan con los requisitos legales y constitucionales para su autorización. Los traslados involuntarios, son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. En contra de la determinación jurisdiccional que se emita, procede el recurso de apelación. Finalmente, el traslado urgente o excepcional, se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. En el caso, los quejosos reclaman la orden de traslado del Centro Penitenciario en que se encuentran internos, a diverso centro de reclusión, por conducto de las autoridades administrativas que señalan como responsables. Ahora bien, existen dos medios de defensa legal a través de los cuales, dependiendo del actuar de dichas autoridades jurisdiccionales, podrán ser empleadas según sea el caso. En el primer supuesto, una vez que se ha notificado del traslado del recluso, el Juez de Control o de Ejecución, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, la cual podrá ser combatida a través del recurso de apelación, contemplado en el numeral 132, fracción VII,6 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por el que un tribunal de alzada revisará la legalidad de dicha resolución, a fin de que pueda ser confirmada, modificada o revocada. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciase sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III y último párrafo, de dicha la Ley Nacional, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. En el caso, la parte quejosa reclamó una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, atribuida a una autoridad administrativa, y bajo protesta de decir verdad, aseveró que esa determinación se le comunicó de forma verbal. Congruente con esa información, es dable inferir que se trata de un traslado de tipo urgente o excepcional, que es regulado en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ahora, el artículo 122 la Ley Nacional de Ejecución Penal,7 señala que la controversia judicial, deberá formularse por escrito y presentarse ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, así como la solicitud de suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, la firma o huella digital y que de acuerdo con dicha pretensión, el Juez de Control o de Ejecución, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Asimismo, el segundo párrafo, del numeral 124 de dicha Ley,8 precisa que de no atenderse de inmediato aquellos casos urgentes de medidas disciplinarias y de violación a derechos, como ocurre cuando se trata de una restricción adicional a la libertad de los internos de algún centro penitenciario, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, por lo que el Juez de Control o de Ejecución, de oficio o a solicitud de parte, decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva, pues de no hacerlo así, podría dejar sin materia el medio de defensa legal intentado. De manera que lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cumple con las previsiones establecidas en el citado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues en contra de una orden de traslado urgente o excepcional, procede la controversia judicial y ésta es susceptible de suspender el acto reclamado, con los mismos alcances que la Ley de Amparo y sin mayores requisitos de los que exige ésta para la concesión de la suspensión. Ahora, la orden de traslado urgente o excepcional no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues se erige en un acto dentro del procedimiento administrativo contemplado en la Ley de Ejecución Penal, en donde además existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. Por lo que, al no existir ninguna causa de excepción y que dicha orden no tiene el carácter de definitivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, es manifiesta e indudable la causal de improcedencia, con fundamento en el 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda que nos ocupa, por lo que hace a la orden de traslado impugnada. En la inteligencia, de que se arriba a la anterior determinación, con base a los fundamentos establecidos en el recurso de queja 36/2020, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra del desechamiento de demanda de amparo. 1.5. Domicilio. Se tiene a los quejosos señalando como domicilio para recibir notificaciones el lugar de su reclusión. Notificación a los quejosos. Ahora, toda vez que los quejosos 1) Luis Enrique Cárdenas Villanueva, 2) José Manuel Rodríguez Rivera, 3) Gerardo Israel Mendoza Ortiz, 4) Juan Zambrano González, se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social de Sahuayo, Michoacán, en términos de los artículos 27 fracción II y 116 de la Ley de Amparo, 158, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298, 300, 303, 305, 306, y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de amparo; gírese exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, en turno, para que en auxilio y delegación de las labores de este juzgado, notifique al quejoso este acuerdo, en el lugar en que guarda reclusión. Ahora, en virtud de que Luis Fernando Amezcua Corona está recluido en el Centro de Reinserción Social de Zamora, Michoacán, con fundamento en los artículos 298, 299 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho, vía correo electrónico, al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del distrito judicial de Zamora, Michoacán, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda se constituya en el centro de reinserción mencionado, a efecto de que le notifique el presente proveído. Se faculta a los jueces exhortado y despachado para que, en términos del numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, en caso de ser necesario habilite días y horas inhábiles a efecto de que los actuarios de sus adscripciones estén en posibilidad de realizar las diligencias de notificación encomendadas. Hecho lo anterior, se solicita a los jueces auxiliares que devuelvan las comunicaciones oficiales con las constancias que acrediten su diligenciación. Háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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