José Martín Ramos Ruiz
Expediente 302/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 302/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 10/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Martín Ramos Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el sobre que devuelve la Administradora Local de Correos, con residencia en esta ciudad, el cual contiene el oficio 2693, dirigido a la autoridad responsable Consejo de Salubridad General, con sede en la ciudad de México, a fin de notificarle el auto de ocho de febrero del año en curso, mismo que cuenta con la anotación al reverso "Cambio Domicilio". Por tanto, reenvíese el citado comunicado a la autoridad mencionada a su domicilio correcto que es el ubicado en Lieja 7 siete, piso 2 dos, colonia Juárez, código postal 06600 seis mil seiscientos, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, a fin de que quede debidamente enterada de su contenido. Con independencia de lo anterior, también remítase el comunicado en comento a la dirección de correo electrónico que hubiera en la página www.csg.gob.mx, pudiéndose confirmar la recepción en el teléfono 55 50621648. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
Reanudación de plazos y términos Vista la certificación que antecede, de la que se observa que se suspendieron las labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno, en términos de lo dispuesto por la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa al punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, que a la fecha en que se suspendieron las labores por virtud de la referida circular, la sentencia pronunciada en este juicio el tres de noviembre de dos mil veinte, ya se encontraba notificada a las partes Estado procesal. Ahora, tomando en consideración que los plazos se reanudan en el mismo punto en que quedaron suspendidos al veintiuno de diciembre de dos mil veinte y se reanudaron los plazos acorde a las disposiciones previstas en el artículo 2º, fracción I, del Acuerdo 21/2020 anteriormente citado, esto es, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno. De igual forma, de autos advierte que el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de tres de noviembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio, transcurrió para la parte quejosa de la forma siguiente: Parte Notificación Cómputo José Martín Ramos Ruiz (parte quejosa) Diez de noviembre de dos mil veinte. Del doce al veintisiete de noviembre. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la ley en aplicación, se declara que ésta ha quedado firme para los efectos legales a que haya lugar. Toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo junto con los cuadernos incidentales. Ahora, en virtud de que carece de relevancia documental, en términos del artículo 21 del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se decretó el sobreseimiento y debido a ello, deberá DESTRUIRSE; y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es DEPURABLE dado que se concedió la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el citado numeral de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Como lo establece el capítulo DÉCIMO TERCERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en las carátulas de este expediente y de los cuadernos incidentales. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se exhibió en el incidente de suspensión respectivo. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que adjuntó a la demanda de amparo, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Condiciones para la entrega de documentos. Por lo que ve a la entrega de los documentos que la parte quejosa hubiera exhibido, es pertinente recordar que en el contexto de pandemia mundial derivada de la enfermedad denominada Covid-19, ha modificado los esquemas de normalidad con la que se venían desarrollando las actividades cotidianas de las distintas autoridades que conforman en sistema jurídico mexicano, entre ellas, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Así, en condiciones normales, la entrega de los documentos a las partes conlleva realizar una serie de gestiones administrativas internas que implican el manejo de un expediente para obtener de él copia certificada del o los autos que se hayan de adjuntar a la misma; así como su cotejo y certificación y la elaboración del recibo respectivo que se deje en autos. En ese tenor, a fin de posibilitar la entrega de las constancias exhibidas en el presente sumario se requiere a la parte quejosa para que: Con base en los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, genere una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio "Agenda OJ"; Hecho lo anterior deberá informarlo a este juzgado federal cuando menos con cinco días de anticipación a la fecha en la que se haya programado la referida cita, sin contar el de la propia cita, a fin de que el personal que realiza labores presenciales en este juzgado federal, tenga oportunidad de hacer las gestiones antes indicadas, a fin de que pueda ser entregados a la parte compareciente, previo recibo que se otorgue a los autos. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se conmina a las partes a tomen en consideración la posibilidad de tramitación electrónica del presente juicio, como se ha indicado en acuerdos precedentes. Conviene mencionar que es un hecho notorio que algunas dependencias del Estado de Michoacán y la Federación no se encuentran laborando con regularidad debido a la emergencia sanitaria que vive el país actualmente derivada del virus COVID-19, por ello; se faculta al actuario judicial adscrito, a fin de que en caso de no ser posible la entrega de un comunicado por dicha circunstancia, lo reserve en la actuaría de este juzgado y realice su entrega una vez que reanude labores la autoridad a la que se haya dirigido. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo II-302/2020; y, RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado el catorce de abril de dos mil veinte, ante la Secretaria que se encontraba cubriendo la guardia activa de este juzgado federal, José Martín Ramos Ruiz, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Secretario de Salud y otras autoridades, por considerarlos violatorios, entre otors, del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de dieciocho de abril de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda y se registró bajo el número II-302/2020, se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer del presente juicio, de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracciones VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vigor a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, ya que conforme al planteamiento formulado por el quejoso, el acto reclamado de naturaleza positiva tendría ejecución dentro de la circunscripción territorial en que este órgano ejerce jurisdicción; en esta ciudad, en tanto que los actos restantes son de naturaleza omisiva. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: Autoridad Acto 1. Consejo de Salubridad General. a) La emisión de la Guía Bioética de asignación de recursos de medicina crítica. 2. Secretaría de Salud. a) La emisión de la Guía Bioética de asignación de recursos de medicina crítica. 3. Presidente de la República. b) La omisión de ordenar la derogación o reforma de la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica, con lo cual [a decir del quejoso] inobserva los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades que a continuación se precisan, negaron la existencia de los actos que se les atribuyen: Autoridad Acto Sentido 1. Consejo de Salubridad General. a) La emisión de la Guía Bioética de asignación de recursos de medicina crítica. Niega 2. Secretaría de Salud. 3. Presidente de la República. b) La omisión de ordenar la derogación o reforma de la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica, con lo cual [a decir del quejoso] inobserva los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Niega Ahora, conviene señalar que la parte quejosa señaló dos actos reclamados de naturaleza distinta, a saber, un acto de naturaleza positiva [a) La emisión de la Guía Bioética de asignación de recursos de medicina crítica], y un acto de naturaleza negativa [b) La omisión de ordenar la derogación o reforma de la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica, con lo cual [a decir del quejoso] inobserva los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos]. Por tal motivo, dado que en el presente caso se reclaman actos de autoridad de naturaleza positiva y negativa, la existencia o inexistencia de los mismos se analizará por separado. III.1. Inexistencia de los actos de naturaleza omisiva atribuidos al Presidente de la República. Resulta inexistente el diverso acto de autoridad de naturaleza negativa consistente en la omisión de ordenar la derogación o reforma de la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica, atribuido al Presidente de la República. A fin de sustentar lo anterior, es conveniente citar que con base en la doctrina de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde un punto de vista conceptual, no toda inactividad de las autoridades mexicanas equivale a una omisión; lo anterior, porque en el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Ello porque las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. En ese sentido, de la omisión atribuida al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que se reclaman dos cuestiones; la primera, la inobservancia de los artículos 1o. y 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los cuales señalan: Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas". Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia". Y, la segunda, la omisión de ordenar la derogación o reforma de la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica. Sin embargo, de la interpretación gramatical de estos preceptos, no se advierte la existencia de una atribución o facultad del titular del Poder Ejecutivo de la Federación para revisar, revocar o modificar las determinaciones emitidas por el Consejo de Salubridad General para hacer frente a una emergencia sanitaria, ni siquiera bajo el argumento que con ello se promueven, respetan, protegen y garantizan los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, ya que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es fuente de competencia. Efectivamente, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos se encuentra referida al ámbito de la competencia de cada autoridad, y respecto de los asuntos que se han sometido a su conocimiento, lo cual es acorde con los principios de la división funcional del Poder. Así, cada uno de los Poderes Constituidos en el ámbito de su competencia deben actuar en el sentido que les impone la Constitución, pero siempre dentro del marco de las atribuciones (legalidad) que les corresponden, pues no sería jurídicamente válido que los depositarios de los Poderes, con el pretexto de promover, proteger y garantizar los derechos humanos se inmiscuyan en los asuntos de los otros. Así pues, ni el artículo 1o. ni el 4o. Constitucionales son fuente de competencia, sino que consignan diversas garantías tanto positivas como negativas que protegen a los derechos humanos, las cuales deben cumplirse por todas las autoridades que conforman el Estado Mexicano, sin que ello implique asignarles atribuciones que desborden los apartados constitucionales en donde específicamente se establecen sus atribuciones. En ese orden, las atribuciones del Poder Ejecutivo se encuentran consignadas en Título Tercero, Capítulo III (Del Poder Ejecutivo); y en el artículo 89 se aglomeran la mayoría de las atribuciones que su titular puede ejercer para el despacho de los asuntos de su competencia; ninguno de ellos contempla la de revisar, revocar o modificar las determinaciones del Consejo de Salubridad General. No escapa a la consideración de este juzgador, que el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (que topográficamente hablando se encuentra dentro del apartado constitucional de las facultades del Congreso dela Unión), instituye en la base 1a., al Consejo de Salubridad General, y señala que dependerá directamente del Presidente de la Republica, sin la intervención de ninguna Secretaría de Estado, y que sus disposiciones generales serán obligatorias en el país lo que constituye una facultad ordinaria de ese Consejo; sin embargo, cualquier atribución que el titular del Poder Ejecutivo pueda ejercer sobre esas disposiciones, será a partir de que produzcan sus efectos, lo cual acontece después de publicarse en el Diario Oficial de la Federación como así lo señala el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que dispone: "Artículo 4. Los actos administrativos de carácter general, tales como reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares y formatos, así como los lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, disposiciones que tengan por objeto establecer obligaciones específicas cuando no existan condiciones de competencia y cualesquiera de naturaleza análoga a los actos anteriores, que expidan las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que produzcan efectos jurídicos". Mas aún, en el caso, la guía bioética reclamada, al momento en que se presentó la demanda (once horas con veinte minutos del catorce de abril de dos mil veinte) estaba en calidad de proyecto y, por tanto, aún no se encontraba publicada en el Diario Oficial de la Federación (como se verá más adelante); de ahí que no existe ninguna obligación a cargo del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos cuya omisión pueda reputarse como cierta para efectos de determinar acreditada la existencia del acto reclamado que nos ocupa [omisión de ordenar la derogación o reforma de la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica]. Al respecto, cobra aplicación la tesis XVII/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones". En virtud de lo anterior, se tiene que son inexistentes las omisiones reclamadas al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. III.2. Inexistencia de los actos de naturaleza positiva atribuidos a la Secretaría de Salud y Consejo de Salubridad General. Tampoco son ciertos los actos reclamados a la Secretaría de Salud, ya que al rendir el informe justificado que le fue requerido negó haber participado en la elaboración y emisión de la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica, sin que la parte quejosa haya aportado alguna prueba para desvirtuar dicha negativa; inexistencia de actos que, además, se corrobora con la publicación de ese documento en la página del Consejo de Salubridad General, el cual depende directamente del Presidente de la República, sin la intervención de ninguna Secretaría de Estado. 2.3 Tampoco son ciertos los actos que se reclaman al Consejo de Salubridad General, lo anterior porque el quejoso reclamó, nominalmente, la "Emisión de (sic) guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica", acto de autoridad que -de existir tendría la naturaleza jurídica de una norma general, por constituir el ejercicio de una cláusula habilitante. En efecto, conviene precisar que de existir el acto reclamado que el quejoso pretende reclamar tendría que haber sido expedido por el organismo en quién se depositó la cláusula habilitante, prevista en el artículo 73, fracción XVI, base 1a., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala: "Artículo 73. El Congreso tiene facultad: [.] XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República. 1a.- El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país". En ese orden, la expedición de una guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica está sujeta a un procedimiento para su elaboración, ya que la atribución de emitirla corresponde a un órgano colegiado integrado por un presidente que será el Secretario de Salud, un secretario y trece vocales titulares, dos de los cuáles serán los presidentes de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía, y los vocales que su propio reglamento determine. El Consejo de Salubridad General, por su parte, en cuanto órgano colegiado, con base en el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para que sus actos puedan ser obligatorios deben ser aprobados atendiendo a las formalidades que la ley o decreto establecen para emitirlo, en el caso que sea aprobado por la mayoría del consejo. Así, en la fecha en que se presentó la demanda de amparo demanda (once horas con veinte minutos del catorce de abril de dos mil veinte), el documento que el quejoso denominó como guía bioética para asignación de recursos limitados de medicina crítica, en realidad sólo era un proyecto que, en ese momento, no se encontraba aprobado por el Consejo de Salubridad General ni publicado en el Diario Oficial de la Federación; de ahí que, como norma general es inexistente porque su proceso de elaboración aún no había concluido. No escapa a la consideración del juzgador, de que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, al resolver el recurso de queja 57/2020, en varios apartados, asentó que el acto reclamado era la guía bioética y que ésta tenía el carácter de norma general; sin embargo, se advierte que tal afirmación deriva de las manifestaciones contenidas en la demanda que, entonces, era el único elemento con el que se contaba al momento de emitirse tal resolución. Y lo anterior puede corroborarse, porque el proyecto de norma general de que se habla, se encontraba publicada en la dirección electrónica http://www.csg.gob.mx/index.html#contact; sin embargo, al momento de resolver esta controversia, dicho documento ya no se encuentra visible en tal dirección y tampoco se publicó en el Diario Oficial de la Federación en los términos de la que reclamó el quejoso en su demanda de amparo. A mayor abundamiento, debe decirse que el acto reclamado que nominalmente señaló el quejoso como la emisión de una guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica, se visualizó como una norma general atribuible al Consejo de Salubridad General en uso de la cláusula habilitante prevista en el artículo 73, fracción XVI, base 1a., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aunque en aquel momento sólo se trataba de un proyecto-, pero para que pueda nacer a la vida jurídica es necesario que se colmen varios requisitos, esto es, que sea aprobada por la mayoría de los integrantes del Consejo (artículo 31 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General), y con base en lo establecido por el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo -transcrito en líneas precedentes-, es necesario que se publique en el Diario Oficial de la Federación, lo que a la fecha de presentación de la demanda aún no había sucedido, de ahí que dicho acto es inexistente. En consecuencia, al ser inexistentes los actos reclamados por el quejoso, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente asunto. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 310, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya síntesis se publica en la página 209, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes, regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.) agregándose al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por José Martín Ramos Ruiz, por propio derecho, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de esta sentencia, conforme a los razonamientos ahí expuestos.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DE LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN...VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo II-302/2020; y, RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado el catorce de abril de dos mil veinte, ante la Secretaria que se encontraba cubriendo la guardia activa de este juzgado federal, José Martín Ramos Ruiz, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Secretario de Salud y otras autoridades, por considerarlos violatorios, entre otors, del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de dieciocho de abril de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda y se registró bajo el número II-302/2020, se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer del presente juicio, de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracciones VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vigor a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, ya que conforme al planteamiento formulado por el quejoso, el acto reclamado de naturaleza positiva tendría ejecución dentro de la circunscripción territorial en que este órgano ejerce jurisdicción; en esta ciudad, en tanto que los actos restantes son de naturaleza omisiva. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: Autoridad Acto 1. Consejo de Salubridad General. a) La emisión de la Guía Bioética de asignación de recursos de medicina crítica. 2. Secretaría de Salud. a) La emisión de la Guía Bioética de asignación de recursos de medicina crítica. 3. Presidente de la República. b) La omisión de ordenar la derogación o reforma de la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica, con lo cual [a decir del quejoso] inobserva los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades que a continuación se precisan, negaron la existencia de los actos que se les atribuyen: Autoridad Acto Sentido 1. Consejo de Salubridad General. a) La emisión de la Guía Bioética de asignación de recursos de medicina crítica. Niega 2. Secretaría de Salud. 3. Presidente de la República. b) La omisión de ordenar la derogación o reforma de la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica, con lo cual [a decir del quejoso] inobserva los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Niega Ahora, conviene señalar que la parte quejosa señaló dos actos reclamados de naturaleza distinta, a saber, un acto de naturaleza positiva [a) La emisión de la Guía Bioética de asignación de recursos de medicina crítica], y un acto de naturaleza negativa [b) La omisión de ordenar la derogación o reforma de la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica, con lo cual [a decir del quejoso] inobserva los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos]. Por tal motivo, dado que en el presente caso se reclaman actos de autoridad de naturaleza positiva y negativa, la existencia o inexistencia de los mismos se analizará por separado. III.1. Inexistencia de los actos de naturaleza omisiva atribuidos al Presidente de la República. Resulta inexistente el diverso acto de autoridad de naturaleza negativa consistente en la omisión de ordenar la derogación o reforma de la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica, atribuido al Presidente de la República. A fin de sustentar lo anterior, es conveniente citar que con base en la doctrina de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde un punto de vista conceptual, no toda inactividad de las autoridades mexicanas equivale a una omisión; lo anterior, porque en el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Ello porque las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. En ese sentido, de la omisión atribuida al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que se reclaman dos cuestiones; la primera, la inobservancia de los artículos 1o. y 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los cuales señalan: Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas". Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia". Y, la segunda, la omisión de ordenar la derogación o reforma de la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica. Sin embargo, de la interpretación gramatical de estos preceptos, no se advierte la existencia de una atribución o facultad del titular del Poder Ejecutivo de la Federación para revisar, revocar o modificar las determinaciones emitidas por el Consejo de Salubridad General para hacer frente a una emergencia sanitaria, ni siquiera bajo el argumento que con ello se promueven, respetan, protegen y garantizan los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, ya que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es fuente de competencia. Efectivamente, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos se encuentra referida al ámbito de la competencia de cada autoridad, y respecto de los asuntos que se han sometido a su conocimiento, lo cual es acorde con los principios de la división funcional del Poder. Así, cada uno de los Poderes Constituidos en el ámbito de su competencia deben actuar en el sentido que les impone la Constitución, pero siempre dentro del marco de las atribuciones (legalidad) que les corresponden, pues no sería jurídicamente válido que los depositarios de los Poderes, con el pretexto de promover, proteger y garantizar los derechos humanos se inmiscuyan en los asuntos de los otros. Así pues, ni el artículo 1o. ni el 4o. Constitucionales son fuente de competencia, sino que consignan diversas garantías tanto positivas como negativas que protegen a los derechos humanos, las cuales deben cumplirse por todas las autoridades que conforman el Estado Mexicano, sin que ello implique asignarles atribuciones que desborden los apartados constitucionales en donde específicamente se establecen sus atribuciones. En ese orden, las atribuciones del Poder Ejecutivo se encuentran consignadas en Título Tercero, Capítulo III (Del Poder Ejecutivo); y en el artículo 89 se aglomeran la mayoría de las atribuciones que su titular puede ejercer para el despacho de los asuntos de su competencia; ninguno de ellos contempla la de revisar, revocar o modificar las determinaciones del Consejo de Salubridad General. No escapa a la consideración de este juzgador, que el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (que topográficamente hablando se encuentra dentro del apartado constitucional de las facultades del Congreso dela Unión), instituye en la base 1a., al Consejo de Salubridad General, y señala que dependerá directamente del Presidente de la Republica, sin la intervención de ninguna Secretaría de Estado, y que sus disposiciones generales serán obligatorias en el país lo que constituye una facultad ordinaria de ese Consejo; sin embargo, cualquier atribución que el titular del Poder Ejecutivo pueda ejercer sobre esas disposiciones, será a partir de que produzcan sus efectos, lo cual acontece después de publicarse en el Diario Oficial de la Federación como así lo señala el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que dispone: "Artículo 4. Los actos administrativos de carácter general, tales como reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares y formatos, así como los lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, disposiciones que tengan por objeto establecer obligaciones específicas cuando no existan condiciones de competencia y cualesquiera de naturaleza análoga a los actos anteriores, que expidan las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que produzcan efectos jurídicos". Mas aún, en el caso, la guía bioética reclamada, al momento en que se presentó la demanda (once horas con veinte minutos del catorce de abril de dos mil veinte) estaba en calidad de proyecto y, por tanto, aún no se encontraba publicada en el Diario Oficial de la Federación (como se verá más adelante); de ahí que no existe ninguna obligación a cargo del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos cuya omisión pueda reputarse como cierta para efectos de determinar acreditada la existencia del acto reclamado que nos ocupa [omisión de ordenar la derogación o reforma de la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica]. Al respecto, cobra aplicación la tesis XVII/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones". En virtud de lo anterior, se tiene que son inexistentes las omisiones reclamadas al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. III.2. Inexistencia de los actos de naturaleza positiva atribuidos a la Secretaría de Salud y Consejo de Salubridad General. Tampoco son ciertos los actos reclamados a la Secretaría de Salud, ya que al rendir el informe justificado que le fue requerido negó haber participado en la elaboración y emisión de la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica, sin que la parte quejosa haya aportado alguna prueba para desvirtuar dicha negativa; inexistencia de actos que, además, se corrobora con la publicación de ese documento en la página del Consejo de Salubridad General, el cual depende directamente del Presidente de la República, sin la intervención de ninguna Secretaría de Estado. 2.3 Tampoco son ciertos los actos que se reclaman al Consejo de Salubridad General, lo anterior porque el quejoso reclamó, nominalmente, la "Emisión de (sic) guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica", acto de autoridad que -de existir tendría la naturaleza jurídica de una norma general, por constituir el ejercicio de una cláusula habilitante. En efecto, conviene precisar que de existir el acto reclamado que el quejoso pretende reclamar tendría que haber sido expedido por el organismo en quién se depositó la cláusula habilitante, prevista en el artículo 73, fracción XVI, base 1a., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala: "Artículo 73. El Congreso tiene facultad: [.] XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República. 1a.- El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país". En ese orden, la expedición de una guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica está sujeta a un procedimiento para su elaboración, ya que la atribución de emitirla corresponde a un órgano colegiado integrado por un presidente que será el Secretario de Salud, un secretario y trece vocales titulares, dos de los cuáles serán los presidentes de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía, y los vocales que su propio reglamento determine. El Consejo de Salubridad General, por su parte, en cuanto órgano colegiado, con base en el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para que sus actos puedan ser obligatorios deben ser aprobados atendiendo a las formalidades que la ley o decreto establecen para emitirlo, en el caso que sea aprobado por la mayoría del consejo. Así, en la fecha en que se presentó la demanda de amparo demanda (once horas con veinte minutos del catorce de abril de dos mil veinte), el documento que el quejoso denominó como guía bioética para asignación de recursos limitados de medicina crítica, en realidad sólo era un proyecto que, en ese momento, no se encontraba aprobado por el Consejo de Salubridad General ni publicado en el Diario Oficial de la Federación; de ahí que, como norma general es inexistente porque su proceso de elaboración aún no había concluido. No escapa a la consideración del juzgador, de que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, al resolver el recurso de queja 57/2020, en varios apartados, asentó que el acto reclamado era la guía bioética y que ésta tenía el carácter de norma general; sin embargo, se advierte que tal afirmación deriva de las manifestaciones contenidas en la demanda que, entonces, era el único elemento con el que se contaba al momento de emitirse tal resolución. Y lo anterior puede corroborarse, porque el proyecto de norma general de que se habla, se encontraba publicada en la dirección electrónica http://www.csg.gob.mx/index.html#contact; sin embargo, al momento de resolver esta controversia, dicho documento ya no se encuentra visible en tal dirección y tampoco se publicó en el Diario Oficial de la Federación en los términos de la que reclamó el quejoso en su demanda de amparo. A mayor abundamiento, debe decirse que el acto reclamado que nominalmente señaló el quejoso como la emisión de una guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica, se visualizó como una norma general atribuible al Consejo de Salubridad General en uso de la cláusula habilitante prevista en el artículo 73, fracción XVI, base 1a., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aunque en aquel momento sólo se trataba de un proyecto-, pero para que pueda nacer a la vida jurídica es necesario que se colmen varios requisitos, esto es, que sea aprobada por la mayoría de los integrantes del Consejo (artículo 31 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General), y con base en lo establecido por el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo -transcrito en líneas precedentes-, es necesario que se publique en el Diario Oficial de la Federación, lo que a la fecha de presentación de la demanda aún no había sucedido, de ahí que dicho acto es inexistente. En consecuencia, al ser inexistentes los actos reclamados por el quejoso, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente asunto. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 310, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya síntesis se publica en la página 209, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes, regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.) agregándose al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por José Martín Ramos Ruiz, por propio derecho, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de esta sentencia, conforme a los razonamientos ahí expuestos.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes
- José Manuel Vazquez Arriaga344/2014
- José Marcelino Pintor Picazo316/2021
- José Martín Cruz Sánchez862/2018
- José Martín Godoy Castro46/2018
- José Martín Morales Rodríguez1039/2021
- José Martín Morales Rodríguez1061/2021
- José Martín Rodríguez Tinoco273/2020
- José Martín Soria Aguilar601/2022
- José Mauel Rodríguez Rivera y Otros.751/2022
- José Méndez Bravo216/2021
- José Mercedes Leal Cortés370/2021
- José Miguel Anguiano Mota1104/2019