José Miguel Ramírez Viveros
Expediente 1053/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1053/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Miguel Ramírez Viveros
Actuaciones
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: JOSÉ MIGUEL RAMÍREZ VIVEROS. Vista la demanda de amparo de cuenta, se tiene a José Miguel Ramírez Viveros solicitando el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese con el número III-1053/2019, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, en el caso se actualiza de manera evidente e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya el acto reclamado tiene la naturaleza de una norma general heteroaplictiva, respecto de la cual no existe aún un acto concreto de aplicación, como se explica a continuación. Consideraciones previas El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Por ello, los actos de autoridad necesariamente deben encuadrarse en alguna de las tres funciones, con independencia del carácter formal de la autoridad que lo emite. Efectivamente, los actos de autoridad para efectos del juicio de amparo pueden analizarse desde dos puntos de vista: el formal, y el material. El primero, utiliza como criterio de clasificación exclusivamente el carácter formal de la autoridad que lo emite; así, si el acto proviene del Poder Ejecutivo, de la Administración Pública de la que se auxilia para el despacho de los negocios que le corresponden, de los organismos públicos descentralizados, de los organismos constitucionales autónomos, ya de la Federación, ya de las Entidades Federativas o de la Ciudad de México y de los Ayuntamientos, al margen de su contenido se reputan en derecho actos administrativos. Si el acto proviene del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos o de cualquiera de sus Cámaras, o de los Congresos o Asambleas Estatales en quienes se deposita el Poder Legislativo, tendrá el carácter formal de ley o decreto. Si el acto proviene de cualquiera de los órganos en que se deposita el Poder Judicial (de la Federación o de la Entidades Federativas y de la Ciudad de México), o de los Consejos de la Judicatura, el acto se reputará formalmente como judicial. El criterio formal de clasificación resulta útil en el juicio de amparo a efecto fijar la competencia del órgano que conocerá de la demanda de amparo, y para establecer el tipo de interés que debe deducirse para la promoción, ya que el artículo 107, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Atendiendo al punto de vista material, el acto administrativo es la manifestación unilateral de voluntad, externa, concreta y ejecutiva, emanada de las autoridades administrativas, en el ejercicio de sus facultades cuya finalidad es la satisfacción del interés general, que tiene por objeto, crear, transmitir, declarar, modificar o extinguir una situación jurídica concreta. El acto jurisdiccional desde el punto de vista material se caracteriza porque supone, en primer término y a diferencia de las otras funciones, una situación de duda o de conflicto preexistentes; también supone generalmente dos pretensiones opuestas cuyo objeto es muy variable; que pueden referirse a un hecho, actitud o acto jurídico que se estimen contradictorios con un derecho o una norma legal, o a un estado de incertidumbre sobre la interpretación, alcance o aplicación de una norma o de una situación jurídica. El acto jurisdiccional se materializa mediante la aplicación de la norma general al caso concreto para decidir el conflicto, incertidumbre, o la interpretación que origina la actividad del juzgador, generando con ello la cosa juzgada. Por otro lado, un acto de autoridad que ejerce la función legislativa apreciada desde un punto de vista objetivo o material, o sea, prescindiendo de cualidad de su autor y de la forma como se realiza y en que sólo se considere la naturaleza intrínseca del acto en el cual se concreta y exterioriza, tiene los siguientes atributos: 1. Es general, la ley desde el punto de vista material se caracteriza por ser un acto que crea, modifica o extingue una situación jurídica general; es decir, por su naturaleza es abstracta e impersonal. 2. Es permanente, o sea que los derechos que otorga o las obligaciones que impone no se extinguen por su ejercicio o cumplimiento, y solo puede ser modificada por otra ley. 3. Es imperativa, lo que implica la orden de someterse a sus disposiciones. 4. Es coercitiva, además del carácter general e imperativo de la ley, ésta debe tener los medios adecuados que garanticen su cumplimiento, es decir, la ley debe tener y tiene una sanción. En efecto, si la ley no se cumple voluntariamente, es necesario que el poder público intervenga e imponga su cumplimiento forzoso. Estas últimas dos características son las que nutren de obligatoriedad al acto materialmente legislativo. Estudio del caso particular En el caso, el acto reclamado está constituido por la convocatoria emitida por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, al segundo concurso de oposición para ocupar la titularidad de la Contraloría Interna de ese Consejo, publicada en la página de internet de ese órgano de administración (fojas 18 a 21), y de su contenido se advierten las siguientes características. 1. Es general. Porque está destinada a un número indeterminado o indeterminable de personas; esto es, todas aquellas que cumplan con los requisitos exigidos en la convocatoria y deseen participar en el concurso. 2. Es permanente. Porque mientras esté vigente el concurso, el desahogo de las etapas respectivas y la eventual designación del Titular de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo, se regirá por las normas contenidas en la convocatoria. 3. Es imperativa. Porque el procedimiento al que se convoca a los ciudadanos del Estado que reúnan los requisitos o que consideren tener derecho a participar, debe ceñirse a las reglas contenidas en la convocatoria. 4. Es coercitiva. Porque contiene los medios adecuados que garantizan su cumplimiento, es decir, la propia convocatoria prevé la atribución del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo para resolver los casos no previstos en la convocatoria; y en general, cualquier inconformidad que se presente en el concurso al constituir, precisamente, un caso no previsto. En virtud de lo anterior, el acto reclamado es un acto formalmente Judicial -porque lo emitió el órgano encargado de la administración y vigilancia del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo-, pero materialmente legislativo porque creo una situación jurídica general -al estar destinado a un número indeterminado o indeterminable de personas-, permanente, imperativo y coercitivo, en los términos precisado en los párrafos anteriores. Siendo esto así, con base en la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción I, de la Ley de Amparo en relación con el 61, fracción XII, del mismo ordenamiento, el juicio de amparo indirecto contra normas generales es procedente, tratándose de las heteroaplicativas, con motivo del primer acto de aplicación; y en el caso no existe tal. Se afirma lo anterior, ya que el acto general impugnado tiene el carácter de herterocaplicativo, porque los derechos y obligaciones no se individualizan si no existe un acto concreto de aplicación; en este caso, el dictamen de aceptación y publicación de los aspirantes aceptados al concurso regulada en la fracción V, de la Convocatoria, la cual dispone: "V. DICTAMEN DE ACEPTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ASPIRANTES ACEPTADOS: El Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, a través de la Secretaría Ejecutiva, una vez concluido el período de inscripción, en un lapso de tres días hábiles, analizará la documentación presentada por quienes aspiran y la autenticidad de los documentos que acrediten lo señalado en el curriculum vitae, para posteriormente emitir el Dictamen correspondiente a efecto de aceptar o no, el registro de aspirantes a Contralora o Contralor Interno del Consejo del Poder Judicial del Estado. Dicho dictamen será notificado al día hábil siguiente a cada uno de los aspirantes". Puede observarse que la aceptación de algún aspirantes al concurso está supeditado a una evaluación que realizará la Secretaría Ejecutiva del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, de ahí que los efectos de la norma no se producen, en automático, por su sola entra en vigor sino que requieren de un acto de aplicación posterior que será en el cual se materializaran los perjuicios requeridos para la promoción del juicio de amparo. En ese orden, hasta en tanto no se emita el dictamen a que alude la fracción V de la convocatoria reclamada, no existe un acto concreto de aplicación de la norma general impugnada que permita reclamarla a través del juicio de amparo indirecto. Cabe resaltar que la causal de improcedencia, se advierte de manera manifiesta porque se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, es indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización, y que esa circuntancia no cambiará aunque se diera trámite a la demanda de amparo, dado a que, con base en la fracción IV de la Convocatoria relativa al "PLAZO, LUGAR Y REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN" se aprecia que el período de inscripción al concurso será el uno y dos de octubre, esto es, no es factible jurídicamente y materialmente que el dictamen en que podría verificarse el primer acto de aplicación de la norma ya se hubiera emitido, pues tendrá verificativo con posterioridad a la conclusión del período de cierre de inscripción, el cual aún no acontece. Desechamiento Al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por José Miguel Ramírez Viveros. No pasa inadvertido que la causa de improcedencia en que se funda el presente desechamiento podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; empero, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto, se invocan los criterios emitidos por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, cuyos rubros son: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA" y "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, esta determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente de amparo que por ello sea contrario al artículo 1° constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo. Ello es así, en virtud de que las causas de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este órgano de control constitucional y, en el caso, las examinadas se actualizaron de manera manifiesta e indudable, como se estableció al inicio del estudio respectivo. Domicilio procesal y autorizado Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito de demanda, y como autorizados, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a Andy Cristopher Alcántar López y Efraín Antonio Lara Tinajero, quienes cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles; capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anotaciones en el libro de Gobierno e integración del expediente electrónico A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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