José Martín Morales Rodríguez

Expediente 1039/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1039/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
04/08/2022

Partes del expediente

  • José Martín Morales Rodríguez
  • Integrantes de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, Morelia, Michoacán

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de agosto de dos mil veintidós. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de destrucción y no es de relevancia documental. De conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Certificación. De la certificación de cuenta se evidencia un retraso en la integración de este asunto, por lo que, con las constancias de este expediente se da cuenta al titular por separado para que acuerde lo que en derecho corresponda. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Javier Ivan Contreras Osorio, quien da fe. JorgCja P-I1039/2021 OFICIO(S) 19475JorgCja

  2. Principal

    VISTOS, para resolver, el juicio de amparo indirecto 1039/2021, promovido por José Martín Morales Rodríguez, por alegada violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; al respecto, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO. Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERA. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. La parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado: La omisión de emitir acuerdo de admisión o desechamiento de pruebas, a pesar de que la audiencia de ofrecimiento y admisión se celebró el trece de julio de dos mil veintiuno, en el expediente 2C-2881/2019. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103 y 107, fracciones I, II, III y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción IV de la Ley de Amparo; 48, 49, 61, fracción III, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito; toda vez que se reclaman actos omisivos atribuidos a una autoridad residente en esta ciudad y la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Morelia, Michoacán, territorio en el que se ejerce jurisdicción. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó demostrada. El presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y actuario adscrito, al rendir su informe justificado, negó la omisión reclamada; sin embargo, de las constancias que adjuntó a su informe justificado, se advierte la certeza de la misma. Documentales que adquieren valor probatorio conforme lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2°. CUARTA. Improcedencia del juicio de amparo. No obstante la certeza del acto reclamado, no se estudiará el fondo del asunto, en virtud de que en el caso opera la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. De la interpretación que se realiza de la fracción citada, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). 2. Cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Puntualizado lo anterior, tenemos que en el segundo supuesto se cancelan jurídicamente los efectos de la determinación controvertida, aun cuando en la realidad objetiva se verifiquen consecuencias materiales semejantes a las que producía el acto originalmente reclamado, siempre y cuando éstas dependan directamente del nuevo pronunciamiento de la autoridad. Entonces, es factible considerar que en el caso, se actualiza la hipótesis referida, puesto que se reemplazó el acto reclamado en comento por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, razón por la cual éste deja de surtir sus efectos como tal. En el caso que nos ocupa, es operante el segundo supuesto, pues el quejoso reclamó de la citada autoridad responsable la omisión de emitir acuerdo de admisión o desechamiento de pruebas, a pesar de que la audiencia de ofrecimiento y admisión de las mismas, se celebró el trece de julio de dos mil veintiuno, en el expediente 2C-2881/2019. Sin embargo, de las constancias que allegó la Junta responsable, las cuales fueron valoradas en el considerando tercero, se desprende que dentro del juicio subyacente el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se emitió el acuerdo en el que se provee sobre los medios de convicción ofrecidos por las partes. En ese sentido, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia en comento, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado, porque durante la substanciación de este juicio, la Junta Especial responsable, se pronunció sobre las probanzas ofertadas por los contendientes el juicio de origen; por lo que es evidente que se restituyó al quejoso en el goce de sus derechos vulnerados y, por lo tanto, resultaría ocioso realizar un estudio sobre la constitucionalidad de actos que han dejado de surtir efectos. Sin que pase inadvertido que no ha transcurrido el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, de la vista del informe justificado rendido por la autoridad responsable que se recibe en esta propia data, pues en el caso, no existe un fin práctico que pudiera favorecer al quejoso, ya que no se advierte que una vez transcurrido el mismo, le genere beneficio, pues en esta fecha o en aquélla, el contenido del informe justificado permite establecer que el sentido de la determinación sería el mismo, en tanto no ocurre supuesto de probar en contra de la "justificación" de los mismos. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedentes es sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Martín Morales Rodríguez, contra los actos que reclamó de la autoridad responsable, por las razones expuestas en el considerativo cuarto de este fallo.

  3. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Visto el estado procesal, así como la certificación secretarial que antecede, de donde se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días (en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo) que se otorgó a la autoridad responsable señalada como Sexta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con residencia en la Ciudad de México, a fin de que rinda el informe justificado que le corresponde, sin que a la fecha lo haya hecho. 1.1. Difiere audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose las nueve horas con dieciocho minutos del doce de noviembre de dos mil veintiuno, para su verificativo.

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