José Mariano De León Yac y Otros.
Expediente 676/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 676/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 21/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- José Mariano De León Yac y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, se tiene que este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto, aunque se sobreseyó, se decretó la suspensión de plano. Esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Finalmente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Notifíquese Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de enero de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 676/2021-II, promovido por ******* y *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda; declaración de incompetencia de diverso órgano; y radicación en este juzgado. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoséptimo Circuito, con sede en Chihuahua capital, el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, ******* presentó demanda de amparo en favor de******* y *******, por el alojamiento temporal en la estación migratoria en Janos, Chihuahua y la deportación de dichas personas. De tal asunto, correspondió conocer a la Jueza Octava de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien en proveído de esa misma fecha (veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno), concedió en favor de los directamente agraviados la suspensión de plano y enseguida, se declaró legalmente incompetente por razón de territorio, para seguir conociendo de dicho asunto; por lo que, ordenó su remisión al juzgado de Distrito en turno, en esta ciudad, para su conocimiento, que resultó ser este órgano jurisdiccional. De modo que, en auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, al tenerse lo previo por recibido, se aceptó la competencia legal planteada y se registró como el juicio de amparo indirecto 676/2021-II; asimismo, se ordenó el envío de despacho al Juez Menor Mixto del Distrito Judicial Galeana, en Ascensión, Chihuahua, con la finalidad de que, entre otras cosas, fueran cuestionados los directos quejosos sobre si era su deseo, o no, ratificar la demanda de amparo instaurada en su favor. Segundo. Recepción de despacho de donde se advirtió ratificación; y posterior admisión de la demanda de amparo. Una vez que fue recibido debidamente diligenciado el citado despacho, en el cual se advirtió que los quejosos manifestaron su deseo de ratificar la demanda de amparo presentada en su favor; mediante auto de cinco de octubre de dos mil veintiuno (foja 45), se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, misma que se verificó conforme al acta que antecede. Tercero. Derechos fundamentales que el quejoso estimó vulnerados. La parte accionante del amparo señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1, 8, 14, 16, 19, 33 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuarto. Vista para ampliar la demanda; no desahogo de la misma; y efectivo apercibimiento. En auto de dieciséis de enero de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa para que, de ser su deseo ampliara su demanda de amparo, en los siguientes términos: (.) En consecuencia, se da vista a los quejosos, por conducto de su autorizada en amplios términos -de la cual únicamente se cuenta con correo electrónico, pues en la demanda inicial se señalaron estrados para oír y recibir notificaciones- con sustento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, para que en un término de quince días a partir de que surta efectos la notificación de este auto, amplíen su demanda, de ser su deseo, y señalen al efecto, como nuevo acto reclamado, las resoluciones de retorno asistido, emitidas ambas el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 107 y 113, respectivamente) en las que se resolvió sujetarlos al procedimiento de retorno voluntario asistido a su país de origen y trasladarlos al mismo y señalen como nueva autoridad responsable, al ser quien emitió dichas determinaciones, a la Subdirectora de la Estancia Provisional Janos, adscrita a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, con sede en Janos Chihuahua. En el entendido de que en caso de no hacerlo, el presente asunto continuará tramitándose en los términos propuestos en la demanda inicial. (.) Sin embargo, tal como se hizo constar en proveído de diecisiete de enero de dos mil veintidós, la parte quejosa, ni por sí ni por conducto de su autorizada en amplios términos, amplió la demanda de amparo; de manera que, se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se determinó que este asunto se resolvería exclusivamente en términos de la demanda inicial de amparo. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, se precisa que los quejosos reclamaron lo siguiente en este juicio de amparo: La privación de la libertad, a través de su alojamiento en las instalaciones de la Estación Migratoria Janos del Instituto Nacional de Migración. La orden de deportación emitida en su contra. Tercero. Inexistencia de un acto reclamado. La Jefa del Departamento Jurídico y Atención al Migrante adscrita a la Estación Migratoria Janos, de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en Janos, Chihuahua, negó los actos que le fueron reclamados. Empero, únicamente es inexistente la orden de deportación que se le reclamó; mientras que el diverso acto, consistente en la privación de su libertad, a través de su alojamiento en sus instalaciones, es verídico; lo que se demostrará enseguida. De las constancias remitidas por la Jefa del Departamento Jurídico y Atención al Migrante adscrita a la Estación Migratoria Janos, de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en Janos, Chihuahua, se desprende lo siguiente: Que el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, fue emitido Acuerdo de presentación; en el cual, se hizo constar que los aquí quejosos, ******* y *******, de nacionalidad guatemalteca, se internaron de manera irregular en el país, por lo que, se acordó alojarlos temporalmente en la Estación Migratoria Janos, ante sus solicitudes de retorno asistido a su país de origen (fojas 27 y 28). Resoluciones de retorno asistido, de los aquí quejosos, emitidas ambas el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 107 y 113, respectivamente), en las que se resolvió sujetarlos al procedimiento de retorno voluntario asistido a su país de origen y trasladarlos al mismo. Acuerdos de salida por mandato judicial, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, emitidos en favor de los aquí quejosos, con motivo de la suspensión de plano concedida por el juzgado declinante y reiterada por este órgano; donde se les sujetó a no abandonar la demarcación geográfica de Janos Chihuahua y a comparecer todos los jueves de cada semana a firmar el libro de extranjeros (fojas 109, reverso y 115, reverso). -No obstante, la responsable acotó que desde los aquí quejosos obtuvieron su libertad, el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, no han regresado a las instalaciones de dicha estación a firmar el libro de extranjeros y que desconoce su paradero-. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales, por un funcionario dotado de fe pública, que estampó su firma y el sello oficial originales, en la leyenda correspondiente. De las cuales se advierte claramente que si bien es cierto que se resolvió el retorno asistido de los quejosos a Guatemala, no se dictó en su contra, orden de deportación alguna; pues tales personas optaron por su retorno asistido al país en comento, del que ambos son originarios. De modo que, es evidente la inexistencia de la deportación aquí reclamada. Además, sobre el punto, tal como se resaltó en el último resultando, en este juicio de amparo se dio vista a la parte quejosa para que de ser su deseo, ampliara su demanda de amparo y adicionara como acto reclamado las resoluciones de retorno asistido, emitidas ambas el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 107 y 113, respectivamente) en las que se resolvió sujetarlos al procedimiento de retorno voluntario asistido a su país de origen y trasladarlos al mismo, debiendo señalar como nueva autoridad responsable, a la Subdirectora de la Estancia Provisional Janos, adscrita a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, con sede en Janos Chihuahua, tal como se les precisó en la vista respectiva. Sin que así, lo hayan hecho los quejosos, por sí ni por conducto de su abogada autorizada en amplios términos. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en este asunto, con relación a la orden de deportación de que se dolieron los quejosos, ante su inexistencia. Cuarto. Existencia de acto reclamado. Como se indicó en el considerando que antecede, de las constancias remitidas, se desprendió que al momento de la presentación de la demanda de amparo (veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno), los aquí quejosos se encontraban privados de su libertad, mediante alojamiento, en la aludida Estación Migratoria, con motivo del Acuerdo de presentación emitido el propio veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Constancias ya valoradas, de las cuales se advierte que efectivamente los aquí quejosos se encontraban privados de su libertad deambulatoria, en virtud del alojamiento que se decretó en su favor, hasta en tanto se resolviera su situación migratoria en definitiva. Por lo tanto, dicho acto se tiene como fehacientemente demostrado. Quinto. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto al acto consistente en la privación de la libertad de los aquí quejosos, a través de su alojamiento en las instalaciones de la Estación Migratoria Janos del Instituto Nacional de Migración, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) Conforme a dicha norma, el juicio de amparo es improcedente, cuando los efectos del acto reclamado, se hayan destruido de manera tal, que las cosas regresaron al estado que guardaban antes de que la situación que vulneraba los derechos de la parte quejosa, se presentara. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 9/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, materia Común, Novena Época, con registro digital 196820, del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En efecto, como se expuso previamente, el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se emitió en favor de los aquí quejosos acuerdo de salida, con motivo de la suspensión de plano concedida por el juzgado declinante y reiterada por este órgano; donde se les sujetó a no abandonar la demarcación geográfica de Janos Chihuahua y a comparecer todos los jueves de cada semana a firmar el libro de extranjeros (fojas 109, reverso y 115, reverso); y, en esa misma fecha, fueron puestos en libertad. -No obstante, la responsable acotó que desde los aquí quejosos obtuvieron su libertad, el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, no han regresado a las instalaciones de dicha estación a firmar el libro de extranjeros y que desconoce su paradero-. De manera que, la quejosa dejó de estar privada de su libertad deambulatoria o asegurada; sin que se pierda de vista que obtuvo su libertad en virtud de la suspensión de plano que en ese sentido se le otorgó y que previo a ello, se emitió resolución en la que se determinó su retorno asistido a su lugar de origen. Bajo ese contexto, dado que la accionante del amparo, no obstante que fue prevenida para que ampliara su demanda de amparo respecto de la referida resolución de retorno asistido y la autoridad que la emitió, optó por no ampliar su demanda respecto de la misma; es dable concluir que han cesado los efectos del alojamiento reclamado, decretado el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno; y que, debido a ello, ha sido eliminada permanentemente la afectación generada por ésta a la esfera jurídica de la quejosa. De ahí que las cosas han regresado al estado que guardaban antes de la violación reclamada, tal como si se hubiera concedido la protección constitucional, pues se restituyó a la quejosa en el pleno goce del derecho fundamental que estimó violado, consiguiéndose así la teleología del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, como si la vulneración nunca se hubiera realizado; trayendo consigo la actualización de la hipótesis de improcedencia ya aludida. Resulta aplicable la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, del contenido siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesados los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfrutara del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. De igual modo, la jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Con esto no hay duda que se destruyó el acto reclamado en forma total e incondicional, desde luego, junto con sus efectos, porque a final de cuentas la autoridad responsable ya cesó en su actuar al haberse liberado a la quejosa; y con relación a la resolución de retorno asistido, se reitera, no puede efectuarse en este fallo mayor pronunciamiento, pues no fue adicionado como acto reclamado. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio constitucional respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en el alojamiento decretado el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, concorde a lo prescrito en el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61, del ordenamiento legal en cita. Resta decir que es innecesario analizar alguna otra causa de improcedencia, así como los conceptos de violación formulados en la demanda; lo primero porque aun de resultar fundadas, el sentido de esta determinación en nada variaría; y, lo segundo, porque la declaración de sobreseimiento impide analizarlos. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, página 414, que dice: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Así como la jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, página 708, que establece: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******* y *******, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa, mediante proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, para que ampliaran su demanda de amparo, sin que se hubieran pronunciado al respecto. Por tanto, se les hace efectivo el apercibimiento decretado y se ordena continuar con la tramitación del presente juicio de amparo en los términos planteados en la demanda inicial, de conformidad con los artículos 108 y 111, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese en lista. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que en la presente fecha se encuentra programada la audiencia constitucional de este juicio de amparo. Sin embargo, de la certificación que antecede se desprende que existe imposibilidad jurídica para verificarla; toda vez que está transcurriendo el plazo de quince días concedido a la parte quejosa, mediante proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, a efecto de que, de ser su deseo, amplíe su demanda de amparo en los términos ahí establecidos. Consecuentemente, a fin de dar margen a lo anterior, de conformidad con el artículo 115, de la ley de la materia, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de enero de dos mil veintidós, para su verificativo. Finalmente, notifíquese este proveído por lista a las partes, inclusive a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
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