José María Márquez Torres
Expediente 1049/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1049/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- José María Márquez Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ********************, y; RESULTANDO Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el ocho de noviembre del año en curso ********************en su carácter de defensora pública de********************, solicitó el amparo y la justicia federal, así como la suspensión de los actos reclamados contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en esta ciudad, en Funciones de Juez de Control y del Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, ambos con residencia en esta ciudad. Segundo. Tramitación del incidente. Por auto de nueve de noviembre del año en curso, se dio apertura al incidente de suspensión, se solicitó su informe previo a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual fue desahogada al tenor de la audiencia que antecede. CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos del numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, el Encargado del Despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, al rendir su informe previo manifestó que era cierto el acto reclamado por la parte quejosa. Tercero.- Niega suspensión definitiva. Pues bien, a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, de conformidad con los artículos 146 y 157 de la Ley de Amparo, al efecto se precisa que la quejosa reclama la medida cautelar de prisión preventiva justificada, que le impuso el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en esta ciudad, en Funciones de Juez de Control, prevista en el artículo 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales; esto, en audiencia de once de noviembre de dos mil veintitrés, celebrada en la causa penal ******************** del índice del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en esta ciudad. Indicado lo anterior, se precisa que esta suspensión definitiva se resolverá conforme a la jurisprudencia PR.P.CN. J/11 P (11a.), emitida por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con Residencia en la Ciudad de México, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, materias Común y Penal, Undécima Época, con registro digital 2026999, del contenido siguiente: SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. AL PROVEER SOBRE LA MEDIDA SUSPENSIONAL, EL ÓRGANO DE AMPARO NO DEBE LIMITARSE AL EFECTO PRECISADO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBE HACER UN ANÁLISIS DE PONDERACIÓN DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA FRENTE AL INTERÉS SOCIAL Y LA NO CONTRAVENCIÓN DE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO, ANALIZANDO CASO POR CASO, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL, 138 Y 147 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron en forma divergente al analizar si procede la suspensión provisional para el efecto de poner en libertad al quejoso, respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, cuando éste ya se encuentre materialmente detenido por delito que no implica prisión preventiva oficiosa, bajo el análisis de la inconvencionalidad del párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que no obstante ser convencional el párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo, los efectos de la suspensión provisional cuando el quejoso ya se encuentra materialmente detenido por orden de autoridad competente podrá tener efectos restitutorios, es decir, la libertad del quejoso, para lo cual el órgano de amparo, al resolver, deberá atender caso por caso, con apoyo en la herramienta que dan los artículos 107, fracción X, constitucional, 138 y 147 de la Ley de Amparo, bajo la ponderación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora frente al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Justificación: El párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo es convencional, toda vez que no prohíbe de forma tajante la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, tratándose de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada; por tanto, bajo una interpretación conforme del citado artículo, acorde con lo establecido en los artículos 138 y 147 de la propia ley, en relación con el 107, fracción X, constitucional, no debe limitarse al efecto señalado, porque ello no representa ningún beneficio y no protege el derecho humano a la libertad personal. En ese sentido, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016 en sesión de 6 de julio de 2017, estableció que hay excepciones al analizar la suspensión de los actos que se impugnan en el amparo, siendo al juzgador de amparo a quien le corresponde analizar cada caso concreto y realizar la determinación relativa atento a la naturaleza del acto, al interés social, a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, a efecto de determinar si alguna medida cautelar o de protección puede ser suspendida; por lo que el órgano de amparo, basado en dicha interpretación, atenderá al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, que dispone que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, es decir, de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, y al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho analizará si efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva justificada) cumple con los siguientes requisitos: a) que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; b) que la medida adoptada sea idónea para cumplir con el fin perseguido; c) que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia; d) que resulte estrictamente proporcional; y e) que dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado. Es decir, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, a la luz de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 138 y 147 de la Ley de Amparo y conforme a la metodología indicada expresamente en la ejecutoria relativa; suspensión definitiva que, de ser el caso, podrá tener efectos restitutorios, precisamente conforme a la jurisprudencia recién citada. En efecto, dicha jurisprudencia, deriva de la Contradicción de Criterios 36/2023, resuelta por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, que en su parte conducente, consideró que el estudio relativo a la suspensión, en este caso, definitiva, de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, debe realizarse en los siguientes términos: 193. De ahí que, en pleno acatamiento al deber de salvaguardar la tutela de Derechos Humanos bajo un principio de progresividad, que consagra el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ante la probabilidad de que el acto reclamado pueda declararse inconstitucional al momento en que se resuelva lo principal del juicio de amparo, la suspensión provisional concedida también podría tener efectos restitutorios, es decir, que el quejoso sea puesto en libertad, siempre y cuando el órgano de amparo al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho (juicio valorativo de probabilidad) advierta que efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva justificada) no cumple con los siguientes requisitos:(38) - Que existan presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito (deben estar fundados y expresados con base en hechos específicos, no en meras conjeturas), (39) y - La relación del quejoso con ese hecho. 194. En el entendido de que dicha determinación no debe tener ningún efecto respecto de la responsabilidad del quejoso, dado que ello será decidido por un Juez diverso al de amparo, esto es, al que en su momento resuelva el fondo del asunto. Así como: - Que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana. - Que la medida adoptada sea idónea, para cumplir con el fin perseguido. - Que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia. - Que resulte estrictamente proporcional. - Que dicha medida está lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado. 195. En caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, es decir, la libertad del quejoso, conforme a lo previsto en el artículo 168 de la Ley de Amparo, estará condicionada a satisfacer las garantías que aseguren la comparecencia de éste en el juicio. (41) 196. Siendo enunciativas las siguientes: - Presentarse ante la autoridad responsable, para la continuación del proceso. - Comparecer a registrar firma semanal ante el órgano de amparo. - Exhibir garantía económica; (42) - Y aquellas que considere necesarias según el caso, para regir la libertad del peticionario de amparo, en tanto se resuelve la suspensión definitiva, o en su caso, hasta el dictado de la sentencia ejecutoriada del juicio principal. 197. Precisando que los anteriores requisitos atienden a la apariencia del buen derecho que, como instrumento de preservación de derechos humanos se encomienda a todo juzgador, en uso de su discrecionalidad, por lo que le corresponde adoptar la decisión que se considere más óptima a la luz de las circunstancias de cada caso concreto para maximizar ese fin. 198. De ahí que, al resolver sobre cada situación, deberá exponer premisas valorativas que lleven a considerar que la decisión adoptada es la mejor disponible para en su caso, otorgar o no, la suspensión con efectos restitutorios, que se traducirá en la libertad del quejoso; es decir, la apariencia del buen derecho no sólo supone un juicio valorativo de probabilidad, sino también de verosimilitud en relación con el derecho del solicitante. 199. En ese orden de ideas, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. Conforme a tales consideraciones y a los numerales citados, el Juez de amparo debe realizar una ponderación de la apariencia del buen derecho y el interés social, respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al quejoso, de manera que se verifique que el Juez de proceso haya cumplido con los siguientes aspectos: 1.- Que existan presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito (deben estar fundados y expresados con base en hechos específicos, no en meras conjeturas). 2.- La relación del quejoso con ese hecho (esto, en el entendido de que la verificación de dicha relación, por parte del Juez de amparo, no debe tener ningún efecto respecto de la responsabilidad del quejoso, pues ello será decidido por el Juez de proceso correspondiente, en el momento en que se resuelva sobre el fondo del asunto -causa penal-). Asimismo, deberá realizarse test de proporcionalidad respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al quejoso, pues deberá verificarse lo siguiente: 3.- Que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana. 4.- Que la medida adoptada sea idónea, para cumplir con el fin perseguido. 5.- Que sea necesaria, en la medida en que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia. 6.- Que resulte estrictamente proporcional. 7.- Además, desde luego, dicha medida cautelar, deberá estar suficientemente motivada, de manera que el Juzgador de amparo pueda evaluar si se ajusta a todo lo anterior (apartados 1 al 6). A efecto de realizar dicho análisis, es necesario indicar los argumentos de cada una de las partes, esgrimidos en la audiencia de revisión de medidas cautelares, de once de noviembre de dos mil veintitrés, celebrada en la causa penal ********************: En principio, el Juez de Control responsable, expresó lo siguiente: -Levantó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en cumplimiento a la suspensión provisional dictada por este Juzgado de Distrito. -Enseguida, de conformidad con el artículo 154, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, abrió debate y cuestionó al Fiscal de la Federación si tenía alguna petición. Luego, la Fiscal de la Federación, solicitó, con fundamento en el artículo 19 Constitucional, 155, fracción XIV, y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, a fin de garantizar la protección de la comunidad y virtud de que sentenciado fue previamente condenado por la comisión de un delito doloso, en atención a los siguientes antecedentes: Sentencia dictada en el procedimiento abreviado de la causa penal ********************, de fecha veintiséis de abril de dos mil veintitrés, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado por el artículo 83 fracción II en relación con el 11 inciso b) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en la cual se le impuso una pena de prisión de dos años once meses de prisión, por hechos acontecidos el veintidós de agosto de dos mil veintidós; determinación que causó ejecutoria en ese misma data y en la cual se le concedió el beneficio de la condena condicional. Cuadernillo de ejecución ******************** del índice de ese Centro de Justicia Penal Oficio de quince de octubre de dos mil veintitrés, suscrito por la Agente del Ministerio Público adscrita la Fiscalía de Distrito Zona Norte, mediante el cual informó el registro de cuatro carpetas de investigación, por los delitos de violencia familiar, daños, amenazas y posesión simple de narcóticos Oficio 989/2023 suscrito por la Analista Táctico adscrita a la Fiscalía General del Estado, mediante el cual remitió los registro de antecedentes relativos a múltiples registros de detención del imputado. Oficio 106246/2023 de once de noviembre de dos mil veintitrés suscrito por la Analista adscrita al Centro Nacional de Planeación que refiere el análisis de riesgo procesal con los antecedentes ministeriales del imputado y dos registros de detenciones, por delitos de portación de armas de fuego; informe policial homologado realizado el diez de abril de dos mil dieciocho por delitos contra la salud; registros de reclusión; y señala la calidad de imputado como multireincidente; asi como el registro de ejecución de sentencia de fecha diecisiete octubre de dos mil veintitrés. Concluyendo el fiscal que con esos datos de prueba se advierte el comportamiento del imputado desde el dos mil dieciocho a la fecha, de estar en constate conflicto con la ley penal; y que no obstante que había sido sentenciado previamente por delito doloso; que se le otorgó el beneficio de la condena condicional; que se le amonestó para que cumpliera en libertad la pena; aun así decidió quebrantar la norma penal con un delito penal similar al que nos ocupa. Que las conductas que derivaron la detención por los delitos de daños, posesión de narcóticos, violencia familiar, y amenazas, referidas el fiscal, ponían en riesgo la tranquilidad de las sociedad en general. Que la facilidad del imputado para obtener artefactos bélicos; y las conductas relacionados con narcóticos, ponían en el riego a la sociedad al efectuar conductas reincidentes Que el quebrantamiento del beneficio de conde condicional concedido haría posible la sustracción para evadir la compurgación de la sentencia previa; aunado a la penalidad máxima de quince años de prisión, que sin prejuzgar, pudiera imponérsele en el presente asunto; lo cual haría imposible acceder a la concesión de algún beneficio o sustitutivo penal. Que con la diversidad de registros de detención, de los cuales varios se encuentran en investigación, se evidenciaban el peligro de sustracción del imputado y el riesgo para la sociedad. Concluyendo el referido fiscal que de dichos antecedentes se advertía que el imputado había puesto en riesgo no solo a la sociedad sino a su propia familia. Por su parte, la Defensora Pública Federal del imputado, expuso lo siguiente: Que respecto a la sentencia de veintiséis de abril de abril de dos mil veintitrés, considera que de tomar en cuenta ese único dato en contra de su representado violaría en su perjuicio el principio de presunción de inocencia en su vertiente de trato procesal Que por lo que respecta a los diversos oficios y registros de detenciones referidos por el fiscal, dichos hechos no llegaron a judicializarse o consignarse, por tanto su patrocinado no fue consignado por los mismos ni sentenciado por tales actos. Que fueron subjetivas las aseveraciones expuestas por la Analista adscrita al Centro Nacional de Planeación, y que las mismas vulneraban el principio de presunción de inocencia en su vertiente de trato procesal, dado que no podía referirse al imputado como multireinicente dado que el único antecedente con el cual contaba su patrocinado consistía en la sentencia dictada en la causa penal ********************, referida por el fiscal. Que para imponer la prisión preventiva justificada no era suficiente tomar en consideración la pena máxima relativa al delito motivo de la presente causa. Que debía considerarse que si el imputado incumpliera con la medida cautelar diversa que en su caso pudiera imponérsele, se podría llevar a cabo de nueva cuenta la revisión de medidas cautelares. Que cuenta con una entrevista realizada a la madre del imputado el nueve de los corrientes, en la cual exhibió un comprobante de domicilio que coincide con el proporcionado por el imputado en esa causa penal. Concluyendo la referida defensa pública que debería imponerse al imputado una diversa medida cautelar, pero menos gravosa, a fin de no vulnerar el principio de presunción de inocencia. El imputado por su parte, se reservó su derecho a intervenir en dicha diligencia. Con lo anterior, el Juez de Control responsable cerró el debate y emitió la siguiente determinación: Que el tema medular en la audiencia celebrada relativo a la prisión preventiva justificada consistía en el riesgo social que representa el imputado desde el punto de vista la fiscalía, derivado de los múltiples registros de detención pero particularmente en la existencia de una sentencia previa emitida el veintiséis de abril de la presente anualidad, en la causa penal ********************, en la cual el imputado había sido condenado por un delito de portación de arma de fuego. Que no debía desconocerse la violencia generalizada que sufría tanto nuestra ciudad como el país entero; la gran cantidad de homicidios ocasionados con ese tipo de armas de fuego; que dichos artefactos bélicos eran utilizados únicamente para atacar; que dichas armas de fuego difícilmente se podrían utilizar para defensa personal dadas sus características. Que al resultar evidente que el imputado al ser condenado en diverso proceso penal, se le hicieron saber las consecuencias de volver a delinquir y considerando el riesgo social que implicaba, coincidía con lo expuesto por la fiscalía y con fundamento en lo dispuesto por los artículo 167 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consideró procedente imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Pues bien, una vez referido el debate, así como la decisión del Juez de Control responsable, se procede a revisar la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al aquí quejoso, conforme a la metodología indicada líneas arriba. En principio, se cumple con lo señalado en los numerales 1 y 2, pues en la audiencia de once de noviembre de dos mil veintitrés, se refirió que en la causa penal ********************, de la que deriva el acto reclamado, se ventilan un hecho considerado por la ley como delito (portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional); además, se estableció la relación que el aquí quejoso, tiene con esos hechos (desde luego en grado de probabilidad), pues precisamente por los mismos, se le dictó auto de vinculación a proceso. Continuando con el test de proporcionalidad, de la argumentación expuesta por el Juez de Control responsable, sí se desprende que la finalidad de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, es la de asegurar la presencia del imputado en el proceso y el riesgo para la comunidad (debido a las razones que más delante se indicarán), lo que es acorde con el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero además, es acorde con el artículo 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en tanto prevé que nadie puede ser privado de la libertad personal, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, lo cual, a su vez, es acorde con el citado artículo 19, segundo párrafo, primera parte, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el citado artículo 155, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, la medida cautelar de prisión preventiva justificada que impuso el Juez de Control responsable al aquí quejoso, es la medida cautelar idónea para el fin que se persigue (asegurar la comparecencia del imputado y garantizar la protección de la comunidad) y además, en estrecha relación con su idoneidad, resulta necesaria; en efecto, tal como lo adujo el Juez responsable, sin pre juzgar y sin vulnerar en perjuicio del imputado el principio de presunción de inocencia, principio que le asiste durante todo el procedimiento hasta su culminación, sino como elemento para demostrar la idoneidad y la necesidad de la medida cautelar impuesta. Además, tomando en consideración que el imputado fue sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso (portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional), por una causa diversa no acumulable ni conexa en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, también se estima que la medida cautelar de prisión preventiva que el Juez de Control responsable impuso al aquí quejoso, es estrictamente proporcional con los hechos que se ventilan en la causa penal que se le sigue, pues como hace ver el Juez responsable, dada la violencia que sufre la comunidad, portar armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, es evidentemente relevante. Al respecto esta Juzgadora de amparo, estima necesario indicar que si bien el quejoso, como cualquier persona imputada, en principio, tiene derecho a llevar el procedimiento en libertad, también lo es que ese derecho debe ponderarse en relación con la posible afectación al interés social, y al realizar tal ejercicio, se advierte que el hecho que se ventila en la causa penal, son hechos de impacto no solo local, sino nacional, precisamente por la violencia que es un hecho notorio para cualquier comunidad, de manera que, la sociedad está interesada en que las personas que probablemente hayan participado en hechos aparentemente constitutivos de delito, sean efectivamente conducidas al proceso penal para decidir sobre su responsabilidad. Por lo tanto, al resultar constitucional y convencional, la medida de prisión preventiva justificada impuesta al quejoso, así como al ser la idónea para obtener la finalidad que se persigue, necesaria y proporcional, además de que, en un análisis preliminar de la decisión del Juez de Control en el sentido de imponer al quejoso dicha medida cautelar, se advierte que tal decisión está fundada y motivada, pero además, al ponderar la apariencia del buen derecho y el interés social, resultando de mayor relevancia éste último, lo procedente es negar la suspensión definitiva. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se niega a********************, la suspensión definitiva en términos de lo dispuesto en el tercer considerado de la presente determinación. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Elizabeth Ortiz Sánchez. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda el informe previo que rinde el Encargado del Despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, en esta ciudad; con su contenido dese vista a las partes para que estén en posibilidad de objetar el mismo, tal como lo dispone el artículo 140 de la Ley de Amparo. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia incidental, de conformidad con el numeral 144 de la legislación en cita. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase al oficiante, designando como delegados a las personas que indica en su informe. Informa transición a expediente electrónico Ahora, atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Elizabeth Ortiz Sánchez. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado y anexo consistente en un disco compacto que rinde la autoridad responsable, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del mismo y de las documentales que se reciben, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Asimismo, se ordena dar vista a las partes con el disco compacto remitido por la autoridad de referencia, a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) con número de registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época que establece: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. Ahora, atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a las partes. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Elizabeth Ortiz Sánchez. Doy fe.
- Incidental
Interlocutoria********************Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de noviembre de dos mil veintitrés.********************Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ********************, y; ********************RESULTANDO********************Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el ocho de noviembre del año en curso ********************en su carácter de defensora pública de********************, solicitó el amparo y la justicia federal, así como la suspensión de los actos reclamados contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en esta ciudad, en Funciones de Juez de Control y del Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, ambos con residencia en esta ciudad.********************Segundo. Tramitación del incidente. Por auto de nueve de noviembre del año en curso, se dio apertura al incidente de suspensión, se solicitó su informe previo a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual fue desahogada al tenor de la audiencia que antecede. ********************CONSIDERANDO********************Primero. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos del numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************Segundo. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en esta ciudad, en Funciones de Juez de Control, al rendir su informe previo manifestó que era cierto el acto reclamado por la parte quejosa.********************Tercero.- Niega suspensión definitiva. Pues bien, a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, de conformidad con los artículos 146 y 157 de la Ley de Amparo, al efecto se precisa que la quejosa reclama la medida cautelar de prisión preventiva justificada, que le impuso el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en esta ciudad, en Funciones de Juez de Control, prevista en el artículo 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales; esto, en audiencia de once de noviembre de dos mil veintitrés, celebrada en la causa penal ********************/2023 del índice del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en esta ciudad.********************Indicado lo anterior, se precisa que esta suspensión definitiva se resolverá conforme a la jurisprudencia PR.P.CN. J/11 P (11a.), emitida por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con Residencia en la Ciudad de México, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, materias Común y Penal, Undécima Época, con registro digital 2026999, del contenido siguiente:********************SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. AL PROVEER SOBRE LA MEDIDA SUSPENSIONAL, EL ÓRGANO DE AMPARO NO DEBE LIMITARSE AL EFECTO PRECISADO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBE HACER UN ANÁLISIS DE PONDERACIÓN DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA FRENTE AL INTERÉS SOCIAL Y LA NO CONTRAVENCIÓN DE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO, ANALIZANDO CASO POR CASO, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL, 138 Y 147 DE LA LEY DE AMPARO.********************Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron en forma divergente al analizar si procede la suspensión provisional para el efecto de poner en libertad al quejoso, respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, cuando éste ya se encuentre materialmente detenido por delito que no implica prisión preventiva oficiosa, bajo el análisis de la inconvencionalidad del párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo.********************Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que no obstante ser convencional el párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo, los efectos de la suspensión provisional cuando el quejoso ya se encuentra materialmente detenido por orden de autoridad competente podrá tener efectos restitutorios, es decir, la libertad del quejoso, para lo cual el órgano de amparo, al resolver, deberá atender caso por caso, con apoyo en la herramienta que dan los artículos 107, fracción X, constitucional, 138 y 147 de la Ley de Amparo, bajo la ponderación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora frente al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. ********************Justificación: El párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo es convencional, toda vez que no prohíbe de forma tajante la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, tratándose de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada; por tanto, bajo una interpretación conforme del citado artículo, acorde con lo establecido en los artículos 138 y 147 de la propia ley, en relación con el 107, fracción X, constitucional, no debe limitarse al efecto señalado, porque ello no representa ningún beneficio y no protege el derecho humano a la libertad personal. En ese sentido, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016 en sesión de 6 de julio de 2017, estableció que hay excepciones al analizar la suspensión de los actos que se impugnan en el amparo, siendo al juzgador de amparo a quien le corresponde analizar cada caso concreto y realizar la determinación relativa atento a la naturaleza del acto, al interés social, a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, a efecto de determinar si alguna medida cautelar o de protección puede ser suspendida; por lo que el órgano de amparo, basado en dicha interpretación, atenderá al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, que dispone que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, es decir, de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, y al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho analizará si efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva justificada) cumple con los siguientes requisitos: a) que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; b) que la medida adoptada sea idónea para cumplir con el fin perseguido; c) que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia; d) que resulte estrictamente proporcional; y e) que dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado.****************************************Es decir, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, a la luz de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 138 y 147 de la Ley de Amparo y conforme a la metodología indicada expresamente en la ejecutoria relativa; suspensión definitiva que, de ser el caso, podrá tener efectos restitutorios, precisamente conforme a la jurisprudencia recién citada.********************En efecto, dicha jurisprudencia, deriva de la Contradicción de Criterios 36/2023, resuelta por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, que en su parte conducente, consideró que el estudio relativo a la suspensión, en este caso, definitiva, de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, debe realizarse en los siguientes términos:********************193. De ahí que, en pleno acatamiento al deber de salvaguardar la tutela de Derechos Humanos bajo un principio de progresividad, que consagra el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ante la probabilidad de que el acto reclamado pueda declararse inconstitucional al momento en que se resuelva lo principal del juicio de amparo, la suspensión provisional concedida también podría tener efectos restitutorios, es decir, que el quejoso sea puesto en libertad, siempre y cuando el órgano de amparo al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho (juicio valorativo de probabilidad) advierta que efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva justificada) no cumple con los siguientes requisitos:(38)********************- Que existan presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito (deben estar fundados y expresados con base en hechos específicos, no en meras conjeturas), (39) y********************- La relación del quejoso con ese hecho.********************194. En el entendido de que dicha determinación no debe tener ningún efecto respecto de la responsabilidad del quejoso, dado que ello será decidido por un Juez diverso al de amparo, esto es, al que en su momento resuelva el fondo del asunto.********************Así como:********************- Que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana.********************- Que la medida adoptada sea idónea, para cumplir con el fin perseguido.********************- Que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia.********************- Que resulte estrictamente proporcional.********************- Que dicha medida está lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado.********************195. En caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, es decir, la libertad del quejoso, conforme a lo previsto en el artículo 168 de la Ley de Amparo, estará condicionada a satisfacer las garantías que aseguren la comparecencia de éste en el juicio. (41)********************196. Siendo enunciativas las siguientes:********************- Presentarse ante la autoridad responsable, para la continuación del proceso.********************- Comparecer a registrar firma semanal ante el órgano de amparo.********************- Exhibir garantía económica; (42)********************- Y aquellas que considere necesarias según el caso, para regir la libertad del peticionario de amparo, en tanto se resuelve la suspensión definitiva, o en su caso, hasta el dictado de la sentencia ejecutoriada del juicio principal.********************197. Precisando que los anteriores requisitos atienden a la apariencia del buen derecho que, como instrumento de preservación de derechos humanos se encomienda a todo juzgador, en uso de su discrecionalidad, por lo que le corresponde adoptar la decisión que se considere más óptima a la luz de las circunstancias de cada caso concreto para maximizar ese fin.********************198. De ahí que, al resolver sobre cada situación, deberá exponer premisas valorativas que lleven a considerar que la decisión adoptada es la mejor disponible para en su caso, otorgar o no, la suspensión con efectos restitutorios, que se traducirá en la libertad del quejoso; es decir, la apariencia del buen derecho no sólo supone un juicio valorativo de probabilidad, sino también de verosimilitud en relación con el derecho del solicitante.********************199. En ese orden de ideas, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.********************(.)****************************************Conforme a tales consideraciones y a los numerales citados, el Juez de amparo debe realizar una ponderación de la apariencia del buen derecho y el interés social, respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al quejoso, de manera que se verifique que el Juez de proceso haya cumplido con los siguientes aspectos:********************1.- Que existan presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito (deben estar fundados y expresados con base en hechos específicos, no en meras conjeturas).********************2.- La relación del quejoso con ese hecho (esto, en el entendido de que la verificación de dicha relación, por parte del Juez de amparo, no debe tener ningún efecto respecto de la responsabilidad del quejoso, pues ello será decidido por el Juez de proceso correspondiente, en el momento en que se resuelva sobre el fondo del asunto -causa penal-).******************** Asimismo, deberá realizarse test de proporcionalidad respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al quejoso, pues deberá verificarse lo siguiente:********************3.- Que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana.********************4.- Que la medida adoptada sea idónea, para cumplir con el fin perseguido.********************5.- Que sea necesaria, en la medida en que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia.********************6.- Que resulte estrictamente proporcional.********************7.- Además, desde luego, dicha medida cautelar, deberá estar suficientemente motivada, de manera que el Juzgador de amparo pueda evaluar si se ajusta a todo lo anterior (apartados 1 al 6).********************A efecto de realizar dicho análisis, es necesario indicar los argumentos de cada una de las partes, esgrimidos en la audiencia de revisión de medidas cautelares, de once de noviembre de dos mil veintitrés, celebrada en la causa penal ********************/2023:********************En principio, el Juez de Control responsable, expresó lo siguiente:********************levantó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en cumplimiento a la suspensión provisional dictada por este Juzgado de Distrito.********************Enseguida, de conformidad con el artículo 154, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, abrió debate y cuestionó al Fiscal de la Federación si tenía alguna petición.********************Luego, la Fiscal de la Federación, solicitó, con fundamento en el artículo 19 Constitucional, 155, fracción XIV, y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, a fin de garantizar la protección de la comunidad y virtud de que sentenciado fue previamente condenado por la comisión de un delito doloso, en atención a los siguientes antecedentes:********************Sentencia dictada en el procedimiento abreviado de la causa penal ********************, de fecha veintiséis de abril de dos mil veintitrés, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado por el artículo 83 fracción II en relación con el 11 inciso b) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en la cual se le impuso una pena de prisión de dos años once meses de prisión, por hechos acontecidos el veintidós de agosto de dos mil veintidós; determinación que causó ejecutoria en ese misma data y en la cual se le concedió el beneficio de la condena condicional. ********************Cuadernillo de ejecución ********************del índice de ese Centro de Justicia Penal ********************Oficio de quince de octubre de dos mil veintitrés, suscrito por la Agente del Ministerio Público adscrita la Fiscalía de Distrito Zona Norte, mediante el cual informó el registro de cuatro carpetas de investigación, por los delitos de violencia familiar, daños, amenazas y posesión simple de narcóticos ********************Oficio 989/2023 suscrito por la Analista Táctico adscrita a la Fiscalía General del Estado, mediante el cual remitió los registro de antecedentes relativos a múltiples registros de detención del imputado. ********************Oficio 106246/2023 de once de noviembre de dos mil veintitrés suscrito por la Analista adscrita al Centro Nacional de Planeación que refiere el análisis de riesgo procesal con los antecedentes ministeriales del imputado y dos registros de detenciones, por delitos de portación de armas de fuego; informe policial homologado realizado el diez de abril de dos mil dieciocho por delitos contra la salud; registros de reclusión; y señala la calidad de imputado como multireincidente; asi como el registro de ejecución de sentencia de fecha diecisiete octubre de dos mil veintitrés. ********************Concluyendo el fiscal que con esos datos de prueba se advierte el comportamiento del imputado desde el dos mil dieciocho a la fecha, de estar en constate conflicto con la ley penal; y que no obstante que había sido sentenciado previamente por delito doloso; que se le otorgó el beneficio de la condena condicional; que se le amonestó para que cumpliera en libertad la pena; aun así decidió quebrantar la norma penal con un delito penal similar al que nos ocupa.********************Que las conductas que derivaron la detención por los delitos de daños, posesión de narcóticos, violencia familiar, y amenazas, referidas el fiscal, ponían en riesgo la tranquilidad de las sociedad en general.********************Que la facilidad del imputado para obtener artefactos bélicos; y las conductas relacionados con narcóticos, ponían en el riego a la sociedad al efectuar conductas reincidentes********************Que el quebrantamiento del beneficio de conde condicional concedido haría posible la sustracción para evadir la compurgación de la sentencia previa; aunado a la penalidad máxima de quince años de prisión, que sin prejuzgar, pudiera imponérsele en el presente asunto; lo cual haría imposible acceder a la concesión de algún beneficio o sustitutivo penal.********************Que con la diversidad de registros de detención, de los cuales varios se encuentran en investigación, se evidenciaban el peligro de sustracción del imputado y el riesgo para la sociedad.********************Concluyendo el referido fiscal que de dichos antecedentes se advertía que el imputado había puesto en riesgo no solo a la sociedad sino a su propia familia.********************Por su parte, la Defensora Pública Federal del imputado, expuso lo siguiente:********************Que respecto a la sentencia de veintiséis de abril de abril de dos mil veintitrés, considera que de tomar en cuenta ese único dato en contra de su representado violaría en su perjuicio el principio de presunción de inocencia en su vertiente de trato procesal ********************Que por lo que respecta a los diversos oficios y registros de detenciones referidos por el fiscal, dichos hechos no llegaron a judicializarse o consignarse, por tanto su patrocinado no fue consignado por los mismos ni sentenciado por tales actos.********************Que fueron subjetivas las aseveraciones expuestas por la Analista adscrita al Centro Nacional de Planeación, y que las mismas vulneraban el principio de presunción de inocencia en su vertiente de trato procesal, dado que no podía referirse al imputado como multireinicente dado que el único antecedente con el cual contaba su patrocinado consistía en la sentencia dictada en la causa penal ********************, referida por el fiscal.********************Que para imponer la prisión preventiva justificada no era suficiente tomar en consideración la pena máxima relativa al delito motivo de la presente causa. ********************Que debía considerarse que si el imputado incumpliera con la medida cautelar diversa que en su caso pudiera imponérsele, se podría llevar a cabo de nueva cuenta la revisión de medidas cautelares.********************Que cuenta con una entrevista realizada a la madre del imputado el nueve de los corrientes, en la cual exhibió un comprobante de domicilio que coincide con el proporcionado por el imputado en esa causa penal.********************Concluyendo la referida defensa pública que debería imponerse al imputado una diversa medida cautelar, pero menos gravosa, a fin de no vulnerar el principio de presunción de inocencia.********************El imputado por su parte, se reservó su derecho a intervenir en dicha diligencia.********************Con lo anterior, el Juez de Control responsable cerró el debate y emitió la siguiente determinación:********************Que el tema medular en la audiencia celebrada relativo a la prisión preventiva justificada consistía en el riesgo social que representa el imputado desde el punto de vista la fiscalía, derivado de los múltiples registros de detención pero particularmente en la existencia de una sentencia previa emitida el veintiséis de abril de la presente anualidad, en la causa penal ********************, en la cual el imputado había sido condenado por un delito de portación de arma de fuego.********************Que no debía desconocerse la violencia generalizada que sufría tanto nuestra ciudad como el país entero; la gran cantidad de homicidios ocasionados con ese tipo de armas de fuego; que dichos artefactos bélicos eran utilizados únicamente para atacar; que dichas armas de fuego difícilmente se podrían utilizar para defensa personal dadas sus características. ********************Que al resultar evidente que el imputado al ser condenado en diverso proceso penal, se le hicieron saber las consecuencias de volver a delinquir y considerando el riesgo social que implicaba, coincidía con lo expuesto por la fiscalía y con fundamento en lo dispuesto por los artículo 167 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consideró procedente imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada. ********************Pues bien, una vez referido el debate, así como la decisión del Juez de Control responsable, se procede a revisar la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al aquí quejoso, conforme a la metodología indicada líneas arriba.********************En principio, se cumple con lo señalado en los numerales 1 y 2, pues en la audiencia de once de noviembre de dos mil veintitrés, se refirió que en la causa penal ********************/2023, de la que deriva el acto reclamado, se ventilan un hecho considerado por la ley como delito (portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional); además, se estableció la relación que el aquí quejoso, tiene con esos hechos (desde luego en grado de probabilidad), pues precisamente por los mismos, se le dictó auto de vinculación a proceso.********************Continuando con el test de proporcionalidad, de la argumentación expuesta por el Juez de Control responsable, sí se desprende que la finalidad de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, es la de asegurar la presencia del imputado en el proceso y el riesgo para la comunidad (debido a las razones que más delante se indicarán), lo que es acorde con el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero además, es acorde con el artículo 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en tanto prevé que nadie puede ser privado de la libertad personal, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, lo cual, a su vez, es acorde con el citado artículo 19, segundo párrafo, primera parte, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el citado artículo 155, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales.********************Ahora bien, la medida cautelar de prisión preventiva justificada que impuso el Juez de Control responsable al aquí quejoso, es la medida cautelar idónea para el fin que se persigue (asegurar la comparecencia del imputado y garantizar la protección de la comunidad) y además, en estrecha relación con su idoneidad, resulta necesaria; en efecto, tal como lo adujo el Juez responsable, sin pre juzgar y sin vulnerar en perjuicio del imputado el principio de presunción de inocencia, principio que le asiste durante todo el procedimiento hasta su culminación, sino como elemento para demostrar la idoneidad y la necesidad de la medida cautelar impuesta.********************Además, tomando en consideración que el imputado fue sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso (portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional), por una causa diversa no acumulable ni conexa en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales.********************Ahora bien, también se estima que la medida cautelar de prisión preventiva que el Juez de Control responsable impuso al aquí quejoso, es estrictamente proporcional con los hechos que se ventilan en la causa penal que se le sigue, pues como hace ver el Juez responsable, dada la violencia que sufre la comunidad, portar armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, es evidentemente relevante.********************Al respecto esta Juzgadora de amparo, estima necesario indicar que si bien el quejoso, como cualquier persona imputada, en principio, tiene derecho a llevar el procedimiento en libertad, también lo es que ese derecho debe ponderarse en relación con la posible afectación al interés social, y al realizar tal ejercicio, se advierte que el hecho que se ventila en la causa penal, son hechos de impacto no solo local, sino nacional, precisamente por la violencia que es un hecho notorio para cualquier comunidad, de manera que, la sociedad está interesada en que las personas que probablemente hayan participado en hechos aparentemente constitutivos de delito, sean efectivamente conducidas al proceso penal para decidir sobre su responsabilidad.********************Por lo tanto, al resultar constitucional y convencional, la medida de prisión preventiva justificada impuesta al quejoso, así como al ser la idónea para obtener la finalidad que se persigue, necesaria y proporcional, además de que, en un análisis preliminar de la decisión del Juez de Control en el sentido de imponer al quejoso dicha medida cautelar, se advierte que tal decisión está fundada y motivada, pero además, al ponderar la apariencia del buen derecho y el interés social, resultando de mayor relevancia éste último, lo procedente es negar la suspensión definitiva.********************Cuarto. Se difiere la audiencia incidental para las once horas con quince minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, respecto al Director del Centro de Reinserción Social Estatal número 3, en esta ciudad, al encontrarse trascurriendo el término concedido para rendir el informe previo solicitado. ********************Por lo expuesto y fundado, se resuelve:********************Primero. Se niega a********************, la suspensión definitiva en términos de lo dispuesto en el tercer considerado de la presente determinación.********************Segundo. Se difiere la audiencia incidental para las once horas con quince minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el considerado cuarto de esta interlocutoria.********************Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables.********************Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Elizabeth Ortiz Sánchez. Doy fe.
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