José Miguel Alvarado Mendoza

Expediente 981/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
981/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • José Miguel Alvarado Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Informa transición a expediente electrónico Atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Estado de autos Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que, para el día de hoy, se encuentra señalada la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo, no se está en aptitud de llevarse a cabo, en virtud de que no obra en autos el emplazamiento del tercero interesado ********************. Diferimiento de audiencia En consecuencia, ante la imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional y para dar margen a lo anterior, se difiere su celebración y se señalan las diez horas con diez minutos del catorce de diciembre de dos mil veintitrés. Notificación por lista electrónica a las autoridades responsables Los acuerdos de trámite de menor trascendencia se notificaran por lista a las partes, entre ellas a la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella. Doy fe.CLL/Marc/dmjv

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Oficiante informa nombre y domicilio de terceros interesados Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, por el cual el Juez del Tribunal de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio, distrito judicial Bravos, con sede en esta ciudad, en atención al requerimiento efectuado en proveído de treinta y uno de octubre del año en curso, indica que les reviste el carácter de víctima dentro de la causa penal 5124/2023 a ********************. Reconoce carácter de terceros interesados En relación con lo anterior, se advierte que a ********************, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, le reviste el carácter de tercero interesado, por tener el carácter de víctima en el causa penal del cual deriva el acto reclamado y tal carácter se le reconoce en este asunto. Emplazamiento del tercero interesado En mérito de lo anterior, con copia de la demanda, del auto de admisión y del informe justificado de la autoridad responsable, así como del acuerdo que le recayó, se instruye a la actuaria que emplace al tercero interesado ********************, en el domicilio que en sobre cerrado envío la autoridad oficiante, emplazamiento que deberá efectuar siguiendo los lineamientos que se establecen en la Ley de Amparo y de lo cual se deberá levantar la respectiva constancia para ser remitida a este juzgado. Se hace hincapié que, en el momento de la diligencia, una vez que el notificador se presente en el domicilio y tenga a la vista al tercero interesado, deberá llevar cabo la diligencia de emplazamiento de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 26, fracción I, inciso b), artículo 27, fracciones I y III, de la ley de la materia. Asimismo, deberá requerir al tercero interesado para que, en el momento de la notificación o en el término de tres días, legalmente computado, ante este juzgado federal señale domicilio en esta ciudad, con el apercibimiento que, de no hacerlo así, las notificaciones que deban de efectuarse se le realizarán por listan, incluso las personales, según lo que se dispone en el ordinal 26, fracción III y 29 de la legislación de la materia. También, se le hace de su conocimiento que se encuentran a su disposición, en las instalaciones que ocupan este órgano jurisdiccional, los discos versátiles digitales, remitidos por el Juez responsable, adjunto a su informe justificado, para que, si así lo desean, puedan consultarlo. Igualmente, deberá hacerles de su conocimiento que la audiencia se encuentra señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista electrónica y personalmente al tercero interesado ********************. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella. Doy fe.CLL/Marc/dmjv

  3. Incidental

    Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 981/2023-I-1; y, Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en este juzgado el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, , solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión del acto reclamado al Juez de Control de Primera Instancia del Distrito Judicial Bravos. Segundo. Tramitación del Incidente de suspensión. En auto de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, se ordenó tramitar el incidente de suspensión, se solicitó el informe previo a la autoridad responsable, se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual no se celebró por lo precisado en auto de treinta de octubre del año en curso, y se fijó como nueva fecha el día de hoy, misma que se llevó al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que los actos reclamados tienen ejecución dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado materia del presente incidente de suspensión. Del análisis del escrito de la demanda se advierte que la parte quejosa solicita se le conceda la suspensión respecto de la resolución en la que se impuso la medida de prisión preventiva justificada, al directamente agraviado en el proceso penal 5124/2023, instaurado en su contra. Entonces, para los efectos de la presente medida cautelar tal acto será materia del presente incidente de conformidad con los artículos 128, 129 y 139, de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 111/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 98, tomo XVIII, diciembre de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos. Tercero. Existencia del acto. El Juez del Tribunal de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio, Distrito Judicial Bravos, en su informe previo, manifestó que es cierto el acto reclamado, pues en audiencia de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, impuso al quejoso la medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada, prevista en el artículo 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues estimó fundada la solicitud de la Fiscalía en ese sentido; esto, dentro de la causa penal 5124/2023, de cuyo acto solicitó la suspensión ante este órgano jurisdiccional. Al respecto, el Juez responsable, adjunto a su informe previo remitió el disco en formato DVD, debidamente certificado, que contiene la audiencia de revisión de medidas cautelares, celebrada el veinte de septiembre de dos mil veintitrés, en la causa penal 5124/2023, instruida en contra del quejoso. Por lo que, de conformidad con el primer párrafo del artículo 142 de la Ley de Amparo, se tiene como cierto el acto que le fue reclamado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia VI.2o. J/19 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se publicó en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Julio de 1995, Materia Común, visible en la página 133, de registro 204855, con rubro y texto: INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Cuarto. Determinación sobre la suspensión definitiva. Pues bien, a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, de conformidad con los artículos 146 y 157 de la Ley de Amparo, al efecto se precisa que el quejoso reclama la medida cautelar de prisión preventiva justificada, que le impuso el Juez del Tribunal de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio, Distrito Judicial Bravos, prevista en el artículo 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales; esto, en audiencia de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, en la causa penal 5124/2023, pues estimó fundada la solicitud de la Fiscalía en ese sentido. Indicado lo anterior, se precisa que esta suspensión definitiva se resolverá conforme a la jurisprudencia PR.P.CN. J/11 P (11a.), emitida por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con Residencia en la Ciudad De México, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, materias Común y Penal, Undécima Época, con registro digital 2026999, del contenido siguiente: SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. AL PROVEER SOBRE LA MEDIDA SUSPENSIONAL, EL ÓRGANO DE AMPARO NO DEBE LIMITARSE AL EFECTO PRECISADO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBE HACER UN ANÁLISIS DE PONDERACIÓN DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA FRENTE AL INTERÉS SOCIAL Y LA NO CONTRAVENCIÓN DE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO, ANALIZANDO CASO POR CASO, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL, 138 Y 147 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron en forma divergente al analizar si procede la suspensión provisional para el efecto de poner en libertad al quejoso, respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, cuando éste ya se encuentre materialmente detenido por delito que no implica prisión preventiva oficiosa, bajo el análisis de la inconvencionalidad del párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que no obstante ser convencional el párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo, los efectos de la suspensión provisional cuando el quejoso ya se encuentra materialmente detenido por orden de autoridad competente podrá tener efectos restitutorios, es decir, la libertad del quejoso, para lo cual el órgano de amparo, al resolver, deberá atender caso por caso, con apoyo en la herramienta que dan los artículos 107, fracción X, constitucional, 138 y 147 de la Ley de Amparo, bajo la ponderación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora frente al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Justificación: El párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo es convencional, toda vez que no prohíbe de forma tajante la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, tratándose de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada; por tanto, bajo una interpretación conforme del citado artículo, acorde con lo establecido en los artículos 138 y 147 de la propia ley, en relación con el 107, fracción X, constitucional, no debe limitarse al efecto señalado, porque ello no representa ningún beneficio y no protege el derecho humano a la libertad personal. En ese sentido, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016 en sesión de 6 de julio de 2017, estableció que hay excepciones al analizar la suspensión de los actos que se impugnan en el amparo, siendo al juzgador de amparo a quien le corresponde analizar cada caso concreto y realizar la determinación relativa atento a la naturaleza del acto, al interés social, a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, a efecto de determinar si alguna medida cautelar o de protección puede ser suspendida; por lo que el órgano de amparo, basado en dicha interpretación, atenderá al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, que dispone que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, es decir, de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, y al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho analizará si efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva justificada) cumple con los siguientes requisitos: a) que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; b) que la medida adoptada sea idónea para cumplir con el fin perseguido; c) que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia; d) que resulte estrictamente proporcional; y e) que dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado. Es decir, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, a la luz de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 138 y 147 de la Ley de Amparo y conforme a la metodología indicada expresamente en la ejecutoria relativa; suspensión definitiva que, de ser el caso, podrá tener efectos restitutorios, precisamente conforme a la jurisprudencia recién citada. En efecto, dicha jurisprudencia, deriva de la Contradicción de Criterios 36/2023, resuelta por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, que en su parte conducente, consideró que el estudio relativo a la suspensión, en este caso, definitiva, de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, debe realizarse en los siguientes términos: 193. De ahí que, en pleno acatamiento al deber de salvaguardar la tutela de Derechos Humanos bajo un principio de progresividad, que consagra el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ante la probabilidad de que el acto reclamado pueda declararse inconstitucional al momento en que se resuelva lo principal del juicio de amparo, la suspensión provisional concedida también podría tener efectos restitutorios, es decir, que el quejoso sea puesto en libertad, siempre y cuando el órgano de amparo al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho (juicio valorativo de probabilidad) advierta que efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva justificada) no cumple con los siguientes requisitos: - Que existan presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito (deben estar fundados y expresados con base en hechos específicos, no en meras conjeturas), y - La relación del quejoso con ese hecho. 194. En el entendido de que dicha determinación no debe tener ningún efecto respecto de la responsabilidad del quejoso, dado que ello será decidido por un Juez diverso al de amparo, esto es, al que en su momento resuelva el fondo del asunto. Así como: - Que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana. - Que la medida adoptada sea idónea, para cumplir con el fin perseguido. - Que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia. - Que resulte estrictamente proporcional. - Que dicha medida está lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado. 195. En caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, es decir, la libertad del quejoso, conforme a lo previsto en el artículo 168 de la Ley de Amparo, estará condicionada a satisfacer las garantías que aseguren la comparecencia de éste en el juicio. 196. Siendo enunciativas las siguientes: - Presentarse ante la autoridad responsable, para la continuación del proceso. - Comparecer a registrar firma semanal ante el órgano de amparo. - Exhibir garantía económica; - Y aquellas que considere necesarias según el caso, para regir la libertad del peticionario de amparo, en tanto se resuelve la suspensión definitiva, o en su caso, hasta el dictado de la sentencia ejecutoriada del juicio principal. 197. Precisando que los anteriores requisitos atienden a la apariencia del buen derecho que, como instrumento de preservación de derechos humanos se encomienda a todo juzgador, en uso de su discrecionalidad, por lo que le corresponde adoptar la decisión que se considere más óptima a la luz de las circunstancias de cada caso concreto para maximizar ese fin. 198. De ahí que, al resolver sobre cada situación, deberá exponer premisas valorativas que lleven a considerar que la decisión adoptada es la mejor disponible para en su caso, otorgar o no, la suspensión con efectos restitutorios, que se traducirá en la libertad del quejoso; es decir, la apariencia del buen derecho no sólo supone un juicio valorativo de probabilidad, sino también de verosimilitud en relación con el derecho del solicitante. 199. En ese orden de ideas, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. (.) Conforme a tales consideraciones y a los numerales citados, el Juez de amparo debe realizar una ponderación de la apariencia del buen derecho y el interés social, respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al quejoso, de manera que se verifique que el Juez de proceso haya cumplido con los siguientes aspectos: 1.- Que existan presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito (deben estar fundados y expresados con base en hechos específicos, no en meras conjeturas). 2.- La relación del quejoso con ese hecho (esto, en el entendido de que la verificación de dicha relación, por parte del Juez de amparo, no debe tener ningún efecto respecto de la responsabilidad del quejoso, pues ello será decidido por el Juez de proceso correspondiente, en el momento en que se resuelva sobre el fondo del asunto -causa penal-). Asimismo, deberá realizarse test de proporcionalidad respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al quejoso, pues deberá verificarse lo siguiente: 3.- Que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana. 4.- Que la medida adoptada sea idónea, para cumplir con el fin perseguido. 5.- Que sea necesaria, en la medida en que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia. 6.- Que resulte estrictamente proporcional. 7.- Además, desde luego, dicha medida cautelar, deberá estar suficientemente motivada, de manera que el Juzgador de amparo pueda evaluar si se ajusta a todo lo anterior (apartados 1 al 6). A efecto de realizar dicho análisis, es necesario indicar los argumentos de cada una de las partes, esgrimidos en la audiencia de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, en la causa penal 5124/2023: En principio, se realizara una transcripción de lo narrado por las partes en la citada audiencia: [.] Minuto 00:49:34 En primer lugar, el agente del Ministerio Público, de conformidad con lo establecido por los artículos 154, 157 y 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y, conforme a lo dispuesto por el numeral 155, fracción XIV, solicitó la imposición de la medida preventiva en razón de que existe el riesgo de sustracción del imputado ya que como se estableció en la formulación de imputación se realizó por el delito de extorsión agravada sin prejuzgar una pena mínima de quince años de prisión y una máxima de hasta cuarenta, lo que puede influir en el ánimo del imputado al no someterse al proceso, esto como ya se dijo sin prejuzgar, y como lo indica en el artículo 168, fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales; asimismo, el imputado representa un riesgo para la víctima en razón de lo que ya se estableció en los datos de prueba tanto relativos de la denuncia respectiva así como de los partes informativos las amenazas de muerte sobra la víctima y su familia aunado a esto el imputado y las demás personas que participaron en el hecho tienen conocimiento de la ubicación del domicilio de la víctima pero también del negocio de la misma ya que le enviaron fotografías vía whatsapp esto para intimidarla y así como de información personal de la víctima y de su familia ya que como pudimos observar de los datos de prueba tienen diferentes números de la víctima por lo que se estaban comunicando con ellos a través de vía whatsapp y por teléfono en diferentes número de teléfono por lo que esta representación social considera que existe un riesgo fundado para la víctima tal y como lo establece el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y también existe el peligro de obstaculización de la investigación ya que pudiera influir en los testigos en que informen falsamente o se comporten de manera reticente o inducir a otros a realizar tales comportamientos como lo establece a realizar tales comportamientos como lo establece el artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales y también por lo que establece el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social reitera la solicitud de la medida cautelar de prisión preventiva al imputado ya que dentro del catálogo de medidas cautelares que establece el artículo 155 diverso a la prisión preventiva resultaría insuficientes para garantizar la comparecencia del imputado a juicio, pero máximo para garantizar la protección a la víctima como ya se refirió de las amenazas que le hicieron tanto a la víctima y ahí a otros sujetos implicados y también de las distancias que se establecen por el recorrido de los partes informativos que se establecen de los agentes, es por esto que estaríamos reiterando la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva. Minuto 00:52:54 Defensa Contrario a lo que manifiesta la Fiscalía considero que la prisión preventiva precisamente es la última ratio, por el contrario, se le debería interponer una medida cautelar menos lesiva, ello su señoría a que si bien la Fiscalía expuso son algunos razonamientos, esta defensa considera que es una medida cautelar demasiado gravosa para el imputado atendiendo al principio de presunción de inocencia contemplado en el artículo 8, punto 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos el cual refiere que toda persona culpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca realmente su culpabilidad aunado también a que recientemente se acaba de notificar al Estado Mexicano la sentencia de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos del Caso Tzompaxtle Tecpile y otros contra el Estado Mexicano, dicha sentencia se emitió el siete de noviembre de dos mil veintidós, y se notificó al Estado Mexicano el veintisiete de enero de este año, en el cual se refiere a la inconvencionalidad de la prisión preventiva precisamente en el Estado Mexicano y también de conformidad con las tesis la primera con número de registro digital 2027125, cuyo rubro es "PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACERSE EN SU IMPOSICIÓN A MANERA DE ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONSIDERAR PROBADA LA HIPÓTESIS DE PREDICCIÓN QUE SE FORMULA PARA SI EL PELIGRO DE SUSTRACCIÓN DEL IMPUTADO", esta tesis fue publicada el primero de septiembre de dos mil veintitrés, también se hace referencia a la tesis con número de registro digital 2027127, con rubro "PRISION PREVENTIVA JUSTIFICADA ESTANDAR DE PRUEBA ESPECIFICO PARA CONSIDERAR PROBADA LA FALTA DE ARRAIGO COMO INDICIADO DEL PELIGRO PROCESAL DE SUSTRACCIÓN DEL IMPUTADO PARA EFECTOS DE SU IMPOSICIÓN", y por último la diversa tesis con número de registro digital 2027128, cuyo rubro es "PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA LA COMPROBACIÓN DEL RIESGO PROCESAL EN SU IMPOSICIÓN DEBE PARTIR DE UNA VISIÓN RACIONALISTA Y NO DE LA DE UNA SUSTENTADA A SIMPLE PERSUACIÓN SUBJETIVA DEL JUZGADOR". En este sentido su señoría, si bien es cierto la Fiscalía menciona ahí diversos supuestos del peligro de sustracción en atención a la pena de quince a cuarenta años, refiere una amenaza de muerte de unos número telefónicos hacía las víctimas que conocen el domicilio de la víctima y que estos mensajes fueron de diferentes números telefónicos, pues lo cierto es que hasta este momento no se encontró acreditado que haya sido mi defendido quien realizo estos mensajes aunado a que del teléfono asegurado no se le ha extraído información correspondiente para acreditar lo que refiere la Fiscalía, por lo que respecta al contenido de los artículos 167 y 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales que precisamente se refiere al peligro a los testigos o a la comunidad, sin embargo, su señoría también atendiendo al principio de presunción de inocencia no hay un señalamiento como tal precisamente si bien es cierto la persona que detuvieron en la persecución también se refiere que traía un cubrebocas y la víctima lo refiere como que traía un tatuaje, sin embargo, nunca conoció su rostro, por lo que, su señoría estamos en esta etapa inicial y precisamente es que se solicitó la duplicidad del término constitucional para ofrecer ahí unos datos y medios de prueba para acreditar lo contrario que refiere la fiscalía, en todo caso su señoría lo dejo a su consideración, pero esta defensa considera que se deben de imponer unas medidas cautelares menos lesivas, incluso una garantía si está a su ponderación alta pudiera ser, pero sin que sea la prisión preventiva como última ratio. Representación Social Minuto 00:58:50 Si bien, se tiene conocimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si bien es cierto, que de esta prisión que se está solicitando es justificada derivado también no solamente se basa más que nada en los datos de prueba que ya fueron vertidos y de los datos de prueba pudimos obtener que el imputado trato de huir en un primer término, entonces, fue que se le dio alcance hubo una persecución, tenían datos de las víctimas para garantizar la protección, alguna otra medida cautelar sería insuficiente para garantizar la presencia del imputado a juicio y también para garantizar la protección a la víctima señoría, y de igual manera aunque la víctima en su denuncia también refiere el miedo que sentía y refiere que aunque tenía en ese momento la protección de los agentes, de igual manera seguía teniendo miedo, que por eso fue su decisión entregar esa cantidad de dinero, por lo que se considera que con todos los datos de prueba son bastos y suficientes para garantizar la medida cautelar. Defensa Minuto 01:00:03 Si su señoría en esto último que refiere en cuanto al temor que sintió la víctima pues hasta el momento no obra en autos, la carpeta de investigación un dictamen psicológico para que acredite el daño emocional que en su caso haya sufrido esta víctima y hago referencia a ello a la tesis con número de registro digital 160312, cuyo rubro es: "EXTORSIÓN ELEMENTOS OBJETIVO Y SUBJETIVO DE DICHO DELITO DESDE EL MOMENTO EN LA COACCIÓN-ACCIÓN HASTA LA OBTENCIÓN DEL LUCRO CONSECUENCIA", en el cual se refiere precisamente que para demostrar que en este delito hay un daño patrimonial que es cuando se da un lucro un dinero, pero también refiere que tiene que haber una afectación emocional que en este caso lo refiere como daño moral al pasivo, y, en este caso, pues no obra el dictamen psicológico correspondiente para acreditar tal situación que refiere la Fiscalía, por lo tanto, se reitera lo ya argumentado. Juez Minuto 01:01:33 Este Juzgador considera que hay información suficiente para resolver la petición que hace el agente del Ministerio Público, cierro en ese sentido el debate, y resuelvo en los siguientes términos, menciona la defensa técnica una cuestión correcta que la medida cautelar que solicita el Fiscal es la última ratio del Sistema Penal Acusatorio, es precisamente la medida cautelar más gravosa, pero este juzgador discrepa en que se excesiva para el presente hecho o para que la presente causa penal, si considera este juzgador que es proporcional, el principio de proporcionalidad tiene que ver con que las penas y las medidas judiciales que decrete el Poder Judicial deben de ser proporcionales al daño causado al bien jurídico tutelado por el derecho penal, en ese sentido considero que los hechos materia de la formulada imputación son proporcionales a la medida cautelar más gravosa en el Código Nacional que solicita el agente del Ministerio Público. Lo que tiene que ver con la medida cautelar que este juzgador está decretando o va a decretar es una justificación de esta última ratio del Sistema, si consideró que en este caso concreto estaría este peligro de sustracción actualizado ya que se debe de analizar el comportamiento de los sujetos activos previo y posterior a la comisión de cualquier hecho ilícito, el hecho de haber procurado su huida para procurar la impunidad, sin prejuzgar, se considera que si es un factor que debe ser analizado, ya que si podría considerarse un indicio de sustracción de la acción de la justicia, si bien, menciona la defensa técnica que no está acreditado que el imputado o su representado, sea la persona que envió los mensajes y tampoco está acreditado que haya detrimento emocional en la psique de la víctima, alguna coacción, algún miedo, lo cierto es que de que de resolverse la situación jurídica del indiciado y de vincularse, sin prejuzgar, o no al proceso, había una investigación formalizada en la cual se debe de afinar cualquier tipo de cuestión que tiene que ver con los dictámenes así como de los análisis de los teléfonos para procurar las finalidades del sistema que son para conocer la verdad histórica de los hechos, que los delitos no queden impunes pero también proteger a los inocentes y garantizar a las víctimas la reparación del daño, en ese sentido hasta el momento del proceso, este juzgador considero que no es un requisito sine qua non, que se está acreditada, la materialidad o la responsabilidad al imputado en cuanto al haber enviado los mensajes o el miedo en las víctimas. Si consideró que esas medidas cautelares serían insuficientes y considero también que las amenazas de muerte a la víctima y sus familiares eleva el riesgo que deba estar la víctima y los ofendidos, y pues lo que tiene que ver con la penalidad a imponer este juzgador no lo toma en consideración ya que podría ser un dato que prejuzgue o que atente contra la presunción de inocencia del indiciado, pero si es un factor también que menciona el agente del Ministerio Público y es un factor que de manera objetiva viene en la pretensión punitiva del Código que regula dicha conducta típica, si consideró que hay un riesgo fundado, si considero que este peligro de obstaculización del proceso y de sustracción y si considero que serán insuficientes diversas medidas cautelares. En este sentido, es racional y estrictamente necesaria la medida cautelar que solicita el Fiscal e acuerdo a este principio de proporcionalidad, por estas razones de hecho y de derecho, en este acto decreto la medida cautelar establecida en la fracción XIV del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales al ciudadano José Miguel Alvarado Mendoza, por el plazo que dure el proceso el cual no podrá ser mayor a doce meses en el entendido que se resolverá su situación jurídica el viernes veintidós de septiembre y esta medida cautelar será ejecutable en el Centro Penitenciario de esta localidad. (lo subrayado es propio) [.] De lo expuesto en dicha audiencia se mencionaron diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo contenido es el siguiente: Artículo 154. Procedencia de medidas cautelares El Juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, en los casos previstos por este Código, cuando ocurran las circunstancias siguientes: I. Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o II. Se haya vinculado a proceso al imputado. En caso de que el Ministerio Público, la víctima, el asesor jurídico, u ofendido, solicite una medida cautelar durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá resolverse inmediatamente después de formulada la imputación. Para tal efecto, las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes veinticuatro horas. Artículo 155. Tipos de medidas cautelares A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: XIV. La prisión preventiva. Artículo 157. Imposición de medidas cautelares Las solicitudes de medidas cautelares serán resueltas por el Juez de control, en audiencia y con presencia de las partes. El Juez de control podrá imponer una de las medidas cautelares previstas en este Código, o combinar varias de ellas según resulte adecuado al caso, o imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea más grave. Sólo el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva, la cual no podrá combinarse con otras medidas cautelares previstas en este Código, salvo el embargo precautorio o la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero. En ningún caso el Juez de control está autorizado a aplicar medidas cautelares sin tomar en cuenta el objeto o la finalidad de las mismas ni a aplicar medidas más graves que las previstas en el presente Código. Artículo 158. Debate de medidas cautelares Formulada la imputación, en su caso, o dictado el auto de vinculación a proceso a solicitud del Ministerio Público, de la víctima o de la defensa, se discutirá lo relativo a la necesidad de imposición o modificación de medidas cautelares. Artículo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. Las leyes generales de salud, secuestro, trata de personas, delitos electorales y desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como las leyes federales para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, armas de fuego y explosivos, y contra la delincuencia organizada, establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa de conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal, de la manera siguiente: Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323; Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis; Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis; Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126; Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128; Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero; Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145; Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis; Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter; Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero; Abuso o violencia sexual contra menores, previsto en los artículos 261 en relación con el 260; Feminicidio, previsto en el artículo 325 Robo a casa habitación, previsto en el artículo 381 Bis; Ejercicio abusivo de funciones, previsto en las fracciones I y II del primer párrafo del artículo 220, en relación con su cuarto párrafo; Enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 224, en relación con su séptimo párrafo, y Robo al transporte de carga, en cualquiera de sus modalidades, previsto en los artículos 376 Ter y 381, fracción XVII. El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad o bien, cuando exista voluntad de las partes para celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, siempre que se trate de alguno de los delitos en los que sea procedente dicha forma de solución alterna del procedimiento. La solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Fiscalía o de la persona funcionaria en la cual delegue esa facultad. Si la prisión preventiva oficiosa ya hubiere sido impuesta, pero las partes manifiestan la voluntad de celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, el Ministerio Público solicitará al juez la sustitución de la medida cautelar para que las partes concreten el acuerdo con el apoyo del Órgano especializado en la materia. En los casos en los que la víctima u ofendido y la persona imputada deseen participar en un Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias, y no sea factible modificar la medida cautelar de prisión preventiva, por existir riesgo de que el imputado se sustraiga del procedimiento o lo obstaculice, el o la Juez de Control podrá derivar el asunto al Órgano especializado en la materia, para promover la reparación del daño y concretar el acuerdo correspondiente. Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el Juez de control tomará en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: II. El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante éste; Artículo 169. Peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación Para decidir acerca del peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, el Juez de control tomará en cuenta la circunstancia del hecho imputado y los elementos aportados por el Ministerio Público para estimar como probable que, de recuperar su libertad, el imputado: Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba; Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente o inducirá a otros a realizar tales comportamientos, o Intimidará, amenazará u obstaculizará la labor de los servidores públicos que participan en la investigación. Artículo 170. Riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad La protección que deba proporcionarse a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad, se establecerá a partir de la valoración que haga el Juez de control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida. Pues bien, una vez referido el debate, así como la decisión del Juez de Control responsable, se procede a revisar la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al aquí quejoso, conforme a la metodología indicada líneas arriba. En principio, se cumple con lo señalado en los numerales 1 y 2, pues en la audiencia de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, se refirió que en la causa penal 5124/2023, de la que deriva el acto reclamado, se ventila el hecho considerado por la ley como delito (extorsión); además, se estableció la relación que el aquí quejoso, tiene con ese hecho (desde luego en grado de probabilidad), pues precisamente por el mismo, se le dictó auto de vinculación a proceso, en audiencia celebrada el veintidós del citado mes y año. Continuando con el test de proporcionalidad, de la argumentación expuesta por el Juez de Control responsable, sí se desprende que la finalidad de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, es la de asegurar la presencia del imputado en el proceso (debido a las razones que más delante se indicarán), lo que es acorde con el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero además, es acorde con el artículo 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en tanto prevé que nadie puede ser privado de la libertad personal, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, lo cual, a su vez, es acorde con el citado artículo 19, segundo párrafo, primera parte, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el citado artículo 155, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, la medida cautelar de prisión preventiva justificada que impuso el Juez de Control responsable al aquí quejoso, es la medida cautelar idónea para el fin que se persigue (asegurar su presencia en el procedimiento y que no impida su desarrollo, así como que no evada la acción de la Justicia) y además, en estrecha relación con su idoneidad, resulta necesaria; en efecto, tal como lo adujo el Juez responsable, sin pre juzgar y sin vulnerar en perjuicio del imputado el principio de presunción de inocencia, principio que le asiste durante todo el procedimiento hasta su culminación, sino como elemento para demostrar la idoneidad y la necesidad de la medida cautelar impuesta. Esto es, por una parte, el hecho que se ventila en la causa penal, efectivamente es de tal gravedad que, en su caso, implicaría una pena muy gravosa para el aquí quejoso; aunado a que existe un riesgo para la víctima, dado que como lo preciso el Juez responsable hubo amenazas de muerte a la víctima y a sus familiares, con lo que se eleva el riesgo para esta y los ofendidos. Asimismo, el Juez de Control responsable señaló que se tiene como antecedente que trato de huir de la escena en que se cometió el hecho, esto es trato de sustraerse de la justicia, por lo que, es factible que pueda tratar de hacerlo otra vez, si llegara a imponérsele otra medida cautelar; por lo que, efectivamente, es la privación de su libertad justificada, esto es, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, precisamente la medida cautelar que va a garantizar la obtención de los fines legítimos que se persiguen, a saber, que siga presente en el procedimiento y no impida su desarrollo, así como que no eluda la acción de la Justicia. Ahora bien, también se estima que la medida cautelar de prisión preventiva que el Juez de Control responsable impuso al aquí quejoso, es estrictamente proporcional con el hecho que se ventila en la causa penal que se le sigue, pues como hace ver el Juez responsable, es un hecho de gravedad evidentemente relevante. Al respecto esta Juzgadora de amparo, estima necesario indicar que si bien el quejoso, como cualquier persona imputada, en principio, tiene derecho a llevar el procedimiento en libertad, también lo es que ese derecho debe ponderarse en relación con la posible afectación al interés social, así como a garantizar la seguridad de la víctima directa, y de las personas que se vieron involucradas en el hecho, ello ya que la sociedad está interesada en que las personas que probablemente hayan participado en hechos aparentemente constitutivos de delito, sean efectivamente conducidas al proceso penal para decidir sobre su responsabilidad. Por lo tanto, al resultar constitucional y convencional, la medida de prisión preventiva justificada impuesta al quejoso, así como al ser la idónea para obtener la finalidad que se persigue, necesaria y proporcional, además de que, en un análisis preliminar de la decisión del Juez de Control en el sentido de imponer al quejoso dicha medida cautelar, se advierte que tal decisión está fundada y motivada, pero además, al ponderar la apariencia del buen derecho y el interés social, resultando de mayor relevancia éste último, lo procedente es negar la suspensión definitiva. Conclusión: se concede la medida cautelar instada En términos del artículo 163, en vinculación con el 166 de la Ley de Amparo, se establece que la suspensión para el único efecto de que el quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional, sólo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se niega la suspensión definitiva al quejoso , respecto del acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando tercero. Segundo. Se concede la suspensión definitiva al quejoso , únicamente para el efecto precisado en la última parte del considerando cuarto de la presente interlocutoria. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Alegatos Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el escrito de cuenta, signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, con el cual formula diversas manifestaciones en vía de alegatos. En consecuencia, téngase al representante social de la federación formulando los alegatos contenidos en el escrito de cuenta, mismos que, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se relacionarán al momento de celebrar la audiencia constitucional del presente asunto, y de ser procedente se tomarán en consideración al momento de dictar el fallo definitivo. Solicitud de copia Por otro lado, respecto a las copias certificadas que solicita, indíquesele que deberá estarse a lo acordado en proveído de diecisiete de octubre del año en curso, en el que se autorizó la expedición a las partes, de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente. Escrito oficiante Igualmente, glósese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio y anexo de cuenta, signados por el Juez del Tribunal de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio, distrito judicial Bravos, a través del cual en cumplimiento al requerimiento formulado mediante auto de diecisiete del mes y año en curso, remite copia certificada de las constancias que acreditan la calidad del licenciado *****a, como defensor particular del aquí quejoso. Reconocimiento del carácter de defensor particular Bajo tal tesitura, de conformidad con el artículo 11, de la Ley de Amparo, se reconoce en este juicio de amparo al licenciado **** el carácter de defensor particular con el que se ostentó al presentar la demanda de amparo en favor del directamente agraviado. Acredita calidad de abogada de la defensora particular Asimismo, la oficiante remite copia simple de la cédula profesional electrónica expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesionistas, a nombre del profesionista A*****, cuenta con cédula federal que lo acredita como licenciado en Derecho; lo anterior, de la que se aprecia la cédula de tal profesional, con número ****. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Prueba Téngase a la oficiante ofreciendo la prueba documental que remite, la que se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ello en la audiencia constitucional, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. Informe justificado Agréguese a los autos el informe justificado, rendido por el Juez del Tribunal de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio, distrito judicial Bravos (en su denominación correcta de Juez de Control de Primera Instancia del distrito judicial Bravos), con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Vista con disco Asimismo, se ordena dar vista a las partes con el disco compacto remitido por la autoridad de referencia, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) con número de registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época que establece: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Anotación denominación correcta Se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice la anotación correspondiente en el referido sistema en relación con la denominación correcta de las autoridades que así se asentó en el presente acuerdo. Reconocimiento calidad terceros interesados En otro orden de ideas, del informe y constancias remitidas que se atienden en el presente acuerdo, se advierte que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5°, fracción III, incisos c) y e), de la Ley de Amparo, a la víctima iniciales ********************., así como al licenciado Juan Carlos Escajeda Navarrete agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, que intervino en la causa penal ********************/2023, les reviste el carácter de terceros interesados. Emplazamiento tercero interesado En consecuencia, con fundamento en el numeral 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, se comisiona a la actuaria judicial de la adscripción, realice el emplazamiento del licenciado Juan Carlos Escajeda Navarrete agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, que intervino en la causa penal ********************/2023, del índice del Juez del Tribunal de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio, distrito judicial Bravos, para lo cual deberá remitirse copia simple de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, del auto admisorio de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, de los informes justificados y el acuerdo que les recayó a los mismos. Finalmente, deberá hacer del conocimiento de la referida representación social que se encuentran señaladas las nueve horas con veinte minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Requerimiento domicilio terceros interesados Por otra parte, en virtud de que de las constancias remitidas por la Juez responsable no se desprende domicilio alguno en el que puedan ser emplazado el diverso tercero interesado de iniciales víctima iniciales ********************, gírese oficio al Juez del Tribunal de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio, distrito judicial Bravos, residente en esta ciudad, para que, dentro del término de tres días, legalmente computado, informe a este juzgador el domicilio que dichas víctimas, señalaron ante ese tribunal. Con el apercibimiento, que de no hacerlo o dejar de manifestar la imposibilidad que tenga para ello, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, previstas en el numeral 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional ($4,811.00). Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella. Doy fe.

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